Monthly Archives: febrer 2013

2013.02.27.EFEVERDE. (El acceso a información ambiental, muy mejorable dice el Defensor del Pueblo)

EFE verde 27de febrero de 2013

El acceso a información ambiental, muy mejorable dice el Defensor del Pueblo

Final del formulario

Madrid, 27 feb (EFEverde).- El acceso a la información ambiental tiene mucho que mejorar en España, según constata el Defensor del Pueblo en su informe anual 2012, en el que afirma que las administraciones suelen recurrir a argumentos que no se sostienen para denegar sistemáticamente documentos y datos solicitados por los ciudadanos.

El informe 2012 del defensor del Pueblo afirma que el acceso a la información ambiental tiene mucho que mejorar en Espña y se refiere a “perjuicio irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales y no pequñas pérdidas económicas” en infraestructuras como aeropuertos, palacios de congresos, museos, estaciones, líneas ferroviarias o algunas carreteras

El Defensor del Pueblo detecta que años después de que entrara en vigor la Ley de información ambiental, las administraciones siguen vinculando el derecho de acceso a la información ambiental con la condición administrativa del interesado.

El informe desmonta tal vinculación e incide en que las administraciones deben facilitar el acceso a la información independientemente de que el solicitante sea interesado o no; de que lo que se pida forme parte o no de un expediente, y de que ese expediente esté o no terminado.

El documento subraya que la ley permite denegar el acceso ciudadano a documentos inconclusos, pero no a documentos provisionales, es decir, que una ordenanza municipal que no esté aprobada no es motivo para que un Ayuntamiento deniegue el acceso al texto provisional de esa nueva norma una vez esté redactado.

El Defensor del Pueblo advierte también a las administraciones de que cuando se les solicite información ambiental, ésta debe ser remitida tanto a esta institución como al ciudadano que la está pidiendo.

Apartado Medioambiental

En las casi 20 páginas del apartado medioambiental de su Informe Anual 2012, el Defensor del Pueblo pide también a las administraciones que “no interpreten restrictivamente sus competencias en materia medioambiental”, ya que, al parecer, suele ser común la alegación de no tener competencias para no actuar ante un determinado asunto.

Por su parte, en una sección dedicada a analizar los impactos de las licencias municipales, el texto destaca que “la construcción de infraestructuras con escasa utilidad para el interés general es una buena muestra de la falta de estrategia en la planificación”.

Esa manera de actuar acarrea, según el Defensor del Pueblo, “perjuicios irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales y no pequeñas pérdidas económicas”.

El Defensor se refiere a instalaciones como aeropuertos, palacios de congresos, museos, estaciones, líneas ferroviarias a incluso algunas carreteras.

En ese sentido, la institución ha iniciado una investigación de oficio sobre el Aeropuerto de Castellón, “ya inaugurado y sin actividad”, recuerda.

El Defensor del Pueblo quiere conocer la fecha aproximada en que podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del plan director y la realidad.

La actuación busca comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria. EFEverde

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-acceso-a-informacion-ambiental-muy-mejorable-dice-el-defensor-del-pueblo

Anuncis

2013.02.21.SEO. (Los parques eólicos marinos requieren una estricta planificación y evaluación de impacto ambiental)

21 DE FEBRERO DE 2013

Los parques eólicos marinos requieren una estricta planificación y evaluación de impacto ambiental

Publicado el 21/02/2013 por Prensa SEO/BirdLife

Ardeola, la revista científica de SEO/BirdLife, publica en su último número un artículo que pone de relieve un aspecto crucial relacionado con la conservación de las aves marinas: la implantación de aerogeneradores en el mar.

Titulado “Valoración de los efectos de los parques eólicos marinos en las aves y necesidades de planificar su futuro desarrollo en España”, está escrito por María Mateos-Rodríguez, Gonzalo M. Arroyo (Universidad de Cádiz) y Antonio Román Muñoz (Fundación Migres).

Hasta ahora, la instalación de parques eólicos en España únicamente se ha llevado a cabo en tierra, con una potencia actual que supera los 22 GW, mientras que su implantación en el mar aún no ha comenzado. No obstante, existen ya más de 40 parques marinos en nueve países europeos, con una potencia de 3 GW a comienzos de 2011, que se espera alcance los 150 GW en 2030 en la Unión Europea.

Los autores, ante el inminente impacto negativo que estas infraestructuras tienen sobre las aves, tanto por colisión como por la destrucción o pérdida de su hábitat, o por molestias, realizan una amplia revisión y análisis de numerosos trabajos científicos y técnicos publicados hasta ahora sobre este asunto.

Análisis y soluciones

“En la actualidad, la información sobre cómo determinar el impacto de los parques eólicos marinos sobre las aves es muy escasa, y en muchos casos proviene de estudios específicos de evaluación de impacto, a veces realizados sin las metodologías apropiadas, lo que hace que sus resultados deban ser tomados con cautela”, subrayan los autores.

Por ello, en este artículo, describen el marco legislativo concerniente al posible desarrollo de los parques eólicos marinos en España y, basado en él, comentan y discuten tanto las variables necesarias para determinar su impacto sobre las aves como las metodologías disponibles para obtener dichas variables. También se resumen las posibles medidas de mitigación de los impactos. El trabajo concluye con una discusión sobre los diferentes pasos a seguir para alcanzar un desarrollo “limpio” de la energía eólica marina en España.

Zonas marinas protegidas

El estudio publicado en Ardeola (volumen 59.2, diciembre de 2012) refuerza los argumentos de SEO/BirdLife sobre la importancia de evaluar adecuadamente los impactos de la energía eólica, no sólo en tierra, sino también en el mar, previos a cualquier proyecto. Asimismo, se destaca que “España aún está a tiempo de diseñar parques eólicos marinos que afecten mínimamente a las poblaciones de aves”, descartándose las áreas de alimentación, rutas migratorias, lugares de cría y, por supuesto, las Área Importantes parala Conservación de las Aves (IBA) y las futuras Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) marinas.

No hay que olvidar que debido a la mala planificación de muchos parques eólicos, desde 2001 SEO/BirdLife ha realizado más de 600 sugerencias y alegaciones a proyectos eólicos terrestres y en 2011 publicó el manual Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos, continuamente actualizado y revisado, que ofrece una serie de criterios a seguir para la realización de una adecuada evaluación de impacto ambiental.

Con estos precedentes en la eólica terrestre, SEO/BirdLife se muestra vigilante ante su posiblemente cercana implantación en el medio marino. Un paso en firme en este sentido ha sido el proyecto Interreg FAME (Future of the Atlantic Marine Environment), que SEO/BirdLife comparte con socios de Reino Unido, Irlanda, Francia y Portugal para la protección del medio marino Atlántico, y en el marco del cual se han realizado dos talleres internacionales en 2011 y 2012 sobre los efectos de las energías renovables marinas en la biodiversidad. Además, se ha elaborado un mapa de sensibilidad para la instalación de parques eólicos en aguas de España y Portugal.

