2012.03.10. Faro de Vigo. (El regulador energético frena los nuevos parques eólicos en Galicia al plantear un parón hasta 2020)

El regulador energético frena los nuevos parques eólicos en Galicia al plantear un parón hasta 2020

La CNE se apoya en la “sobrecapacidad instalada” por la caída del consumo eléctrico para pedir el retraso de nuevos emplazamientos

JULIO PÉREZ – VIGO Con los motores económicos a medio gas y las familias muy pendientes de ajustar su presupuesto, en la antesala de una segunda recesión, el consumo eléctrico a estas alturas se sitúa en niveles de hace cinco años, de 2006. España hoy necesita mucha menos energía de la que puede producir. Y ésa es, precisamente, una de las justificaciones a las que se agarra el Ministerio de Economía para la moratoria en la prima a las renovables, en vigor desde finales de enero, con la que aspira a dar el primer golpe al déficit tarifario. El desequilibrio entre lo que cuesta el servicio y el cobro a los consumidores alcanza ya los 21.000 millones de euros. En el camino hacia un sistema sostenible, el Gobierno pidió su análisis a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el regulador, que comparte “algunos de los argumentos” del real decreto que paraliza la incorporación de instalaciones con derecho a retribución. La “sobrecapacidad instalada” derivada de la caída de la demanda permite “cierto margen en el corto y medio plazo” para frenar nueva generación hasta 2020, cuando la UE obliga a que un 20% de la demanda venga de tecnologías limpias. Como los 2.325 megavatios (MW) que se tramitan en el concurso eólico gallego. La CNE es rotunda. “Se considera que cabría retrasar hacia los últimos años del periodo considerado [en referencia al final de la década] la instalación de parte de la nueva potencia”, señala.
La revisión de la política con las renovables es una de las muchas medidas que el organismo reclama como antídoto al desfase en el mantenimiento del sistema y que dan un giro de 180 grados a la operativa actual con el sector. El informe publicado ayer no es vinculante, pero lo cierto es que sigue parte de la filosofía que el ministro José Manuel Soria viene desgranando en las últimas semanas. Cualquier decisión que se tome influirá directamente en el reparto de la tarta del viento en Galicia. Evidentemente amenazado por los plazos que pone sobre la mesa la CNE –la Xunta los quiere tener autorizados este año– y el diseño futuro del sistema de retribución.

Sin apoyos económicos. La distancia que separa a España de cumplir con los objetivos inicialmente previstos en el Plan de Energías Renovables (PER) para 2020 son, al menos, 20.000 MW, que, de seguir como están las cosas, absorberían una prima equivalente por encima de los 10.000 millones de euros. El regulador estudia cuatro posibles escenarios. El mantenimiento indefinido de la moratoria, la concentración de nueva potencia a partir de 2017 de forma acelerada, una incorporación escalada en función del menor consumo y un cuarto planteamiento para que las instalaciones adicionales a partir de 2017 sean de la tecnología más económica, “que resulta ser la eólica terrestre”, porque para ese momento “se estima apenas requiera mecanismo de apoyo alguno”. En este último el soporte económico sería “más moderado” o incluso “nulo”, conforme “a los precios esperados del mercado”.

Primas a subasta. Tanto para la eólica, como la fotovoltaica, la termoeléctrica y la minihidráulica, la CNE concibe una retribución al margen de “esquemas administrativos”. ¿Cómo? “Basado en mecanismos de mercado”, dice. En otras palabras, con subastas. Que sean los propios promotores los que determinen su prima para “introducir elementos de competencia”. O bien pujas diferentes según el sector, con la fijación por parte del Gobierno de cuánta electricidad necesita de cada una bajo “elementos de eficiencia de costes”; o que todas luchen entre sí, “para que las tecnologías más eficientes de coste predominen en el resultado final”. Para cogeneración, residuos y biomasa, “muy específicas de la ubicación o del recurso disponible”, el organismo desaconseja este sistema.

20 años, no más. Durante los primeros 20 años en funcionamiento, la tarifa de la eólica asciende a 81 euros por cada megavatio hora (MWh). A partir de ese momento, desciende un 16%, a 68 euros. No hay límite temporal a seguir cobrando. “Debe tenerse presente que las tarifas y primas son calculadas con el fin de obtener una rentabilidad razonable durante la vida económica (vida útil estimada) de la planta –explica la CNE–, luego la percepción de incentivos adicionales más allá del fin de la misma bien podría recibir la consideración de un ingreso adicional por encima de su retribución razonable”. De ahí que el informe recoja solo el derecho a cobrar solo los primeros 20 años. La cogeneración y la biomasa, que todavía no llegaron a los objetivos de la planificación energética y están “estancados”, quedarían fuera del plazo.

