Xornal 27 de marzo
El TSXG declara la legalidad total del decreto eólico del bipartito
El tribunal tumba todas las argumentaciones que expuso Enel para tildar de ilegal el texto energético de 2007
LARA GRAÑA 27/03/2011 – 05:03 h.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa Enel Green Power contra el decreto 242/2008, que regulaba el aprovechamiento de la energía eólica de Galicia. La norma fue puesta en marcha por el Gobierno bipartito y fue derogada por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, que lo tildó de ilegal. La empresa presentó un batallón de argumentaciones contra otros tantos puntos de dicho decreto, y el TSXG ha tumbado todos y cada una de los fundamentos de Enel. Fuentes jurídicas consultadas por Xornal de Galicia destacaron la importancia de la sentencia del alto tribunal gallego (del 16 de marzo) ya que “declara a legalidade de pleno dereito do decreto eólico”. Además, las mismas fuentes consideran que este pronunciamiento “anticipa que os recursos contra a adxudicación tamén serán desestimados”.
La empresa Enel Green Power había solicitado 584 megawatios (MW) de potencia y “no resultó adjudicataria de ninguno”, reza la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. A partir de ahí, la firma italiana –que operó conjuntamente con Fenosa o Endesa en otros procedimientos eólicos– presentó un recurso contencioso basándose la supuesta ilegalidad de hasta quince puntos del decreto del bipartito. Enel argumentó que la limitación a la hora de establecer más parques fuera de las áreas de desarrollo eólico. Según la compañía, el decreto no podía prohibir la instalación de un parque fuera de dichos espacios porque, a su entender, vulnera le Ley de Sector Eólico.
Enel Green Power también arremetió en su recurso contra lo que, entendía, era un decreto que vulneraba “el principio de liberalización de transformación de un sistema de liberalización eléctrica en un sistema cuasi-concesional”. Como el resto de los puntos impugnados, el Superior asegura que “no puede aceptarse” que la norma del bipartito “conculque la liberalización de la producción eléctrica”, cuando “como señala el letrado de la Xunta –codemandada– es una consecuencia lógica de la regulación” en el sector.
La sentencia del TSXG es también clara contra los argumentos esgrimidos por Enel en lo relativo, por ejemplo, al método de preselección de solicitudes. Se impone “la necesidad de establecer un procedimiento de preselección de solicitudes, ya que […] la limitación de MW ofrecidos viene impuesta por las necesidades de optimizar las redes de transporte y distribución”.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
Los letrados de la empresa también reclamaron la invalidez del decreto en tanto este no hacía constar de manera explícita la necesidad de una “Evaluación Ambiental Estratégica”, tal y como, según Enel, exige la Ley 9/2006. El alto tribunal gallego contraviene también esta argumentación y asegura que la parte demandante olvida, “sin duda interesadamente”, que “en el presente caso la administración [por el bipartito] no traza estrategias, directrices y propuestas para la satisfacción de necesidades sociales” sino que, añade el texto, “se limita a establecer el marco para que sean las empresas, en un sector liberalizado, las que prevean su satisfacción a través” de sus propuestas. Estas sí exigen, recuerda el TSXG, la declaración de un impacto ambiental. Ahora bien, esta se presenta una vez la empresa es preseleccionada “y con carácter previo a la autorización de instalación”.
Así, los quince puntos del decreto impugnados por Enel Green Power son desestimados por el Tribunal Superior de Xustiza. El mayor órgano judicial de la comunidad desestima, por tanto, el recurso interpuesto por la empresa “sin hacer expresa imposición de costas”. Enel tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ordinario dentro de un plazo de diez días.
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La opinión 27 de marzo
Vuelve a levantarse la polvareda eólica
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS . El de anular el concurso eólico del bipartito fue uno de los compromisos más firmes que Feijóo adquirió desde la oposición. Lo reiteró hasta la saciedad. Y, aunque con cierto retraso, lo cumplió, junto a la promesa de dotar al sector de un nuevo marco jurídico, más riguroso y seguro, unas nuevas reglas de juego que, a decir del Pepedegá, acabarían con el amiguismo y el clientelismo que presuntamente habían caracterizado en este campo la gestión de la anterior Xunta y en concreto del BNG, que fue el que gestionó la cartera de Industria.
Cada vez que el asunto se asomaba al debate político, Don Alberto recordaba que el PSdeG, socio de gobierno de los nacionalistas, fue el primero en sembrar serias dudas sobre la legalidad como sobre la limpieza del proceso de adjudicación de nuevos parques eólicos, en diciembre de 2008. Recuérdese que los representantes de la Consellería de Medio Ambiente -de la que era titular el hoy líder de los socialistas gallegos- se levantaron de la mesa de contratación para no corresponsabilizarse de lo que allí se estaba perpetrando. A pesar de todo, hubo reparto de megavatios, seguido del anuncio de recursos judiciales por parte de empresas que se consideraron perjudicadas.
Mientras el conselleiro Javier Guerra cubría los trámites burocráticos y legales que desembocaron en el nuevo reparto -por cierto, en lo sustancial no muy diferente del anterior-, como la Justicia tiene un ritmo propio, los tribunales se tomaban su tiempo para estudiar y decidir sobre las reclamaciones del concurso en cuestión. Y ahora, que parecía que todo estaba tranquilo, empieza lo que amenaza con ser un goteo de sentencias, que por distintas razones vuelve a sembrar la incertidumbre en el sector. Se reabre un capítulo que se creía cerrado.