Zefir y delta del Ebro, primera amenaza

El proyecto Zefir, para la construcción de una explotación experimental eólica marina para aguas profundas, ha sido el primero de estas características planeado en el litoral español. SEO/BirdLife apoya el desarrollo de las energías renovables, sin embargo, considera que Zefir ha sido mal planteado desde el principio por ubicarse en aguas del delta del Ebro, en una de las zonas más importantes para las aves marinas del Mediterráneo, identificada como IBA y en trámite para ser designada ZEPA.

Por todo ello, SEO/BirdLife solicitó su cambio de ubicación y la retirada de apoyo económico del Banco de Inversiones Europeo por su alto impacto ambiental, además de conseguir una resolución de condena en el Congreso Mundial de Conservación dela UICN celebrado en Jeju (Corea del Sur) en septiembre de 2012. Esta presión, junto a la congelación de las primas para la energía eólica, ha hecho finalmente inviable el proyecto, pero ha puesto en evidencia la necesidad definir una estrategia nacional que establezca cuáles son las áreas más adecuadas para los parques eólicos marinos con el menor impacto sobre las aves.

En este sentido hay que reconocer que el Gobierno español publicó en 2009 el Estudio Estratégico Ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos, en el que se clasificaba el territorio marino español como “apto”, “apto con condicionantes” o “no apto” para la instalación de parques eólicos. Sin embargo, el estudio se realizó cuando las IBA marinas estaban en fase embrionaria, y las zonas preidentificadas como tales por SEO/BirdLife, sin otros valores complementarios, sólo se consideraron como “aptas con condicionantes”, por lo que urge una revisión.

https://www.seo.org/2013/02/21/los-parques-eolicos-marinos-requieren-una-estricta-planificacion-y-evaluacion-de-impacto-ambiental/

2013.02.18. SEO. (Seo Birdlife acudirá a los tribunales contra los parques eólicos)

SEO 18 de febrero de 2013

Seo Birdlife acudirá a los tribunales contra los parques eólicos

18/02/2013 13:17

La moratoria en las primas a las energías renovables impide rentabilizar proyectos

“Extremadura no es un lugar idóneo para la energía eólica”, aseguran desde la organización

Extremadura es la comunidad autónoma con menos índice de viento del país

Eduardo Villanueva /

La organización SEO/BirdLife ha anunciado que acudirá a los tribunales para intentar paralizar la construcción de algunos de los parques eólicos que el Gobierno de Extremadura tiene previsto que se construyan en la región.

La organización interpuso varios recursos de reposición ante el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, para solicitar la revisión de los expedientes de hasta 4 parques eólicos (que ya cuentan con la autorización administrativa correspondiente: Campillo, Campete, El Quebrajo y Santa Bárbara). Sobre todo para que no se autorice el parque eólico Santa Bárbara, que se ubicará a las puertas del Parque Nacional de Monfragüe.

El responsable de SEO/Birdlife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, ha puntualizado que todos los recursos presentados (el pasado mes de noviembre) llevaban un suplicatorio para que se “tomaran medidas preventivas y evitar que se iniciaran las obras, mientras no se resolvieran las resoluciones”. Desde el GobEx, que no ha respondido todavía a los recursos de alzada, “lo único que nos han contestado es que no nos concedían esta paralización preventiva de obras”. En cualquier caso, ninguno de los 6 proyectos (siempre según SEO/Birdlife) que ya cuentan con la autorización final administrativa ha iniciado las obras, después de varios meses.

Los plazos para responder a los recursos están a punto de finalizar y desde SEO/Birdlife afirman que “en el caso de que el GobEx no estime los recursos, SEO llevará el proyecto de algunos de estos parques al juzgado, a través de un contencioso-administrativo”. En total, hay 34 parques con una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva. La organización estimará cuáles son aquellos proyectos que supongan un mayor peligro para la defensa de las aves e iniciará la vía judicial. “Creemos que la evaluación está mal hecha y que no se ha establecido ninguna medida preventiva, ni compensatoria con respecto a la posibilidad de que se produzcan muertes de especies protegidas y por eso hay base suficiente para iniciar un proceso judicial” asevera Cardalliaguet.

 

Sierra de Santa Bárbara

En cuanto a la sierra de Santa Bárbara, SEO/Birdlife asegura que se encuentra dentro de los límites del Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) de Monfragüe, a 5 km de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Monfragüe y a 12 km del límite norte del Parque Nacional de Monfragüe. Además, el recinto monumental de Plasencia, a 3 km de distancia de los aerogeneradores está en trámites de ser declarado ZEPA por su población de cernícalo primilla. Para complicar la situación, estos cernícalos primillas utilizan durante varios meses un dormidero dentro de la ZEPA de Monfragüe, siguiendo en sus desplazamientos diarios una ruta que atraviesa la línea de aerogeneradores proyectada, según ha explicado Cardalliaguet.

 

Proyectos especulativos

“Una cosa es que la administración autorice la construcción de un parque eólico y otra es que se construya” declara Cardalliaguet, que puntualiza que “los proyectos que se han presentado en la región son básicamente especulativos”. Desde SEO/Birdlife aseveran que Extremadura es la comunidad autónoma con menores índices de viento del país. “Las únicas zonas donde hay índices de viento que pueden resultar rentables, se encuentran en las cumbres de Gredos, Sierra de Gata y sistema central, que son zonas completamente prohibidas para ubicar parques”.

En cuanto a las subvenciones a este tipo de proyectos, Cardalliaguet afirma que “las primas para muchos de estos parques y, especialmente, para los extremeños -que no producirían mucha energía-  sería un factor esencial, a la hora de rentabilizar el proyecto”, todo esto en un contexto en el que el Gobierno central ha suspendido de forma temporal las primas que debían cobrar las nuevas instalaciones de generación eléctrica de fuentes renovables, entre ellas, la eólica.

“En Extremadura, la energía eólica no es la autorizada; existen otras energías, como es el caso de la solar, que tiene unas condiciones más adecuadas y se puede ubicar en muchos más terrenos” apunta Cardalliaguet que subraya que si a pesar de todo esto, las empresas han decidido “tirar para adelante, es porque si obtienen la autorización de la administración, luego pueden vender o negociar con estas instalaciones”.

http://www.avuelapluma.es/noticia/seo-birdlife-acudira-tribunales-contra-parques-eolicos

2013.02.12.El País. (Vía libre a un parque eólico en una zona que se excluyó de la Red Natura)

El País 12 de febrero de 2013

Vía libre a un parque eólico en una zona que se excluyó de la Red Natura

La Consellería de Medio Ambiente lo autoriza pese a que admite el valor ecológico del enclave

