2011.12.02. La opinión de La Coruña

LA OPINIÓN DE LA CORUÑA  2 de diciembre de 2011

La ley eólica gallega es ´moderna y ambiciosa´, pero ´incompleta´

 

MANOLO RODRÍGUEZ | A CORUÑA

 

 La doctora en Economía por la Universidad de Santiago, Rosa María Regueiro, autora de El negocio eólico, reconoció ayer, durante la presentación del libro en la Facultad de Economía de A Coruña, que la nueva ley eólica gallega es” moderna y ambiciosa, pero notablemente incompleta”. La profesora estuvo acompañada por el catedrático de Economía, Fernando González Laxe; el decano de la Facultad de Economía, Anxo Calvo, y el director del departamento de Economía Aplicada, Luis Pedreira.

Rosa María Regueiro censuró que las grandes empresas que se dedican al negocio eólico “tienen información privilegiada con respecto a los dueños de los terrenos” donde se instalan los parques eólicos.

La profesora también destacó que la mayor parte de los parques eólicos que hay en la comunidad están en manos de grupos multinacionales en los que predomina el capital extranjero “por lo que los beneficios no se quedan en Galicia”. Regueiró recordó que España ocupa la cuarta posición en la clasificación mundial y la segunda en la europea de potencia eólica instalada y que Galicia ocupa la tercera plaza a nivel nacional.

Regueiro explicó que la construcción de un parque eólico genera un puesto de trabajo neto por cada megavatio (MW) que se instala, mientras que se genera un empleo por cada 7 MW una vez que el parque está ya en marcha. Para la profesora, que reconoció que está preparando un nuevo libro sobre el negocio eólico pero enfocado en Galicia, el futuro es la minieólica y el near-shore (parques eólicos cerca de la orilla del mar).

http://www.laopinioncoruna.es/economia/2011/12/02/ley-eolica-gallega-moderna-ambiciosa-incompleta/556806.html

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IPS 2 de diciembre

España con viento a favor
Por Tito Drago

LA CORUÑA, España, dic (IPS) – España lidera, junto con Alemania, el desarrollo y uso de la energía eólica en la Unión Europea (UE), al cubrir el año pasado 16,4 por ciento de la demanda eléctrica del país. A pesar de ese avance, todavía hay carencias legales para valorar las tierras destinadas al parque generador.

La energía producida por el viento, que históricamente sirvió para mover los barcos a vela y hacer funcionar los molinos, en la actualidad se utiliza cada vez más en el mundo para generar electricidad sin contaminar el ambiente, en una lucha por ahora desigual con las fuentes de origen fósil.

España, donde cada año aumenta el parque eólico, produjo 42.976 gigavatios/hora de electricidad desde esta fuente alternativa en 2010, seguido de Alemania, con 36.500, según datos de la UE.

Sin embargo, Alemania mantiene el primer puesto de Europa en potencia instalada, con un total de 27.215 megavatios de energía eólicos al 31 de diciembre de 2010. España ocupa el segundo lugar, con 20.676.

La cobertura de la demanda con eólica en España fue de 16,4 por ciento el pasado año, frente al 6,2 por ciento de Alemania.

El ritmo de crecimiento del sector se ralentizó el pasado año en ambos países. Alemania instaló 1.551 megavatios y España 1.516.

Sobre este tema fue presentado el jueves 1 en La Coruña el libro “El negocio eólico”, escrito por Rosa María Regueiro Ferreira, doctora en economía de la gallega Universidad de Santiago de Compostela y profesora en la Universidad de La Coruña.

Regueiro Ferreira dijo a IPS que algo que deben hacer las autoridades es legislar para que se reconozca el valor incorporado a los terrenos que reciben potencia eólica, pues por lo general quienes los compran o alquilan para explotar esa fuente energética no declaran ese objetivo, con lo que pagan mucho menos que el valor real.

“La adquisición o concesión, que generalmente se hace por 20 años, debe incluir en su precio la representación que tiene el valor de la energía de esta fuente alternativa, que se determina a través de las mediciones e inspecciones que realizan las comunidades autónomas”, puntualizó la economista.