Un techo y la correspondiente devolución. Aunque para muchas de las tecnologías renovables existe ya un condicionante en el cobro de las primas ligado a los precios de mercado en cada momento, con un techo y un suelo, su aplicación, según la CNE, es “asimétrica” en “detrimento” para el consumidor. Porque en precios de mercado muy elevado, que por sí solos superasen el límite, el productor retiene la totalidad del precio de mercado y no se produciría una devolución de la cantidad superada, mientras que si el mercado está a la baja, la prima se complementa hasta un mínimo. El regulador energético aconseja una ley que aplique “la devolución íntegra” al sistema en los momentos en los que se supere el techo. “Su aplicación debería acompañarse de una disposición que impidiese que las instalaciones afectas a la misma abandonaran el régimen especial para pasarse al régimen ordinario, cuando menos hasta el fin de su vida retributiva”, advierte, ante la picaresca de que los promotores opten por cambiar de régimen para conseguir embolsarse todo lo que reciban del mercado.
La mirada al largo plazo para evitar que el déficit tarifario repita los grandes quebraderos de cabeza que en estos momentos provoca se da la mano a una veintena de medidas para aplicar a partir de ya mismo. La CNE las considera “urgentes” para limar la repercusión directa sobre el bolsillo del consumidor de la resolución del problema multimillonario que afecta al sistema.
El comportamiento de la demanda eléctrica le vale también para reclamar un aplazamiento de las inversiones en transporte a partir del año que viene y la tijera al pago a la encargada de gestionar la red, a REE. La planificación de infraestructuras “parece estar desfasada”, “demasiado ambiciosa” ante el desplome del consumo. La paralización afectaría a los proyectos que no cuenten con autorización administrativa, que no sean considerados imprescindibles “en base a informes individualizados” o que cuenten con “circunstancias singulares”, como las conexiones internacionales. Una de ellas, la de refuerzo entre Galicia y Portugal.
Hay dos sectores en los que se fija especialmente la CNE por su coste. La solar termoeléctrica, para la que se expone una reducción del 12% en la prima y la paralización incluso de las que estaban en lista de espera sin acta de puesta en servicio –lo que implica un paso más allá del decreto con la moratoria–; y el carbón, donde se pide la eliminación progresiva de los incentivos al combustible autóctono, que tanto revuelo creó en Galicia porque las dos térmicas usan carbón importado.

Siete céntimos más en la gasolina para pagar las renovables y un encarecimiento de la luz entre el 1% y el 7,6% este año
Distribuidoras, comercializadoras, operadores del sistema, el propio Estado con sus presupuestos y, por supuesto, el consumidor. La batería de ideas de la CNE reparte el coste del déficit entre todos. Sin duda, una de las medidas más llamativas, de la que se venía hablando estos últimos meses, es la de vincular la financiación de las primas a las renovables con la subasta de los derechos de dióxido de carbono y una mayor recaudación a la hora de llenar el depósito del coche. Concretamente, el regulador apunta a una subida de siete céntimos por litro en gasolinas y gasóleo, que supondría unos ingresos próximos a 2.000 millones de euros sin superar la fiscalidad media en la UE. El informe recuerda que, a diferencia de las tecnologías limpias –que representarán el 38% del consumo energético–, ni el sector del gas natural ni el de los productos petrolíferos destinados al transporte alcanzarán el 20% famoso en fuentes no contaminantes que reclama la UE. Por lo que “cabría repartir” el peso de los que sí cumplen con el resto, “debido a que el cumplimiento de dichos objetivos responde a una política energética global, y por tanto la financiación de su extracoste no debería afectar en exclusiva a los consumidores eléctricos”.
A los clientes el asunto les toca de lleno en el recibo de la luz. Todas las medidas propuestas quieren evitar, según la CNE, que haya que exprimir más la tarifa particular para ajustar el déficit. De hecho, en caso de que no se pusieran en marcha, el incremento en el concepto de peajes de acceso –la mitad del recibo final– que pagan industrias y hogares tendría que llegar al 35,5%. Con lo que implicaría una subida del 15% en el total que paga el consumidor.
En función del calendario que se establezca para acabar con el déficit, los incrementos varían entre el 1% –siempre en relación al recibo– que sería necesario para solventar las diferencias de coste en 2016 y el 7,6% en un escenario en el que este mismo 2012 se dejaría de generar tanta diferencia entre mantenimiento de servicio e ingresos por prestarlo. En todo caso, la CNE apuesta por una situación intermedia, con un encarecimiento anual del 3% en los peajes, con lo que la electricidad se incrementaría un 1,5%.
Éstas y el resto de vías incorporadas al informe –como que titulicen parte de la deuda las propias empresas o que el coste de producir electricidad en las islas dependa exclusivamente de los presupuestos del Gobierno y no del recibo– son, para el propio presidente de la CNE, “notoriamente insuficientes” y no ofrecerían “una solución razonable” a medio plazo. En su voto particular en el análisis del texto en el consejo del organismo, Alberto Lafuente, critica que el impacto inmediato sin tener en cuenta la subida de la luz “apenas alcanza los 1.600 millones de euros en 2012”, y lamenta que el consumidor tenga que soportar una carga porque la CNE no haya hecho más énfasis en “los problemas de competitividad asociados a los precios finales de la energía”.

http://www.farodevigo.es/galicia/2012/03/10/regulador-energetico-frena-nuevos-parques-eolicos-galicia-plantear-paron-2020/631197.html

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Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat. http://www.zona14.org

Posted on 10 Març 2012, in Recull de premsa. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

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