Alberto Leyenda Vigo12 FEB 2013 – 20:52 CET

Estaba previsto que el Coto de Eiras, entre Fornelos de Montes y Mondariz, gozase de la máxima protección ambiental posible: su inclusión en la Red Natura, dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Tea. La presencia en estas cumbres del interior pontevedrés de hábitats y formaciones considerados como prioritarios —con peligro de desaparición— justificaba, a juicio del redactor de la propuesta de ampliación realizada por el bipartito de la Xunta, la obtención de una figura que veta la instalación de parques eólicos y canteras a cielo abierto. En 2009 cambió el Gobierno autónomo y, aunque se mantuvo el equipo técnico encargado del estudio, la nueva Red Natura, que hoy sigue hibernando, sorprendentemente menguó. Ahora la Consellería de Medio Ambiente admite implícitamente los valores ecológicos del lugar, pero ello no ha sido óbice para que declarase “ambientalmente viable” una instalación eólica —16 molinos, 95 metros de fuste y 112 de aspas—- concedida en el concurso de 2010. Esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA), resuelta a finales de enero, es un ejemplo de cómo la Xunta se hace trampas jugando al solitario en materia de medio ambiente. Por un lado, admite la presencia de hábitats (matorrales y carballeiras) de interés comunitario, susceptibles de entrar en Red Natura. Acto seguido, resuelve que la afección sobre estos “no se considera significativa”. En el siguiente párrafo reconoce que hay formaciones (diversos tipos de turberas) consideradas prioritarias, por lo que “se deberán extremar las precauciones” De hecho, el plano inicial del parque tuvo que ser cambiado para proteger dos vaguadas, y a lo largo del texto se hace hincapié en que no deben ser dañadas, aunque sí se abrirán caminos en la vertiente del monte que da a ellas. Durante las obras se balizarán y un técnico de la consellería vigilará los trabajos, una medida excepcional. Todo ello basado en un informe de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, la misma encargada de la ampliación de la Red Natura y que, en cambio, no considera pertinente darle la máxima protección a una zona que, a juzgar por las cautelas, considera muy valiosa. La declaración de impacto también alerta de que en el lugar habitan animales recogidos como vulnerables en el Catálogo galego de especies ameazadas. Entre ellos, aves rapaces, anfibios, reptiles y murciélagos, siempre los más perjudicados por los molinos de viento. No en vano, el informe avisa de un posible “efecto acumulativo” para los quirópteros, dado el amontonamiento de parques eólicos en la zona. No obstante, nada dice del lobo ibérico, que, según los ecologistas, cuenta en estos parajes con una de sus “mejores poblaciones” de toda la península. De hecho, en las inmediaciones del futuro parque se encuentra un tradicional foso doble para la captura del lobo del que se tiene constancia desde el siglo XVII. Con la declaración ambiental positiva, el proyecto promovido por Puentengasa, formada por Energía de Galicia y la constructora Puentes y Calzadas, ha superado la parte más áspera del recorrido administrativo. Faltan trámites menores. Si hay voluntad, en unos meses las excavadoras podrían estar en el monte. Está por ver, con la parálisis del sector por la eliminación de las primas a las renovables, si la empresa se embarca en una inversión de 44 millones de euros, en una zona con una producción energética estimada menor que en la media de los parques gallegos. El Coto de Eiras no solo iba a ser Red Natura, sino que está a un puñado de kilómetros del futuro LIC O Suído, que sí lo será. Pero más cerca aún, se levantarán varios aerogeneradores de otro parque, el Edreira, también auspiciado por la misma empresa. Este proyecto recibió permiso ambiental en octubre de 2012. En este caso, Conservación da Natureza hace notar que “próxima” a los molinos existe esa propuesta, así como la ampliación del LIC ya declarado de Serra do Cando. Es decir, algunos molinos regatean la Red Natura por menos de 300 metros, y otros quedarán encajonados entre dos zonas protegidas. Pero eso no impide que la instalación sea “ambientalmente viable”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/12/galicia/1360698743_151804.html

2013.02.10.Faro de Vigo. (La eólica gallega agoniza ante el acelerón de la presión fiscal y el fin de las primas)

Faro de Vigo 10 de febrero de 2013

La eólica gallega agoniza ante el acelerón de la presión fiscal y el fin de las primas

El 25% de la facturación de los parques se van con el canon, tasas económicas y el nuevo impuesto a la generación – Las patronales eólicas de toda España crean un frente común

10.02.2013 | 00:00

JULIO PÉREZ – VIGO El reconocimiento explícito, y público, por parte de la Consellería de Economía del impacto que el fin de las primas a las renovables y el recorte en el cálculo de su actualización supone para el sector en general y la eólica en particular, una de las referencias industriales en la comunidad, ejemplifica probablemente mejor que ninguna otra crítica la delicada situación en la que quedan los productores de las energías limpias. El departamento que dirige Francisco Conde insta en sus alegaciones a la orden impulsada por el Ministerio de Industria a incrementar la remuneración “para garantizar la viabilidad” del negocio. Aunque no son pocos los promotores que reprochan a la Administración gallega “que hable con la boca pequeña”, lo cierto es que ésta es la primera vez que desde San Caetano evidencian abiertamente su malestar con José Manuel Soria en el nuevo escenario y asumen que el negocio está en peligro. La gota que colma el vaso para la eólica gallega. “Estamos agonizando”, coinciden en las empresas.

Esta próxima semana, la patronal eólica gallega, EGA, participa en el cónclave de todas las organizaciones empresariales vinculadas al viento en España y que están bajo el paraguas de AEE, dispuesta a llevar a los tribunales la “inseguridad jurídica” de este cambio de reglas repentino. Los parques eólicos absorben una elevadísima inversión. Solo el precio de un aerogenerador ronda en estos momentos los 900.000 euros por cada megavatio (MW). Por lo que los préstamos para un proyecto son también cuantiosos y el plan de negocio contempla amortizaciones a muy largo plazo.

“La carga impositiva ahora mismo se lleva un mínimo del 25% de toda la facturación de un parque”, cuentan desde una de las principales empresas del sector en Galicia. Una cuarta parte, pues, de los ingresos, con la suma del gravamen del 7% de la producción que el Ministerio de Industria aplica desde finales del pasado año para atajar el déficit de tarifa -la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que el sistema recauda-, el IBI especial y Actividades Económicas, y en el caso de Galicia, el polémico canon eólico. “Hay muchos casos, sobre todo en las instalaciones más viejas -explica otro promotor- que el canon, que conocemos como impuesto feudal, absorbe un 20% de la facturación”.

Y a más pagos que restar en la explotación del negocio, aún tocada por la rebaja del 35% de las primas previa a su desaparición, menor rentabilidad. Incluso en los recintos implantados en la región, de las mejores el número de horas de viento y que es el arma que tanto el sector como la Xunta enarbolan para justificar que el desarrollo de la actividad en España “no se entendería sin apostar por Galicia”. “La caída del margen del negocio es brutal”, apunta un promotor, entre los ganadores del concurso. Hasta el punto de que Íñigo Muniozguren, secretario general de EGA, advertía la pasada semana, justo tras conocerse la supresión de primas en el mercado y el nuevo cálculo para revisar los pagos, que “muchos parques” podrían acabar “en manos de las entidades financieras” ante la imposibilidad de afrontar los créditos.