El Tribunal Superior de Xustiza acaba de reafirmar que el anterior decreto eólico, el que no le gustaba al PP ni al PSOE, era plenamente legal, incluyendo la cláusula que premiaba, a la hora de las concesiones, a aquellas compañías que estuvieran dispuestas a ceder a la Xunta al menos una parte del capital y en consecuencias de los beneficios que generasen los molinillos de viento. Parece que el Gobierno Feijóo no contaba con un escenario como el que ahora se abre, plenamente convencido como estaba, por varios informes jurídicos en su poder, de que la Justicia dictaminaría sin asomo de duda la ilegalidad del concurso de los nacionalistas. Se mire por donde se mire, la sentencia del TSXG ante una reclamación de ENEL es un varapalo para la administración Feijóo, que no tenía razón en tachar de ilegal el decreto eólico del bipartito. Sin embargo, la resolución judicial no va tener para el erario público autonómico los perjuicios que anuncian algunos agoreros interesados, aun en el caso de que se acepten todas las reclamaciones de los perjudicados por la anulación de aquel proceso. Seguramente sólo podrán recuperar lo que les costaron los proyectos que presentaron a concurso, con la debida justificación documental. Tampoco detiene ni altera el rumbo de la nueva política eólica impulsada por la administración Feijóo, que tuvo el acierto, aunque no lo reconozca, de copiar lo mucho que de bueno tenía el método adjudicatorio del Benegá frente a las discrecionales fórmulas anteriores, eso sí, corrigiendo algunos errores que los propios nacionalistas habían detectado y que, aplicando a su vez un mínimo de autocrítica, no deberían tener reparos en asumir.
fernandomacias@terra.es
http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2011/03/27/vuelve-levantarse-polvareda-eolica/480389.html
Xornal 27 de marzo
El fallo del eólico le puede costar a la Xunta 300 millones
El sector considera que la sentencia abre la posibilidad de que las empresas afectadas reclamen cuantías multimillonarias
SERGIO BARBEIRA 27/03/2011 – 21:39 h.
El sector eólico gallego considera que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declara la validez del concurso eólico del bipartito, y que se hizo pública esta semana, puede suponer un duro revés para las finanzas de la Xunta de Galicia. Fuentes del sector consultadas por Xornal, que dio en exclusiva el contenido del fallo del TSXG, señalaron que la sentencia “abre la posibilidad” de que las empresas perjudicadas (aquellas que no pudieron desarrollar los megavatios adjudicados en diciembre de 2008) que recurran tengan la opción de cobrar indemnizaciones multimillonarias. Las mismas fuentes sitúan “en un entorno mínimo de los 300 millones de euros” la cuantía de esas indemnizaciones. Esta cantidad supone el 10% del volumen de negocio que preveía generar el anterior concurso.
El problema que se le plantea ahora a la Xunta es de dónde saldrá el dinero para pagar las posibles indemnizaciones que se deriven de la sentencia del TSXG. Fuentes del sector indicaron que ese dinero saldrá “del bolsillo de todos los gallegos”, fundamentalmente del canon eólico creado por la Xunta actual. Este canon recauda algo más de 20 millones de euros al año después de gravar la explotación que las empresas hacen de los parques eólicos. Ese dinero, según la nueva ley en vigor, se destina a los ayuntamientos para abordar distintas iniciativas y proyectos, algo que es posible que se deje de hacer si se tiene que hacer frente a las indemnizaciones, según apunta el sector.
LOS PROPIETARIOS
La sentencia del Tribunal ha causado un importante revuelo en el Gobierno gallego liderado por Feijóo e incluso el BNG ha llegado a pedir la dimisión del titular de Economía e Industria, Javier Guerra, quien ha comparecido ante los medios en varias ocasiones para defender las decisiones adoptadas en su momento, y que supusieron la suspensión y posterior derogación del decreto eólico.
Aunque Guerra no piensa dimitir, el daño a la industria eólica ya está hecho. El sector se ratifica en la idea de que la anulación del anterior concurso fue “caprichosa” y que provocó “graves prejuicios” a empresas y propietarios de montes. Así, el retraso en la tramitación de nuevos parques que supuso la anulación del anterior plan se prolongará “durante años”, mientras no se solventen los recursos y las dudas jurídicas suscitadas. Hasta entonces los propietarios de montes no percibirán sus rentas.
Ese retraso también hizo que los futuros parques se vayan a regir por un decreto estatal que consolidó una rebaja de primas de 35%, que será el mínimo a la baja y que repercutirá en un descenso en la cuantía de los alquileres y rentas para los propietarios afectados por los parques.
La anulación del anterior concurso consolidó, según las fuentes consultadas por este diario, un modelo de negociación en el que los propietarios son meros sujetos pasivos de un proceso sobre el que no tienen ningún control, pues se verán abocados a la expropiación por precios ridículos si no aceptan la venta o alquiler de terrenos, que también se firmarán por unos precios que, para los representantes de los propietarios de terrenos, son “igualmente ridículos”. Los propietarios, al igual que las compañías afectadas por el concurso, estudiarán la posibilidad de exigir indemnizaciones por esta pérdida de oportunidad y de renta.
Pero no solo los propietarios y las empresas afectadas están interesadas en recuperar el tiempo y el dinero perdido. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha sido casi desde el principio bastante beligerante con el nuevo concurso y la nueva ley, sobre todo con el canon eólico, al que consideran de inconstitucional por llevar a la práctica la doble imposición.
Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat 