Monthly Archives: Agost 2009

2009.08.30.El Periódico. (Los flases de un parque eólico dejan en vela a 2.000 vecinos)

Los flases de un parque eólico dejan en vela a 2.000 vecinos •

Los molinos emiten, cada 3 segundos, un destello de luz blanca que impide dormir • ”Todo el pueblo, por la noche, parece una discoteca”, denuncia uno de los alcaldes Los focos de los molinos iluminan la noche del 28 de agosto en Vilalba dels Arcs y La Fatarella. Foto: JOAN REVILLAS ANNA LLUÍS VILALBA DELS ARCS Tenían asumido el impacto visual que 20 aerogeneradores, de unos 100 metros de altura cada uno, iban a provocar en el paisaje diurno de Vilalba dels Arcs, donde han sido instalados. Pero ni los 1.800 vecinos de este municipio ni los de La Fatarella –una localidad situada a unos pocos kilómetros– habían llegado a sospechar que el supuesto impacto ambiental del parque eólico les resultaría aún más molesto de noche que durante las horas del día. «Creíamos que con la oscuridad nocturna no veríamos los molinos, pero resulta que nos impactan aún más», afirma el alcalde de Vilalba, Xavier Marzo. Y es que los destellos que emiten cada uno de los aerogeneradores del parque están amargando las noches veraniegas de los habitantes de ambas poblaciones. RIESGO AL CONDUCIR / Cada tres segundos, los postes emiten una intensa luz blanca, que según la alcaldesa de La Fatarella, Carme Pelejà, «desde el pasado 13 de agosto, cuando se pusieron en funcionamiento, no dejan descansar a nadie». Además, los alcaldes advierten del peligro que las luces centelleantes pueden ocasionar para los conductores que circulen por las carreteras cercanas. Ambos alcaldess se han puesto en contacto con la empresa propietaria del parque, NEO Energia-EDP Renovables, para que aplique una solución rápida que acabe con las molestias de los destellos. «En otros parques los aerogeneradores emiten una luz estática roja que apenas se nota en la distancia», argumenta la alcaldesa Pelejà. «Desconocemos si esta misma señalización puede instalarse también aquí o si la solución podría pasar por encender sólo algunos molinos para delimitar la central. El caso es que pedimos a la empresa que actúe cuanto antes para evitar esta situación tan molesta», sostiene la primera edil. El pasado viernes, la alcaldesa recibió una respuesta por escrito a sus quejas de parte de la empresa propietaria, al igual que la obtuvo poco antes el Ayuntamiento de Vilalba. «Nos comunican que están cumpliendo con la normativa que impone Aena por motivos de seguridad del tráfico aéreo», señalaron ambos. UNAS SEMANAS / La intención de la empresa, según les explica en las cartas, es contactar con Aena durante el próximo mes de septiembre para analizar si existe algún otro foco menos molesto que cumpla con la normativa. «Les voy a dar un voto de confianza, porque en principio están atendiéndonos, así que tengo la confianza de que resuelvan en caso en las próximas semanas», dice Marzo. Mientras tanto, el alcalde asegura que «esto por la noche parece una discoteca». Y lo peor es que ahora mismo solamente hay en marcha una de las tres centrales prevista en esta zona. En los próximos meses, a los 20 aerogeneradores de Vilalba se sumarán otros 20 previstos en el parque eólico de Corbera d’Ebre y 20 más del de La Fatarella. «Estaremos rodeados de molinos y seremos la única parte de Catalunya donde no se hará nunca de noche», ironiza Pelejà.

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2009.08.30.La opinión de Tenerife. (Un ´negocio sucio´ o la energía del futuro)

Los entresijos de una generación renovable ¿Un ´negocio sucio´ o la energía del futuro? El escritor Alberto Vázquez Figueroa ha elevado la voz muchas veces para quejarse de la mala utilización que se hace de la energía eólica, al considerarla un simple “negocio sucio”. Mientras, desde el Gobierno de Canarias defienden el uso de esta energía y, de hecho, apuestan por aumentar la potencia que está instalada actualmente. LEAL COELLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE Ya sea por el trastorno que los parques implican al paisaje natural de las Islas, o a la alta inversión en una energía que no se consume en su totalidad, lo cierto es que este tipo de recurso es foco de críticas y análisis. Alberto Vázquez Figueroa se ha pronunciado tanto como ha podido en contra de la forma en la que se ha utilizado la energía eólica hasta ahora. Asegura que se trata del “cuarto negocio sucio de nuestro siglo, detrás de las drogas, la prostitución y el tráfico de armas”. “El 25 por ciento del presupuesto de cualquier parque eólico está destinado a la corrupción, a comisiones, como ellos mismos lo llaman, para los políticos”, asevera el escritor. La suma de dinero que se invierte en los parques es enorme, pues para producir un sólo MW hace falta un millón de euros. Sin embargo, el viceconsejero de Industria y Energía de Canarias, Juan Pedro Sánchez, asegura que para las empresas eléctricas es un “chollo”, ya que este tipo de energía “se cobra bien, y se amortiza muy rápido”. “Sin embargo”, agrega, “a los canarios no nos sale más caro el que haya más o menos parques eólicos aquí, ya que la factura de la electricidad tiene un precio igual para todos los españoles”. Figueroa se altera cuando habla del dinero que se gastan las grandes empresas eléctricas o el sector público en estos parques, pues afirma que “los bancos no necesitan garantías si pides un préstamo para la participación eólica, pues éste se llega a pagar en un sólo año, gracias a las primas que te regalan”. El propio consejero manifiesta que uno de los problemas que provoca este tipo de energía es que “no ofrece garantías, pues no es un producto constante”, y está supeditado al viento. El escritor tinerfeño lo afirma también, pero va más allá. “El viento sopla cuando quiere. Por ejemplo, este 3 de agosto, en Lanzarote, la cantidad de energía que se necesitaba era enorme, debido al calor. Sin embargo, lo producido ese día no llegaba ni al dos por ciento, cuando lo que se necesitaba era un 17 por ciento de energía eólica. ¿Y eso por qué?, pues porque no hacía viento, ya que cuando hace mucho frío o mucho calor lo normal es que no sople”. Figueroa lamenta que, “a pesar de lo cara que es, tengamos que pagarla, pues cuando la necesitamos no siempre hay, porque no siempre hay viento”. Para describirlo, hace un símil. “Es como si a usted, cuando hay viento, le obligaran a comer caviar y no otra cosa, y pagarlo a un determinado precio. Cuando no hay viento, entonces usted tendría que tener su propio bocadillo de salchichas, ya que no tiene otra alternativa”. Sánchez describe cómo el Plan Energético de Canarias planea llegar en el año 2015 a un 20 por ciento de energía eólica del total de energía en Canarias. Vázquez Figueroa insiste en que, “de esos 1.025 MW de potencia, utilizaremos tan sólo el 2%”. “Sin embargo”, asume, ” gracias a la publicidad que manejan, nos seguirán engañando, pues son expertos en ello”. “Las grandes empresas eléctricas y los políticos son los grandes beneficiarios. De lo que les cuesta la producción de un MW, la cobran diez veces más cara. Vemos por la televisión que eso es la energía del futuro, y es todo falso. En el propio Boletín del Estado se puede mirar la producción de energía, que es de un 2%, cuando tendría que estar produciendo un 25%”, añade Vázquez Figueroa. “La energía que no se consume en el momento se pierde”, agrega con contundencia, “a España, ese desperdicio de energía le está costando una fortuna. Hablamos de tres mil millones de euros que se dedican a ello”. El viceconsejero discrepa en este punto. Hablando de Canarias, ratifica que el cinco por ciento que se produce en las Islas se consume íntegramente, pues la energía que se produce es un porcentaje mínimo en estos momentos. Asegura también que cuando se produzca ese 20 por ciento, también se consumirá en su totalidad, pues ése es el límite compatible con la red eléctrica existente en el Archipiélago. Otro conflicto es el impacto visual que generan. Tanto el viceconsejero como el escritor lamentan el trastorno que causan. “El impacto paisajístico es enorme. Y más con los molinos que se planean poner ahora. Sin embargo, no hay otra manera, es un sacrificio que hay que asumir”. Es energía limpia a precio de paisaje. Cómo se ha de utilizar Vázquez Figueroa asegura poder saber utilizar las energías renovables de la manera adecuada, para que no se malgasten. Afirma que es posible transportar agua del mar, a través de la energía eólica, hasta lo alto de las montañas. Una vez allí, y sólo cuando hiciera falta, se dejaría caer desde lo alto, lo cual produciría energía hidroeléctrica cuando se necesitara, y no sólo cuando soplara el viento. Agrega que el transportar el agua tendría un gasto del 12% de potencia, pero que así, más del 80% se estaría utilizando, no como ahora, que tan sólo se llega a menos del 10%. Asegura que este sistema es capaz de estabilizar la curva energética, y que encontraría el máximo aprovechamiento energético. Este sistema, denominado como central de bombeo, no está exento de críticas. Algunos expertos aseguran que la energía producida por la caída del agua no es superior a la gastada en el transporte de dicha agua hasta la montaña. Sin embargo, su proyecto plantea el utilizar la energía que se desperdicia durante la noche para el transporte del agua, esa energía que se paga y no se utiliza. Todo ello rebajaría la factura de la luz. ¿Alguien querría impedirlo? http://www.laopinion.es/sociedad/2009/08/30/negocio-sucio-o-energia-futuro/240671.html

