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2010.01.31. Diario de León. (Villanueva recula y no lleva al Supremo la sentencia que cuestiona sus concesiones)

Villanueva recula y no lleva al Supremo la sentencia que cuestiona sus concesiones

31/01/2010 m. romero | león 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León notificó esta semana la certificación de firmeza de la sentencia dictada en junio del año pasado que, además de anular la autorización del parque eólico Murias II, reprobaba la política ambiental de la Junta por dar de paso proyectos eólicos que sólo recogían la instalación de aerogeneradores, sin incluir las líneas eléctricas de evacuación de energía ni la subestación colectora y no tener en cuenta, además, los otros parques eólicos que se estaban tramitando en un radio de diez kilómetros. Es lo que, en términos administrativos, se ha denunciado como una fragmentación de proyectos por parte de la Consejería de Economía y Empleo para eludir la normativa industrial eléctrica.

La ratificación de la setencia resulta sorprendente porque tanto el titular de este departamento, Tomás Villanueva, como el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, aseguraron en momentos distintos la garantía de que la Junta iba a llevar ante el Tribunal Supremo el caso de Murias II «porque -”coincidieron ambos-” la sentencia contiene errores de bulto». Lo cierto es que han reculado y los servicios jurídicos de la Administración autonómica no han encontrado argumentos de defensa o han entendido que no interesa llegar al Supremo para que se cree jurisprudencia en torno a las polémicas concesiones de nuevos parques eólicos en la montaña leonesa.

«Respetamos la sentencia, pero no la compartimos», afirmaba el consejero Tomás Villanueva el 10 de septiembre, tres meses después de ser dictada por tres magistrados del TSJ. Villanueva defendió el modo en que su departamento autorizaba este tipo de proyectos, tanto en lo relativo a la tramitación simplicada y no ordinaria de la evaluación de impacto ambiental -”así lo reclama el tribunal-”, como en la fragmentación de los proyectos.

«Errores de bulto». Por su parte, Ricardo González Mantero, en una entrevista publicada por este periódico el pasado 11 de octubre, garantizaba también el recurso ante el Supremo por esos «errores de bulto»: «Para empezar, el hecho de que esté en una zona Zepa, que se declaró más tarde que el parque, no quiere decir que no se pueda autorizar una instalación. Pero, sobre todo, rechazamos la consideración de que todos los parques autorizados que van a Villameca son un único parque fraccionado».

La sentencia del TSJ que anula la autorización de Murias II, promovida por denuncias de SeoBirdlife, Urz y el Colectivo Tambarón, supuso la primera vez que un tribunal se pronunciaba en contra de las autorizaciones de nuevos parque eólicos en Castilla y León. Los denunciantes, conocida la firmeza de la setencia, piden ahora que cree doctrina para el resto de instalaciones y proponen a la Administración que retome «de cero» la planificación del negocio eólico en la provincia, sobre el que pesan varias resoluciones judiciales pendientes.

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=505079

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2010.01.25.El Mundo. (Los escollos del parque eólico de Enguera)

Los escollos del parque eólico de Enguera

G. Peñalosa/ A. García/VALENCIA

El Parque Eólico de Enguera va camino de convertirse en una encrucijada judicial con distintas resoluciones que no dejan nada en claro.

En primer lugar, la Fiscalía de Valencia denunció la infraestructura por encajar tres parques en uno y que, por tanto, la licencia pudo ser fraudulenta. Interpuso tres denuncias. El presunto fraude consistía en la división de una gran parque eólico en tres pequeños. De este modo, según el Ministerio Público, la comunidad autónoma podría quedarse con la gestión de las infraestructuras, mientras que si contara como uno solo la competencia pasaría a ser estatal y las subvenciones nacionales y europeas no pasarían por las arcas autonómicas.

Tras la denuncia, uno de los jueces paralizó las obras. Mientras tanto, otro magistrado consideró que debía inhibirse al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Tras revisar el asunto, el alto tribunal consideró que no había motivos para frenar los trabajos de construcción. y ahora, el fiscal Vicente Torres ha interpuesto un recurso de súplica para pedir al TSJ que reconsidere su postura y dicte el archivo. Todavía no hay contestación y el rifirafe judicial será bastante complejo por culpa de la disparidad de criterios que ya han empezado a aflorar.

