Parques eólicos del Comtat: Presentadas las conclusiones ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano
Nota de prensa: 15/05/2012
Ante la inactividad de la Administración desde el año 2005, la Coordinadora d´Estudis Eólics del Comtat exige la caducidad definitiva del expediente administrativo.
El recurso contencioso administrativo se presentó en octubre de 2010 y se espera que haya sentencia antes de que finalice este año.
Ahora se acaba de dar el último paso judicial antes de conocer la sentencia sobre la caducidad del expediente administrativo de los parques eólicos de las sierras de Alfaro y Almudaina, donde el Gobierno Valenciano prevé la construcción de 50 aerogeneradores sobre espacios protegidos incluidos dentro de la Red Natura 2000 (LIC “Valls de la Marina” y ZEPA “Muntanyes de la Marina”).
Ante la evidencia de que la Administración no ha hecho nada al respecto desde el año 2005, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat (www.zona14.org) solicitó la paralización del expediente, con objeto de que tampoco se pudiese retomar el proyecto dentro de unos años, amparandose en futuros cambios de normativa que posibilitasen los parques eólicos sobre espacios naturales protegidos.
La asociación asegura que “numerosas iniciativas privadas comerciales y turísticas de los habitantes de los 14 municipios afectados dependen precisamente de la implantación o no de los aerogeneradores, ya que su presencia condicionaría en gran parte la materialización de esas iniciativas privadas, al disminuir el atractivo turístico (paisajístico y medioambiental) de los núcleos poblacionales”, al tiempo que recuerdan que, en 2004, se presentaron 40.000 alegaciones contra el proyecto que todavía no han sido contestadas por la Administración.
Más allá de la obligación de resolver que tiene la Administración y de que ya se han traspasado con creces los plazos administrativos, la asociación considera una falta de respeto y un comportamiento poco democrático la circunstancia de tener a la población sin respuesta durante más de siete años.
Frente a estos hechos, tanto el Gobierno valenciano como la empresa se defienden de la demanda presentada con argumentos de lo más pintoresco entre los que cabe señalar los siguientes:
- Que la asociación no está legitimada ya que de la caducidad no obtiene un beneficio inmediato
- Que la paralización de la tramitación de la zona 14 se justifica ya que parte de la potencia prevista para esta zona se pretendía traspasar a la zona 7. (Con la particularidad de que esta ampliación de la zona 7 se anuló el 1 de junio de 2009 sin que, desde entonces, haya habido ninguna actuación)
- Que aunque admitiéramos que con la demnada se busca la protección del medio ambiente, ello tampoco determinaría que la asociación tiene un interés legítimo, ya que no habiéndose emitido declaración de impacto ambiental no puede valorarse la incidencia ambiental que podría tener la actuación. (Con la particularidad de que precisamente lo que denunciamos es que no se haya emitido la declaración de impacto ambiental)
La asociación considera vergonzoso que la Administración y la empresa se hayan puesto de acuerdo en sus argumentos para evitar la paralización del expediente, lo que evidencia que el Gobierno valenciano antepone los intereses comerciales de una empresa a la defensa de la legalidad y a la salvagurada de los espacios naturales protegidos.
Desde la Coordinadora ya se considera un triunfo el haber llegado hasta este punto en el camino judicial, donde ya ha quedado demostrado que ni la Administración ni la empresa han encontrado ningún argumento válido que justifique su inactividad durante todos estos años y pretenden que se anule la demanda aduciendo falta de legitimidad de los denunciantes sin que la Administración pueda justificar que en algún momento cumpliera la legalidad. (La Administración en ningún momento dice que actuase correctamente, simplemente pretende quitarnos el derecho a reclamarle que hubiese actuado conforme a lo que la ley le exige).
2012.04.30.El País. (Molinos de viento en el aire)
El País 30 de abril de 2012
Molinos de viento en el aire
Los expertos cuestionan que pueda quintuplicar la generación de energía eólica en 2020
La suspensión de las primas a las renovables frena las inversiones
Dani Cordero Barcelona
Las dudas acechan el objetivo del Gobierno catalán de quintuplicar la capacidad de generación eléctrica a través de la energía eólica. Si en la Dirección General de Energía de la Generalitat asumen que el reto es tan ambicioso como necesario para ajustarse a lo marcado por la Unión Europea —las energías renovables deben cubrir en 2020 el 20% de la demanda energética—, empresas y profesionales del sector expresan el mismo sentir con cautela.
“Es coherente y ambicioso, pero no es la mejor situación” para conseguirlo, admite el presidente de la patronal del sector EolicCat, Miquel Cabré. Es una opinión compartida por Carles Xavier Albà, presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, quien duda que los promotores se lancen alocados a la construcción de nuevos parques eólicos a no ser que el precio de la electricidad se duplique en poco tiempo. “Si no tenemos primas a las energías renovables, costará llegar al 20%”, dice.
José Enrique Vázquez, presidente del Grupo de Gestores Energéticos, señala que hubiera sido “políticamente incorrecto” no introducir el objetivo comunitario. Y fuentes de una de las grandes eléctricas señalan que el ideal fijado por la Generalitat se enmarca igualmente en el contexto actual: la pretensión comunitaria y que la energía eólica es la tecnología más madura entre la renovables.
Cataluña lleva lustros reñida con la energía eólica. Cuando no es la oposición de plataformas locales a los molinos de viento, es la justicia la que se cruza en el camino de su implantación, como sucedió hace un año con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender cautelarmente el mapa eólico que aprobó el tripartito. De ahí que Cataluña se encuentre ahora en la séptima posición de la clasificación de comunidades autónomas en potencia instalada. A años luz, por ejemplo, de Castilla y León, que quintuplica los 1.008 megavatios producidos en Cataluña.
Todo el sector razona de la misma forma la dificultad de alcanzar los 5.153 megavatios eólicos que prevé la hoja de ruta energética de la Generalitat. A las dificultades históricas de instalar aerogeneradores se suma ahora un nuevo obstáculo: el decreto de febrero por el que el Gobierno central paralizó sin fecha las primas a las renovables. Solo tienen garantizadas las primas las instalaciones en marcha y las que tenían permiso para volcar su energía al sistema antes de acabar este año. El resto de los proyectos podrían quedar paralizados un mínimo de dos años, según admiten las fuentes del sector consultadas e incluso la Generalitat.
La incertidumbre generada por el decreto sitúa en un nuevo callejón sin salida los 22 parques que permitía desarrollar el mapa eólico aprobado por el tripartito. Sus 768 megavatios de potencia están suspendidos cauterlarmente por el TSJC, pero en caso de que se produjera una sentencia favorable a los intereses de la Generalitat, tampoco se podrían desarrollar. Sin un marco regulatorio favorable, no se invertirán los más de 1.200 millones de euros previstos por el plan. Además de los megavatios del último plan eólico, Cataluña cuenta con otros 1.000 megavatios en diferentes trámites de planeamiento que quedarán indefinidamente en el aire.
“El sector eólico puede liderar la economía, pero siempre y cuando tenga un marco retributivo razonable”, señala Cabré, quien advierte de que está en juego el futuro de las 30.000 personas que trabajan en el sector. Las pequeñas empresas son las que están más amenazadas por la situación.
Otra duda sobre los planes de la Generalitat es el futuro de la energía eólica marina. El Gobierno de Artur Mas se ha propuesto que el 10% de la eólica llegue de aerogeneradores instalados en el mar, aunque sea una tecnología poco desarrollada.
En el año 2014 podrían estar las máquinas preparadas, y habría que esperar hasta 2015 para que se pudieran poner en marcha. Por ello la patronal del sector, agrupada en EolicCat, apremia a la Generalitat a acelerar todos sus planes y tramitaciones para que en 2015, cuando se espera que los promotores de eólicas estén en condiciones de lanzar sus proyectos, todo esté preparado. De no ser así, Miquel Cabré, presidente de la organización, considera que los objetivos podrían ser inasumibles. En este contexto de paralización por parte de la justicia y de cortapisas por parte del Gobierno central, el Ejecutivo catalán plantea aprobar el próximo año un nuevo mapa eólico.
La organización Greenpeace considera positiva “la ambición de los objetivos en energía eólica”, si bien censura el inmovilismo del Gobierno catalán en lo que se refiere a energía nuclear, al no tener en cuenta un menor protagonismo en Cataluña. “La energía nuclear está cortando el paso a las energías renovables”, señala Anna Rosa Martínez, delegada en Cataluña de la organización ecologista.
Los otros dos objetivos que marca el plan de la energía sí podrían llegar a buen fin. La crisis, con su caída de consumo, y la rápida amortización permiten ser optimistas respecto al anhelo de reducir un 20,2% el consumo de energía y un 25,3% las emisiones de dióxido de carbono.
“Teniendo en cuenta que estamos a la cola de Europa en lo que respecta a eficiencia energética, creo que se podría haber sido más ambicioso en reducción del consumo”, señala José Enrique Vázquez, presidente del Grupo de Gestores Energéticos,quien también alerta: “Si no lo conseguimos, no tendremos ni industria ni nada”. Se refiere a la dependencia enegética que sufre España del exterior, que supera el 50% de la demanda, y al incremento del precio del combustible. Su optimismo alcanza también a la reducción de emisiones: “Aunque no cumplamos el objetivo en renovables, si redujéramos el 30% del consumo, podríamos conseguir reducir un 25% las emisiones de gases invernadero”.
Carles Xavier Albà, presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, sostiene que las pretensiones en eficiencia energética se podrán cumplir porque las empresas “son conscientes de que pueden recuperar en el plazo de cuatro o cinco años la inversión que realicen”. La duda, no obstante, es si el sector privado podrá alcanzar los máximos de inversión que plantea el plan para alcanzar los objetivos de eficiencia energética: 8.000 millones de euros, y que la Generalitat pueda asumir los 540 millones comprometidos para la rehabilitación energética en edificios.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/29/catalunya/1335723630_325727.html
2011.08.18.Nueva tribuna. (La injusta factura eléctrica)
Nueva tribuna 18 de agosto de 2011
La injusta factura eléctrica
Edmundo Fayanas Escuer| Profesor y licenciado en Historia
Los consumidores vamos de sorpresa en sorpresa con nuestro recibo de la luz. Con una continua escalada de precios en los dos últimos años que ronda el 30% de subida el precio del Kw. y encima le debemos a las empresas eléctricas unos 15.000 millones de euros por el llamado desfase tarifario. La factura eléctrica es clave en la competitividad del país, incidiendo en el gasto de los hogares, empresas y en la inflación.
Lo primero, que debemos saber, es que el precio que pagamos por la luz es totalmente injusto y que el único beneficiario de esta estructura tarifaria son las empresas eléctricas. La expansión de Iberdrola, Endesa y otros por todo el mundo la hemos pagado todos los españoles con nuestro recibo mensual. Su nivel de beneficios es simplemente escandaloso, sirva como ejemplo que en plena crisis económica Iberdrola rondará este año unos beneficios de más de 4.500 millones de euros ¿Es esto ético?
Nadie ha explicado nunca como se fija el precio de la electricidad, aduciendo que es muy complicado de entender. Warren Buffet explica que cuando sus economistas le intentan explicar cuestiones económicas y nos las entiende es porque le intentan engañar. Con el recibo de la luz, no lo explican porque así se permite que las multinacionales eléctricas españolas se llenen los bolsillos a costa de los de siempre.
El actual sistema tarifario de la electricidad es de 1997, cuando gobernaba el PP de Aznar. Al sistema eléctrico llega energía de distintas fuentes tecnológicas, hidráulica, nuclear,, renovables (eólica, solar, biomasa…), centrales de gas, centrales de carbón. Cada una tiene un precio distinto.
En 1997 se llega al acuerdo de que todas las energías se cobren al precio de la tecnología más cara, normalmente la renovable. Como el precio salía muy caro, el gobierno del PP, no subió el mismo durante años, pero se comprometió a que el Estado pagaría ese no aumento de la factura con lo que las eléctricas tuvieron un negocio redondo, como hemos visto el déficit tarifario ronda los 15.000 millones de euros.
El precio del mercado mayorista de la energía en España ha rondado en los últimos diez años entre los 50 y 40 euros el megavatio hora, rondando actualmente los 40 euros ¿Cuál es el negocio de las empresas eléctricas? Veamos.
La energía hidráulica supone el 20% de la energía total del país. Para este tipo de energía son necesarias las presas, que están hechas por el Estado y donde las empresas eléctricas solo ponen su estructura industrial y las turbinas, concediéndoles concesiones por muchos años a precios muy baratos, y además usan un bien público “el agua” para un beneficio privado, sin pagar nada.
El Estado español es uno de los pocos europeos que no tiene un impuesto por el uso público del agua por las eléctricas. Si España siguiera el modelo impositivo alemán con el agua, las eléctricas españolas deberían pagar unos 1.200 millones de euros anuales. El megavatio eléctrico hidráulico tiene un coste para las empresas de 9 euros y lo cobran a 40 euros, es decir, el beneficio es de 31 euros. El negocio es redondo.
La energía nuclear supone el 20 % de la energía producida en el país, su coste de producción es de 18 euros el megavatio hora, con lo cual sacan un beneficio de 22 euros. Nuevamente el negocio es redondo para las eléctricas, así se explica el porque buscan el alargamiento de la vida de las centrales nucleares ya obsoletas y que hace años que ya están amortizadas, con lo cual su beneficio aumenta exponencialmente.
La energía renovable supone también el 20% de la del país (el 18% de eólicas, el 2% de solar….). El impacto de estas energías limpias es muy importante para el empleo pues da trabajo a unas 110.000 personas y además tenemos una tecnología muy desarrollada a la cabeza del mundo, siendo grandes exportadores. La energía eólica evitó, en el año 2008, la importación de combustibles fósiles por 3.600 millones de euros y a cambio recibió subvenciones por 1.600 millones de euros.
La energía solar solo supone el 2% del total, existiendo más de 4.000 plantas solares, que han producido una gran especulación y que ha generado subvenciones exageradas. Es evidente, que este sector presenta un gran futuro, pero el desarrollo que se ha llevado a cabo, ha estado mal diseñado, sobre todo al albur de las subvenciones estatales. Estas deben de ser revisadas totalmente.
La energía de ciclo combinado (gas y fuel) son un 25%. Su precio varía en función del mercado internacional del gas. En España se ha producido una expansión irracional de este tipo de centrales. En el año 2002 se abrió la primera central de ciclo combinado y en 2011 hay una producción de 23.000 megavatios (la potencia de 22 reactores medios nucleares). Está claro que las empresas se equivocaron. La utilización media anual debería de ser de unas 5.000 horas. En el año 2009 sólo funcionaron 3.500 horas y Red Eléctrica prevé que en el año 2014 alcanzarán solo las 2.300 horas anuales y sólo 1.700 horas en el años 2016. Esto provoca que se pidan subvenciones y su interés pasa por no desarrollar más las energías renovables.
La energía térmica proveniente del carbón representa el 8% del total. Son muy contaminantes y producen fuertes daños medio ambientales. Su nivel de subvenciones es de unos 1.400 millones de euros anuales a los que hay que añadir una importante cantidad por la compra de emisión de CO2.
Hoy tenemos un parque eléctrico sobredimensionado, que duplica nuestra capacidad de consumo, por lo que llevamos varios años en que nuestra balanza eléctrica nos es muy favorable y sería mucho mayor si hubiera interconexiones con la red europea y con el norte de África.
