2011.03.24. El mundo. (El TSXG considera ‘legítima’ la participación pública en los parques eólicos del bipartito)

El mundo 24 DE MARZO

 

ENERGÍA | Galicia va a tener ‘autorizados 6.500 megavatios en 2012’

Guerra defiende la derogación del decreto eólico de 2008 y niega la paralización del sector

• Alude a las consecuencias ‘incalculables’ de transigir con el anterior decreto
• ‘Aquellas participaciones públicas no eran gratuitas para la Xunta’, recuerda

Europa Press | Santiago de Compostela

Actualizado jueves 24/03/2011 21:16 horas

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha defendido la derogación del decreto eólico del anterior Ejecutivo bipartito por “responsabilidad y buen gobierno” y, al mismo tiempo, ha negado que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avala el concurso de 2008 vaya a suponer la paralización del sector, para asegurar que Galicia “va a tener” autorizados 6.500 megavatios en 2012.

“¿Usted qué haría si tiene encima de la mesa un informe del máximo órgano para su consulta y le dice que ese apartado es absolutamente ilegal?”, ha destacado, en alusión al dictamen de 2007 del Consello Consultivo de Galicia, que sugería “una tacha de legalidad directa e infranqueable” en la previsión de participación pública en los parques eólicos que se reservaba el anterior Gobierno, formado por PSdeG y BNG.

“Lo que no se decía es que aquellas participaciones públicas no eran gratuitas para la Xunta“, ha censurado el titular de Industria, para afirmar que “en muchos casos eran onerosas” para la Administración, que “tenía que pagar” por ellas.

En “base” a ése y a “los oportunos informes” de la asesoría jurídica general de la Xunta, ha dicho Guerra, “este Gobierno sería de todo punto irresponsable si en aquel momento, en que no se sabía las consecuencias que podía tener, siguiese con la tramitación de aquel concurso”.

En rueda de prensa, el conselleiro ha animado a pensar “cuál sería la consecuencia” de que la actual Xunta “no hubiese hecho esto” y el fallo del TSXG, que desestima un recurso interpuesto por la empresa Enel Green Power, fuese “el contrario”. “Las consecuencias serían incalculables”, ha advertido.

‘Disgustado’ al enterarse por la prensa

El conselleiro ha hecho estas declaraciones tras mostrar “la sorpresa y el disgusto” de la consellería por haber tenido conocimiento de la sentencia a través de un medio de comunicación -lo publicó este jueves Xornal de Galicia- “y no a través de los letrados de la Xunta presentados en esta causa”.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que “no está previsto” ni “ha pensado” en hacer ningún cambio en su departamento, porque la consellería, ha defendido, “está actuando perfectamente de buena fe y con buen gobierno”.

Asimismo, ha incidido, el fallo “no es firme”, puesto que “cabe recurso” por parte de la compañía, sobre la que ha indicado “desconocer” lo que va a hacer y, “además -ha añadido-, hay otro recurso pendiente”. Por este motivo, ha recomendado “tener los pies en el suelo y hacer las valoraciones de forma adecuada”.

‘Recuperar el liderazgo perdido’

“Pero no es un recurso contra la nueva ley ni contra el desarrollo del sector eólico”, ha aclarado, para hacer hincapié en que la sentencia del TSXG “no modifica en absoluto el proceso de desarrollo del sector eólico” que, a su juicio, “está permitiendo a Galicia recuperar el liderazgo perdido en los meses anteriores”.

De este modo, ha criticado el, en su opinión, “indiscutible entorno de inseguridad jurídica” en el que “se movía” el concurso de la Xunta bipartita, con 55 recursos en vía administrativa -“todos ellos sin resolver a la llegada de este Gobierno”- y 43 contenciosos contra la resolución de admisión a trámite.

También ha censurado que “el 30%” de los parques eólicos adjudicados entonces se encontraran en espacios protegidos por la Red Natura 2000, para lo que ha exhibido informaciones publicadas en prensa “con declaraciones cruzadas entre los miembros de los dos partidos de gobierno”.

En “ese contexto” y con un sector “que además llevaba paralizado varios años”, el Gobierno del PPdeG “procedió a derogar ese decreto a través de una ley” que ha reivindicado Javier Guerra por tratarse de una norma, ha dicho, “que dota de seguridad jurídica el sector y que no recibió ni un solo recurso”.

“Es indiscutible y de sentido común que este Gobierno actuó razonablemente, con rigor y aplicando el criterio del menor riesgo posible para el buen gobierno de los intereses públicos”, ha remarcado.

Respuesta a la oposición

Además, Javier Guerra ha respondido a las críticas de la oposición, que “hablan de la paralización del sector”, para afearles a PSdeG y BNG “un uso torticero” de la información y acusarles de “intentar confundir”.

Sobre la petición de dimisión realizada por los nacionalistas, el conselleiro ha bromeado con que “van 15 veces”, por lo que ya se está “acostumbrado”. “Yo tengo mucho respeto a las propuestas de la oposición, cuando son razonables. Y esa no me parece razonable”, ha resuelto.