Todo lo ocurrido en las últimas semanas no solo deja en el aire la continuidad del concurso eólico gallego, con el que la Xunta preveía alcanzar 6.500 MW autorizados en 2012. “Es que lo que ya está en peligro es lo que funciona hoy”, aseguran en el sector. “Hablar del concurso -ironizan entre los promotores- hasta me parece una frivolidad”. Pero si una parte de los parques actuales pueden estar “en la UCI”, como se quejan, los futuros son “una entelequia”.

Primero, y sería una razón suficiente por sí sola, porque el sistema no los necesita. Lo ha dicho el ministro de Industria por activa y por pasiva para frenar el enganche de nuevas plantas. El abastecimiento eléctrico en España está más que asegurado, con un colchón inédito en los últimos años, ante la caída en picado de la demanda de industrias y hogares por la crisis. Antes de la vuelta a la recesión, Red Eléctrica de España (REE) estimaba que el consumo previsto para 2016, la primera fecha que la Xunta dio para la puesta en marcha de la totalidad de los 2.325 MW repartidos, no se logrará hasta 2020.

Lo segundo, que con el golpe a los números, la viabilidad de muchos parques autorizados queda cuestionada. De hecho, en su anuncio de las alegaciones, la propia consellería insistía en que Industria debe lograr “un equilibrio” entre su lucha contra el déficit de tarifa “y su repercusión en el marco de desarrollo de las energías renovables”. “La Xunta solicita un incremento específico en las tarifas para instalaciones eólicas, de biomasa y cogeneración (las medidas afectan a todo el régimen especial) que facilite unas tasas de rentabilidad razonables, tal y como dispone la Ley del sector eléctrico”, añade.

Más reuniones por el ITP

Por si fueran pocos los frentes abiertos, Economía tiene el suyo propio con el sector a raíz de la implantación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los parques. Como si se trataran de concesiones administrativas. En plena campaña electoral, Feijóo se sentó con los promotores para analizar la situación, con el compromiso de Facenda de que miraría la opción de los ganadores del concurso de renunciar sin coste a los permisos si finalmente el Tribunal Económico-Administrativo Central avalaba la imposición de la tasa, y el del anterior conselleiro de Economía de establecer el valor de esa transmisión. Las primeras liquidaciones se realizaron por el conjunto de la inversión, lo que suponen unos 40.000 euros por MW.

Ambas partes le han dado vueltas desde entonces, con las últimas reuniones hace apenas un par de semanas. Y continuos desencuentros. Incluso entre los dos departamentos autonómicos. Facenda habla de la posibilidad de rebajar del 4% al 2% el tipo impositivo, lo que, según el sector, no satisface a “absolutamente nadie”.

http://www.farodevigo.es/galicia/2013/02/10/eolica-gallega-agoniza-aceleron-presion-fiscal-primas/755166.html

2013.02.09.Aquí confidencial. (Diego prepara una ley para adjudicar a dedo los parques eólicos)

Diego prepara una ley para adjudicar a dedo los parques eólicos

Aquí confidencial 9 de febrero de 2013

AGENCIAS CANTABRIA

El Gobierno del PP que preside Ignacio Diego pretende adjudicar de forma directa y ‘a dedo’ los futuros parques eólicos de Cantabria. En un comunicado el Ejecutivo informa del nuevo proyecto de ley que, entre otros cambios, introduce la exigencia de dinero y no de proyectos industriales o de I+D+i a las empresas adjudicatarias. En la misma nota se anuncia que “deja sin efecto” las asignaciones del concurso eólico convocado en 2009, cuya anulación por el TSJC ha sido recurrida por las empresas. Si éstas ganan el recurso las indemnizaciones que tendrá que pagar el Gobierno por la anulación del concurso podrían ascender a cientos de millones de euros.
La nota hecha pública hoy por el Gobierno de Cantabria se hace eco de la reunión celebrada hace algunas fechas por Diego y las empresas eólicas, en las que habría presentado las líneas estratégicas del anteproyecto de Ley que regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma, al tiempo que anunciaba que les retiraba sus derechos adquiridos en el concurso eólico, anulado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Dicho fallo no fue recurrido por el Gobierno, pero si por las empresas adjudicatarias.
Sorprende que un asunto de tanta trascendencia lo de a a conocer a la opinión publica el Gobierno mediante un comunicado de prensa. Incluso que se ofrezca extensa información sobre un anteproyecto de ley que, según el Gobierno, establece “un nuevo régimen jurídico” para la instalación de parques eólicos e introduce la “necesaria seguridad jurídica” a la situación actual de la asignación de potencia.
En el comunicado de prensa se destaca que, con esta norma el Ejecutivo hace frente a la situación de “incertidumbre jurídica” generada tras el concurso eólico y por la gestión del Ejecutivo anterior, que “tardó ocho años en elaborar un plan y un concurso del que no se ha visto ni un solo aerogenerador y que lo único que ha hecho es crear unos derechos a los adjudicatarios que deberán pagar los cántabros”.
El Gobierno explica que se ha trabajado durante un año y medio, frente a ocho años de “fracasada gestión”, en dos líneas paralelas. Por un lado, en la elaboración del Plan de Sostenibilidad Energética 2011-2020, presentado en abril de 2012 y que está en tramitación. El Plan establece una potencia eólica de 707 megavatios y la instalación de 246 aerogeneradores, 107 menos que los previstos en el primer plan.
A la par, el Ejecutivo regional ha estado elaborando este anteproyecto de Ley que ve la luz “sólo tres meses después” del pronunciamiento de los tribunales de justicia. De esta forma, el Gobierno de Cantabria, explica su presidente, Ignacio Diego, “ejerce su responsabilidad y cumple sus compromisos en plazo”.
El anteproyecto de Ley que ha elaborado el Gobierno deja sin efecto las asignaciones surgidas del concurso eólico convocado en 2009. De esta forma, se trata de “paliar la situación de incertidumbre” tras la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló el concurso del Gobierno anterior.
El presidente Diego ha destacado que, con la presentación de esta norma, se da cumplimiento al compromiso que él mismo hizo públicamente el pasado mes de noviembre de tener aprobada para la primavera una herramienta legal que ordena “el futuro del sector eólico en esta región”, que da “seguridad jurídica” al desarrollo de esta energía de una manera -ha dicho- “perfectamente ordenada y consensuada con los agentes del sector”.
El presidente del Gobierno ha añadido que esta herramienta legal permite a Cantabria “avanzar sobre cimientos sólidos” y sobre una estructura “muy clara y muy transparente” para alcanzar el “deseable impulso de la energía eólica en la región”.

ASOCIACIÓN EÓLICA
El Gobierno ha informado de la reunión de Diego con la Asociación Eólica a posteriori, a través de un comunicado en el que afirma que el presidente de dicha asociación, Manuel Huerta, “ha expresado su satisfacción por el cumplimiento de los plazos comprometidos por el presidente Diego” para elaborar esta Ley, un texto que la asociación va a examinar para trasladar su opinión al Gobierno con “la mayor agilidad”.
El Ejecutivo añade que Huerta ha reiterado su “disposición de colaboración y de aportar experiencia y conocimiento del sector”, y que también ha destacado “la importancia de la seguridad jurídica que añade la nueva norma para que no se vuelva a entorpecer el desarrollo eólico en la región”.

NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO
El anteproyecto presentado a las empresas eólicas de la Comunidad contempla un nuevo régimen jurídico para la construcción, explotación, ampliación, modificación, transmisión y cierre de parques eólicos y regula las autorizaciones a obtener. Además, especifica que no pueden aprobarse estas instalaciones en las zonas excluidas por la planificación energética de Cantabria.
En este sentido, las mayores novedades que plantea la norma son las relativas a la construcción y ampliación de un parque eólico, para lo que será necesario autorización administrativa previa, autorización administrativa, y aprobación del proyecto de ejecución y acta de puesta de servicio.
Según explica el Gobierno, el “punto novedoso principal” está en la regulación administrativa previa, de manera que el promotor que quiera instalar un parque eólico en Cantabria presentará ante Industria su solicitud, exigiendo a las empresas que opten capacidad técnica y económica suficientes para el desarrollo posterior.
Dicha solicitud se someterá a información pública durante 30 días para que cualquiera pueda presentar solicitudes en competencia. Será una Comisión de Valoración la que proponga, con base a unos criterios objetivos, cuál es la mejor solicitud.
La regulación que la Ley realiza de este sistema ofrece, según palabras del presidente Diego, “muchas ventajas” frente a un concurso que afecta a toda la Comunidad Autónoma, tales como “no supeditar todo el desarrollo eólico a un único concurso”, una “mayor celeridad” en la tramitación, un “análisis individualizado de cada uno de los parques eólicos que se soliciten”, y la selección de la mejor propuesta mediante “criterios objetivos y fácilmente cuantificables”.
Dentro de los criterios objetivos a tener en cuenta en la selección de los proyectos, destaca la posibilidad de valorar la aportación económica que hagan los solicitantes con destino al Fondo para la Compensación Ambiental y la Mejora Energética que prevé el anteproyecto de Ley.
El Fondo se nutrirá tanto de las aportaciones económicas que los promotores de los parques eólicos ofrezcan durante el proceso de concurrencia, como del canon eólico que contempla la citada norma.

http://www.aquiconfidencial.es/es/notices/2013/02/diego_prepara_una_ley_para_adjudicar_a_dedo_los_parques_eolicos_33182.php

2013.02.09.Energías renovables. (La viabilidad del 70% de los parques eólicos españoles está amenazada)

 

9 de febrero de 2013   ENERGIAS RENOVABLES

La viabilidad del 70% de los parques eólicos españoles está amenazada

ER Sábado, 09 de febrero de 2013

La Asociación Empresarial Eólica ha presentado ante la Comisión Nacional de la Energía sus alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes que reduce los parámetros por los que se actualiza la retribución del sector. AEE afirma que esta norma infringe los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima, y deja sin viabilidad al 70% de los parques eólicos españoles. La patronal está intentando que se paralice el RDL 2/2013.

La asociación afirma en un comunicado que “está haciendo todo lo posible para que el Real Decreto-Ley 2/2013, que elimina la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima (lo que afecta a más del 80% de los parques eólicos españoles), se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría modificar aspectos injustificados y perniciosos para el sector”. Para ello, ha pedido una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y ha enviado una carta tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a todas las autoridades que pueden tener algo que decir al respecto.

En sus alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes, AEE argumenta que las empresas de energía eólica efectuaron sus inversiones al amparo del Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior tomando en consideración los costes asociados a cada una de las tecnologías del régimen especial, garantizando siempre unas tasas de rentabilidad razonable. El mismo principio de rentabilidad razonable se consagra en la propia Ley 54/1997 del sector eléctrico. “Sin embargo –mantiene AEE– ninguno de estos principios se ha respetado al fijar los valores que se incluyen en la propuesta de orden, ya que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los parques eólicos se reducirá en unos 400 puntos básicos. Ello vulnera además el principio de confianza legítima, lo que contribuirá a alejar la inversión del sector y del país.”

La patronal aduce que “el cambio del índice de actualización de la retribución propuesto supone un caso de retroactividad pura o propia, al aplicarse desde el 1 de enero de 2013, por lo que vulnera los derechos adquiridos de las empresas, e implica una importante reducción en la retribución, con la consiguiente inseguridad jurídica”. Recuerda, asimismo, que “la financiación de los parques por entidades de crédito se realiza teniendo en cuenta el índice de precios al consumo y la aplicación de un nuevo indicador -la inflación subyacente-, y de la reducción de los parámetros supondrá una menor generación de caja, lo que pone en riesgo la capacidad de las empresas para hacer frente a sus obligaciones de pago. Cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad”.

La justificación de la Propuesta de Orden se basa en el impacto de la eólica en el déficit de tarifa, lo que, según AEE, no se sustenta en un análisis objetivo. “El Gobierno no ha tenido en cuenta dos factores importantes: el primero, que en 2013 el sector eólico ya iba a contribuir a bajar el déficit tarifario, como consecuencia de la finalización de la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 661/2007, que supone que todos los parques pasaban el pasado 31 de diciembre a uno de los regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661/2007. Esto implica que las primas al sector iban a disminuir en aproximadamente 100 millones de euros en el año sin necesidad de nuevas medidas. Tampoco se tiene en cuenta que en 2013 la eólica generó el 47% de la electricidad del Régimen Especial y percibió tan solo el 23% de las primas”.

Por todos estos motivos, AEE opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son inaceptables, y debería reconsiderarlas ya que hacen más daño que los beneficios que generan.

AEE “está estudiando todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como europeo, para ir contra unas normas que ponen en serio peligro al sector eólico, y que tendrán como consecuencia el cierre de fábricas y la destrucción de empleo”. Según los cálculos de AEE, el impacto de estas medidas, sumado al del nuevo impuesto del 7% sobre la generación, mermará los ingresos del sector en unos 600 millones de euros sólo en 2013. “Sin duda ­–concluye la patronal– a eólica es la tecnología más afectada por las medidas del Gobierno”.

http://www.energias-renovables.com/articulo/la-viabilidad-del-70-de-los-parques-20130209

2013.02.04. El correo gallego. (Suspensión del concurso eólico)

El TSXG valida la suspensión del concurso eólico del bipartito

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EFE  | 18.20h.