Este extenso parque eléctrico nos puede permitir cerrar las centrales nucleares cuando se acabe su ciclo de vida y no alargarlas de forma irresponsable. Cerrar nuestras centrales térmicas de carbón muy contaminante y nada respetuoso con el medio ambiente. El dinero con el que se subvenciona esta energía debe destinarse a reindustrializar estas zonas como ya se hizo con otros sectores y en otras épocas.
Se calcula en unos 5.000 millones de euros anuales lo que pagamos de más en los recibos de la luz y que año tras año se llevan las eléctricas, suponiendo aproximadamente el 15% del precio que pagamos.
El precio de nuestra factura debe ser revisado y ser nuevamente recalculado con otros criterios más justos y donde cada energía, no se remunere como la más cara, sino a su precio real.
Esto sería posible si se fijara un precio fijo razonable a la energía hidráulica y nuclear para que sus beneficios no suban escandalosamente cuando suba mucho el petróleo. Como dice García Breva ex director general de ahorro y renovables del gobierno de Zapatero “las nucleares son las huchas de las eléctricas”.
Si el PP fue el que impuso este modelo de coste eléctrico, que beneficia como vemos a las empresas y perjudica a los consumidores, es dudoso que cuando lleguen al poder lo modifiquen. De los ministros de industria del PSOE mejor no hablar, desde el desaparecido Montilla al inepto Sebastián.
Debe llegarse a un acuerdo con la empresas eléctricas para que estas no cobren el desfase tarifario a cambio del uso público del agua por veinte años de sus centrales hidráulicas. Si no aceptan, se debería crear un impuesto por el uso público del agua por unos 1.200 millones de euros anuales.
Hay un refrán chino que dice “para salir del hoyo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar hacia abajo”. Los consumidores tenemos en nuestras manos el salir del hoyo y ello pasa por meditar a quién votar, si se vota por PSOE y PP ya saben que cada vez pagarán más por un sistema de facturación eléctrica inmoral e injusto o votar a otros que planteen modelos de justicia social, económica y medio ambiental sostenible.
http://www.nuevatribuna.es/opinion/edmundo-fayanas-escuer/2011-08-18/la-injusta-factura-electrica/2011081814582100419.html
2012.03.21. El País. (Adega acusa a la Xunta de acomodar la Red Natura a los eólicos)
El País 21 de marzo de 2012
Adega acusa a la Xunta de acomodar la Red Natura a los eólicos
La asociación ecologista identifica “deficiencias” en el proyecto de ampliación que coinciden con aerogeneradores, canteras y otros desarrollos prohibidos
María Pampín Santiago de Compostela21 MAR 2012 – 20:40 CET1
El proyecto de ampliación de la Red Natura de la Xunta acomoda al menos seis Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) a proyectos eólicos, canteras, depuradoras, aprovechamientos hidroeléctricos o promociones urbanísticas prohibidos en estas áreas, según defiende la asociación ecologista Adega en sus alegaciones al anteproyecto. “Se trata de una propuesta insuficiente, incompleta e incoherente, sin fundamentación científica ni legal, apoyada en inexactitudes y justificada con trucos y demagogia”, entiende el colectivo, que duda de si fueron criterios científicos “los que inspiraron la actual propuesta”. El texto está redactado por el mismo equipo que proyectó la ampliación del bipartito en 2008, pero las diferencias entre ellos son sustanciales.
Adega señala casos como el de la ampliación de Carnota y Monte Pindo en la que “desaparece la prevista ampliación del LIC” donde “casualmente están previstos varios desarrollos eólicos y canteras”. Los mismos aprovechamientos previstos en Serra do Suído, donde se pierde respecto al plan de 2008 una “importante superficie (…) coincidente con desarrollos” de minas y eólicos. En la Serra de Oia y Groba se abren espacios para instalar aerogeneradores, como publicó este periódico. “Su ubicación parece condicionar más la propuesta de creación de este espacio que la necesidad de proteger” los hábitats, alega la asociación. Además, critica que no se extienda la ampliación de la Red Natura a la zona de Pico Vello, junto a las Fragas do Eume, “amenazada” por una mina a cielo abierto de andalucita, así como a la costa de Aguiño, en Ribeira, donde está proyectada una depuradora.
Adega señala que los cañones del río Sil, “amenazados por varios proyectos hidroeléctricos”, no se conviertan en un corredor fluvial y que la protección en la costa del municipio de Barreiros se salte la zona donde se construyeron edificios de forma ilegal. La ampliación tampoco afecta zonas donde están previstas algunas piscifactorías, aunque el Plan Director de la Xunta permite instalarlas incluso en los hábitats más delicados. Adega critica también la supresión de las áreas ecológicas que sirven como puente entre los LIC. “La Xunta resolvió recortar drásticamente el patrimonio natural para entregárselo a las eólicas, eléctricas, a los promotores y a los dueños de las canteras y las piscifactorías”, concluye.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/21/galicia/1332358842_854818.html
El País, 2 de enero de 2012
La nueva Red Natura abre huecos para parques eólicos proyectados hace años
La ampliación de la Red Natura esquiva aerogeneradores proyectados hace años
ALBERTO LEYENDA Vigo2 ENE 2012
En la presentación de la ampliación de la Red Natura, el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, expuso que su propuesta “está coordinada” con el departamento de Economía, responsable de impulsar el sector eólico, vetado en las zonas sujetas a esta protección. Ese entendimiento se puede medir: al menos en dos parques, situados en la Serra da Groba, habrá aerogeneradores a menos de 500 metros del Lugar de Interés Comunitario (LIC) que la Xunta pretende crear. Algunos molinos incluso quedarán encajonados entre este LIC y el que protegerá la costa de Oia.
Existen dos proyectos eólicos colindantes con la zona -ubicada al sur de la Ría de Vigo- candidata a ser Red Natura; el Albariño I, que comenzó su tramitación con el bipartito y acaba de ver aprobada su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y el de O Merendón, adjudicado en el concurso auspiciado por el actual Gobierno autónomo. En el primer caso, según un cálculo realizado cruzando las coordenadas de cada uno de los 11 aerogeneradores con los mapas colgados por Medio Rural en su web, cinco molinos se quedan a menos de 1.000 metros del límite del área protegida, uno de ellos a una distancia inferior a los 300 metros y otro a 500. El resto se situarían a entre un kilómetro y medio y dos de distancia. Tienen una altura de 80 metros y el diámetro de las aspas alcanza los 82,4.
Algunos molinos están en áreas más relevantes que las que se preservarán
O Cando y Cova da Serpe podrían tener sendos polígonos como vecinos
Con todo, el proyecto inicial preveía la instalación de 21 aerogeneradores, pero la empresa, Eurovento, renunció en 2010 a 10 de ellos, cuyos 22,7 megavatios de potencia puede reubicar en otros parques. En la DIA emitida por la Consellería de Medio Ambiente se expone que cinco molinos se suprimieron para evitar la “posible interferencia” con la ampliación de la Red Natura, aunque entonces la Xunta no tenía ninguna propuesta sobre la mesa, una vez que la del bipartito -idéntica a la actual en esta zona- fue metida en el cajón. Dos de esos aerogeneradores hubiesen quedado dentro del LIC, y los otros tres a distancias similares a las descritas para los que sí se van a instalar: 300, 500 y 700 metros, aproximadamente.