En su libro precisa que “representantes del ámbito rural gallego, como Unións Agrarias, reclaman un nivel de ingresos para los propietarios de 10 por ciento, según el referente de una iniciativa lanzada desde Dinamarca, en la que se alienta la participación de los propietarios como accionistas de las empresas que instalen molinos de viento”.

Pero también se explotan otras producciones de aire sin compartir la ganancia con los propietarios. “En muchos casos se trata de montes vecinales en mano común, una forma especial de comunidad, recogida por la legislación española en el artículo 1 de la ley 13/1989”, detalló Regueiro Ferreira.

Esa norma establece que los “Montes Vecinales, con independencia de su origen, sus posibilidades productivas, su aprovechamiento actual y su vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas”.

Esos montes vecinales ocupan más de una tercera parte del total existente en la noroccidental Comunidad Autónoma de Galicia.

Cada generador eólico puede llegar a ocupar media hectárea y esa ocupación tiene cinco formas de realizarse. Una es de pleno dominio, que implica que esté destinada solo a esa actividad, impidiendo por lo tanto otros usos aunque estén relacionados, como aerogeneradores, edificio de control, centros de distribución, línea eléctrica de evacuación y accesos viarios exteriores.

Otra tiene limitado el uso de los terrenos, permitiendo el acceso peatonal y la conservación o la servidumbre de pasos subterráneos.

Una tercera incluye la servidumbre de vuelo de las palas de los aerogeneradores que no afecten físicamente al terreno.

La cuarta es una superficie de protección eólica afectada por la limitación de dominio, que es un terreno sin ocupación física y en el que se prohíbe la colocación de obstáculo a unas determinadas alturas y situación del molino.

Y la quinta permite una ocupación temporal de los terrenos en el plazo necesario para la construcción y puesta en marcha del parque eólico y nada más.

Cualquiera sea la forma de ocupación, lo que se demanda es que las grandes empresas, en su mayoría transnacionales, paguen el valor del funcionamiento eólico, y que se cumplan estrictamente las siguientes condiciones:

La primera es que en ese lugar se puedan registrar cada año 2.000 horas de producción eólica. Otra, que se respete la avifauna del entorno, estableciendo, incluso, un paso para aves migratorias entre grupos de aerogeneradores. Mientras que la tercera es que estén instalados a más de un kilómetro de núcleos urbanos, para evitar la contaminación acústica de los parques eólicos.

Por lo general, la energía eólica debe estar instalada en suelo no urbanizable y sin interferir con señales electromagnéticas del entorno, como las de televisión, radio o telefonía.(FIN/2011)

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99711

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NOTICIAS DE REFERENCIA:

El correo gallego 15 de marzo de 2010

“Na normativa eólica hai aínda un baleiro legal ambiental considerable”

15.03.2010 Rosa Mª Regueiro es coautora de un estudio de los quince años de legislación del sector // Advierte de sus contradicciones entre el objetivo de protección y los resultados

Galicia ha sido pionera en España en la implantación de parques eólicos. Este tipo de instalaciones se justifica en la propia normativa como una apuesta necesaria por razones ambientales, pero la ley en su desarrollo no siempre cumple con esas intenciones. Así lo advierte el primer estudio de detalle de los 15 años de legislación sobre el sector en Galicia, realizado por investigadores de la Facultade de Ciencias Económicas de la USC y presentado hace unas semanas en las XII Jornadas de Economía Crítica, celebradas en Zaragoza.

“Aínda hai un baleiro legal ambiental considerable, no que se amparan as empresas enerxéticas para seguir adiante cos seus proxectos “, resume Rosa María Regueiro Ferreira, coautora del estudio, firmado también por Xoán Ramón Doldán y María Luisa Chas Amil.

El primer decreto gallego sobre la energía eólica, de 1995, ya reza que este tipo de fuente debe ser una apuesta como alternativa a las convencionales para proteger el medioambiente, pero no se especifica ninguna manera clara de garantizar esa protección en los parques eólicos. “Ademais, dáse autorización de instalación do parque antes de que se faga en detalle a análise de impacto ambiental”, explica Rosa María Regueiro.