La Xunta de Galicia ha informado hoy de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que valida la suspensión del concurso eólico del anterior Gobierno de coalición decidida por el Gobierno del PP en agosto de 2009.
La decisión del alto tribunal gallego, subraya la Xunta, respalda su actuación, al suspender el procedimiento iniciado por el anterior Gobierno, decisión que luego fue refrendada, cuatro meses después, con la aprobación de la Ley eólica de Galicia.
De hecho, subraya el Ejecutivo gallego en su nota, el fallo judicial refleja que resulta conforme a la jurisprudencia la suspensión del procedimiento de autorización para instalar parques eólicos en la necesidad de “evitar situaciones consolidadas o consolidables incompatibles con una nueva regulación legal”.
Pese a que la resolución de agosto de 2009 de suspender el concurso eólico quedó superada por la aprobación de la ley, que acordó expresamente el desestimiento de los procedimientos asociados al concurso del anterior Gobierno, la nueva sentencia, sumada a otra resolución judicial que otorga constitucionalidad al canon eólico, “ratifica y avala una vez más la seguridad jurídica” del actual concurso.
La Xunta concluye que sigue avanzando en la tramitación administrativa del concurso y “seguirá defendiendo al sector eólico gallego y su desarrollo”.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/tsxg-valida-suspension-concurso-eolico-bipartito/idEdicion-2013-02-04/idNoticia-789717/

2013.02.03. Faro de Vigo y otros. (Recortes a las renovables)

Faro de Vigo 3 de febrero de 2013

El sector eólico gallego fija en 45 millones las pérdidas por la supresión de las primas

La patronal da “por muerto” el concurso gallego y reclama a la Xunta un nuevo proyecto sectorial – Las empresas dejarán de ingresar 600 millones en 2013, y 90 solo en Galicia

03.02.2013 | 00:00

L. GRAÑA – VIGO

“Mazazo definitivo”, “golpe mortal” o “desastre absoluto”. El sector eólico no ahorra en calificativos para arremeter contra la decisión del Gobierno de suprimir las primas a las renovables. Iniciativa aprobada vía Real Decreto -publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado- y que es un arma de doble filo. Primero, porque obliga a las empresas a elegir entre vender la electricidad directamente al mercado (ahora ya sin primas) o acudir a la tarifa regulada. Y segundo, porque los incentivos (la revisión en las actividades reguladas) se desvinculan por completo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto último implica que los incentivos a las renovables subirán menos que el IPC anual, lo cual se traduce en un recorte de este tipo de primas. La combinación de ambas decisiones se traduce en pérdidas “inmediatas” por unos 45 millones de euros para el sector eólico gallego solo para 2013, según fuentes de la patronal.

La Asociación Empresarial Eólica cifró este viernes en 600 los millones que dejará de ingresar el sector solo en 2013 como consecuencia de varias decisiones que ha tomado el Ministerio de Industria en los últimos meses. A lo publicado ayer en el BOE hay que sumar “medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% a la generación”. Teniendo en cuenta que la potencia instalada en Galicia representa algo más del 15% en todo el Estado, las empresas perderán unos 90 millones de euros en la facturación.

Nuevo plan sectoria

“El concurso eólico está muerto, estamos esperando a que la Xunta se pronuncie y haga algo”, indicaron a FARO fuentes del sector. La Consellería de Industria eludió ayer, no obstante, ofrecer alguna valoración a la decisión del ministro José Manuel Soria. “Queremos que hable el conselleiro y modifique la ley eólica para quitar esa especie de impuesto feudal (por el canon eólico, avalado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) y proponga un nuevo proyecto sectorial”, reclaman desde las empresas eólicas gallegas.

El sector, no obstante, cree que ahora “sería el momento para consensuar el futuro” de la energía eólica gallega. Pero, dada la “incertidumbre actual” y el vendaval de crisis económico, ya no hablan de reactivarlo de forma inmediata sino de “reconvertirse para cuando vengan tiempos mejores”.

A nivel estatal las sensaciones no son más halagüeñas. “Es un nuevo despropósito, un desastre”, condena el secretario de la Fundación Renovables, Sergio de Otto. “El Gobierno sigue dando bandazos y las renovables no son las culpables de la mala regulación del sistema eléctrico español”, agrega. De Otto se lamenta de cuando España era “la envidia del mundo en cuanto a la implantación de renovables, y ahora todos progresan y esta nueva medida amenaza seriamente la viabilidad de muchos parques”.

Los propietarios de las parcelas de monte eólico (de la Asociación Ventonoso) alertan que muchas “pequeñas empresas” irán “a la quiebra. “Se va a llenar el monte de chatarra eólica”, sentencian.

http://www.farodevigo.es/economia/2013/02/03/sector-eolico-gallego-fija-45-millones-perdidas-supresion-primas/751437.html

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Faro de Vigo 3 de febrero de 2013

Los propietarios de los terrenos ya sufren retrasos en los pagos del alquiler

03.02.2013 | 00:00

La Asociación Ventonoso acoge a propietarios de terrenos eólicos en Galicia. Su responsable, José Antonio Diéguez, asegura que la nueva normativa energética (la quinta en el último año) del Ministerio de Industria les afectará frontalmente. “Lo que va a pasar es que muchos promotores no van a rentabilizar su inversión y empezarán a no pagar las rentas”, avisa. De hecho asegura que “muchos propietarios” ya han sufrido retrasos en los pagos del alquiler en los últimos meses.
“Esto va a ser como con los pisos. A las promotoras eólicas no le van a dar las cuentas y no serán capaces de pagar la hipoteca”, agrega. Por eso Diéguez reconoce que los propietarios de las tierras donde se asientan los aerogeneradores volverán a sufrir de nuevo otro parón en el desarrollo del sector. “Las empresas que vayan a la quiebra van a dejar los molinos en chatarra en el monte. ¿Los va a retirar la Xunta?”, se pregunta. Asegura José Antonio Diéguez que los avales entregados por las eólicas fueron “de risa”, lo que no garantizaría -en caso de suceder- una retirada efectiva de la “chatarra eólica” de los montes gallegos.
Diéguez aplica la misma lógica para el sector termosolar, gran consumidor de primas eólicas a la generación (compensación que se entrega por la contribución a la lucha contra el cambio climático). “Ahora dejan al desnudo a todo el mundo, sin alternativa para salir adelante y sin seguridad jurídica que atraiga inversores”.

http://www.farodevigo.es/economia/2013/02/03/propietarios-terrenos-sufren-retrasos-pagos-alquiler/751439.html

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Faro de Vigo 3 de febrero de 2013