Cifras de inversión y empleo

En respuesta a los reproches de PSdeG y BNG, Guerra ha esgrimido una serie de datos relativos al concurso del bipartito y al actual. Así, en lo relativo a la autorización de megavatios, “entre 2005 y 2009 sólo se autorizaron 450”, ha indicado, mientras, “en estos dos años” van “más de 324”.

En el registro de preasignaciones -“especialmente importante para el pago de la energía eólica”, ha resaltado- “sólo pudieron entrar en él 109 megavatios en 2010 y 5 megavatios en 2011”, algo que Guerra ha atribuido “a la paralización del sector” consecuencia “del marasmo jurídico y de disputas entre los dos partidos que formaban el bigobierno”.

También ha reivindicado los 46 millones de euros “de los que ya se están beneficiando” los ayuntamientos de los fondos correspondientes al pago de un canon eólico “que está siendo copiado por otras comunidades”.

Ha contrapuesto la ratio de inversión por megavatios, en torno a los 328.000 euros con el anterior concurso y “tres veces” superior con el actual -de alrededor de 931.000 euros- y la relativa a empleos, de 0,95 puestos de trabajo por megavatio con aquel y “un 50% más” con este, al alcanzar los 1,36 trabajadores por megavatio.

Guerra ha confrontado las exigencias de solvencia empresarial, que se fijaban en la acreditación de fondos propios por un 20% de la inversión necesaria en 2008 y, con la actual ley, se amplía hasta el 25%. Pero, además, entonces “bastaba con tener un 5% del capital de la compañía y, en este momento, tienen que tener al menos el 20% del capital de la compañía”, ha subrayado.

Por último, ha contrapuesto, ante los “más de 150 megavatios” de parques eólicos que se ubicaban, con el anterior Gobierno, en espacios de la Red Natura, que, con el actual, no habrá “ni un solo parque” en estas zonas.

A mayores, interrogado por si otras empresas emprenderán nuevas actuaciones judiciales a raíz del fallo del TSXG, el conselleiro de Industria ha dicho que “no puede” contestar sobre esa posibilidad, porque no tuvo “contacto” con ninguna compañía y, “en todo caso, no afectaría a la posición de la Xunta”.

Costes de indemnización

Sobre la cuantía que el Gobierno autonómico deberá entregar a empresas perjudicadas por la derogación del decreto de 2008, ha dicho que “la posibilidad de tener que cerrar el proceso anterior ya está recogida en la ley”.

“Las responsabilidades vendrán derivadas del coste de presentación de los proyectos”, ha explicado, para apuntar que existen nueve peticiones de indemnización “y tienen que demostrar el coste”. “Pero eso estaba previsto”, ha remachado.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/24/galicia/1300997518.html

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El Mundo 24 de marzo

El TSXG considera ‘legítima’ la participación pública en los parques eólicos del bipartito

 

Los nacionalistas instan a Javier Guerra a que presente su dimisión. | Efe

• El BNG pide la dimisión del conselleiro de Industria, Javier Guerra
• El PSdeG exige explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo
• El recurso fue interpuesto por Enel Green Power España, SL

Europa Press | Santiago

Actualizado jueves 24/03/2011 22:13 horas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cree “una opción legítima en la orientación de su política económica” que el anterior Gobierno de la Xunta, integrado por PSdeG y BNG, pretendiese una participación pública en el capital social de los parques eólicos que se llegasen a adjudicar.

Así lo recoge la sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG que desestima el recurso interpuesto por la empresa Enel Green Power España, S.L. contra el Decreto 242/2008 de 13 de diciembre de 2007, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 3 de enero de 2008. “Contra la misma cabe recurso de casación ordinario (…) dentro del plazo de 10 días computados desde el siguiente a su notificación”, señala el texto del TSXG, que tiene fecha del 16 de marzo de 2011 pero cuyo sello de notificación data del 24 de marzo.

Sobre el “aspecto que más dudas plantea”, el de la participación pública en el capital social de las empresas solicitantes, el fallo del TSXG destaca que “no se alcanza a entender el reproche, cuando la previsión representa una opción válida con arreglo a las previsiones contenidas” en la ley. Así, considera que “se trata del ejercicio de una opción que, sin duda, pudiera merecer sus críticas, pero que no puede reputarse ilegal por vulnerar ni el principio de libertad de empresa ni disposiciones legales o constitucionales, como defiende la recurrente”. “Por lo que se impone la desestimación de este motivo de impugnación”, subraya.

Memoria económica ‘no preceptiva’

El fallo se refiere a los hechos de admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo a través del cual Enel Green Power España, S.L. suplicó “que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada” en el procedimiento. Asimismo, alude a Viraventos Energy, S.L., “personada como interesada”. Enumera los razonamientos jurídicos de la parte recurrente y aporta los argumentos jurídicos que “determinan la desestimación de los motivos de impugnación”. El primero de ellos, la falta de aportación de una memoria económica que la empresa considera “exigible y determinante de nulidad de pleno derecho” resulta “no preceptivo”, a juicio del tribunal.