El siguiente decreto, de 2001, añade que los parques deben ser “instalacións e empresas limpas sen consecuencias medioambientais negativas”, pero las hace compatibles con la Red Natura. “Dende que se publicou ata 2007 o que pasou foi que se autorizaron 50 parques, 15 dos cales están en Rede Natura. Outra vez a situación non é moi normal se falamos de protección ambiental. Unha das zonas que máis impacto sofreu foi a serra do Xistral, que concentra máis dunha vintena de parques nun lugar de gran valor ecolóxico”, recuerda la economista.

El siguiente paso fue el decreto de 2007, que tuvo muy corta vida. A su juicio, esta marco también es insuficiente a nivel ambiental. “Neste decreto seguía existindo, coma nos anteriores, a concesión de autorización sen realmente saber aínda cal era a lesión [no medio] que provocaría un parque”, apunta.

La ley autonómica actual, aprobada a finales de 2009, es también muy mejorable y contradictoria, considera el estudio. Crea el canon eólico, que penaliza el impacto ambiental de estas instalaciones, a pesar de que la eólica es una energía de régimen especial, bonificada por una normativa a nivel estatal.

“¿Bonificamos por un lado e penalizamos por outro? Non ten moito sentido”, reflexiona Rosa María Regueiro. “Ademais, esa especie de multa recoñece que a expansión dos parques non foi inocua, que provocan danos que deben ser reparados, pero a lei tampouco establece que deben facer os concellos para compensar as lesións que se sofren”, concluye la economista.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/na-normativa-eolica-hai-ainda-un-baleiro-legal-ambiental-considerable/idEdicion-2010-03-15/idNoticia-526040/

EL CORREO GALLEGO 15 de enero de 2011

Expertos en energía eólica pujan por el modelo danés

17.01.2011 La resolución de la puja por el viento no es el final del camino. Galicia recuperará el liderato, pero aún queda trabajo pendiente

SANTI RIVEIRO SANTIAGO

El próximo 31 de enero conoceremos al fin si alguno de los 37 adjudicatarios de los 2.325 megavatios (MW) del concurso eólico gallego renuncia; también cuáles prefieren pagar a la Xunta por cada megavatio concedido, monetarizando su plan industrial. Un poco después, el 15 de febrero, sabremos la dimensión final, adaptada a la potencia concedida, de esos proyectos asociados. Se sientan así los cimientos para devolver a Galicia el liderazgo en esta energía renovable, aunque desde el sector y entre los expertos se siguen apreciando ambigüedades. La Asociación Eólica de G­alicia (EGA) así lo apuntaba la pasada semana, aunque también se felicitaba por la resolución de la puja. Desde el ámbito académico se pone de manifiesto que quedan muchos deberes por hacer. “España y Galicia, como referentes mundiales de la energía eólica, necesitan con urgencia un modelo integral de fomento del sector”. Así lo cree Rosa María Regueiro, experta en un sector para el que receta “la participación de todos los agentes implicados, como los propietarios de los terrenos”.

Otro punto a mejorar es la valoración del terreno apto para suelo eólico: si un monte produce tanto o más que una fábrica… ¿cómo se va a pagar el suelo como rústico o improductivo? Además “hay que mejorar el control del impacto ambiental”. Y desde el punto de vista legislativo, esta economista de la USC llama a tomar “como referencia las experiencias de otros países pioneros en el sector” y así “mejorar la pérdida de aceptación social por la ciudadanía”.

Sobre cuándo girarán por primera vez las aspas de la nueva potencia del concurso, Rosa María Regueiro apunta que “seguramente para la construcción y puesta en pleno funcionamiento de los nuevos parques eólicos habrá que esperar hasta el 2013 ó 2014”.

