2008.12.30.Levante. (La energía deja de ser deficitaria)

La energía deja de ser deficitaria

EDITORIAL Aunque con un cierto retraso y con no pocas polémicas en el proceso de adjudicaciones, las energías renovables -en concreto el Plan Eólico- han supuesto en la Comunitat Valenciana un cambio radical del ma­pa energético. La potencia eléctrica instalada en la Co­munitat ha superado en un 33% la máxima demandada, lo que constituye un hecho histórico en un territorio deficitario en la producción de energía pe­se a la presencia de la central nuclear de Cofrentes. En 2007 aumentó la poten­cia eléctrica un 40% respecto a 2006 y se situó en 7.595 megavatios, una cifra muy superior a la máxi­ma potencia que exige el territorio valenciano, que fue de 5.681 megavatios el 17 de diciembre de 2007.
Es decir, que la mezcla del peso de la central de Cofrentes en combinación con los parques eólicos instalados en la geografía valenciana y los llamados huertos de energía solar están transformando los índices energéticos no só­lo en el balance cuantitativo sino también en el ámbito medioambiental, puesto que las emisiones de CO2 han disminuido tanto en términos globales como por habitante. En este sentido, la Comunitat Valencia­na presenta unos niveles de emisiones de CO2 muy inferiores a la media nacional (un 30% menos).
Los datos forman parte del boom eólico, pero todo hace prever que se sosten­drán o mejorarán con el peso de la energía fotovoltaica, que todavía no ha alcanzado su máximo grado de desarrollo.

 

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2008.12.11.Levante. (El fiscal abre diligencias tras la denuncia de Agró por los parques eólicos)

El fiscal abre diligencias tras la denuncia de Agró por los parques eólicos

Aluden a un posible “fraude” en los permisos

R. Pardo, Castelló

 
La Fiscalía de Castelló, según fuentes ecologistas, ha admitido a trámite y abierto diligencias de investigación tras la denuncia formulada por Acció Ecologista-Agró y la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (ADES) por presuntos delitos de prevaricación, falsificación de certificados y documentos públicos y un posible delito contra la Hacienda Pública, por las diferencias entre los proyectos aprobados para dos de los parques eólicos dels Ports y las obras certificadas. 
Desde la fiscalía se ha solicitado ya la documentación a los ayuntamientos de Portell, Ares, Castellfort y Vilafranca, donde se ubican los parques de Arriello y las Cabrillas, gestionados por Renomar. 
Fuentes de los denunciantes apuntan que, además de las variaciones introducidas en los proyectos y que los modifican en relación a los que se presentaron en la Consellería de Medio Ambiente para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA), la consellería no ha cumplido con su obligación de paralizar los parques cuando el mismo conseller admitió ante las Corts algún cambio entre la ejecución y el proyecto original. 
Consideran los denunciantes que por ese imcumplimiento de la consellería la empresa Renomar ha seguido percibiendo las primas que el Estado fija para los productores de energía eólica. Incluso cifran el montante de esas compensaciones en 9 millones de euros, al calcular la energía producida, de acuerdo con la potencia del parque. 
Desde los colectivos ecologistas se apunta, y de hecho se recoge en la denuncia formulada ante la fiscalía, que las modificaciones introducidas en los proyectos a los que se otorgaron finalmente las licencias de actividad y obras se realizaron sin que “fueran notificadas formalmente a los ayuntamientos afectados para que las aprobaran antes del otorgamiento de las licencias”. Tampoco, añaden, se hicieron constar las modificaciones en los certificados de final de obra, ni en las actas de comprobación que realizaron los ayuntamientos. Ello ha motivado las denuncias, tras cotejar los datos a partir de la información suministrada por la propìa Administración. 
La fiscalía castellonense también remitió al Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló otra denuncia por presunto delito contra dirigentes de Renomar y la consellería por la muerte de más de 200 buitres en los parques eólicos dels Ports. Una denuncia formulada por el Gecen en 2007.

 

2008.12.11.El País. (La fiscalía investiga si hubo prevaricación en la ejecución de dos parques eólicos)

La fiscalía investiga si hubo prevaricación en la ejecución de dos parques eólicos

MARÍA FABRA – Castellón – 11/12/2008

 

Prevaricación, falsedad documental y contra la Hacienda pública. Esos son los tres presuntos delitos que investiga la fiscalía de Castellón, que ha abierto diligencias tras la denuncia formulada por Acció Ecologista Agró y la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (Ades) por la irregular puesta en marcha de dos parques eólicos de la comarca de Els Ports. La fiscalía ha notificado a la Consejería de Medio Ambiente y a la empresa adjudicataria de los parques, Renomar, la apertura de estas diligencias, ya que los señala como denunciados. Los ecologistas alegan haber detectado diferencias entre los proyectos aprobados para los parques de Arriello, en Vilafranca, Castellfort y Ares, y de Las Cabrillas, en Portell de Morella, y su posterior ejecución. La ubicación de algunos de los molinos no se ajusta al proyecto originalmente aprobado, por lo que las certificaciones e informes técnicos que dieron luz verde a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, según la denuncia, son “falsos”. Los ecologistas consideran que si la documentación en la que se basó la autorización de puesta en marcha es irregular, el cobro de las primas por producir de energía eólica fue “fraudulento”.