En el informe de Medio Ambiente también se esgrime que con la supresión de esta parte del parque, ubicada al sudoeste de la sierra, se salva el impacto visual sobre la costa de Oia y sobre su monasterio cisterciense, del que hubiesen distado unos tres kilómetros. Sin embargo, más al sur, y más cerca aún del antiguo cenobio, está proyectado otro parque, el de O Merendón, que empezó su recorrido administrativo en mayo de 2011, con un primer informe ambiental de Tiraventos, el promotor, a partir del que la Xunta decidirá si lo somete a evaluación ambiental o si lo exime de este paso y acelera su construcción. Está compuesto por siete aerogeneradores, de los que cinco se situarían en la vertiente oeste de la cadena montañosa, que da al mar, de forma que quedarían encuadrados entre el LIC Serra da Groba e Monte da Valga y el de Costa de Oia, que prácticamente no penetra en tierra firme. Uno de ellos estaría a menos de 300 metros de la primera de las zonas protegidas citadas, y a menos de 2.000 de la segunda y del monasterio. Más al sur, un grupo de cuatro se sitúan entre 800 y 1.500 metros de Serra da Groba y entre uno y dos kilómetros de la costa. Los dos últimos, en la vertiente este, están aún más cerca, a menos de 500 y 700 metros, respectivamente.
“Primero [la Xunta] sitúa los parques eólicos y luego, donde le sobra, dice que amplía la Red Natura haciendo un paripé”, interpreta Xilberte Manso, del colectivo SOS Groba, que aglutina a los grupos ecologistas y sociales que se opusieron al Albariño I. En este sentido, argumenta que los aerogeneradores y sus infraestructuras viarias se situarán sobre zonas ecológicamente más relevantes que algunas de las que se van a proteger. Es el caso de los humedales y las pozas situadas en las cercanías del Alto da Groba, en las que habitan anfibios y reptiles catalogados como especies amenazadas.
Precisamente, la Declaración de Impacto Ambiental impone gran cantidad de condicionantes a la empresa en este aspecto, de forma que la consellería admite implícitamente el valor ecológico del espacio. En esta línea, Manso resta importancia al LIC Costa da Oia que, a su juicio, se propone para abultar los porcentajes de territorio protegido, pero que, salvo puntos “muy concretos”, presenta menos condiciones que otras áreas para ser incluido en la Red Natura. Además, recuerda que estos dos LIC permanecen inalterados con respecto a la propuesta del bipartito, por lo que amplía su crítica a las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Estos dos casos de espacios protegidos rodeados por molinos de viento podrían no ser los únicos. La Serra do Cando, que se amplía, y Cova da Serpe, también podrían tener como vecinos parques eólicos. La Serra do Suído, en el interior de la provincia de Pontevedra, está en esa misma situación. De hecho, una de las Áreas de Desarrollo Eólico previstas bordea a distancias de menos de 500 metros la línea que delimita la zona que será Red Natura. Allí fue concedido un parque, el Edreira I, con 24 megavatios, pero todavía no se han hecho públicas las coordenadas exactas en las que ubicarán los aerogeneradores.
El mismo redactor, distintas propuestas
Aunque la protección para Serra da Groba y Costa de Oia que propone la actual Xunta sea un calco de la del bipartito, en el conjunto de la comunidad hay diferencias notables. Primero, el porcentaje de territorio incluido en Red Natura, que ahora quedaría en un 15,2%, frente al 18% del proyecto anterior. Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega, cuestiona las divergencias. El equipo redactor de ambas propuestas es el mismo, el Instituto de Biodiversidade Agraria de Desenvolvemento Rural (Ibader) de la Universidade de Santiago. “¿Cómo un mismo equipo científico puede presentar propuestas distintas? ¿Es que los valores naturales no son los mismos que hace tres años?”, se pregunta. Él mismo responde: el informe se hizo “bajo pedido” y el Ibader tiene “cierta dependencia” de la Xunta para financiarse.
Eirexas no solo critica la “misérrima” ampliación en términos cuantitativos, también censura que el proyecto no cumple con la filosofía de la Unión Europea sobre la Red Natura. Explica que debe ser una “red ecológica coherente”, con especies y hábitats representativos de cada territorio, y “no una serie de LICs y Zepas (Zona de Especial Protección para las Aves) aislados, rodeados de polígonos industriales”. Pone el caso de la Serra do Galiñeiro, excluida de la propuesta y en la que está previsto otro parque eólico, que tendría que funcionar como corredor ecológico para conectar las zonas protegidas del norte de Pontevedra con las del sur, y garantizar así la “viabilidad ecológica”. “Las especies no entienden de límites administrativos”, remarca, “la propuesta del bipartito tenía una mayor coherencia”.
Cuando la oposición reprochó al conselleiro Juárez que Galicia seguirá tras la ampliación a la cola de España en Red Natura, a 10 puntos de la media estatal, este rechazó el “falso debate” en torno a porcentajes. Un argumento que encuentra sustento en la memoria redactada por el Ibader, que dedica varias páginas a exponer los distintos porcentajes de protección en la UE, y destaca Dinamarca, con su Red Natura cerrada en el 9% del territorio y Reino Unido, con el 7%. Esa información no aparecía en el texto para el anterior Ejecutivo.
http://elpais.com/diario/2012/01/02/galicia/1325503092_850215.html
2012.03.13.Mediterráneo. (El sector eólico advierte de que sin las primas solo hay trabajo para 10 meses)
Mediterráneo 13 de marzo de 2012
El sector eólico advierte de que sin las primas solo hay trabajo para 10 meses
Calculan que el coste en inversiones “ocultas” es de más de 300.000 euros, sobre todo en estudios previos. Los empresarios exigen al Ejecutivo otras retribuciones para salvar las ampliaciones pendientes en Els Ports
ÀNGELA AGULLEIRO 13/03/2012
La Asociación valenciana de empresas del sector de la energía (Avaesen) exige al Ministerio de Industria que anuncie la duración de la moratoria referente a la aplicación del nuevo decreto que suprime las primas al sector eólico “para que las empresas y sus empleados conozcan cuándo podrán continuar con los proyectos que ya están ejecutando”. De hecho, el director de Avaesen, Salvador Jiménez, afirma que “el sector estará totalmente paralizado en 8 ó 10 meses y no se llevarán a cabo nuevos proyectos”, lo que pone en peligro 2.400 empleos en las zonas afectadas de la provincia[1].
El anuncio del Gobierno supondrá una hecatombe para el interior castellonense, sobre todo para Els Ports que, además de tener una ampliación pendiente, se sustenta fundamentalmente con los ingresos que le reportan los molinos de viento. Alcaldes de localidades como Vilafranca, Morella y Forcall ya advirtieron que esta nueva coyuntura frenará en seco las posibilidades de desarrollo de los municipios del área[2].
Asimismo, el director de Avaesen estimó que las pérdidas en “costes ocultos” referentes a actuaciones y estudios previos están estimadas entre los 300.000 y los 400.000 euros. Por todo ello, desde Avaesen reclaman que no se haga efectivo dicho decreto y que, en el caso de que se lleve adelante, la Administración central realice un tratamiento retributivo especial para las instalaciones eólicas, “al menos hasta que puedan ser rentables por sí solas”[3].
REUNIÓN // Jiménez recogió todas las exigencias del sector en una carta que ha hecho llegar al director general de Energía de la Generalitat valenciana, Antonio Cejalvo, con el objetivo de que este la haga llegar al ministro de Industria, José Manuel Soria, en la reunión que ambos mantendrán en los próximos días.
Entre las demandas de Avaesen se encuentra el aplazamiento de la aplicación del Real Decreto para los proyectos aprobados, así como los que se encontraban en vías de ejecución[4]; y que los estudios a los que se les retire el aval para no incurrir en gastos financieros puedan mantener sus derechos de orden de preasignación para que, al finalizar la moratoria, puedan ejecutarlos.
Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cuya empresa tiene pendientes 298 megavatios de los 340 adjudicados en la ampliación de Els Ports en el 2009, dice que el cómputo total de las ayudas que el Gobierno ha eliminado y tendría que abonar en años venideros es mucho mayor que el capital de las mercantiles del sector. H
Els Ports tiene en el viento su fuente laboral
À. A. 13/03/2012
Los empresarios del sector eólico alertaron de que “entre puestos directos e indirectos, se eliminarán cerca de 8.000 empleos en la Comunitat Valenciana, y el 30% afectaría a la provincia de Castellón”.
