2011.04.19. Xornal. (Sentencia del concurso eólico)

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http://www.xornal.com/opinions/2011/04/19/Opinion/sentencia-eolico/2011041921551800356.html

Sentencia del concurso eólico

Ha sido confirmada la legalidad del decreto regulador del concurso eólico de Galicia del año 2007, con ocasión de una sentencia que ha desestimado un recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa Enel Green Power. Una resolución administrativa que, como saben los lectores, había sido puesta en marcha por el Gobierno bipartito de la Xunta de Galicia y que fue derogada por el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. “El poder de juzgar tan terrible para los hombres ha de hacerse en cierto modo, invisible y nulo”, avisaba Montesquieu. A diferencia de los políticos que –como los actores– son atraídos irresistiblemente por las baterías de micrófonos y las cámaras o platós de televisión y creen que el poder está ligado a la visibilidad y al reconocimiento de sus nombres, los jueces prefieren ser invisibles, mudos y desconocidos, anónimos.

Pero, en este caso, en que la empresa recurrente había formulado una batería de argumentaciones contra otros tantos puntos de dicho decreto, los cuales han sido desestimados todos, hay que llevar a la opinión pública, al menos, la idea de que en este caso nos encontramos ante una sólida y bien trabajada sentencia. Una sentencia que expresa la potestad jurisdiccional que es competencia exclusiva y excluyente de los jueces y tribunales que forman el poder judicial. Se ha dicho y repetido que la selección de la norma aplicable y su interpretación, operaciones necesarias para configurar la premisa mayor de este razonamiento jurídico que se mueve en el plano de la legalidad, son privativas de la función judicial y han de producirse con la independencia de criterio querida por la Constitución en cualquier orden, y, en particular, en la jurisdicción contencioso-administrativa, la más proclive por su propia naturaleza a las interferencias de los demás poderes del Estado, ya que es el juez común de estos.

La empresa Enel Green Power había solicitado 584 megavatios (MW) de potencia y “no resultó adjudicataria de ninguno”. A partir de ahí, la firma italiana –que operó conjuntamente con Fenosa o Endesa en otros procedimientos eólicos– presentó dicho recurso contencioso basándose en la supuesta ilegalidad de hasta quince puntos del decreto eólico del bipartito. En él argumentó que la limitación a la hora de establecer más parques fuera de las áreas de desarrollo eólico, ya que según esta compañía el decreto no podía prohibir la instalación de un parque fuera de dichos espacios sin vulnerar –a su entender– la Ley de Sector Eólico. Enel Green Power también arremetía en su recurso contra lo que, según sus letrados, era un decreto que vulneraba “el principio de liberalización de transformación de un sistema de liberalización eléctrica en un sistema cuasi-concesional”. Ahora bien, como sucede en el resto de los puntos impugnados, la sentencia asegura que “no puede aceptarse” que la norma del bipartito “conculque la liberalización de la producción eléctrica”, cuando “como señala el letrado de la Xunta –codemandada– es una consecuencia lógica de la regulación” en el sector. Por último, esta importante decisión judicial es también clara contra los argumentos esgrimidos por Enel en lo relativo, por ejemplo, al método de preselección de solicitudes. Se impone “la necesidad de establecer un procedimiento de preselección de solicitudes, ya que […] la limitación de MW ofrecidos viene impuesta por las necesidades de optimizar las redes de transporte y distribución”. Los letrados de la empresa también reclamaron la invalidez del decreto en tanto este no hacía constar de manera explícita la necesidad de una “Evaluación Ambiental Estratégica”, tal y como, según Enel, exige la Ley 9/2006.

El magistrado ponente contraviene esta argumentación y asegura que la parte demandante olvida, “sin duda interesadamente”, que “en el presente caso la administración no traza estrategias, directrices y propuestas para la satisfacción de necesidades sociales” sino que “se limita a establecer el marco para que sean las empresas, en un sector liberalizado, las que prevean su satisfacción a través” de sus propuestas. Estas sí exigen, en fin, la declaración de un impacto ambiental que se presenta una vez la empresa es preseleccionada pero “con carácter previo a la autorización de instalación”.

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