Antes habrá que cerrar en firme el camino hacia las autorizaciones administrativas. Un proceso que nace de la ley 8/2009 por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, y las posteriores disposiciones que dependen de ella. Según esta experta, son “un marco normativo moderno y ambicioso, pero incompleto, al no considerar la participación de todos los agentes ni de todas las variables implicadas en el sector”.

Regueiro destaca que “no existe una legislación única y ad hoc del sector eólico en España, a pesar de las distintas regulaciones, planes energéticos y planes de fomento de las energías renovables”. Al tiempo, recuerda que “las comunidades desarrollaron en el marco de sus competencias regulaciones propias que incrementan las discrepancias y dan lugar a situaciones muy diferentes”.

Modelo danés. Para Rosa María Regueiro uno de los modelos más completos “ha sido el desarrollado por Dinamarca desde finales de la década de los 70, como reacción al impacto de la crisis del petróleo. Definió un modelo pionero y líder a nivel mundial en el que la Administración competente, las empresas, las entidades financieras, los propietarios de los terrenos como accionistas, las universidades, los consumidores, el impacto ambiental o el consumo energético están representados”. Así, “se incrementa el beneficio empresarial y particular y se minimiza la pérdida de aceptación social”, sostiene. La economista de la USC alega que este modelo “es trasladable y adaptable a España y a las comunidades autónomas, de hecho ya hay actuaciones en este sentido en Cataluña, únicamente se precisa una ordenación global del sector”.

Que propietarios de montes participen. “Los propietarios de los terrenos son los grandes olvidados de la regulación eólica en Galicia y en España”. Así lo sostiene Rosa María Regueiro, que apunta que “en el anterior decreto 242/2007 se consideraban vías para su participación, en la inversión a realizar para instalar el parque eólico, y también en la orden de convocatoria de concurso eólico del 29 de marzo, estableciendo como uno de los elementos de mayor valoración el precio ofrecido a los propietarios”.

Hasta aquí, suena bien, pues “hablamos de un colectivo no representado y de un bien, el terreno apto para uso eólico, que tiene valor industrial”. Pero no han transcendido el baremo a este respecto. “No debe olvidarse que un terreno será apto para la instalación de un parque eólico si se han registrado en periodicidad e intensidad unas determinadas medidas de viento, elemento necesario para que la empresa promotora obtenga la pertinente licencia administrativa y proceda a su explotación”, detalla la economista de la USC.

Queda, por tanto, “un amplio camino por recorrer para poder incluir en la propia ley la participación de los propietarios de los terrenos, teniendo en cuenta la existencia en Galicia de una figura única, los montes vecinales en mano común. Sin duda el modelo danés sería deseable, pero por desgracia, no será factible a corto plazo”.

Otros expertos como Xavier Simón y Damián Copena, coautores de la Guía para os propietarios de terreos eólicos, comparten esta idea. Estos economistas de Uvigo elevan a 13 millones de euros el retorno anual a los propietarios si pudiesen acceder, como en Canarias, al 6% de la facturación de los parques.

Respeto ambiental. La nueva normativa galaica impide asentar parques en la Red Natura y de sus futuras ampliaciones, según destaca la Consellería de Economía e Industria. Sin embargo, “en estos momentos, el 40% de los parques eólicos están asentados en estas zonas protegidas, y supone el 39% de la potencia total instalada”.

Rosa Mª Regueiro valora que la nueva orden prohiba usar estos espacios, pero con un matiz: las áreas de Red Natura “quedan totalmente rodeadas por la ubicación de parques eólicos en zonas limítrofes, por lo que sufrirán un cierto impacto”. Alega que se deben fijar medidas concretas para prevenir el impacto ambiental en la fase de construcción del parque eólico, algo que se echa de menos en la Ley 8/2009.