El INICIO

La intervención de la Fiscalía comenzó en enero de 2008, tras recibir la denuncia de que el plan incumplía  la declaración de impacto ambiental. Después llegó la inspección ocular que motivó los escritos dirigidos a la Conselleria de Medio Ambiente, a la de Industria -ambas intervinieron en la concesión de licencias- y al Ayuntamiento de Enguera para que se paralizaran las obras.

El Ministerio Público, además, se dirigió a tres juzgados contencioso-administrativo para pedir el cese de los trabajos. Eso fue el 14 de septiembre y el 28 de octubre ya había resolución de uno de ellos, el número 9. Llamó la atención la rapidez con la que se pronunció el magistrado pero, sobre todo, sorprendió su  postura. El juez ordenó la paralización y decretar medidas cautelares en esta jurisdicción no es lo habitual.

LOS ARGUMENTOS

La sospecha de que el Plan Eólico contraviniera la normativa existente para estos espacios motivó que la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia se pusiera en marcha. Tras una exhaustiva investigación llegaron las primeras conclusiones. El Ministerio Público apuntó que donde estaban previstos tres parques se iba a construir uno solo de mayor impacto ambiental. Su potencia y número de aerogeneradores hubiera necesitado la autorización del Gobierno central y, por tanto, el Ministerio de Industria tendría que haber asumido la competencia. En una inspección ocular de la Fiscalía con la Guardia Civil se determinó que la distancia entre los tres parques era de sólo 180 metros.

Además, según las pesquisas, cuentan con una sola subestación eléctrica. Se da la circunstancia de que la ley valenciana de planes eólicos establece que para que se consideren distintos deben estar separados por 2.000 metros y no superar los 50 megawatios de potencia. Enguera no cumple este precepto, según la Fiscalía.

De esta manera, y según la ley, el parque seria sólo uno y la competencia no sería del Gobierno valenciano sino del central. Primera alerta.

LAS AYUDAS DE LA UE

Entonces, ¿qué interés se puede tener en juntar tres parques en uno?. La respuesta es sencilla. La gestión de los parques eólicos suele ser una actuación muy golosa para las administraciones por las ayudas y subvenciones nacionales y europeas que reciben. Los gobiernos autonómicos únicamente están capacitados para autorizar parques de pequeño tamaño y así se hizo.

Después, el Ministerio Público consideró que los tres proyectos camuflaban uno más grande y decidió intervenir vía contenciosa-administrativa. Remitió tres denuncias a distintos juzgados y el número 9 de Valencia, la aceptó. No ocurrió así con el 2.

El PRIMER “TRIUNFO”

El magistrado del juzgado  9 respaldó las pesquisas del fiscal Y ordenó paralizar la infraestructura. Fue el segundo caso en España en el que la fiscalía intervino con éxito en la jurisdicción contenciosa. La denuncia iba dirigida contra el Ayuntamiento de Enguera. Por su parte, el juzgado número 2 se sacudió el asunto de encima y Jo dejó en manos del TSJ.

El PRIMER ‘REVÉS’

Hace dos semanas se produjo otro pronunciamiento. Pero esta vez en contra de las pretensiones de la Fiscalía que, en esta ocasión, dirigió su denuncia contra la Conselleria de Industria. El juzgado contencioso-administrativo 2 derivó la denuncia al TSJ al considerar que era un asunto autonómico y que debía ser éste órgano quien se pronunciara al respecto. La Sala del alto tribunal consideró que los argumentos expuestos por el Ministerio Público «no acreditan» la necesidad de paralizar las infraestructuras y dispuso que se reanudaran las obras.

LA RÉPLICA

Al tener conocimiento de la decisión del TSJ, la Fiscalía Provincial de Valencia interpuso un recurso de súplica ante el alto tribunal reiterando el origen de las investigaciones y solicitando la paralización del parque. Todavía no ha obtenido respuesta. En este momento, según fuentes próximas al caso, el parque eólico de Enguera continúa paralizado y no hay actividad. La resolución del recurso por parte del TSJ podría ser clave.