En este sentido, el alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, revalidó esta tesis y detalló que solo en su localidad tienen un empleo directo más de 50 vecinos[5], “lo que supone una de las principales fuentes de generación de trabajo en la zona”.
Y es que la previsión de crecimiento en Els Ports planteaba la creación de 360 empleos y una inversión de 340 millones de euros[6], aunque el impulso a estos proyectos estaba a la espera de la licencia ambiental necesaria. Asimismo, las compensaciones en cuanto al IBI especial del sector suponen para la comarca alrededor de un millón de euros extra. H
[1] Si únicamente quedan por instalar 340 MW eólicos en la provincia de Castellón, eso quiere decir que únicamente dejarán de contratarse 49 trabajadores (ya que la creación de empleo en el sector eólico se ha fijado en un empleo estable cada 7 MW instalados). Es decir, que no son 2400 empleos, sino 49 y, además, no se pierden, ya que únicamente se puede perder lo que existe y esos empleos no existen ya que los parques eólicos nisiquiera han sido expuestos a información pública.
[2] Es lamentable que haya quien piense que el futuro de una comarca con tantas posibilidades turísticas e industriales como Els Ports pueda depender de que se creen 49 empleos más.
[3] La ley del Sector eléctrico 54/1997, en su artículo 21 estipula que “los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de producción de energía eléctrica deberán acreditar las condiciones de eficiencia energética”. Si los promotores acudieron al negocio eólico al calor de las primas, sin preocuparse de si en los asentamientos elegidos había viento aprovechable o no, es su problema, apostaron por unas primas que ahora se han acabado y tienen que apechugar con las consecuencias e intentar hacer negocio o bien en otro sector económico o bien en otros sitios donde exita un recurso eólico mejor que el que eligieron en un principio.
[4] Los 340 MW ni están aprobados ni están en vías de ejecución. Ni siquiera se conocen los municipios sobre los que se asentarán. El proyecto no se ha expuesto a información pública ni, por supuesto, ha sido evaluado ambientalmente. O sea que decir que están en “vías de ejecución” es mucho decir.
[5] Los 50 vecinos de Vilafranca que están empleados en los parques eólicos (que, por cierto, no son tantos) van a seguir trabajando allí ya que esos parques eólicos van a seguir cobrando las mismas primas que estaban cobrando hasta ahora (sin que la crisis les haya afectado ni un milímetro) ya que la “moratoria” de primas es para los parques que se construyan a partir de ahora.
[6] Vaya miseria de negocio que por cada millón de euros sólo es capaz de crear un puesto de trabajo
2012.03.12. Segorbeweb. (Proyectos Eólicos retira cinco molinos en Barracas por causar molestias)
http://www.segorweb.com/2012/03/proyectos-eolicos-retira-cinco-molinos.html
Proyectos Eólicos retira cinco molinos en Barracas por causar molestias
Publicado por Segorweb a las 09:20
Los vecinos del Cerro Rajola han conseguido que Proyectos Eólicos Valencianos desmantele cinco aerogeneradores que incumplían la ley, según determinó una sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 2011, que admitía la afección que el funcionamiento de los aerogeneradores tenía sobre los pobladores de la zona, en el término municipal de Barracas, colindante con El Toro. En esta ocasión, los problemas causados a los vecinos no tenían que ver con los ruidos, ni con olores o insalubridad, sino con las sombras intermitentes provocadas por los molinos sobre las viviendas de un grupo de personas.
El Ayuntamiento de Barracas, propietario de los terrenos en donde se ubicaban los aerogeneradores, permitió la instalación de los mismos sin tener en cuenta la afección que podía tener sobre los vecinos, que iniciaron un conflicto judicial en defensa de sus derechos y de la legalidad vigente. La propia declaración de impacto ambiental que se realizó en su momento reconocía la afección negativa sobre las personas.
El Ayuntamiento negó el carácter urbano del poblado del Cerro Rajola, a pesar de que se ubican edificios datados desde el siglo XVIII. La supuesta ilegalidad llevó a la admisión a trámite de la denuncia y a la paralización preventiva, hace un par de años. Finalmente, tras no llegar a un acuerdo económico para compensar a los perjudicados, la empresa ha desmantelado los aerogeneradores.
“Es un triunfo de la perseverancia y la convicción en la defensa de los derechos de los vecinos y deja en evidencia al Ayuntamiento de Barracas, abriendo la puerta de que la empresa concesionaria del parque exija al municipio una compensación por la pérdida de ingresos durante todos estos años”, según el coordinador comarcal de Esquerra Unida, Jesús Monleón. A su modo de ver, “el Ayuntamiento dejó desemparados a sus vecinos por un puñado de euros, un hecho de una extraordinaria gravedad que sería motivo de investigación y castigo hacia sus responsables en un contexto de normalidad democrática”.
Plan eólico anulado
Al margen de esta decisión, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana determinó hace dos años que los seis subconjuntos de aerogeneradores incluidos en el plan especial de la zona eólica número 6, en el Alto Palancia, constituyen un único parque eólico y, por tanto, su regulación y autorización es competencia de la Administración central y no de la Generalitat. La sentencia declaró nula la autorización de la Consejería de Territorio adoptada en 2005, de manera que el funcionamiento de esos parques quedaba fuera de la ley.
Desmontaje de aerogeneradores en Barracas.
EUPV-Alto Palancia saluda el desmantelamiento de los cinco aerogeneradores del Cerro Rajola
Después de años de lucha, los vecinos del Cerro Rajola han conseguido que Proyectos Eólicos Valencianos desmantele los cinco aerogeneradores que incumplían la distancia legal establecida entre los mismos y cualquier zona poblada. El conflicto arranca hace algunos años, cuando el Ayuntamiento de Barracas, propietario de los terrenos en donde se ubicaban los aerogeneradores, permitió la instalación de los mismos en un claro afán recaudatorio anteponiendo la instalación de los mismos a los derechos de los vecinos y la legalidad vigente. El consistorio, negó el carácter urbano del poblado del Cerro Rajola, cuando en el mismo se hallan edificios datados desde el siglo XVIII. La evidencia de la ilegalidad llevó a la admisión a trámite de la denuncia y a la paralización preventiva hace un par de años. Finalmente, tras no llegar a un acuerdo económico para compensar a los perjudicados, la empresa ha decidido desmantelar estos cinco aerogeneradores. Esta situación supone un triunfo de la perseverancia y la convicción en la defensa de sus derechos de estos vecinos y deja en evidencia al Ayuntamiento de Barracas abriendo la puerta de que la empresa concesionaria del parque exija al consistorio una compensación por la pérdida de ingresos durante todos estos años. De como pudo un Ayuntamiento dejar desamparados a un grupo de sus propios vecinos por un puñado de euros a añadir a sus cuentas supone un hecho de una extraordinaria gravedad y sería motivo de investigación y castigo hacia sus responsables en un contexto de normalidad democrática.
EUPV-Alto Palancia, felicita a los vecinos del Cerro Rajola y advierte que la movilización ciudadana de la comarca ha demostrado que se pueden paralizar y revertir grandes proyectos ejecutados y planificados desde la ilegalidad y la insostenibilidad y que esta movilización, está llamada a condicionar e impedir proyectos como el AVE Cántabro-Mediterráneo, una amenaza directa a nuestros parques naturales.