En relación con el segundo de los motivos de impugnación, sobre la “supuesta exigencia de que los parques eólicos (…) hubieran de estar sometidos al régimen especial de producción, contraviniendo la libre iniciativa empresarial y el carácter voluntario del sistema de retribución”, la sentencia apunta “otra interpretación” al término “especial” a la otorgada por la entidad recurrente. Según explica, “será posteriormente -a la adjudicación- cuando el titular de la autorización haya de optar por acogerse a uno u otro régimen”. “Por lo que ha de concluirse que no se impone como única opción el régimen especial, como entiende el recurrente”, subraya el fallo del TSXG.

Potencia máxima

Al respecto de los motivos de impugnación relativos a una supuesta vulneración del principio de libertad empresarial en el hecho de que la consellería se reservase el derecho a publicar en su página web la potencia máxima, el tribunal dicta que “no puede aceptarse que tal previsión conculque la liberalización de la producción eléctrica”. Es más, la ve como “una consecuencia lógica de la regulación y la limitación de capacidad de las preexistentes redes de transporte y distribución, que condiciona las posibilidades de producción”. “También este motivo de impugnación ha de decaer”, remacha.

Enel Green Power también pide en su recurso la invalidez del decreto por ausencia de evaluación ambiental estratégica, pero, según el TSXG, “olvida, sin duda interesadamente, que en el presente caso la administración no traza estrategias, directrices y propuestas para la satisfacción de necesidades sociales”.

Frente a esto, incide el dictamen, “se limita a establecer el marco para que sean las empresas las que prevean su satisfacción a través de unas propuestas que, como bien dice la recurrente, sí exigen (…) la declaración de impacto ambiental”. “Pero además, tampoco puede desconocerse que el decreto se publica con el marco de un plan sectorial eólico de Galicia, aprobado el 5 de octubre de 1997 y modificado el 5 de diciembre de 2002 que, en su día, ya fue sometido a evaluación ambiental y cuya vigencia se conserva”, apunta.

Sobre la fórmula de acreditación de la solvencia económica equivalente al 20% de la inversión, “la alegación de desproporción resulta totalmente huérfana de prueba alguna”. Por otra parte, sobre las normas relativas a la protección de espacios naturales, entiende que, en base al anterior decreto eólico, “los parques resultarían autorizables si cuentan con la previa autorización de la Consellería de Medio Ambiente”.

A mayores, alude a que la recurrente “yerra”, en su recurso, sobre la normativa procedimental en cuestiones relativas a los procesos expropiatorios, por lo que concluye desestimando el recurso interpuesto “sin hacer expresa imposición de costas”. Además del recurso de casación ordinario, la empresa podrá presentar “cualquier otro recurso que estime adecuado”, dice.

 

Reacciones de PSdeG y BNG

El viceportavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, ha responsabilizado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que Galicia haya “retrocedido” tres puestos en el ranking nacional de producción eólica al recurrir el concurso impulsado por el anterior Gobierno gallego que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró “plena e íntegramente legal”. Ahora, a su juicio, Galicia “no va a tener ninguna nueva instalación” de generación eólica “en funcionamiento” a lo largo de “una década”.

En todo caso, ha alertado de que esta decisión del TSXG tendrá “costes importantes” que la Xunta de Galicia deberá “asumir”, dado que las empresas adjudicatarias del anterior concurso tendrán ahora que ser “indemnizadas”.

En el apartado de las cifras, ha apuntado que los costes de presentación de los proyectos se sitúan en torno a los 30.000 euros por cada empresa, si bien ha precisado que no se sabe “cuántas empresas van a reclamar”. “Sabemos que hay muchos recursos, pero no cuántos”, ha aseverado, criticando que el Grupo Socialista no tiene esta información pese a haberla solicitado formalmente.

Además, ha resaltado que “importantes” empresas dedicadas a la fabricación de componentes y orientadas a la exportación y “con una sólida implantación industrial en Galicia”, como Gamesa, han tenido que anunciar “su marcha del país” debido a la decisión de Feijóo en relación con el anterior concurso. “Tendrá que responder de esta situación”, ha insistido el socialista, para mantener que el anterior concurso eólico se derogó en base a criterios “estrictamente políticos y partidarios”.

El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario del BNG, Henrique Viéitez, ha urgido este jueves la dimisión del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y ha reclamado la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A su vez, pide la “comparecencia urgente y sin ningún tipo de excusa” del presidente de la Xunta, porque “fue y sigue siendo el máximo responsable”. En este sentido, reclama que explique cuál situación actual y “las razones reales” para suspender el anterior concurso eólico del bipartito.

Para el parlamentario del BNG, el presidente gallego debería responder, asimismo, “al respecto de la solicitud de paralización de la resolución última del Gobierno actual, por parte de algunas empresas” y advirtió de que “ya pasó el plazo para resolverlo”. “¿Está suspendida la resolución del concurso eólico del señor Feijóo?”, pregunta.

El ex conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, ha valorado en declaraciones a Efe, que “todo lo que hicimos era legal y lo que dijo el PP una completa calumnia y mentira”.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/24/galicia/1300985380.html