AMBIGÜEDADES

Lagunas por resolver

•••Los expertos que siguen el proceso de resolución del concurso eólico consideran que “ha sido ágil y se han cumplido los plazos”, pero su transparencia “puede verse mermada por la existencia de determinadas lagunas sin resolver o sin concretar férreamente en la orden”. Rosa Mª Requeiro, desde la USC, nos señala entre ellas “las posibilidades reales de las empresas promotoras beneficiarias con menos MW que la potencia mínima de compromiso”; “la obligatoriedad de ejecución de los planes industriales y su seguimiento por parte de la Consellería competente”; “la publicación del baremo de valoración en cuanto a la remuneración a percibir los propietarios de los terrenos”; o el “cumplimiento de la capacidad técnica y/o económica por parte de las empresas promotoras”. Todos ellos son elementos clave “presentados de forma ambigua, que pueden restar transparencia y generar desconfianza, y una menor aceptación social”.

La resolución del 20 de diciembre no despejó todas las dudas, al abrir nuevos plazos hasta el 15 de febrero: solo “permitió ver, parcialmente, la valoración de cada proyecto presentado, así como la ubicación de los futuros parques eólicos. Pero no arrojó luz sobre las promotoras que no recibieron el mínimo de potencia solicitado”.

LO MEJOR

Las previsiones de la Consellería de Economía e Industria: del concurso saldrán más de doce mil empleos directos e indirectos, 5.900 millones de inversión y en 20 años, las arcas públicas ingresarán mil millones.

LO PEOR

Los economistas de la Universidade de Vigo Xavier Simón y Damián Copena denuncian que sólo el 1,5% de la facturación de los parques en Galicia repercute en el medio rural; en otras zonas es el triple o cuádruple.

LA POTENCIA

8.000

megavatios es la aspiración para el futuro eólico autonómico. Habrá que “realizar un estudio exhaustivo de las potencialidades del sector en Galicia y considerar limitaciones en función del Registro de Preasignaciones del Ministerio de Industria”.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/expertos-energia-eolica-pujan-modelo-danes/idEdicion-2011-01-17/idNoticia-630450/

El País 13 de octubre de 2010

Vientos a precio de ganga

Una tesis denuncia las escasas tarifas que se pagan por ocupar terrenos eólicos

MARÍA RODIÑO – Santiago – 13/10/2010

En Lañas, en el municipio coruñés de A Baña, disfrutan de la calma propia de una pequeña parroquia rural. Un silencio por el que teme Cándido Iglesias, ganadero, cuando habla de las muchas preocupaciones que le despierta la posibilidad de que sus tierras pasen a estar ocupadas por aerogeneradores. Si se construye el parque eólico de Vilamartiño -proyectado por la gallega Galenova sobre seis parroquias de A Baña y Val do Dubra-, su ganado pastará bajo algunos de sus 19 molinos.

En algunos acuerdos de compraventa se abonan céntimos por metro cuadrado

Los contratos están repletos de desventajas para los propietarios

 

Él y sus vecinos supieron del parque cuando fue autorizado, en 2007. Y desde entonces hasta este verano, denuncian, no volvieron a tener noticias del proyecto. “Un día llegaron representantes de una consultoría con los contratos redactados y con la amenaza de la expropiación para urgirnos a firmar”, explica Iglesias. Una situación que provocó que las dudas, la desconfianza y la sensación de desamparo se extendiesen entre los afectados.

“Ese es el procedimiento habitual”, lamenta la economista Rosa María Regueiro, que acaba de presentar en la Universidad de Santiago de Compostela su tesis Xénese e desenvolvemento do sector eólico en Galicia (1995-2010): marco institucional, aspectos económicos e efectos ambientais. Regueiro ha estudiado a fondo los números que han dejado 15 años de presencia de aerogeneradores en el paisaje gallego -desde que un decreto regulase por primera vez, en 1995, la implantación de parques eólicos- para concluir que las carencias legislativas han modelado un sector en el que los grandes perdedores son los propietarios de los terrenos donde se asientan los parques, en los que han revertido muchos menos beneficios que en otros modelos de gestión.