2009.08.28. Diario de León. (No hay fraude o el fraude es absoluto en toda España)

ENTREVISTA | EUGENIO GARCÍA TEJERINA, SECRETARIO GENERAL DE PROMOTORES DE ENERGÍA EÓLICA EN CYL «No hay fraude o el fraude es absoluto en toda España» 28/08/2009 s. c. a. | león —¿Está justificado el movimiento ecologista en contra de los parques eólicos del nudo de Villameca? —Esto no es un problema puntual. Gente que se opone a la energía eólica, bajo la bandera del ecologismo, hay por todos los lados. Parece que hay una conciencia globalmente aceptada de que hay que ir al desarrollo de las energías renovables, es decir, que si se pone en cuestión, me parece bien, pero que se diga. —¿Existe la misma presión en otras comunidades? —En otras comunidades autónomas ha habido una cuestión de opción política. Hubo regiones que en un determinado momento entendieron que políticamente no interesaba fomentar el desarrollo de este tipo de energías. Con el tiempo, la gente ha ido cambiando de opinión. La presión que existe es porque hay más demanda para instalar que capacidad de instalación. —¿La eólica tiene más ventajas que inconvenientes? —Si no generamos energía de forma responsable, tendremos que generarla de forma irresponsable. Los que critican estas cuestiones, qué hacen en contra de la generación contaminante. Frente a esto, no veo yo que muestren especial inquina. —Pero la Junta apunta hacia una paralización cautelar. ¿Por qué? —Por la presión que siente. Las sentencias hay que cumplirlas, pero ésta dice que hay un error de procedimiento. Decir que un parque afecta al medioambiente es una contradicción en sus propios términos. Evidentemente no se puede instalar un parque ni de cualquier manera ni en cualquier sitio y los primeros que lo defendemos somos nosotros, porque la primera barbaridad que hiciese un parque iba a poner en riesgo el desarrollo del sector. —¿Qué consecuencias traería una decisión en este sentido? —España tiene unos objetivos de potencia y una capacidad. Los objetivos son muy ambiciosos. Castilla y León tiene, por una cuestión de como ha gestionado administrativamente las cosas, la posibilidad de ser una referencia nacional y de aprovechar las ventajas. Hay que tener la absoluta seguridad de que lo que no se instale en León se instalará en otra comunidad. —¿Debería cambiarse la regulación? —No. La sentencia ofrece una opinión respetable, pero con el mismo respeto, discutible. Plantea problemas complejos. Obliga a tramitar conjuntamente la Declaración de Impacto Ambiental, pero con quién, con todos, pues vale, pero eso está muy bien a toro pasado. Cuándo empiezo a tramitar un proyecto cómo sé quien va a venir después. Esto como tal hay que aceptarlo, pero plantea unos problemas de difícil solución. —¿No hay fraude en ninguno de los casos? —La regulación y la legislación existe. Hay cientos de parques en Castilla y León. No hay fraude o el fraude es absoluto. Toda España, miles de proyectos, ¿son fraudulentos?, porque todos son así. —¿Qué soluciones proponen? —Lo primero es plantear el problema a quien tiene la capacidad administrativa, que son las autoridades y en eso estamos. Las comparaciones son feas, pero en otros sitios se han armado barullos con la tramitación administrativa para luego no mejorar las cosas. Todo es mejorable, pero somos una referencia de cómo aquí las cosas se han hecho mejor que en otras comunidades. —¿Qué capacidad de desarrollo eólico tiene Castilla y León? —España fija unos objetivos de potencia a nivel nacional. La cuestión es quien se conecta, porque si estoy yo no estás tú. En estos momentos hay un objetivo de 20.155 MW, que se va a elevar a los 37.000. Hay 18.000 ya funcionando a nivel nacional y quedan dos mil y pico para conectarse, que deberían ser de Castilla y León si no nos los cargamos, porque tienen toda la tramitación administrativa y algunos están ya construyéndose. Entiendo que por el nivel de desarrollo nosotros deberíamos ser los primeros. La comunidad tiene una capacidad pactada de evacuación hasta los siete mil megavatios. —¿Cuándo estará completado el programa eólico? —Nosotros tenemos como objetivo, que es un objetivo pactado con Red Eléctrica, que en el año 2016, si no hacemos el tonto, haya 7.000 MW funcionando en Castilla y León. http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=474049 «Han sido los promotores quienes ejercieron oscurantismo» Empresarios, ayuntamientos, juntas vecinales y sindicatos claman contra la paralización de los proyectos 28/08/2009 Opinión | GEDEMOL, URZ, A Morteira, Ecologistas en Acción, Filón Verde, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Plataforma para la Defensa de Gistreo y Tyto Alba Después de una semana pródiga de declaraciones de políticos, que más bien parecen portavoces y asalariados de promotores eólicos, queda claro que buena parte de nuestra clase política tiene un código de valores democráticos que deja bastante que desear, al pretender imponer por encima de la legalidad algunos proyectos que los tribunales sitúan fuera del marco legal vigente. La batalla mediática que han emprendido los promotores y algunos políticos pretendiendo y consiguiendo influir en la sociedad y en el poder judicial, nos deja sorprendidos y anonadados, al no poder entender como se pretende manipular a la opinión pública, cuándo han sido precisamente los promotores y algunos políticos los que han ejercido oscurantismo en éstos asuntos que nos conciernen en estos días. La realidad es que ahora toca pagar con servilismo institucional a todos los niveles aquella teórica generosidad y altruismo de las empresas eólicas que se instalaron en la provincia, aunque para ello sea necesario vulnerar toda la legalidad vigente. Sin embargo, es posible y necesario encaminar este sector de forma legal, aunque suponga renunciar a muchas de las ubicaciones en trámite y quiza, también, a una parte de los beneficios. El señor delegado de la Junta de Castilla y León en León culpa a los funcionarios de aquellas irregularidades que se pueden haber cometido en la tramitación de las autorizaciones de los parques eólicos, cómo si fueran éstos quiénes fraccionan los proyectos en fraude de ley y asumiendo funciones que no les corresponden. En el caso de que lo dicho por el señor delegado fuese cierto deberían abrirse los expedientes oportunos al personal vinculado a los proyectos eólicos, o bien dimitir el señor delegado por manifiesta incompetencia para hacer cumplir al personal de la Delegación sus funciones, de la que es el máximo responsable. Lo que no puede hacer es acusar al colectivo de funcionarios de no realizar sus funciones sin pruebas y pretender descargar sobre ellos una serie de responsabilidades que afectan a cargos políticos de la Junta de Castilla y León y que nadie hasta el momento ha asumido. De los responsables políticos se exige no sólo ser honrados, sino también parecerlo, y echar la culpa a otros, ¿que no le hacen caso? evidencia una falta de honradez hacia los trabajadores de la Delegación, que cumplen en todo caso órdenes políticas de quién precisamente les acusa de dejadez en sus funciones. Las medidas genéricas anunciadas por el señor delegado son ¿formales? y tiran balones fuera a la espera de que los abogados de la Junta encuentren algún argumento para que algo cambie en la superficie y todo siga igual en el fondo. Pero lo cierto es que es necesario un cambio radical en el planeamiento de infraestructuras eólicas, que respete la legalidad y el medio ambiente, poniendo especial cuidado en las zonas protegidas y de interés, y racionalizando por tanto la producción energética eólica. Si el señor Delegado quiere ordenar el proceso eólico, no se debe limitar a limar aspectos formales, sino encabezar una reordenación que pasa por establecer una moratoria eólica (reiteradamente solicitada por las ONG conservacionistas) en la provincia de León y generar una mesa de trabajo con representación de todos los colectivos implicados que ponga orden y concierto en el actual caos, provocado precisamente por la Administración autonómica. Desde aquí nos ofrecemos a participar en todas aquellas iniciativas que se planteen en este sentido, siempre desde el respeto a la legalidad y a la protección del medio ambiente. No obstante, los colectivos conservacionistas, a pesar de que la Junta promete (ya veremos si cumple) una paralización temporal de los procesos eólicos, continuaremos con las acciones legales y administrativas que correspondan, para mantener la legalidad y la protección del medio ambiente en nuestra provincia de León. http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=474047 León exige su «desarrollo eólico» para garantizar 2.000 empleos y 600 millones Empresarios, ayuntamientos, juntas vecinales y sindicatos claman contra la paralización de los proyectos • 28/08/2009 S. C. Anuncibay | león Nuria Franco, Pedro Hormigos, Eugenio García Tejerina, José Manuel Otero y Alder Presa. JESÚS Representantes de ayuntamientos, juntas vecinales, empresas promotoras, constructoras, compañías de suministro eléctrico y organizaciones sindicales clamaron ayer en León contra la paralización de las licencias y las dilataciones de los plazos para la concesión de las autorizaciones que permitirán levantar en la zona del Bierzo, La Cepeda y el sur de Omaña alrededor de 16 parques eólicos. Todos los afectados por la sentencia en primera instancia del TSJ, que amenaza, por ahora, a la continuidad del parque Murias II, aunque podría extenderse al resto de infraestructuras planificadas, mostraron su «preocupación» ante la amenaza de obstaculizar el desarrollo eólico de la provincia, con «riesgo» de extenderse al resto de la comunidad. «Sorprendentemente, este desarrollo está sometido a una injustificada presión, que, si se mantiene, conseguirá llevar estos proyectos a otras partes de la geografía nacional», argumentó el secretario general de Apecyl —Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León—, Eugenio García Tejerina, quien defendió, con la rúbrica del resto de colectivos presentes ayer en San Marcos, la posibilidad de «consolidar el liderazgo» que hoy tiene la comunidad dentro del sector, pero «sólo si —matizó— somos capaces de sacar adelante los proyectos ya autorizados». García Tejerina advirtió de que un posible estancamiento en el avance de los parques del nudo de Villameca pone en riesgo «una inversión de seis cientos millones de euros y dos mil puestos de trabajo en la zona del Bierzo». Unidos. Ante esto, y a propuesta de UGT, los colectivos con intereses sociales y económicos en este campo de actividad constituyeron ayer una plataforma civil para expresar su «rechazo» ante una posible decisión de la Junta que frene el progreso de estas actuaciones. «La eólica tiene su razón de ser, principalmente, desde el punto de vista medioambiental ante una necesidad de generar energía limpia de una forma no contaminante», justificó el portavoz de Apecyl, quien criticó «la presión que reciben los funcionarios —de la Junta— para paralizar la tramitación de los expedientes». En este sentido, la plataforma solicitará de manera formal la próxima semana una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, para trasladarle la «preocupación» por una hipotética paralización de los parques planificados. Pedirán a esta administración que desgaste todas las vías posibles antes de tomar decisiones traumáticas y tienden la mano a este gobierno para «trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones». Respecto al fallo judicial, García Tejerina consideró que éste es, al menos, «discutible». «Está fundamentado en una cuestión de procedimiento, no pone en duda la ubicación de los parques», recordó Concepción global. La sentencia significa, por primera vez, que la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental de estos parques debe hacerse de forma conjunta, no fragmentada, incluyendo las infraestructuras que están o estarán en el entorno de estas instalaciones. El representante de Apecyl defendió el proceder actual, porque son proyectos «distintos», de empresas «diferentes», que han puesto su foco de negocio en la provincia leonesa. Por su parte, el portavoz de las compañías eólicas, Pedro Hormigos, quien avaló todas las manifestaciones de García Tejerina, aclaró, además, que los parques del nudo de Villameca «llevan más de diez años de tramitación», con lo que, declaró, han pasado todas las trabas administrativas y superado las restricciones medioambientales. «La solución no pasa por paralizar estos proyectos», concluyó http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=474048 Los fabricantes reclaman que se evalúe el impacto de la paralización • 28/08/2009 s. c. a. | león La portavoz de empresas constructoras del sector, Nuria Franco, defendió a los fabricantes de la foto «tan dramática» que refleja el estado actual del desarrollo eólico en la provincia. Recordó que las carteras de pedidos han bajado «drásticamente» y, con ello, la facturación. Una situación que justifica la adhesión de este colectivo a la plataforma. Criticó, al respecto, la posible paralización de los parques eólicos «sin pararse a evaluar las consecuencias», porque -”consideró-” tiene una repercusión «muy grave» en el futuro de este negocio, «especialmente en estos momentos de crisis económica», matizó. Abogó por continuar con los planes actuales para garantizar cientos de puestos de trabajo y «comprometió» la apuesta por la provincia, pero siempre que los Gobiernos «tomen medidas serias». http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=474046