Mas info. Jesús Monleón Peiró
Coordinador Comarcal EUPV-Alto Palancia
Publicado por EUPV Segorbe en 10:37
http://eupvsegorbe.blogspot.com/2012/03/desmontage-de-aerogeneradores-en.html#links
2012.02.27. La Nueva España. (Un campo arqueológico de alta tensión)
La Nueva España 27 de febrero de 2012
Un campo arqueológico de alta tensión
El Ayuntamiento denuncia la instalación de una subestación eléctrica en medio de un campo de enterramientos neolíticos
Los monumentos prehistóricos fueron erigidos por ganaderos que aprovechaban los pastos de altura, según un inform
La Reigada, E. CAMPO
Un aire que sabe frío y limpio mueve suavemente los matorrales del cordal que separa los concejos de Illas y Candamo, en el límite suroccidental de la comarca avilesina. Sobre la vista de los picos nevados, al sur de la región, se alzan los aerogeneradores del parque del Cogollo, en la sierra de La Degollada. El Ayuntamiento de Illas tenía previsto instalar un área recreativa, para poner en valor la riqueza natural y patrimonial del área. Porque además de unas vistas sobre toda la comarca, el enclave acoge uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del concejo: un campo de túmulos (o enterramientos) prehistóricos que están incluidos en la carta arqueológica del Principado. Pero el proyecto ya no fructificará, ya que en medio del campo tumular Hidroeléctrica instaló una subestación eléctrica para dar servicio al parque eólico. El alcalde de Illas, Alberto Tirador, inició una lucha administrativa contra la compañía eléctrica, ya que parte de la excavación se realizó en terreno del concejo, sin permiso.
«Todo empezó con el plan para instalar los molinos, y la necesidad de proyectar una subestación para canalizar la energía», explica Tirador. El Ayuntamiento se negó a tener ningún aerogenerador instalado en el término municipal, y también rechazó ceder suelo para la subestación teniendo en cuenta que el área propuesta era de especial protección. La compañía se ciñó entonces a los suelos de Candamo, en el límite con Illas, tanto en la que a instalación de aerogeneradores se refiere como a la subestación y tendidos de alta tensión, con sus torres correspondientes. Y todo ello en pleno campo tumular. Además se da la circunstancia de que Hidroeléctrica invadió suelos de Illas para realizar la excavación de la subestación sin pedir permiso al Ayuntamiento, según el Alcalde.
«Nos sorprende la pasividad de Candamo. Cuando comenzó la obra, la normativa de suelo de Candamo no lo permitía, pero se modificó a posteriori», explica Tirador. Illas, en cambio, no se quedó de brazos cruzados. Por el momento tiene planteado ante la Consejería de Economía una alegación al proyecto de los enlaces de la subestación a las redes eléctricas, que es lo único que falta por construir. En el informe de alegaciones se concluye que la afección patrimonial no es asumible, que la actuación pudiera ser reconsiderada para su implantación al sur y que no se legalizó la «ocupación ilegítima» del territorio de Illas en las actuaciones precedentes. Tirador no descarta acciones judiciales futuras. «Lo que nos preocupa es que las otras administraciones hayan sido tan permisivas. Cultura informó favorablemente, pese a que la subestación rompe la estructura del campo tumular. Y Medio Ambiente tampoco puso ningún reparo».
La arqueóloga Paula Bartolomé, de la empresa L’Azagaya, elaboró un informe sobre el campo tumular cuya estructura ahora está rota, según destaca Tirador. «No son sólo importantes cada una de las piezas, sino todo el conjunto». A simple vista, los túmulos son montículos acompañados en ocasiones de una zona de excavación correspondiente a intentos de excavar los restos: son los «pozos de saqueo». En total son cuatro los túmulos localizados junto a la subestación, si bien el área de enterramientos es mucho más amplia. Según Bartolomé, estos monumentos los levantaron ganaderos itinerantes que aprovechaban los pastos de altura para su ganado.
http://www.lne.es/aviles/2012/02/27/campo-arqueologico-alta-tension/1205164.html
2012.02.18.Levante. (La declaración de impacto da vía libre a 10 parques eólicos en Chera y Requena-Utiel)
Levante 18 de febrero de 2012
La declaración de impacto da vía libre a 10 parques eólicos en Chera y Requena-Utiel
JOSÉ FERRER REQUENA
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha publicado la declaración de impacto ambiental así como la resolución complementaria correspondiente al proyecto de instalaciones de la zona 9 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
El promotor de la iniciativa es Renomar y contempla la instalación de un total de 235 aerogeneradores, que producirán una potencia de 352,3 MW, agrupados en 10 parques eólicos. Las obras incluidas en la declaración de impacto ambiental afectan a los términos de Requena, Utiel, Chera, Fuenterrobles, Camporrobles y Villargordo del Cabriel. La ubicación de los parque eólicos fue muy contestada en su día por varias asociaciones comarcales que se constituyeron en una plataforma que llegó a denunciar la fragmentación en instalaciones más pequeñas el proyecto para favorecer su aprobación.
http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/02/18/declaracion-impacto-da-via-libre-10-parques-eolicos-chera-requena-utiel/882421.html
2012.02.12. El faro de Vigo. (El eólico gallego se merece mucho más)
Faro de Vigo 12 de febrero de 2012 El eólico gallego se merece mucho más
EDITORIAL Tanto buscar sectores industriales con futuro, tanto indagar en pro de nuevos nichos de negocio y, sorprendentemente, Galicia está a punto de ver cómo se cercenan buena parte de las esperanzas puestas en el más descollante de cuantos han brotado en sus tierras en las últimas dos décadas: la energía eólica. La decisión del nuevo Gobierno de mantener la suspensión de las primas a las explotaciones de energías renovables deja en el aire, nunca mejor dicho, el plan eólico de Galicia, una de las apuestas políticas y empresariales que más ríos de tinta a hecho correr en las dos últimas legislaturas y un sector al cual la Xunta actual erigió como uno de los pilares básicos, sino el principal, de su política industrial. La suspensión de las ayudas afecta a proyectos para instalar 4.500 megavatios en toda España. A Galicia le corresponden 2.700, es decir, más de la mitad. Es prueba suficiente de la trascendencia que tiene para la comunidad. Pero hay más. Estaba previsto que el plan eólico gallego generase una inversión de 6.000 millones de euros: 3.500 millones para desarrollar los 91 parques estipulados y 3.000 más para los planes industriales asociados, es decir, aquellos que los concurrentes al concurso se comprometían a ejecutar si recibían la concesión. Hasta 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos se calculó que generaría. La inversión en los concellos con instalaciones en su territorio rondaría los 650 millones y los propietarios de los terrenos percibirían en total unos ingresos de casi 300 millones. Esas son ni más ni menos las cifras que la propia Xunta esgrimió en su día para poner en valor un concurso que no dudó en calificar de histórico. Todo eso es lo que está en el aire. Por la sencilla razón de que los megavatios gallegos están fuera del registro –la llamada preasignación– que permite acceder a las subvenciones. Sin ellas, la rentabilidad de los molinos resulta menos segura y holgada, sobre manera a la hora de afrontar las inversiones de los planes complementarios comprometidos. Mucho dinero a invertir y garantías de retorno menores y más lejanas. Con la que está cayendo, el riesgo de un parón en seco es mucho más que una posibilidad. La deriva del sector eólico gallego tiene aires casi de vodevil, si no fuese porque es algo para tomárselo de cualquier manera menos a broma. Fraga adjudicó los primeros parques eólicos sin concurso, o sea, a dedo, por decirlo coloquialmente. El bipartito se vanaglorió de acabar con tal práctica y convocó para ello un concurso, una puja. Pero lo gestionó con enorme torpeza. Lo falló con las urnas ya calientes y lo hizo, además, en medio de una trifulca nada gratificante entre el BNG, responsable de la consellería de Industria, y sus socios del PSdeG, celosos y temerosos, entre