Ahora, la fiscalía ha de investigar si las modificaciones realizadas se ajustan a derecho o si, como sostienen los colectivos conservacionistas, no fueron recogidas en las declaraciones de impacto ambiental y en los certificados de comprobación, cuando acabó la obra. Para ello, Agró y Ades han solicitado que se requiera al Seprona para que informe de la “exacta composición en cuanto a número de aerogeneradores y localización por municipios de los parques eólicos Arriello y Las Cabrillas”. También han pedido que se reclame a los ayuntamientos de Ares, Vilafranca y Portell “los documentos acreditativos del otorgamiento de licencia de obras, licencia de actividad, certificación final de obra presentada por Renomar y acta de comprobación previa a la autorización del inicio de la actividad de los respectivos parques eólicos”.

Esta nueva investigación se suma a la denuncia por prevaricación y delito contra la fauna que la fiscalía ya ha remitido al juzgado y que fue presentada por el Grupo Ecologista para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), ante la elevada mortandad de buitres por las aspas de los aerogeneradores.

Las denuncias de los ecologistas han llevado a Renomar a ofrecerse a financiar sus actividades a cambio de que las retiren, a lo que se han negado. Además, la fiscalía de Castellón, en el Boletín Informativo de la Fiscalía General del Estado, esgrime que las negociaciones entre la empresa y los denunciantes no afectan a su posición.

 

2008.12.10.El País. (Los ecologistas denuncian fraude al ejecutar dos parques eólicos)

Los ecologistas denuncian fraude al ejecutar dos parques eólicos

Agró lleva al fiscal cambios que las certificaciones de obra no recogen

MARÍA FABRA – Castellón – 10/12/2008

 

Acció Ecologista-Agró y la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (Ades) han presentado una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, falsificación de certificados, falsificación de documentos públicos y delito contra la Hacienda Pública tras detectar diferencias entre los proyectos aprobados para dos de los parques eólicos de la comarca castellonense de Els Ports y la instalación de molinos que finalmente se ha ejecutado. El escrito no señala responsables pero esgrime que los parques de Arriello, entre Vilafranca, Castellfort y Ares, y de Las Cabrillas, en Portell de Morella, no se ajustan al proyecto originalmente aprobado, por lo que las certificaciones e informes técnicos que dieron luz verde a la puesta en funcionamiento de las instalaciones son “falsos”.

En su denuncia, los grupos ecologistas explican también que, al considerar que existen diferencias entre lo aprobado y lo ejecutado, las cantidades percibidas por la concesionaria, la empresa Renomar, en concepto de primas por producción de electricidad, han sido “fraudulentas”.

La denuncia ha sido remitida a la fiscalía de Castellón, que previamente ya había remitido al juzgado una denuncia por prevaricación y delito contra la fauna que afecta a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, debido a la elevada mortandad de buitres, que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. El fiscal acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el cumplimiento de las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, sancionó a Renomar al comprobar que en uno de los parques no se ajustaba al proyecto.La denuncia presentada ahora por Acció Ecologista-Agró y Ades incluye una respuesta parlamentaria del consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, a la diputada Mireia Mollà en la que admite que ha existido algún cambio entre la ejecución y el proyecto original. En ella, el consejero señala que la construcción de los parques se ha realizado, “en términos generales, ajustada a los proyectos presentados para la formulación de la declaración de impacto ambiental”, pero reconoce que, no obstante, se ha detectado, en el parque de Arrielo, que un aerogenerador y su correspondiente camino de acceso “no se ajustan a su proyecto aprobado”. Además, hace referencia a otros dos tramos de camino en el parque Folch I que tampoco se ajustan al proyecto. En su escrito indica que, “por esta razón”, “se ha impuesto una sanción a Renomar y se está tramitando el oportuno expediente para el restablecimiento de la legalidad”.

La documentación presentada indica que durante la ejecución de las obras de instalación de los parques de Arriello y Las Cabrillas “se realizaron modificaciones en la ubicación de un cierto número de aerogeneradores”. De los escritos que adjuntan a la denuncia se desprende, tal como señalan, que estas modificaciones “no figuraban en los proyectos a los que se otorgó Licencia de Actividad y Licencia de Obras, y pese a ello, se llevaron a cabo”. Además, ambas asociaciones apuntan que las modificaciones no “fueron notificadas formalmente ni contaron con la aprobación formal de los respectivos ayuntamientos, tal y como obligaba el acuerdo de otorgamiento de las respectivas licencias”. Tampoco aparecen las modificaciones en los certificados de final de obra, ni en las actas de comprobación que realizaron los ayuntamientos, ni en la autorización de puesta en servicio o autorización de explotación otorgada por la Administración autonómica, en la que “no se hace referencia, pese a tener conocimiento de que se han realizado modificaciones sustanciales y que el proyecto ejecutado es diferente del aprobado”.

Por todo ello, consideran que las irregularidades denunciadas ponen de manifiesto que “la Administración y la empresa adjudicataria actúan al unísono y sin ningún rigor”. Y añaden los denunciantes que el hecho de que Renomar empezara a recibir compensaciones económicas o primas reconocidas en la legislación vigente para los productores de energía eléctrica en régimen especial, es decir, de origen eólico, se hizo a través de una documentación “falseada”. Este diario trató ayer, sin éxito, de conocer la versión de la empresa Renomar.

Por otra parte, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, mantiene la negociación abierta con los alcaldes de Els Ports afectados por la instalación de molinos en sus términos municipales. Tras el anuncio del Consell de ampliar los parques eólicos, los alcaldes se pusieron de acuerdo para reclamar que, antes de la nueva adjudicación, se concretara, por ejemplo, el destino del fondo de compensación que la adjudicataria de los parques se comprometió a realizar en la comarca. Así, Rambla aceptó la propuesta que plantearon los alcaldes y aseguró la aprobación de un nuevo canon por el que los municipios pasarán de cobrar 1 euro por kilovatio producido a 2,5 euros por kilovatio.