La Comisión Nacional de la Energía avala a Soria

03.02.2013 | 00:00

La decisión de desvincular las primas del IPC no es algo nuevo ya que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) avaló esta iniciativa en un informe el pasado año. El Ejecutivo acaba de dictar que, en vez de usar el índice de precios general, tomará como referencia el que no incluye los precios energéticos ni las subidas de impuestos (el IVA, especialmente). El IPC cerró octubre en el 3,1%, pero el IPC a impuestos constantes (la nueva referencia) lo hizo dos puntos por debajo.
La propuesta de la CNE era la siguiente: “Dado que el IPC estimado para 2011 en la revisión de las primas de 2012 fue el 3,01%, correspondería ahora reducirlas en esta misma proporción, lo cual llevaría a un ahorro en la tarifa de acceso de 2012 de 209 millones de euros, sin perjuicio de que se mantuviese la indexación a los precios de los combustibles en el caso de la cogeneración o de los residuos”. En base a sus cálculos, el impacto acumulado por este recorte superaría los 3.000 millones de euros a finales de 2016.
Las empresas eólicas se someterán ahora al sistema de tarifa reducida a menos que quieran vender directamente al mercado. Esta opción la deshecha la industria. ¿Por qué? Fuentes del sector explican que, hasta ahora, la venta directa al mercado (precio normal más prima) suponía ingresar unos 100 euros por megawatio (MW), aunque “ahora ha bajado ya un poco, en torno a los 80 euros”. El precio de mercado, de en torno a 50 euros MW, depende de las subastas. “Si Unesa -que es la patronal de las grandes energéticas- echa abajo el precio del precio de la energía, acudir a mercado es insostenible”, indican las mismas fuentes.
Según la asociación eólica española (AEE), “en 2013 la cantidad total de primas que el sector percibiría respetando la normativa a actual sería de unos 1.950 millones, según los cálculos de AEE, una cantidad muy similar a la recibida en 2012”. En su opinión, las nuevas medidas “retroactivas son la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial”.

http://www.farodevigo.es/economia/2013/02/03/comision-nacional-energia-avala-soria/751438.html

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REVE 3 de febrero de 2013

La Asociación Empresarial Eólica cifra en 600 los millones que dejará de ingresar el sector eólico en 2013

3 febrero, 2013

REVE

El sector eólico gallego fija en 45 millones las pérdidas de los propietarios de aerogeneradores y parques eólicos por la supresión de las primas.

La Asociación Ventonoso acoge a propietarios de terrenos eólicos en Galicia. Su responsable, José Antonio Diéguez, asegura que la nueva normativa energética (la quinta en el último año) del Ministerio de Industria les afectará frontalmente. “Lo que va a pasar es que muchos promotores no van a rentabilizar su inversión y empezarán a no pagar las rentas”, avisa. De hecho asegura que “muchos propietarios” ya han sufrido retrasos en los pagos del alquiler en los últimos meses. “Esto va a ser como con los pisos. A las promotoras eólicas no le van a dar las cuentas y no serán capaces de pagar la hipoteca”.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) tomará “todas las acciones legales a su alcance” contra los “inaceptables” recortes al sector eólico aprobados este viernes por el Consejo de Ministros y, a la espera
de reconocer en detalle el nuevo real decreto ley, lamenta la “absoluta falta de diálogo con el Gobierno”.

El sector eólico considera inaceptables las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Ministros en relación al sector. Aunque no ha tenido acceso al texto del Real Decreto-Ley y no conoce su contenido en detalle, dada la absoluta falta de diálogo con el Gobierno, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que el paso de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada eliminando el resto de posibilidades que contempla la normativa, así como la reducción de los parámetros con los que se actualizan las primas, ponen al sector eólico en una situación insostenible.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cifrado hoy en 300 millones el impacto que tendrán las medidas aprobadas por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, y ha amenazado con emprender “todas las acciones legales a su alcance”.

Estas medidas retroactivas aprobadas hoy son la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial. Debido a la incertidumbre regulatoria, ya se ha destruido el 40% del empleo generado por el sector en España, una tendencia que continuará si el Gobierno no le pone remedio.

Se trata de medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007, por lo que el sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo. Asimismo, van en contra del espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004.

Estas medidas han llegado además en un momento en el que el sector está intentando por todos los medios abrir, sin éxito, un diálogo constructivo con el Gobierno para plantear su futuro. La Ley del Sector Eléctrico establece claramente que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad. Y lo que es más grave, indica que toda norma deberá respetar el principio de rentabilidad razonable, contra el que estas medidas atentan claramente.

La mayor parte de los parques eólicos españoles (más del 80%) se encuentra ahora mismo acogido a la opción de percibir una retribución que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007. Tener que optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada (la posibilidad de ir a mercado sin prima también existe, pero es inviable con los precios presentes del mercado y las previsiones futuras) supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones. Ello vulnera, una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las empresas y aleja la inversión del país.

En la misma línea, el hecho de que los incentivos pasen a actualizarse en base a la inflación subyacente (que no incluye ni los productos energéticos ni los alimentos no elaborados) a impuestos constantes en vez del IPC supondrá de facto una reducción de la retribución, en vez del aumento del que habla el Gobierno. Cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico, tuvieron en cuenta los costes operativos, los costes de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años. Por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de 20 años es crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable.

La suma de las dos medidas aprobadas hoy tendrá un impacto de unos 300 millones de euros para las empresas eólicas en 2013.

El sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% a la generación. Si a todo ello se le añaden ahora medidas retroactivas, se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado –de modo que muchos parques pasarían a los balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario- y supone una fuerte pérdida de competitividad. Se trata de una decisión grave que tendrá impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima. En total, el sector verá reducidos sus ingresos en unos 600 millones de euros este año, lo que representa alrededor del 15% de su facturación.

Además, en 2013 la cantidad total de primas que el sector percibiría respetando la normativa a actual sería de unos 1.950 millones, según los cálculos de AEE, una cantidad muy similar a la recibida en 2012.

http://www.evwind.com/2013/02/03/la-asociacion-empresarial-eolica-cifra-en-600-los-millones-que-dejara-de-ingresar-el-sector-eolico-en-2013/

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Energías renovables 3 de febrero de 2013

El ejecutivo recrudece su ofensiva anti renovables

Domingo, 03 de febrero de 2013

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha difundido un comunicado en el que critica duramente las “medidas retroactivas” anunciadas tras el último consejo de ministros, medidas que podrían acabar con los parques eólicos en manos de la banca. Más aún: según la patronal eólica, el real decreto presentado el pasado viernes “puede suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial”. [En la imagen, central térmica de As Pontes (Endesa); quema gas natural].