otras cosas, de lo que temían acabase siendo un granero de votos. Y por si todo eso fuese poco, en los criterios aplicados para elegir ganadores podían tenerse en cuenta proyectos tanto para reflotar una cooperativa conservera como para cambiar de emplazamiento una papelera. Un disparate. Ya en campaña electoral, Feijóo prometía anular el concurso y convocar uno nuevo, regulado por ley, al tiempo que los tribunales de Justicia admitían los primeros recursos. Se anuló el viejo concurso, se falló uno nuevo, los tribunales validaron la legalidad del primero y, mientras, el ministro Sebastian cerró a finales de 2009 la ventanilla de preasignación que su sucesor, Soria, ha decidido mantener (cerrada). Esa es la historia, expuesta grosso modo. Y el caso es que, si realmente se piensa en futuro, en apuestas de estrategia industrial con desarrollo y viabilidad, pocas, por no decir ninguna, tiene Galicia tan claras como la del eólico. Figura a la cabeza de todas las autonomías en potencia instalada y, además, ha conseguido desarrollar una valiosa industria auxiliar paralela. Con ser importantes ésos dos, hay otro aspecto más relevante aún, como es que, sencillamente, Galicia es con diferencia la comunidad más eficiente y rentable en energía eólica, la que tiene mejor aire, como dicen en el sector. ¿Puede quedar excluida de las subvenciones la región que con mayor provecho puede aprovecharlas, valga la redundancia? ¿Acaso es mejor subvencionar molinos donde lo que no tienen es viento? Habrá quien diga que nos lo merecemos por la frivolidad con que actuamos, y no le falta razón, pero castíguese entonces a los políticos responsables, no a los gallegos. El eólico gallego es el más eficiente y rentable porque sus parques acumulan más de 2.500 horas de funcionamiento al año, un nivel que muy pocos alcanzan en España. La media está en torno a las 2.100 horas. Ésa es su gran fortaleza con respecto a los parques de otros territorios y ése debe ser su principal argumento a la hora de reivindicar un trato diferencial: que se prime, nunca mejor dicho, la eficiencia, y, en energía eólica, la más eficiente es Galicia. La Xunta pretende, en concreto, que, a cambio de la supresión de las primas, se garantice un precio mínimo al kilowatio durante los 20 años de vida útil de un parque. El ministerio de Industria, en cambio, quiere que los promotores de parques eólicos asuman la inversión con sus propios recursos y sin más ingresos que la venta directa de la electricidad que generen a precios de mercado, es decir, sin subvención alguna. En el trasfondo de todo el problema se encuentra, además de la brutal crisis económica, claro está, el llamado déficit tarifario, aquel que se genera por vender la electricidad a menor precio del que cuesta producirla y distribuirla, y cuya cuantía se estima que alcanza ya los 24.000 millones de euros. Un problema endémico que la alocada política energética del anterior Gobierno, desarrollada a golpe de talonario, ha elevado hasta insostenible. De ahí arranca la justificación para acabar con las subvenciones a las energías renovables. Pero si el Gobierno quiere en verdad apostar por un modelo energético sostenible, eficiente y con costes reales haría bien en diferenciar sectores y modelos. Porque el gran lastre de ése déficit tarifario no está precisamente en la eólica gallega, sino en los sobreprecios que se pagan por mantener fuentes energéticas deficitarias y agonizantes, como las minas de carbón asturianas, por poner solo un ejemplo. Tiene razón el Gobierno cuando reclama que se actúe en el mercado sin muletas, que los empresarios dejen de ver los molinos eólicos como un chollo exento de riesgos, pero más razón les asiste a esos mismos empresarios al reclamar unas reglas de juego claras y perdurables en el tiempo que les permitan tomar decisiones sobre bases, precisamente, del tal mercado, en vez de quedar al albur de los caprichos de éste o aquél político de turno. Son muchos, como se ven, los cabos pendientes de atar. Mientras tanto, bien haríamos en reparar en algunos ya suficientemente testados. Por ejemplo, en averiguar porque, quince años después de su eclosión, las parroquias más próximas a las aspas de los aerogeneradores siguen sin ver el desarrollo esperado, lo cual quizá exija analizar con rigor el verdadero recorrido del dinero del viento. O en cómo evitar más daños ecológicos, lo que pasa por respetar escrupulosamente las normas medioambientales y los espacios naturales. Todos los frentes son importantes y en todos hay que avanzar. Porque si en verdad queremos para Galicia bases económicas solidas, eficientes y perdurables, la del eólico no puede escaparse. http://www.farodevigo.es/opinion/2012/02/12/eolico-gallego-merece/623069.html
2012.02.10. Prensa. (Industria descarta excepciones y deja al eólico gallego sin primas)
La Voz de Galicia 10 de febrero de 2012
Industria descarta excepciones y deja al eólico gallego sin primas
Estudia rebajar las ayudas a los parques en servicio a partir de octubre
m. sío dopeso/ Gonzalo Bareño
redacción / la voz 10 de febrero de 2012 05:00GMT
El Ministerio de Industria estudiará la petición de «excepcionalidad» planteada por la Xunta de Galicia para que el plan eólico pueda disfrutar de algún tipo de ayuda, una vez suprimidas las primas a la producción de las energías renovables, pero las opciones de éxito son prácticamente nulas. La negativa todavía no es oficial, pero fuentes próximas al ministro José Manuel Soria adelantaron ayer que no habrá diferencias de trato entre comunidades. «Un real decreto ley es para que no haya excepciones. Si se hace para Galicia, habría que hacerlo también para Andalucía, para Extremadura y para todas las que lo han pedido, con lo que el decreto sería papel mojado», aseguraron, basándose en un argumento tan básico como la ruptura de la unidad de mercado o la competencia desleal.
«Se trata de una cuestión meramente económica. Es necesario aplicar un recorte y hay ayudas que no se pueden seguir manteniendo», explicaron las mismas fuentes. Esta estrategia ideada para ahorrar 7.500 millones de euros tendrá una segunda fase. Industria estaría estudiando ya hacer extensivo el recorte de apoyos a las instalaciones que están operativas. La medida se aplicaría rebajando las subvenciones actuales de forma gradual a partir de octubre. «La mayoría de las instalaciones pueden funcionar sin la necesidad de primas», explican fuentes próximas al ministro.
El propio Soria justificó ayer en el Congreso que se trata de una cuestión de números. «El Gobierno no se puede permitir ahora las ayudas. Será cada promotor quien asuma el riesgo de su inversión», afirmó.
Convalidación en el Congreso
El real decreto ley que suspende la prima de producción a las nuevas instalaciones de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos quedó ayer definitivamente convalidado en el Congreso con los votos a favor del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de CiU, PNV y UPyD. El ministro Soria defendió el frenazo al pago de las subvenciones para contribuir al objetivo de reducir el déficit y explicó que la medida no afecta a las instalaciones en marcha, a las primas ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros de preasignación.
El portavoz socialista, José Segura, aseguró que también lo rechazan las comunidades del PP. Afirmó que en Galicia dirigentes de la Xunta han propuesto que se mantengan las ayudas a los parques eólicos en función de la eficacia en el rendimiento y la optimización de recursos.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, afirmó que la norma no ha sido consensuada con las comunidades pese a las importantes competencias que tienen en la materia. Jorquera recordó que el PP criticó en su día el borrador del anterior decreto del Gobierno socialista, que pretendía rebajar la prima al 44 %, mientras ahora impulsa su total desaparición.
El portavoz del PP y diputado por A Coruña, Antonio Erias, justificó la medida en la necesidad de lanzar un «mensaje de responsabilidad» al sector y a los mercados tras el «caos» normativo heredado del anterior Ejecutivo y aseguró que el decreto «no supone traba alguna para el desarrollo de las energías renovables en España».