EL MUNDO, LUNES 25 DE ENERO DE 2010

2010.01.22.Levante. (Cotino destituye a tres altos cargos para amarrar políticamente Medio Ambiente)

Cotino destituye a tres altos cargos para amarrar políticamente Medio Ambiente

El vicepresidente prescinde de la responsable de personal y de los jefes de área que elaboran informes de impacto ambiental en espacios naturales y de reclasicación en suelo forestal protegido

 

FRANCESC ARABÍ VALENCIA ?
El “lifting” que el presidente Francisco Camps aplicó a su núcleo del Consell a finales de agosto, después de que se le descolgó la sonrisa por el caso Gürtel, tuvo entonces escasos efectos en el llamado segundo escalón. El propio Camps se encargó de lanzar el mensaje de que apenas habría retoques de segundo orden, como para lanzar el mensaje de que una reforma menor era suficiente para restaurar las presuntas escasas grietas. Con los meses, las destituciones y relevos se han ido sucediendo de tapadillo. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, lleva tres casi de una tacada esta semana.
Cotino ha prescindido de tres cargos de la etapa del malogrado García Antón: la secretaria general administrativa, María José Ortolá, el jefe de servicio de Recursos Forestales, Francisco Butler y su homólogo en Espacios Naturales, Antonio Ballester. Diversas fuentes apuntaron a este diario que es probable que estas destituciones no sean las últimas que acometerá el vicepresidente en este inicio de 2010.
El conseller está resuelto a amarrar políticamente el control del rincón más escondido del macrodepartamento que dirige y, sobre todo, la gestión del último palmo del territorio. Antes de Navidad, transmitió sus intenciones a su equipo de confianza de la conselleria. Recordó a todos que esa conselleria tiene un marcado perfil político con asuntos con tanta capacidad motora de cara al electorado como la cuestión hídrica. Cotino urgió a su equipo a ponerse las pilas y trasladó la consigna de que es necesario legislar menos y acentuar la acción política. Menos gestión técnica y más política sería el lema aproximado que retrata las intenciones del conseller, quien recordó a los suyos que 2010 es año preelectoral y conviene echar el resto. Los puestos cuyos titulares han sido relevados estos días no son decorativos. De la Secretaría General Administrativa, cargo de libre designación entre funcionarios, depende todo el personal de la conselleria. El puesto dejado por María José Ortolá lo ocupa ya Amparo Martín Fontelles.

Relevo desde Bienestar Social
Más calado político aún tienen las otras áreas remodeladas de forma contundente por el vicepresidente Cotino. Al responsable del servicio de recursos forestales, cargo que ocupaba Francisco Butler, corresponde informar sobre la reclasificación de suelo forestal protegido. Butler llegó a la conselleria desde el área de medio ambiente de la Diputación de Alicante y era persona de confianza de anterior titular de Medio Ambiente, José Ramón García Antón.
Al área de espacios naturales corresponde la elaboración de los informes de impacto ambiental en proyectos que afectan a territorio bajo esa consideración. Antonio Ballester, quien es, además, experto en urbanismo y veterano en esa casa, ha sido sustituido por Eugenia Vives, que procede de Bienestar Social, departamento del que era responsable Juan Cotino antes de aterrizar en Medio Ambiente.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/01/22/cotino-destituye-tres-altos-cargos-amarrar-politicamente-medio-ambiente/671697.html

2010.01.20.Expansión. (Las renovables se unen para denunciar el caos en el cobro de las primas)

Las renovables se unen para denunciar el caos en el cobro de las primas – Expansión.com

Las energías verdes, uno de los estandartes políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sigue en pie de guerra por las consecuencias de las últimas decisiones normativas en el negocio de las renovables.

Todas las grandes patronales de energías renovables han remitido una carta conjunta a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el organismo regulador, en la que denuncian el caos que se está produciendo en el nuevo sistema de liquidación de subvenciones al sector (primas, en términos técnicos).

Las patronales se quejan de que a cientos de productores no les está llegando el dinero. Para algunos, con escaso músculo financiero, la situación puede ser crítica.

El nuevo sistema empezó a funcionar el pasado mes. Es fruto del intento del Gobierno de avanzar en varios frentes al mismo tiempo dentro del fuerte impulso al proceso de liberalización eléctrica que quiso dar el pasado año.

Hasta diciembre, la mayoría de productores de renovables pasaba la factura de la energía vendida directamente al distribuidor (la red regional a la que estaban enganchados), al que luego liquidaba la CNE.