2009.08.28.Diario Montañés. (El plan eólico ni es sostenible ni soluciona el Cambio Climático)

El plan eólico ni es sostenible ni soluciona el Cambio Climático

28.08.2009 – Cristina Gutiérrez-Cortines es catedrática de Universidad y diputada del Parlamento Europeo (PP). Comisiones de Medio Ambiente, Industria y Energía. Con frecuencia los responsables de los gobiernos, faltos de estrategias de continuidad, proponen lo uno y lo contrario, pretenden ir y venir al mismo tiempo, sin importar donde y como se hacen las cosas. Es el caso del plan eólico propuesto por la Comunidad Autónoma de Cantabria. En aras de asumir una supuesta misión medioambiental contra el Cambio Climático, se suplantan todos los criterios sobre sostenibilidad, que anteayer y ayer se defendieron, olvidando que la Sostenibilidad es precisamente la compatibilidad entre modernización o desarrollo y conservación de los recursos. La tierra, los entornos naturales o históricos , no son patrimonio del poder. Este principio marca una línea roja, una frontera de legitimidad en las decisiones que los gobiernos no deben traspasar; la democracia marca unos límites. Las autoridades regionales y locales, han de ser los principales defensores de los recursos naturales, paisajísticos e históricos, garantes de la conservación de la biodiversidad y profundamente respetuosos con las reglas de participación democrática. Al ignorar las Directivas de Impacto Medioambiental, la de Planes y Programas, Natura 2000 o Habitat en su concepción más amplia, o el Principio de Precaución, se gobierna al margen de los procedimientos reglados que exigen estudios de impacto, propuestas alternativas y una participación activa (Directivas 2001/42/CE. Ley 27 2006 18 de Julio, entre otras). El proyecto no sólo amenaza al medio natural y al paisaje, afecta a los ayuntamientos, pone en riesgo el marcado inmobiliario del medio rural y supone un freno para el modelo de desarrollo rural polivalente por el que hemos luchado durante décadas. ¿Quién va a rehabilitar una cabaña para vivir a la sombra de una máquina de 160 m. de altura y aspas de 50 m.? Todo esto ha de ser estudiado para comprobar su viabilidad. Recurrir al cambio climático para justificar este magno proyecto encubre problemas de fondo y forma. La Unión Europea y todos los organismos internacionales, ante el «Cambio Global» proponen una política integrada que comprende la mitigación y adaptación al cambio climático en términos de paridad con la conservación de la biodiversidad. Es decir, espacios, plantas y aves, el mantenimiento de la capa vegetal y toda función del suelo que contribuya a la captación del CO2, exigiendo además participación y consenso. Si los gobernantes de Cantabria quisieran contribuir a la adaptación frente al cambio global, estarían elaborando un plan estratégico del territorio regional, que incluyera todas las variables, incluido el paisaje, la biomasa, el mantenimiento de la Cantabria Verde y todos los recursos paisajísticos, agrarios, turísticos, económicos y sociales. El «paquete energético» promovido por la UE, y recogido en varias directivas, es un mero instrumento para reducir emisiones y conseguir la soberanía e independencia europea en la provisión de energía. En estas directivas, se reconoce la complejidad del sistema y se recomienda un «paquete mixto», donde se encuentran las energías las renovables (incluida la del agua y fotovoltaica) y la nuclear. En ningún punto se apuesta por el monocultivo de la eólica, y tampoco se dice que cada región deba ser autosuficiente. El protagonismo exclusivo de la eólica a costa del sacrificio del paisaje y la pérdida del valor del suelo y del medio rural, responden, no nos engañemos, a una interpretación torticera, es decir, engañosa e interesada de los objetivos, que se aprobarán en Copenhage. Una vez más, nos encontramos ante un abuso de poder, sustentado por la capacidad que tienen las administraciones para legalizar y declarar de interés público sus propios proyectos, impartir doctrina, despertar intereses, colectar adeptos y utilizar el boletín oficial y el presupuesto público para hacer saldos con la biodiversidad, el desarrollo rural y el territorio. En este caso, además, el gobierno regional de acuerdo con sus socios económicos ha diseñado un hábil recorrido de concesiones fragmentadas, para evitar la información completa de su proyecto, incluidas las ubicaciones y los lugares afectados. Los ciudadanos carecen de información y sus derechos de participación y debate se reducen. Legitimidad y legalidad no coinciden. Cuando los políticos nos olvidamos de los límites del poder y los conceptos de fondo, cuando no distinguimos entre lo profano y lo sagrado, mala cosa. La percepción y los perfiles de las Tetas de Liérganes, de la Peña de Rocías, Porra Colina, el Picón del Fraile, el Portillo de la Lunada, Castro de Valnera, Peña Pelada, Peña Cabarga o las Enguinzas, entre otras, lo mismo que la visión del cielo con las rapaces planeando allá arriba, son patrimonio de todos los cántabros. Su escenario familiar y su casa. Crear riqueza no incluye la destrucción de estos espacios inmensos y grandiosos. El buen gobierno y la ética de la sostenibilidad, comportan dudas, preguntas sin respuesta, y saber esperar nuevas soluciones técnicas compatibles con nuestros horizontes, las rapaces y el silencio propio del medio rural. http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20090828/opinion/articulos/plan-eolico-sostenible-soluciona-20090828.html