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/02/10/industria-descarta-excepciones-deja-eolico-gallego-primas/0003_201202G10P40991.htm
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El Faro de Vigo 10 de febrero de 2012
Soria duda de la “razonabilidad” de las primas a la eólica y descarta excepciones
“Si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en otras comunidades?”, cuestiona
JULIO PÉREZ – VIGO
La moratoria en las primas a la producción eólica, a todas las renovables en general, es solo la primera de “un paquete” de medidas “de gran calado” en las que trabaja el Ministerio de Industria para “incidir directamente en la estructura de los costes e influir en la de los ingresos” del modelo energético español. Un primer paso que ayer convalidó el Congreso, con el voto favorable de los populares, la negativa de PSOE, BNG e IU, y la abstención de UPyD, PNV, CIU y CC. Ante el revuelo por la decisión, incluso en Ejecutivos autonómicos abanderados por su partido, el ministro José Manuel Soria lanzaba desde la tribuna su compromiso “claro, inequívoco e irreversible” con las fuentes limpias, pero también un mensaje muy rotundo sobre las posibles excepciones por “eficiencia” que la suspensión contempla y a las que Galicia y otras comunidades quieren engancharse. Sencillamente, que no las habrá. Ni para tecnologías, ni para territorios.
“Hay comunidades que me han planteado dejar fuera la cogeneración porque en esa comunidad es la fuente que más interesa. Otras han pedido dejar fuera la biomasa. Otras la eólica. Y otras la fotovoltaica o la termosolar”, admite Soria. “Si hacemos una excepción, ¿cuál es el fundamento que tenemos para no hacerla en el resto de comunidades? –añade– ¿Qué criterio seguimos? Y, en segundo lugar, si aceptamos todas las excepciones, ¿qué hacemos con el real decreto? Y si no tenemos real decreto, ¿qué hacemos con el déficit tarifario?”. El ministro duda de que sea “razonable” continuar con las primas a unas fuentes que suman 106.000 megavatios (MW) en potencia instalada, que “más que doblan” la demanda en horas punta, de 40.000 MW.
Con el recuerdo a que la moratoria es temporal y que las instalaciones que hoy figuran en preasignación se libran del freno –ninguno de los parques del concurso eólico, ni de los recintos pendientes de tramitaciones anteriores–, el ministro de Industria insta al sector a incorporarse igual al sistema eléctrico a cambio, eso sí, de recibir exclusivamente lo que le pague el mercado. “Que cada promotor sea quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose”, defiende.
La reflexión choca con las dos alternativas al parón planteadas esta misma semana a Soria por el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La de un marco retributivo que aguante las primas en un 70% y un 50% para los parques de 2012 y 2013, respectivamente, o, al menos, un precio mínimo de mercado que ronde el actual durante las dos próximas décadas.
El Gobierno insiste en la necesidad de tomar las riendas de la situación para acabar con el déficit de tarifa –la diferencia entre lo que cuesta realmente la producción energética y lo que se recauda entre el consumidor–, más de 21.700 millones el pasado ejercicio, y evitar que éste se convierta “en un problema financiero similar al de otros ámbitos de la economía”.
“¿Cómo se les ocurre paralizar una de las joyas de la corona tecnológica, económica y de empleo? El problema del déficit de tarifa es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado que no recoge los costes reales del sistema”, critica Julio José Segura, del grupo socialista. “Este decreto impide a Galicia poder desarrollar su economía y su sector energético a partir del aprovechamiento de recursos naturales endógenos”, reprochó en la sesión Francisco Jorquera, del BNG.
Desde Galicia también, el PSdeG da por hecho que la moratoria representa “la parálisis definitiva” del concurso eólico gallego. El diputado socialista José Luis Méndez Romeu anima a la Xunta a recurrir la moratoria ante el Tribunal Supremo.
Recurso ante el TC
Precisamente, para “recuperar las primas que se otorgaban a los productores y así lograr impulsar el desarrollo del sector”, el Gobierno popular de Murcia mantendrá el recurso de inconstitucional que presentó ya la pasada legislatura contra el real decreto de renovables. “Es necesaria la reordenación del sector energético, pero siempre garantizando los intereses de los empresarios murcianos”, asegura José Ballesta, portavoz del Ejecutivo regional. En Extremadura, la oposición se acaba de unir para pedir a la Junta que reclame el fin de la moratoria ante Moncloa. La Coordinadora de Apoyo a las Energías Renovables, con más de 50 empresas, sindicatos y grupos ecologistas, anunciaban ayer su intención de recurrir ante la UE.
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EL PAIS 10 de febrero de 2012
El Gobierno ignora la presión de Feijóo y anula las primas eólicas
José Manuel Soria apela a que “ni el sistema ni la economía” se lo pueden permitir
María Fernández Vigo9 FEB 2012 – 22:14 CET
Las dos alternativas que la Consellería de Economía se apresuró a enviar a Madrid días atrás para evitar el parón eólico en Galicia han caído en saco roto. El ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió ayer en el Congreso la paralización de nuevos desarrollos por la eliminación de las subvenciones a nuevas instalaciones. Su razonamiento es el siguiente: mantiene que se trata de una medida temporal pero se pregunta si, con la que está cayendo, es “razonable” continuar subvencionando una energía cuya potencia instalada (106.000 megavatios) “más que dobla”, los 40.000 de demanda punta.
“El Gobierno sigue apoyando las instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan a la red con la remuneración resultante del mercado, y será cada promotor quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose”, insistió Soria. Es decir, quien quiera sacar adelante los parques en Galicia deberá hacerlo al precio que marca el pool (mercado eléctrico), sin inyecciones adicionales. El PSdeG instó a la Xunta a que recurra el decreto.
El ministro de Industria ignora a Feijóo y ratifica el fin de las primas eólicas
El Congreso ratifica el decreto que pone fin a las ayudas para la explotación del viento
María Fernández Vigo9 FEB 2012 – 20:22 CET
El ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió hoy en el Congreso la paralización de nuevos desarrollos eólicos por la congelación de las primas a esta energía. Su razonamiento es el siguiente: mantiene que se trata de una medida temporal pero se pregunta si, con la que está cayendo, es “razonable” continuar subvencionando una energía cuya potencia instalada (106.000 megavatios) “más que dobla”, los 40.000 de demanda punta.
“El Gobierno sigue apoyando las instalaciones de esta naturaleza sin impedimento legal alguno y con la posibilidad de verter la energía que generan a la red con la remuneración resultante del mercado, y será cada promotor quien asuma el riesgo de su inversión sin unas primas que, en este momento, ni el sistema ni la economía española pueden seguir permitiéndose”, insiste Soria. Es decir, quien quiera sacar adelante los parques deberá hacerlo al precio que marca el pool (mercado eléctrico), sin inyecciones adicionales.
Es, de nuevo, un jarro de agua fría para las aspiraciones de varias comunidades, entre las que destaca Galicia. Feijóo en persona se entrevistó con él el pasado lunes para intentar convencerlo de que la medida afectará directamente al proyecto de la Xunta, que adjudicó en diciembre de 2010 2.325 megavatios en un concurso no exento de polémica. Iba a generar, según el conselleiro de Industria, Javier Guerra, 13.000 puestos de trabajo y 6.000 millones de inversión.
El Congreso de los Diputados convalidó tras su intervención el real decreto que suspende las preasignaciones de retribuciones y de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la cogeneración, las renovables y los residuos.
Para el portavoz de Economía del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, se trata de “la parálisis definitiva” del concurso eólico gallego. El diputad invitó a Javier Guerra, a “recurrir” ante el Tribunal Supremo el decreto publicado por el Gobierno central “tan lesivo para los intereses de Galicia”. Méndez Romeu quiere que Guerra explique en el parlamento su posición y que aclare si el ministro tomó la decisión antes de consultar con Galicia las necesidades del sector.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/09/galicia/1328814683_093921.html