Desde diciembre, y en virtud de la normativa aprobada por el Gobierno, es la CNE la que ha empezado a liquidar las facturas directamente a las empresas de renovables.

Sicilia
La CNE realizó previamente un importante despliegue tecnológico para crear un sistema (denominado Sicilia) para procesar los datos de las 55.000 instalaciones renovables existentes en España. La carta de las patronales está firmada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE); la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif); la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa); y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF).

En el mercado sorprende que, estas patronales, que en los últimos tiempos han tenido más de un encontronazo por la lucha tecnológica que existe entre las distintas renovables, se unan ahora en esta polémica. En el sector, no se recuerda nada igual. De hecho, estas patronales son fruto de escisiones entre sí. La actual suma de fuerzas da así idea de la importancia que le otorgan al problema. La carta también la firma la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Acie).

“Para nuestras asociaciones, no es aceptable que instalaciones de régimen especial, que habían realizado todos sus trámites de alta y ya estaban facturando la venta de su energía en el mercado y la percepción de las primas y complementos […], puedan ver retrasada la liquidación un mínimo de dos meses en el mejor de los casos”. Los productores, añade la misiva, “no pueden sufrir las consecuencias de que la transición del sistema anterior al actual no haya funcionado, o que el responsable de la medida no haya comunicado ésta a la Comisión”.
????: Burbuja Económica http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/143575-las-renovables-se-unen-para-denunciar-el-caos-en-el-cobro-de-las-primas.html

Efecto dominó
El problema, además, es el efecto dominó. En la mayoría de los casos, “se trata de productores que tienen que hacer frente a las obligaciones de los créditos recibidos para poner en marcha sus instalaciones, con fuertes penalizaciones por los retrasos en el pago, o de productores que tienen que pagar a sus proveedores de combustible en la producción de la electricidad”, dice la carta.

La propia CNE explicó hace unas semanas, cuando se puso en marcha el nuevo sistema de liquidación, que, de las 55.000 instalaciones, en el mes del estreno se habían conseguido liquidar a 52.000. Se han producido avances temporales.

Si, antes, la liquidación (al mes siguiente de la producción) cubría el 40% de las instalaciones, ahora este porcentaje ha ascendido al 95%. Exactamente, la retribución total que se liquidó por la CNE en diciembre fue de 709 millones.

El problema es que las instalaciones a las que no se ha liquidado temen quedarse en un limbo financiero. Algunos productores explican que con la carta no están cargando específicamente contra la CNE, de la que reconocen que ha hecho lo que ha podido. Este organismo, de hecho, está intentando ser lo más garantista posible. Si no obtiene todos los datos requeridos para las liquidaciones, no procede a realizarlas.

Un problema puede ser el atasco que puedan estar produciendo algunos distribuidores y, más concretamente, algunos “representantes”. Esta figura es un intermediario que actuaba en nombre de un conjunto de instalaciones (a veces cientos).
????: Burbuja Económica http://www.burbuja.info/inmobiliaria/showthread.php?t=143575

El denominador común de todas las críticas, en cualquier caso, apunta a la premura que impuso la normativa y las lagunas que han quedado. Antes de su puesta en marcha definitiva, el nuevo sistema debía haber estado rodando durante varios meses, en paralelo al antiguo, dicen las asociaciones. En la carta reivindican que, mientras se solventa todo, se produzca “una liquidación provisional para aquellos productores que no vayan a recibir liquidación confirmada”.

Frente político
El problema, acuciante para muchos productores, tiene una dimensión política subyacente. Las liquidaciones son una polémica añadida a las ya de por sí tensas relaciones de las renovables con el Gobierno. Las eólicas, por ejemplo, vienen denunciando desde hace un mes el fiasco que ha supuesto para ese segmento el último plan de energías verdes anunciado por el Ejecutivo, que se proclama el más prorenovable de Europa.

Un problema más
1. Las primas a energías renovables están desde hace meses en el ojo del huracán. Porque se critica su exceso, o porque las distintas tecnologías compiten entre sí por ese mercado.

2. En 2009, el Gobierno realizó una intensa labor normativa para ajustar esas subvenciones y ordenar el enorme crecimiento que habían experimentado las renovables en los últimos años.

3. Para algunas asociaciones, el Gobierno “se ha pasado de frenada”, y las consecuencias se irán viendo en los próximos meses, afectando también a los fabricantes.