2009.08.27.Información. (El Síndic de Greuges censura el retraso a la hora de contestar alegaciones)

El Síndic de Greuges censura el retraso a la hora de contestar alegaciones

M. VILAPLANA El Síndic de Greuges ha vuelto a censurar al Consell por el retraso en contestar a las 40.000 alegaciones presentadas contra el Plan Eólico Valenciano. En una resolución, destaca que el trámites debería haberse formalizado en tres meses, y ya han trascurrido más de cinco años. El Síndic, en una resolución del pasado 22 de julio referida a a la zona 9 en la provincia de Valencia, obliga a la Administración Valenciana a resolver en un plazo máximo de tres meses. Desde la plataforma que se opone a los parques eólicos de El Comtat y la Marina Alta se indica a este respecto que tanto en esta zona como en muchas otras “llevamos más de cinco años esperando la respuesta a las alegaciones presentadas, lo que sitúa a la dirección general de Energía fuera de la Ley”. En este sentido, el Síndic, en su resolución, indica que “cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de tres meses”. El Síndic, además, reitera los mismos planteamientos que ya efectuó en su momento sobre los parques eólicos de la zona 14 en marzo de 2005 y cuyas recomendaciones todavía no han sido cumplidas por el gobierno valenciano, en el sentido de que se debía “buscar otras zonas más adecuadas para la ubicación de los parques eólicos”, recuerda la plataforma. También hace hincapié en la imposibilidad de situar los parques dentro de una zona LIC. Ampliación La plataforma recuerda que la ampliación de la red de Zonas de Especial Proteccción para las Aves incluyó a todo el parque eólico de Alfaro y a una parte del de Tossal del Rey. Ante esta situación, la entidad ciudadana asegura que estos parques no podrían construirse donde están proyectados. “Sin embargo -lamenta- en ningún sitio figura ninguna anulación de los parques eólicos de la zona 14 ni el traslado de los aerogeneradores a otras sierras o a otras comarcas”.

2009.08.27.Leonoticias. (Instituciones y empresarios temen que la paralización de los parques eólicos en la provincia de León ‘espante’ a los nuevos proyectos)

Instituciones y empresarios temen que la paralización de los parques eólicos en la provincia de León ‘espante’ a los nuevos proyectos

Anuncian que solicitarán una reunión con Herrera para trasladar su preocupación por el sector / Calculan que los proyectos estancados en la zona de El Bierzo afectan a 600 millones de euros de inversión y 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos Isabel Herrera 27/08/2009 1 2 El secretario general de Apecyl, Eugenio García Tejerina, transmite los acuedos alcanzados en la reunión. (Foto: Leonoticias.com) La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), empresarios eólicos, alcaldes y otras entidades que participan en la construcción de los parques eólicos en la zona del Bierzo, La Cepeda y el sur de Omaña han denunciado este jueves la “injustificada presión” a la que está sometida la energía eólica en la provincia que está derivando en la paralización de las licencias y las continuas dilataciones de los plazos para la concesión de permisos que autorizan la construcción y el desarrollo de proyectos eólicos. El secretario general de Apecyl, Eugenio García Tejerina, se ha referido a las presiones “que reciben los funcionarios para paralizar la tramitación de los expedientes”. Según ha apuntado, en el nudo eléctrico de Villameca hay proyectados 16 parques eólicos, 423 megavatios de potencia, promovidos por distintas empresas “que han apostado por las energías renovables en Castilla y León”. En el encuentro mantenido este jueves, han acordado solicitar una reunión al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, para trasladar la preocupación del sector ante la paralización de los proyectos y mostrar su disposición para trabajar en la búsqueda de soluciones, así como solicitar que el Gobierno autonómico agote todas las vías existentes hasta que exista una sentencia en firme del Tribunal Supremo. García Tejerina ha indicado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha paralizado de manera cautelar varias de estas infraestructuras en las comarcas de Omaña y La Cepeda, está provocando un efecto en cadena haciendo que se ralentice la concesión de permisos. En este sentido, el representante de Apecyl ha querido aclarar que se trata de una sentencia “susceptible de revisión” que se fundamenta en una cuestión de procedimiento, pero “que no cuestiona su ubicación”. Tal y como ha explicado García Tejerina, la sentencia considera que los parques a los que hace referencia, al estar asentados en la misma zona, deberían presentar un proyecto de impacto ambiental conjunto, poniendo bajo sospecha que los promotores pudieran utilizar un sistema de fragmentación de los proyectos para, de este modo, superar más fácilmente los estudios de impacto ambiental mediante un proceso abreviado. Pero al respecto, desde Apecyl alegan que se trata de proyectos distintos, en muchos casos de empresas diferentes, que han superado ya todas las fases que estipula la normativa, por lo que piden que no se pongan trabas a los parques eólicos que apuestan por su instalación en la provincia porque “pone en riesgo a futuros proyectos” y, por tanto, el liderazgo de Castilla y León en materia de energía eólica que, con 3.724 megavatios en funcionamiento repartidos en 161 parques se sitúa a la cabeza de España. Al mismo tiempo, los colectivos representados en la reunión han tachado de ilógica la postura de los grupos ecologistas que se oponen a la construcción de estos parques cuando “esta actividad nace como respuesta a una necesidad medioambiental, una necesidad de generar energía limpia de una forma no contaminante”. Asimismo, han añadido, todos los parques proyectados en el nudo eléctrico de Villameca se sitúan en áreas catalogadas como de sensibilidad ambiental baja. Las pérdidas Ahora o nunca, ha venido a ser el mensaje de estos colectivos que temen que las trabas a las empresas promotoras puedan provocar que trasladen sus proyectos a otras comunidades autónomas con las consecuentes pérdidas que esto ocasionaría a los territorios. La paralización de estos proyectos, han asegurado, supone pérdidas para los municipios así como para las empresas promotoras e industrias asociadas. En concreto, según Apecyl, el retraso en la construcción de estos proyectos pone en peligro los 600 millones de euros de inversión y los 500 puestos de trabajo directo y otros 1.500 puestos indirectos que supondrían los parques conectados al nudo de Villameca “parques que se están cuestionando cuando cuentan con todas las licencias”. Representantes de Coiper, Eufer y Apecyl, y los alcaldes de Folgoso de la Ribera e Igueña. Piden a la Junta que prosiga con parques eólicos pese a sentencia del Tribunal Superior de Justicia Archivado en: política, autonomías, medio ambiente, energia eolica, castilla león EFE Actualizado 27-08-2009 17:06 CET León.- Representantes de ayuntamientos, empresas y sindicatos han reclamado hoy a la Junta de Castilla y León que prosiga con la tramitación de los expedientes sobre parques eólicos como hasta ahora, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y en tanto resuelva el Tribunal Supremo. AMPLIAR FOTO (EFE) El presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), Eugenio García Tejerina (i) conversa con el alcalde del Ayuntamiento de Folgoso, José Manuel Otero. El presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), Eugenio García Tejerina, ha afirmado hoy en una rueda de prensa que sería un “error” que por “planteamientos equivocados” que se “tratara de impedir la consolidación” del liderazgo de la comunidad en esta materia. Tras la sentencia del pasado julio por parte del TSJCYL, contraria a la autorización para la instalación del Parque Eólico “Murias II” en el término de Murias de Paredes (León), esta asociación convocó para hoy una reunión en León para defender sus intereses energéticos. A esta reunión han asistido alrededor de doscientas personas y, en ella, se ha acordado pedir una reunión formal al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en aras a transmitirle su “preocupación” por este asunto y para buscar una “solución al respecto”. Según Tejerina, tras esta sentencia, los expedientes relativos a la instalación de parques en la zona por parte de la Junta del Bierzo están “paralizados” o “en continua dilación”. Ha insistido en que sólo existe una sentencia del TSJCYL que se opone a uno de los parques y ha añadido que, de momento, no es firme, ya que está pendiente de “revisión” ante el Tribunal Supremo. Ha explicado que se “está cuestionando” la ejecución de unos parques en los que se ha respetado “escrupulosamente la normativa existente” y cuya paralización está ocasionando “pérdidas millonarias”. La sentencia del TSJCYL se refiere a uno de los parques que se proyectan en el nudo de Villameca, una zona en la comarca de La Cepeda, cerca del Bierzo, donde confluyen diversas líneas de explotación eólica que están siendo contestadas por colectivos e intelectuales, quienes critican el destrozo de paisajes emblemáticos por su interés ecológico y su valor turístico e incluso histórico. En la sentencia, el TSJCYL lo que viene a decir es que, para la evaluación de impacto ambiental, estos proyectos se han tramitado de forma fragmentada, con una resolución por parte de la Delegación Territorial de la Junta, cuando ésta se debería hacer de forma conjunta, y el estudio lo debería realizar la Consejería de Medio Ambiente. En el proyecto de Murias, se tomó en consideración los dieciocho parques eólicos que se estaban tramitando en un radio de diez kilómetros a éste, según dicho tribunal. En este zona, siete empresas están tramitando desde hace más de diez años u total de dieciséis parques eólicos, según datos de la asociación. Aunque estos proyectos cuentan con el rechazo de las organizaciones de ecologistas, el presidente de la asociación ha apelado a razones medioambientales para proseguir con estas iniciativas, ya que es una forma de luchar contra el cambio climático. Ha apelado también a razones económicas, ya que en el nudo eléctrico de Villameca hay proyectados 425 megavatios con una inversión prevista de seiscientos millones de euros y unas previsiones de quinientos empleos directos y de 1.200 indirectos. Con esto, más de quince municipios y juntas vecinales de toda la zona recibirán en veinte años cuarenta millones de euros por admitir estas instalaciones, a lo que hay que sumar los treinta millones que recibirán por licencias e impuestos en este periodo. Castilla y León se encuentra a la cabeza nacional, tras alcanzar los 3.724 megavatios (MW), repartidos en 161 parques eólicos, de los que nueve están en León, con una potencia eólica instalada de 225,75 megavatios, según datos de esta asociación. El presidente de la Asociación ha elogiado la actuación de la Junta hasta ahora en este asunto, entre otras cosas porque ha habido una normativa clara y estable, y ha pedido que “la solución está en seguir trabajando como estaba”. Precisamente hoy, ocho colectivos conservacionistas han denunciado en un comunicado la falta de valores democráticos de buena pare de la clase política que defiende los intereses de las empresas eólicas “por encima de la legalidad”.