La forma de compensación predominante en Galicia es el alquiler o compra de los terrenos sobre los que se proyectan estas instalaciones. Y de ahí surgen con frecuencia situaciones como la que denuncian en A Baña y Val do Dubra. “La primera perversión del sistema es la idea de que el suelo adquiere valor con la instalación del parque. Y no es así: un parque se instala sobre un terreno porque éste posee potencial eólico”, explica Regueiro. Pero estos terrenos -que normalmente son suelos rústicos o forestales de bajo rendimiento, ya que la exposición a fuertes vientos reduce la vegetación- son valorados de acuerdo a sus usos previos. Por eso, una de las propuestas que se derivan de la investigación es la de crear una categoría especial de suelo para catalogar estas tierras, dándole una valoración adecuada a su potencialidad económica.

Para dilucidar cuál es la retribución justa para los propietarios de las tierras -“y de su viento”, apostilla Cándido Iglesias- Regueiro propone en su investigación un método de cálculo que, teniendo en cuenta las horas anuales de viento que se registran en un terreno y la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del parque, establece la compensación mínima – dejando un amplio margen de beneficios para las eólicas- en seis euros por kilovatio instalado. Revisando contratos de los últimos 15 años, se ha encontrado con que las retribuciones en Galicia oscilan entre uno y tres euros. Hay que tener en cuenta que el valor de seis euros se obtiene en los niveles mínimos de viento para la instalación de aerogeneradores, establecido en torno a las 1.800 horas anuales. Y en algunos parques gallegos llegan a registrarse más de 3.000.

Los números tampoco son alentadores en el caso de la compraventa. En los contratos estudiados a lo largo de la investigación pueden encontrarse valoraciones de céntimos por metro cuadrado. El récord negativo lo tienen terrenos en Muros pagados en 1997 a 22 céntimos, y el precio más alto registrado en estos últimos 15 años se queda en los 2,24 euros alcanzados hace una década en As Pontes. Sobre la expropiación -una amenaza frecuente- explica Regueiro que, de llegar a ese proceso, los precios son muy bajos.

A la desinformación sobre los precios se suman otras pequeñas trampas, advierte Regueiro. “La letra pequeña de algunos contratos incluye una cláusula que responsabiliza a los propietarios del desmantelamiento del parque al final de su vida útil”, advierte. Las empresas se van y el terreno vuelve a sus dueños con aerogeneradores y líneas de evacuación incluidas.

No es la única atadura que firman los propietarios. La mayor parte de los contratos contempla la posibilidad de que la empresa renuncie al contrato antes de su vencimiento sin que los propietarios reciban ninguna compensación. No es un derecho recíproco. “E incluso llegaron a recogerse penalizaciones a los propietarios en caso de descenso de la producción”, añade Regueiro.

Entre los peores modelos del mundo

 

El diagnóstico de Regueiro ante las carencias del sector eólico gallego es claro: “Hace falta una concepción integral del sector, algo que aquí nunca ha tenido desarrollo legislativo”. Y al analizar otros modelos implantados en Europa y en todo el mundo concluye que Galicia es uno de los peores lugares para poseer un terreno ventoso. En Dinamarca, Holanda, Lituania, Japón o China se obtienen más beneficios.

“Dinamarca disfruta del modelo más beneficioso para los propietarios”, cuenta Regueiro, “porque ha desarrollado una ley estatal en la que contempla a todos los agentes: la administración legisla, los propietarios son accionistas con voz y voto a través de las cooperativas que gestionan los parques, la industria desarrolla los aerogeneradores y las entidades financieras ofrecen apoyo económico”.

El resultado: la eólica es hoy una energía vista con buenos ojos por la gran mayoría de la población danesa, no solo como alternativa a las energías fósiles sino también como un recurso económico que ha revertido en el conjunto de la sociedad.

Pero en Galicia la implantación de la energía eólica ha ido acompañada de un creciente desencanto. La sensación de expolio que genera el modelo de compensación, los constantes enfrentamientos partidistas, la opacidad alrededor de sus consecuencias medioambientales y una baja incidencia en el empleo han alimentado la desafección. “Nunca se ha legislado en favor de los propietarios. Y la última ley es incluso regresiva en este aspecto”, lamenta Regueiro.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Vientos/precio/ganga/elpepuespgal/20101013elpgal_7/Tes

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