4. Los retrasos en los pagos de las primas suponen otro problema dentro de ese escenario, que ha ido tensionando la cuerda del sector contra la actual política energética.

5. En 2009, según los últimos datos de la CNE, las energías renovables recibieron 4.928 millones de euros en primas. Desde 2004, este sector ha recibido 14.800 millones de euros.

2010.01.17.El País. (Teoría y práctica del expolio)

 

Teoría y práctica del expolio

ADOLF BELTRAN 16/01/2010

Entre la expropiación y el expolio hay una delicada línea que la dinámica del poder democrático ha de conjurarse a respetar siempre con mimo. Hablo de delicadeza y ya sé que no es una virtud del partido que gobierna las instituciones valencianas, ni de la alcaldesa de la capital, esa señora tan expansiva. El expolio, desde luego, puede afectar al patrimonio individual o al colectivo. Y la “dinámica expropiatoria/expoliadora que rige la evolución de las ciudades”, como la describe mi admirado profesor Pérez Montiel, es bien habitual que incurra en los dos pecados al mismo tiempo. Suele ocurrir que los abusos sobre individuos se sumen para configurar un abuso de conjunto. Sin ir más lejos, 200 infelices vecinos de La Punta, apegados a su huerta y sus costumbres, fueron desalojados hace unos años de sus casas en nombre del interés público más perentorio para construir una Zona de Actividades Logísticas que acumula rastrojos junto al puerto que tanto la necesitaba. Con ellos, aquel enclave y su memoria lo hemos perdido los demás también.

Ahora, la palabra expolio centra la polémica sobre El Cabanyal. Expolio del patrimonio cultural, y por tanto colectivo, que el Gobierno de España ha ordenado impedir en ejercicio de la competencia extrema que la Constitución le reserva en esta materia. Un ejercicio obligado, además, por resolución judicial del Tribunal Supremo. Tenía que definirse y lo ha hecho el Ministerio de Cultura de la única manera honesta que podía: dando la orden de paralizar el plan que prevé prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de un barrio declarado bien de interés cultural, para replantearlo. Y la dama expansiva, que no puede perder nunca ni ceder ante nadie, y el presidente de los trajes regalados, perdido en la espiral de una política de ruido y sospechas, se han lanzado a clamar contra una “agresión”, un “atropello” y un “desafío” a las instituciones valencianas. De un manotazo, han despojado al viejo barrio de pescadores de cualquier protección patrimonial y han convertido la figura de bien de interés cultural en un capricho de quita y pon sometido al humor, la estulticia o la demagogia de quienes eventualmente ocupen el poder.

Mientras la maquinaria expropiatoria/expoliadora, con métodos medievales, aprieta a los vecinos de El Cabanyal mediante amenazas de derribos, los dirigentes del PP, para justificar la arbitrariedad, ponen sobre la mesa sus mayorías electorales y echan al cubo de la basura las de los demás (¿acaso José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa con otra aritmética que no sea la de las urnas?). Sin duda, la restitución del equilibrio en este conflicto vendrá a través del procedimiento judicial. Otra cosa es la política valenciana, arrasada por una gente que se niega a entender que la mayoría electoral otorga la legitimidad de gobernar pero no da la razón, que las leyes ofrecen amparo ante el expolio, sea éste individual o colectivo, y que nadie tiene patente de corso, ahora y aquí.

2010.01.08.ABC. (El PP acusa al Gobierno de “fraude” en el concurso eólico)

El PP acusa al Gobierno de “fraude” en el concurso eólico

 

Y ha defendido que el Plan Energético de Cantabria (Plenercan), aprobado en 2006, es el “único concurso legal”, que “no ha sido modificado” y que, además de ser el “sustento jurídico” del desarrollo eólico en la región, ha recordado que “tan sólo permite 300 megavatios en tres zonas”.

“El único concurso legal hoy es el de los 300 megavatios. El que está soportado jurídicamente por el Plenercan”, ha asegurado la secretaria autonómica del PP en una rueda de prensa, en la que ha criticado la actuación del Gobierno regional en el desarrollo eólico en Cantabria.

A su juicio, en esta materia el Ejecutivo ha actuado “con la clara finalidad de imponer por encima de quién sea y a costa de lo qué sea sus 1.400 megavatios, o lo que es lo mismo, 700 aerogeneradores en Cantabria”.