2009.08.25. El Síndic de Greuges insisteix que les al·legacions s’haurien d’haver respost en tres mesos

Segons el Síndic, les 40.000 al·legacions s’haurien d’haver respost en tres mesos i han transcorregut més de cinc anys i encara estan per contestar

Una nova Resolució del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana del 22 de juliol de 2009 sobre el Pla Eòlic Valencià (referida a la zona 9 en la província de València) obliga a l’Administració valenciana a resoldre en un termini màxim de 3 mesos. En la zona eòlica 14 (comarques del Comtat i la Marina Alta), i en moltes altres zones, duem més de 5 anys esperant la resposta de l’Administració a les al·legacions presentades, el que situa a la Direcció General d’Energia fora de la llei. El Síndic de Greuges recorda en la pàgina 7 d’aquesta Resolució que: “Quan la norma de procediment no fixe terminis, el termini màxim de resolució serà de tres mesos”. En la seua Recomanació assenyala el següent: “Porte a terme el deure legal de donar contestació expressa als interessats, en relació amb el contingut dels escrits d’al·legacions presentats davant aqueixa Conselleria, pronunciant-se sobre el sol·licitat de forma motivada i dins dels terminis legalment establits, en nom de l’eficàcia i eficiència exigibles a tot l’actuar de l’administració pública”.

Aquesta mateixa Resolució del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana del 22 de juliol de 2009 sobre el Pla Eòlic Valencià reitera els mateixos plantejaments que la Sindicatura de Greuges va efectuar sobre els parcs eòlics de la zona 14 al març de 2005 i les recomanacions de la qual encara no han estat complides pel govern Valencià en el sentit que s’havien de cercar altres zones més adequades per a la ubicació dels parcs eòlics. També posa l’accent en la impossibilitat de situar els parcs eòlics dins d’una zona LIC (Lloc d’Interès Comunitari).

Després de la publicació de l’Acord del Consell del 5 de juny de 2009 d’ampliació de la Xarxa de Zones d’Especial Protecció per a les Aus que situa dins de la zona ZEPA “Muntanyes de la Marina” a tot el parc eòlic d’Alfaro i a una part del parc eòlic de Tossal del Rei, era evident que els parcs eòlics de la zona 14 no podrien construir-se on s’havien projectat, ja que ser ZEPA és un dels criteris d’exclusió per als parcs eòlics, però cabia la possibilitat d’un trasllat dels aerogeneradors a altres ubicacions dins de la comarca. De totes maneres, en cap lloc figura cap anul·lació dels parcs eòlics de la zona 14 ni el trasllat dels aerogeneradors a altres serres o a altres comarques. Si els parcs eòlics de la zona 14 acaben construint-se en els llocs previstos i en les condicions actuals (que no han estat derogades), aquesta circumstància constituiria una nova il·legalitat més a afegir al nombre d’irregularitats acumulades en aquest projecte i de les quals l’Administració Valenciana haurà d’adonar en els tribunals quan s’inicie el procediment judicial.

Siga com siga, el Govern Valencià, a pesar de tots els requeriments que se li han fet, encara no ha contestat ni ha definit la situació en la qual van a quedar els projectats parcs eòlics de les serres d’Alfaro i d’Almudaina i, ara, aquesta nova Recomanació del Síndic de Greuges recorda que s’haurien d’haver contestat les al·legacions en tres mesos de termini com a màxim (és a dir, al novembre de 2004), però a data d’avui, l’Administració Valenciona segueix sense contestar les al·legacions, sense complir les Recomanacions del Síndic de Greuges i amb el projecte d’instal·lació dels parcs eòlics del Comtat en marxa.

2008.08.23. Plataforma Gistreo. (La Junta inmoviliza el negocio eólico en León)

http://plataformadefensagistreo.blogspot.com/2009/08/valdesandomino-en-la-omanuela-por.html Sierra de Gistreo y Coto Parque Natural DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2009 La Junta inmoviliza el negocio eólico en León Valdesandomino en La Omañuela por pedrofp La Junta inmoviliza el negocio eólico en León hasta que sus abogados aseguren que es legal El delegado llevará la batalla al Supremo, ordena revisar 17 parques eólicos y anuncia que no se evaluarán más 23/08/2009 Marco Romero | León DIARIO DE LEÓN La Delegación Territorial de la Junta en León ha paralizado la maquinaria administrativa y no realizará, de momento, ninguna nueva evaluación de impacto ambiental sobre proyectos de parques eólicos promovidos en las montañas de la provincia, según anunció el titular de esta institución, Eduardo Fernández, durante una profunda entrevista en la que aborda las claves de la controversia judicial que gravita sobre las autorizaciones que se están concediendo a estas instalaciones industriales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anulaba hace escasas semanas la autorización del parque Murias II, porque consideraba que la fragmentación de proyectos eludía la normativa ambiental y eléctrica, y pocos días después caían en cadena de forma provisional otras tres redes de aerogeneradores previstas en Omaña, La Cepeda y Alto Bierzo en aplicación de la doctrina establecida por magistrados del mismo tribunal. Los servicios jurídicos de la Delegación Territorial concretan ahora los argumentos jurídicos para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución dictada por los jueces del TSJ en junio de este año. «Una cosa es la técnica medioambiental, que estamos dispuestos a mejorar si se nos pide, y otra la controversia jurídica. Por eso estudiamos ir al Supremo en interés de ley, es decir, para que unifique la forma de interpretar una norma. […] Aquí lo que merece la pena es la interpretación jurídica de cómo tienen que hacerse esas tramitaciones», indicó Eduardo Fernández, quien desgranó, una a una, las principales incógnitas sobre el futuro del negocio eólico en este momento crítico. Por fragmentar Si la Justicia obliga a la Junta a planificar el negocio eólico se suspenderán todos los expedientes en tramitación Es la clave del asunto. «La ejecución de la sentencia, en lo relativo a la fragmentación ocasiona al menos dudas de cuál debe ser el procedimiento para evaluar estos espacios», admite el delegado territorial. Fragmentación, a tenor de la sentencia del TSJ, es evaluar, uno a uno, los proyectos de nuevos parques sin tener en cuenta el resto de instalaciones que ya operan u operarán en el futuro en ese entorno. «Es complejo solucionar ese asunto». Argumenta que cuando los promotores presentan sus proyectos no se sabe si dentro de un año o de cuatro otra empresa solicitará otra autorización, por lo que interpreta que la sentencia obliga a partir de ahora a la Administración a hacer una planificación previa. «De ser así, habría que parar todos los procedimientos tal y como los tenemos en este momento. No por nosotros, sino tal y como los han pedido los propios promotores». El papel de la Junta, hasta este momento, consistía en comprobar los aerogeneradores, los circuitos hasta la primera subestación y las pistas de acceso. «Todos esos aspectos son los que se miraban en las declaraciones de impacto. Y lo hacíamos parque a parque». Ley para macroproyectos «Es necesaria una ley que guíe a la administración y marque los límites a los promotores» Las tramitaciones de parques eólicos dependen de las consejerías de Economía y Empleo, en lo energético, y de Medio Ambiente, en lo relativo a las evaluaciones de impacto. Lo que han avanzado los servicios jurídicos de la Junta va en esta vía: «Tener en cuenta espacios globales como los que se indican en la sentencia tendría que venir ordenado por una norma con rango legal», opina Fernández. «Una ley -matiza- que nos sirviera, primero, de guía a la administración y, después, que marcase los límites a los promotores, que es el tema fundamental». Ésa es la argumentación jurídica sobre la que la asesoría quiere recurrir. Parques en proyecto El delegado advierte a los empresarios quea acaten las órdenes de paralización para evitar la actuación del fiscal El delegado territorial asegura que la orden de paralización de las obras del parque eólico de Valdesamario fue firmada y notificada a la empresa hace escasos días, aunque la Guardia Civil ha recibido noticias de que las obras continuaron, sólo por unos días. En tono tajante, Fernández dijo: «La empresa debe saber, porque nos pasa con relativa frecuencia, que enviamos una segunda orden de paralización y, si no hace caso, remitimos el caso al fiscal». «De eso hay infinidad de ejemplos, desgraciadamente». La notificación también se hace a los ayuntamientos porque los proyectos están en construcción y es de su competencia, como ocurre a menudo con los cielos abiertos de Villablino. «Si se tratara de una instalación que ya funciona, al tener competencias en materia de inspección, se corta la actividad y punto, pero en este caso tienen que ser los ayuntamientos». El bocyl en los últimos días Medio Ambiente e Industria olvidaron publicar en el 2006 las autorizaciones de Curueña I y Salce. Se publican ahora para evitar su anulabilidad El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado dos semanas consecutivas las resoluciones que autorizan dos parques eólicos en Omaña, uno de ellos, el de Salce, suspendido cautelarmente por el TSJ. Según Fernández, tras la sentencia del citado tribunal, se están revisando los expedientes de todos los proyectos en tramitación y es cuando los técnicos de Industria y de Medio Ambiente se han dado cuenta que las resoluciones de Curueña I y Salce, autorizadas ya en el 2006, no habían sido publicadas en el Bocyl, paso obligatorio para evitar la nulidad del expediente. «Me cuentan que esto obedece a una cierta controversia entre la Dirección General de Minas y el Servicio Territorial de Industria, entre los servicios centrales y los periféricos». • Rectificarán todas las evaluaciones de impacto irregulares • «Los funcionarios desobedecieron» • Al delegado no le llegan los papeles Para terminar, un ejemplo de como algunos periodistas entienden el comunicado publicado en la anterior entrada de este blog: • Gistredo, en pos del equilibrio entre las palas y el urogallo De todos modos y ante nuestras quejas, ayer en la sección tribuna fue publicado nuestro comunicado anterior: • Conservacionismo y «ruina eólica» Diario de León 23.08.2009 La Junta inmoviliza el negocio eólico en León hasta que sus abogados aseguren que es legal El delegado llevará la batalla al Supremo, ordena revisar 17 parques eólicos y anuncia que no se evaluarán más 23/08/2009 marco romero | león La Delegación Territorial de la Junta en León ha paralizado la maquinaria administrativa y no realizará, de momento, ninguna nueva evaluación de impacto ambiental sobre proyectos de parques eólicos promovidos en las montañas de la provincia, según anunció el titular de esta institución, Eduardo Fernández, durante una profunda entrevista en la que aborda las claves de la controversia judicial que gravita sobre las autorizaciones que se están concediendo a estas instalaciones industriales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anulaba hace escasas semanas la autorización del parque Murias II, porque consideraba que la fragmentación de proyectos eludía la normativa ambiental y eléctrica, y pocos días después caían en cadena de forma provisional otras tres redes de aerogeneradores previstas en Omaña, La Cepeda y Alto Bierzo en aplicación de la doctrina establecida por magistrados del mismo tribunal. Los servicios jurídicos de la Delegación Territorial concretan ahora los argumentos jurídicos para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución dictada por los jueces del TSJ en junio de este año. «Una cosa es la técnica medioambiental, que estamos dispuestos a mejorar si se nos pide, y otra la controversia jurídica. Por eso estudiamos ir al Supremo en interés de ley, es decir, para que unifique la forma de interpretar una norma. […] Aquí lo que merece la pena es la interpretación jurídica de cómo tienen que hacerse esas tramitaciones», indicó Eduardo Fernández, quien desgranó, una a una, las principales incógnitas sobre el futuro del negocio eólico en este momento crítico. por fragmentar Si la Justicia obliga a la Junta a planificar el negocio eólico se suspenderán todos los expedientes en tramitación Es la clave del asunto. «La ejecución de la sentencia, en lo relativo a la fragmentación ocasiona al menos dudas de cuál debe ser el procedimiento para evaluar estos espacios», admite el delegado territorial. Fragmentación, a tenor de la sentencia del TSJ, es evaluar, uno a uno, los proyectos de nuevos parques sin tener en cuenta el resto de instalaciones que ya operan u operarán en el futuro en es e entorno. «Es complejo solucionar ese asunto». Argumenta que cuando los promotores presentan sus proyectos no se sabe si dentro de un año o de cuatro otra empresa solicitará otra autorización, por lo que interpreta que la sentencia obliga a partir de ahora a la Administración a hacer una planificación previa. «De ser así, habría que parar todos los procedimientos tal y como los tenemos en este momento. No por nosotros, sino tal y como los han pedido los propios promotores». El papel de la Junta, hasta este momento, consistía en comprobar los aerogeneradores, los circuitos hasta la primera subestación y las pistas de acceso. «Todos esos aspectos son los que se miraban en las declaraciones de impacto. Y lo hacíamos parque a parque». ley para macroproyectos «Es necesaria una ley que guíe a la administración y marque los límites a los promotores» Las tramitaciones de parques eólicos dependen de las consejerías de Economía y Empleo, en lo energético, y de Medio Ambiente, en lo relativo a las evaluaciones de impacto. Lo que han avanzado los servicios jurídicos de la Junta va en esta vía: «Tener en cuenta espacios globales como los que se indican en la sentencia tendría que venir ordenado por una norma con rango legal», opina Fernández. «Una ley -”matiza-” que nos sirviera, primero, de guía a la administración y, después, que marcase los límites a los promotores, que es el tema fundamental». Ésa es la argumentación jurídica sobre la que la asesoría quiere recurrir. parques en proyecto El delegado advierte a los empresarios quea acaten las órdenes de paralización para evitar la actuación del fiscal El delegado territorial asegura que la orden de paralización de las obras del parque eólico de Valdesamario fue firmada y notificada a la empresa hace escasos días, aunque la Guardia Civil ha recibido noticias de que las obras continuaron, sólo por unos días. En tono tajante, Fernández dijo: «La empresa debe saber, porque nos pasa con relativa frecuencia, que enviamos una segunda orden de paralización y, si no hace caso, remitimos el caso al fiscal». «De eso hay infinidad de ejemplos, desgraciadamente». La notificación también se hace a los ayuntamientos porque los proyectos están en construcción y es de su competencia, como ocurre a menudo con los cielos abiertos de Villablino. «Si se tratara de una instalación que ya funciona, al tener competencias en materia de inspección, se corta la actividad y punto, pero en este caso tienen que ser los ayuntamientos». el bocyl en los últimos días Medio Ambiente e Industria olvidaron publicar en el 2006 las autorizaciones de Curueña I y Salce. Se publican ahora para evitar su anulabilidad El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado dos semanas consecutivas las resoluciones que autorizan dos parques eólicos en Omaña, uno de ellos, el de Salce, suspendido cautelarmente por el TSJ. Según Fernández, tras la sentencia del citado tribunal, se están revisando los expedientes de todos los proyectos en tramitación y es cuando los técnicos de Industria y de Medio Ambiente se han dado cuenta que las resoluciones de Curueña I y Salce, autorizadas ya en el 2006, no habían sido publicadas en el Bocyl, paso obligatorio para evitar la nulidad del expediente. «Me cuentan que esto obedece a una cierta controversia entre la Dirección General de Minas y el Servicio Territorial de Industria, entre los servicios centrales y los periféricos». Diario de León 23.08.2009 EDUARDO FERNÁNDEZDELEGADO DE LA JUNTA EN LEÓN Rectificarán todas las evaluaciones de impacto irregulares 23/08/2009 m. romero | león El delegado territorial ha encargado un informe para que «se revisen con lupa» todos los expedientes sobre proyectos de nuevos parques eólicos en tramitación y si las resoluciones judiciales afectan a alguno de los procesos administrativos ya concluidos o a los que tendrán que realizarse en el futuro. Según sus datos, actualmente hay 17 proyectos en marcha, unos con el trámite administrativo sin concluir y otras que están siendo recurridas en vía administrativa o contenciosa. «La idea es saber cómo afecta la sentencia hacia atrás y cómo afecta hacia adelante», manifestó Eduardo Fernández. Ante esta situación de incertidumbre y para evitar llevar a la Comisión de Prevención Ambiental proyectos que pueden ser tirados, la Junta no va a seguir realizando evaluaciones ambientales como se venía haciendo «hasta saber si el tenor literal de la sentencia hace que tengamos que variarlo». «En este momento -”dijo rotundo-” no nos planteamos llevar a la comisión ningún expediente más para aprobar hasta que esta cuestión jurídica se haya aclarado». Dispuestos a todo. Fernández está dispuesto a rectificar las evaluaciones de impacto ambiental que ya se han realizado de forma simplificada y hacerlo de forma ordinaria, uno de los asuntos más cuestionado por parte de los jueces. Recordó que actualmente hay ocho parques en funcionamiento, uno de ellos, el de Lucillo, recurrido. También que hay siete en construcción, de los que uno (San Feliz) ha sido anulado. Asimismo, de los que están en tramitación administrativa ha sido anulado el parque Murias II y suspendidos cautelarmente Curueña I, Salce y Villabandín II. «Los temas formales, si hay que corregirlos, se corrigen. No hay problema en hacer una nueva evaluación. El problema es si hay que hacer diez o quince distintas o agruparlas todas en una». Ésa es la pregunta que se hacen una y otra vez en la Junta: ¿Cómo se obliga a los promotores a que concurran todos en un único expediente para evitar la fragmentación?» Respecto a las evaluaciones que ha realizado la Junta, el TSJ es determinante. Según los magistrados «no cabe duda», en contra del criterio de Medio Ambiente, de que la zona en litigio es «un área de sensibilidad ecológica» y que el proyecto presentado, similar a todos los que se están tramitando, «no es un parque, sino una parte de un parque porque en sí mismo no es autosuficiente». Además se dice que las evaluaciones deben tener en cuenta elementos que no tuvieron, como las líneas eléctricas de evacuación o las subestaciones colectoras. «Los funcionarios desobedecieron» 23/08/2009 Desobedecieron, no prevaricaron. Uno de los asuntos que más preocupa en la Delegación Territorial es la denuncia presentada ante el Juzgado Decano de Instrucciónde León por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente en relación a posibles irregularidades en los procesos de evaluación de impacto ambiental de nuevos parques eólicos en la provicia de León. El fiscal, una vez conocido el dosier entregado por varios colectivos ecologistas, formuló la denuncia por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito descrito en el artículo 329 del Código Penal, relativo a la prevaricación medioambiental. El informe jurídico que maneja el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, más que a un acto de prevaricación apunta a un posible delito de desobediencia por no presentar ante el fiscal los expedientes sobre parques eólicos que solicitó a funcionarios de la Administración autonómica, concretamente del departamento de Industria, según Fernández. Los expedientes serán entregados a la Fiscalía, aunque, al menos hace una semana, el proceso seguía en manos del titular del Juzgado número 3 de León, a quien fue repartido el caso. Según la denuncia, se silenció la presencia de urogallo para evitar el impacto de los parques y existe una «falta de rigor» en la vigilancia de la Junta hacia estos proyectos. Al delegado no le llegan los papeles 23/08/2009 Muchos funcionarios de la Junta se niegan a firmar expedientes por miedo a posibles consecuencias penales, como ha ocurrido en asuntos sonados como la trama solar. Así lo asegura el delegado territorial, que ha pedido un informe escrito sobre el negocio eólico. Se da la circunstancia de que la denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo viene motivada porque funcionarios, probablemente de Industria, no remitieron los papeles solicitados por el fiscal en relación a la tramitación de varios parques eólicos proyectados en la montaña leonesa. En mayo se reunió con el fiscal y le pidió que, a partir de ese momento, además de al funcionario le enviase una copia a él personalmente para hacer un seguimiento «porque si no yo tampoco me entero de que piden los papeles», lamentó. «Di que por otra parte, allá ellos porque la responsabilidad penal es personal. La gente sabrá en qué barullo se mete si pide algo la fiscalía y no le contesta. Yo desde luego, lo mandaría al día siguiente». Gistredo, en pos del equilibrio entre las palas y el urogallo En plena controversia sobre la ubicación del parques eólicos y la crisis de empresas de componentes para un sector que emplean a cientos de obreros, la plataforma por la Defensa de Gistredo, hiperactiva para evitar la explotación de esta sierra berciana, terció en la disputa. Sobre todo para desmentir al pedáneo de Tremor de Arriba (Igüeña) -”pro parques-” que insinúa que grupos ecologistas han «colocado» colonias de urogallos en zonas inéditas para esta especie con el fin de bloquear ciertos proyectos. La plataforma considera que el pedáneo emplea una acusación tan «burda» para confundir a la opinión pública en un asunto social tan delicado. Por eso le exigieron una rectificación en voz alta. El colectivo no siente que el conservacionismo sea el «verdugo» de la industria eólica. Y responsabiliza a los políticos, a todas las escalas, como los culpables del declive de muchos pequeños pueblos. Al «defender el turismo rural y la naturaleza como fuente primaria de desarrollo y luego dedicándose a conceder licencias para parques eólicos o minas a cielo abierto», opone la plataforma. Para la organización preservadora de la sierra, no se puede apelar ahora a la captación de recursos por el uso eólico de los montes cuando se han gestionado tan mal otros, que no han mejorado nada la calidad de vida rural. La asociación apuesta genéricamente por conjugar medio ambiente y desarrollo sostenible y por el diálogo con los políticos, pero no por entregarles un cheque en blanco. Conservacionismo y «ruina eólica» 22/08/2009 Tribuna | Gedemol, URZ, A Morteira, Ecologistas en Acción de León, Filón Verde, Plataforma para Defensa de la Cordillera Cantábrica, Plataforma para la Defensa de Gistreo y Tyto Alba Este verano, y en contra de todo tópico periodístico sobre la falta de noticias, ha resultado abundante en informaciones, en diversas direcciones, sobre el futuro de las montañas de la provincia de León. Gran parte de esto es debido a la importante, y no recurrible, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dictó que la administración regional ha otorgado autorizaciones administrativas contrarias a la ley en materia eólica. Una sentencia de la que se deberán buscar las correspondientes responsabilidades políticas y funcionariales, y que a día de hoy no se han producido. A estos colectivos siempre se nos acusa de decir que no, por sistema, e ir en contra del progreso. Pero lo cierto es que los únicos que desde los años setenta han hablado de energías renovables, cambio climático y desarrollo sostenible han sido precisamente los colectivos conservacionistas y ecologistas; a ver quién es el que va retrasado en estas cosas. Energías renovables por supuesto, pero siempre que no afecten a espacios naturales protegidos y de interés y, por supuesto, no contravengan la legalidad. Esa es nuestra posición inequívoca: el empleo y el dinero no puede estar por encima de la legalidad y el porvenir de nuestros pueblos. Debido a este precedente surge a continuación la necesidad por parte de los promotores eólicos de justificar ante la sociedad el incumplimiento de la legalidad por su parte, copando grandes titulares con cifras económicas y de empleo con intención de manipular a la opinión pública. Se trata por tanto de la más reciente versión del cuento de la lechera, mientras la población sigue sin disponer de datos reales y fehacientes de empleo e impacto económico directo. El dinero que se supone que los pueblos van a percibir por dar cobijo en sus montes a torres eólicas (según datos publicados unos 3.000 euros anuales por torre, en el mejor de los casos) y suponiendo una media de 10 torres por junta vecinal nos dan 30.000 euros anuales. Esto supone 0,086% anual de ingreso directo sobre una estimación media de inversión de 35 millones de euros (Ej: inversión estimada Parque Eólico Quintana con 27 aerogeneradores). Esto hace que en los 20 años de vida de media de un proyecto el pueblo recibiría ingresos del 1,71% de total de la inversión. Estos datos, de ejemplo, dan cuenta del suculento negocio eólico para los promotores y la ruina para nuestros pueblos. En los actuales costes de la administración pública para cuánto dan 30.000 euros: ¿Para contratar medio funcionario? ¿Cuántos metros de calle podemos construir? ¿Cuántos muros de edificio y tejados podemos levantar? Hablamos de cantidades que no van a cambiar la calidad de vida de nuestros vecinos, a cambio de una explotación masiva y exclusiva de nuestros montes, que provocarán la destrucción del atractivo natural de nuestros pueblos, ocasionando una pérdida de una fuente de empleo real como es el turismo rural, la explotación cinegética y el aprovechamiento forestal. ¿Qué intereses albergan los políticos y promotores eólicos que defienden estos proyectos en contra de la legalidad? ¿Por qué si hay más de 100 proyectos de parque eólico en nuestras montañas de León apenas hay información sobre los mismos? ¿Por qué han actuado hasta ahora los promotores casi a escondidas (ejemplo: Espina y Valdesamario) y ahora aparecen en los grandes titulares como salvadores de nuestros pueblos e industriales ejemplares, clamando contra la ruina de sus empresas? Lo cierto es que las empresas industriales del negocio eólico arrastran desde hace muchos meses su crisis, sin necesidad de sentencias contrarias a sus parques en la provincia de León, en línea con la situación económica actual y del sector energético en particular. Los eres que dichas empresas han presentado, hace ya varios meses, no obedecen a una falta de demanda interna, sino más bien a una desastrosa política de implantación, basada en subvenciones que alguien debería explicar, y a una falta de planificación empresarial que quizás se ha aprovechado de la crisis para reducir plantilla, como están haciendo otros sectores afines al estilo del pelotazo. ¿Para conseguir fijar ese empleo del sector eólico tendremos que estar eternamente instalando parque eólicos en la provincia? Va a ser que para tanto tiempo nos salimos. Por lo tanto pretender hacer responsables a estos colectivos de la “ruina” del sector es precisamente una acción ruin y una manipulación indigna en una sociedad democrática. Pese a la falta de información y oscurantismo de las diversas administraciones y del sector empresarial nuestra prioridad sigue siendo la defensa de las montañas de León, de su desarrollo y explotación económica sostenible, de la población que habita en estos espacios y, por supuesto, de todas las especies que en ella habitan. Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad de defensa del medio ambiente y la posibilidad de dejar una Tierra, y un pequeño cacho de la misma como es la provincia de León, como una herencia digna y habitable para las futuras generaciones. Si para ello tenemos que acudir a la Justicia, acudiremos; si para ello tenemos que manifestarnos, nos manifestaremos; tengamos lo que tengamos que hacer, aquí estaremos.

2009.08.13.La Crónica de León. (También en la eólica hay picaresca y chapuza)

EDITORIAL /

¿También en la eólica hay picaresca y chapuza?

Parece una maldición. Cada vez que se aprueba una ley, aparentemente buena e innovadora, pero en la que existen subvenciones públicas por medio, aparecen las chapuzas y la picaresca, cuando no el fraude y la corrupción. Primero fue la energía solar, que en Castilla y León dio origen a un escándalo mayúsculo, que provocó sanciones a altos cargos de la Junta y que muchos proyectos quedaran en el aire. Ahora le toca el turno a la energía eólica, que parecía la panacea para la provincia de León, que aspiraba a encabezar no sólo la producción a nivel nacional, sino también la industria del sector. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido la instalación de varios parques eólicos en la provincia porque no cumplen con la legislación medioambiental. Certifica la Justicia que se presentaban grandes parques, pero que se fragmentaban en varios proyectos independientes para que pudieran pasar el trámite medioambiental. Sin embargo, la Junta sigue concediendo autorización a nuevos parques. En la provincia de León hay 9 en funcionamiento, cinco en construcción y otros 15 autorizados, de los cuales varios ya están afectados por sentencias de la Justicia. Con todos estos parques León aspiraba a triplicar la producción actual, fijada en 225 megawatios, algo que ahora queda totalmente en el aire. Además, León cuenta con una de las infraestructuras de producción de palas y molinos de viento más importantes de España, con fábricas en el Bierzo, Valencia de Don Juan y Villadangos, que están pasado ahora por momentos difíciles a causa de la crisis económica, pero que se mantienen como una de las grandes esperanzas de generación de puestos de trabajo futuros. Lo que no parece razonable es que los proyectos como los de los parques eólicos o los solares en su día avancen en la tramitación administrativa al filo de la legalidad. La Administración regional debería ser mucho más diligente a la hora de analizar los proyectos para no incurrir en fallos como los que luego evidencian los tribunales de Justicia. La necesidad de abrir nuevas fuentes de empleo y de industrializar una comunidad a la que no es fácil atraer inversiones, no justifica que se de manga ancha a los promotores de estos proyectos, porque al final puede ser la Administración la responsable y con ella todos los contribuyentes. León y la comunidad tienen un gran futuro por delante en las energías alternativas. No lo desperdiciemos por querer ir muy deprisa.

http://www.la-cronica.net/2009/08/13/editorial/tambien-en-la-eolica-hay-picaresca-y-chapuza-45945.htm

2009.08.12.El Progreso. (Los ecologistas aplauden la paralización del concurso eólico)

Enerxía

Los ecologistas aplauden la paralización del concurso eólico

12/08/2009 – AGN

La Federación Ecoloxista Galega (FEG) valora como una “buena nueva” la decisión de la Xunta de paralizar el concurso eólico desarrollado por el bipartito puesto que, al considerar que la materialización de los parques previstos causaría un “grado de impacto ambiental y paisajístico que horrorizaría a los gallegos y que se sumaría al ya creado durante la era Fraga”.

Con todo, el colectivo ecologista pide que el “afán revisionista” del Gobierno gallego se extienda al “germen” de la planificación de esta energía alternativa, de modo que se desarrolle y apruebe un nuevo Plan Eólico de Galicia en el que “se respete el verdadero valor de las montañas y sierras gallegas y el patrimonio natural y cultural gallego”.

En un comunicado, la FEG solicita que el documento incluya “expresamente” un capítulo en el que se designen las áreas de exclusión de aprovechamiento energético del viento, que incorporen los espacios naturales que aún no se han sumado a la Red Natura. También pide que se incorpore un “principio de cautela”, de modo que cada posible autorización se acompañe de una evaluación de opciones alternativas menos perjudiciales, y que el plan sea sometido a evaluación estratégica ambiental.

Según los ecologistas, la planificación de los recursos eólicos en Galicia ha estado y está basada en la “carencia de sensibilidad ambiental”, la “desmesura”, la “falta de transparencia de las concesiones” y la “especulación energética”.

 

http://elprogreso.galiciae.com/nova/37041.html

 

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Adega: “La Xunta no actuó de manera responsable” en el concurso eólico

26/12/2008 – Galiciae

La asociación ecologista Adega advierte de que adjudicar la potencia eólica ahora “hará muy complicado” que el Gobierno pueda después descartar los proyectos agresivos por el impacto ambiental.

El diseño de una Mesa Eólica que le dé voz a sectores diversos de la Administración y de la sociedad y que pueda tramitar de manera correcta el proceso aprobando “un nuevo Plan Eólico”. Es el marco en el que debería acometerse el reparto, según el colectivo. “La Xunta no ha actuado de manera responsable”.

Adega insta a las consellarías de Política Territorial y Medio Rural a “vetar las localizaciones que puedan ir en contra de la ordenación racional del territorio”. Y a Medio Ambiente y Cultura les pide que fijen aquellos espacios que por razones ambientales, paisajísticas o patrimoniales “no deben ser susceptibles de albergar parques eólicos”.

Adega recuerda a la Consellaría de Industria que procesos similares se pusieron en marcha en Navarra o Asturias. “Los defectos se podrían haber evitado si antes de adjudicar la potencia a las empresas se abriera un amplio debate sobre el nuevo modelo de gestión de la energía”.

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