Además, ha señalado que su partido fue el “primero en advertir el disparate jurídico que se estaba cocinando” y ha denunciado que la resolución de la Consejería de Industria aprobada por el Gobierno regional en junio de 2009 para el concurso eólico “incumple” el Plenercan, tanto en la potencia como en las zonas e “infringe” la normativa de la evaluación ambiental.

“Toda una serie de infracciones del ordenamiento jurídico que amenazan y ponen en serio riesgo la validez de esta resolución”, ha censurado Sáenz de Buruaga, para quien “el único y verdadero propósito de este Gobierno no es otro que el convertir el viento en dinero”.

En este sentido, ha denunciado que la “nueva maniobra jurídica” del Ejecutivo “pasa por inventar un proceso en dos fases” que permite adjudicar ya 1.400 megavatios para, después “cuando se adapte y se acomode el Plenercan”, proceder a su implantación.

“Una maniobra fraudulenta, que en derecho tiene un nombre, se llama fraude de ley, para dar cobertura legal a un concurso que hoy es ilegal”, ha aseverado Sáenz de Buruaga, que ha defendido que “la modificación del Plenercan ha de ser previa al concurso y no a posteriori”.

Así, la secretaria autonómica del PP ha opinado que la instalación de parques “va a quedar pospuesta, como mínimo, a finales de 2011” y ha criticado que “el nuevo Plenercan nacerá absolutamente condicionado por las necesidades y los intereses de este Gobierno”.

A este respecto, ha señalado la falta de liderazgo y de crédito político del Ejecutivo en el desarrollo de la energía eólica en Cantabria y ha acusado al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, de “entretener” el concurso hasta las elecciones municipales y autonómicas de 2011, “para inmediatamente después consumar esta aberración”.

Por ello, ha pedido a Revilla que confirme si se instalará en Cantabria una potencia eólica de 1.400 megavatios y, en caso negativo, que explique por qué y para qué sigue adelante el concurso tal y como está planteado ahora.

Ha subrayado que la postura de su partido “no ha variado un ápice” y ha asegurado que el PP seguirá “defendiendo en el Parlamento la anulación del concurso actual y tendiendo la mano al Gobierno para acometer de forma inmediata la elaboración de una nueva planificación energética en Cantabria, basada en consensos económicos, sociales y políticos y en la legalidad”. EFE-Cantabria

2010.01.03.Expansión. (La industria eólica denuncia que la normativa actual puede destruir miles de empleos)

La industria eólica denuncia que la normativa actual puede destruir miles de empleos

Publicado el 03-01-2010 , por Servimedia

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido del riesgo de pérdida de miles de empleos en el sector eólico por la paralización del sector, como consecuencia de la creación del Registro de Pre Asignación de retribución y su resolución.

Durante siete meses los fabricantes no han recibido nuevos pedidos de los promotores porque éstos tuvieron que esperar hasta el martes 15 de diciembre para saber si sus proyectos eran inscritos en el citado registro, denunció la citada organización.

En estos meses, asegura, se han perdido ya más de 5.000 empleos, que podrían llegar en 2010 a un 40% de los que dispone actualmente. “Frente a la visión del Ministerio de Industria al anunciar la inscripción de 6.389 MW eólicos, el sector denuncia que más de la mitad, 4.042 MW, ya están construidos o en construcción, por lo que no puede hablarse de nueva potencia; ello supone que la carga de trabajo para la industria eólica se limita en los próximos tres años a 780 MW anuales, con el agravante de que al no existir un nuevo marco normativo que sustituya al vigente, no hay perspectivas más allá de 2012”, agregó.

Por todo ello, el presidente de la Asociación Empresarial Eólica, José Donoso, ha calificado de “muy preocupante” la situación. Destacó, además, que la energía eólica, que aporta cerca del 14% de la demanda eléctrica y se convertirá en la tercera tecnología del sistema, ha tenido un crecimiento en línea con las previsiones del Plan de Energías Renovables, y bajo ningún concepto era necesario la creación del Registro de Pre Asignación para “ordenar” la etapa final en la consecución de sus objetivos.

La asociación reclama una convocatoria para los parques construidos que han quedado fuera del Registro y un nuevo marco regulatorio en el primer trimestre de 2010.

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