El oscurantismo y la sinrazón han alcanzado su cénit en el último consejo de ministros. El ejecutivo, por boca del titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presentado este viernes un real decreto que puede acabar con buena parte del parque eólico nacional en manos de los bancos. Eso es lo que apunta la Asociación Empresarial Eólica en su último comunicado, en el que valora la medida anunciada por Soria como “la gota que colma el vaso”. Según la AEE, “el sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% [la Tasa Soria] a la generación; si a todo ello se le añaden ahora medidas retroactivas [como las ahora aprobadas], se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado, de modo que muchos parques pasarían a los balances de la banca y promotores de forma similar a lo ocurrido en el sector inmobiliario”.
Nada de consultar
La AEE se queja, primero, del oscurantismo con el que el gobierno ha elaborado la medida. La asociación asegura que ni siquiera ha tenido acceso al texto del Real Decreto-Ley. En ese sentido, y según la patronal eólica, el gobierno estaría además violando la ley: “la Ley del Sector Eléctrico establece claramente [véase página 22] que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad“. Más allá de las formas, que encajan con la oscuridad informativa que el gobierno está imponiendo -comparecencias televisadas, prohibición de preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa-, la AEE indica en su comunicado que lo más grave es que estas medidas “atentan claramente contra el principio de rentabilidad razonable” (páginas 53 y 142 de la Ley del Sector Eléctrico). Según la asociación, “el sector verá reducidos sus ingresos en unos 600 millones de euros este año, lo que representa alrededor del 15% de su facturación”.
De la ley y de las trampas
Entre las medidas aprobadas el viernes, una llama poderosamente la atención elevándose hacia el absurdo más absoluto. La AEE lo explica así: “cuando las empresas del sector se plantearon en su día promover un proyecto eólico, tuvieron en cuenta los costes operativos, los costes de inversión y la retribución a percibir durante los siguientes 20 años; por ello, la actualización de la retribución a percibir en un escenario de 20 años es crítica y, en muchos casos, clave para que un proyecto sea viable”. Los inversores, pues, tuvieron en cuenta la letra de la ley, que decía que los incentivos se actualizarían conforme al IPC. Pues bien, el gobierno ahora dice que los incentivos pasan a actualizarse en base a la inflación subyacente, que no incluye ni los alimentos no elaborados… ni los productos energéticos: léanse el gas y el petróleo, cuyo precio es cada vez más elevado. Pues bien, el gobierno saca a los productos energéticos de la ecuación y asunto resuelto.
Subida conforme al IPC, pero sin contar con los precios del gas
El otro hachazo al sector consiste en que todos los parques eólicos en funcionamiento están a partir de ahora obligados a pasar “a la opción de tarifa regulada, eliminando el resto de posibilidades que contempla la normativa”. La AEE lo explica así: “la mayor parte de los parques eólicos españoles (más del 80%) se encuentra ahora mismo acogido a la opción de percibir una retribución que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007; tener que optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones”. La AEE reconoce que la posibilidad de ir a mercado sin prima también existe, pero asegura que ella “es inviable con los precios presentes del mercado y las previsiones futuras”.
Terrorismo de estado
La medida ahora aprobada vuelve a sembrar el terror entre los inversores, cuya confianza en el estado español ya estaba muy afectada como consecuencia de los varios ajustes retroactivos que el ejecutivo ha aprobado en los dos últimos años. Así las cosas, y según la AEE, todo ello “vulnera, una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las empresas y aleja la inversión del país”. La medida va más allá en todo caso del sector eólico, según la asociación: “se trata de una decisión grave que tendrá impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima”. La AEE considera, en fin, que ambas medidas –paso obligado de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada y la modificación del criterio de actualización de las primas– ponen al sector eólico “en una situación insostenible”.
La quiebra de la seguridad jurídica
La AEE considera, en fin, que estas medidas “quiebran la seguridad jurídica”, pues no solo “van en contra del espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004“, sino que, además, “vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007”. Por todo ello, la asociación ya ha anunciado que “pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo”. Todo ello sucede en mitad de una crisis de corrupción que afecta a las esferas más altas del gobierno. El ejecutivo, entre tanto, sigue sostenido por la más formidable mayoría absoluta jamás cosechada por el Partido Popular, una mayoría parlamentaria que contrasta extraordinariamente con el vertiginoso descenso de popularidad que está experimentando el Gobierno Rajoy. Según una encuesta publicada ayer por el diario El País, la intención de voto al Partido Popular habría descendido del 46,3% registrado en marzo de 2012 al 23,9% a día de hoy.

http://www.energias-renovables.com/articulo/el-ejecutivo-recrudece-su-ofensiva-anti-renovables-20130203

2012.02.02. Decreto del BOE que reduce las primas a las renovables.

Lee el decreto del BOE que reduce las primas a las energías renovables (eólica, fotovoltaica y termosolar)

2 febrero, 2013

La eólica tomará “todas las acciones legales a su alcance” contra los nuevos recortes al sector eólico.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha rechazado las medidas anunciadas por el Gobierno para equilibrar el sistema eléctrico, ya que la modificación del método de actualización de las tarifas “conlleva la reducción de la retribución de la producción eléctrica fotovoltaica y aumenta el número de instalaciones condenadas a la insolvencia”.

En un comunicado, la UNEF señala que, de acuerdo con el Real Decreto 661/2007, la tarifa fotovoltaica se iba a actualizar en 2013 en función del IPC -0,5 puntos, que suponía un 2,975%, mientras que con la decisión del Gobierno  la actualización “se queda en -0,028%”, por lo que las instalaciones “cobrarán menos”.
Así, asegura que este nuevo ajuste, “acometido con total ausencia del diálogo, no hace otra cosa que empeorar una situación dramática en la que decenas de miles de inversores en energía fotovoltaica están atrapados por haber confiado en la seguridad jurídica del Reino de España”.
La asociación también recuerda que el sector fotovoltaico “ya soporta” un recorte retributivo aprobado por el anterior Gobierno del 30% durante los años 2011, 2012 y 2013, que, a partir de ese momento, se queda en el 10% durante el resto de vida útil de las instalaciones, al que se suma el impuesto del 7% a la generación que se aprobó en diciembre y que la fotovoltaica asume directamente.
De esta manera, afirma que, sólo con la aplicación de esos dos recortes, un número “muy significativo” de plantas entrarán en suspensión de pagos durante este año, obligando a sus propietarios a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o, si no pueden hacerlo, a entregar su instalación a la entidad financiera.

La eólica tomará “todas las acciones legales a su alcance” contra los nuevos recortes al sector
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) tomará “todas las acciones legales a su alcance” contra los “inaceptables” recortes al sector aprobados este viernes por el Consejo de Ministros y, a la espera de reconocer en detalle el nuevo real decreto ley, lamenta la “absoluta falta de diálogo con el Gobierno”.
Para la asociación, el paso de todos los parques eólicos en funcionamiento a la opción de tarifa regulada y la eliminación del resto de posibilidades que contempla la normativa, así como la reducción de los parámetros con los que se actualizan las primas, “ponen al sector eólico en una situación insostenible”.
“Se trata de medidas que vulneran tanto la Ley del Sector Eléctrico como la normativa por la que se rige la eólica, el Real Decreto 661/2007, por lo que el sector pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance, tanto en España como a nivel europeo”, afirma en un comunicado, en el que también denuncia que se contraviene el espíritu de la regulación anterior, el Real Decreto 436/2004.

Las medidas llegan además “en un momento en el que el sector está intentando por todos los medios abrir, sin éxito, un diálogo constructivo con el Gobierno para plantear su futuro”.
La propia Ley del Sector Eléctrico establece “claramente” que los cambios normativos deberán hacerse consultando previamente a los actores implicados, así como pasar por el Consejo Consultivo de la Electricidad, señala.
Además, “y lo que es más grave”, las medidas aprobadas hoy “atentan claramente” contra el principio de rentabilidad razonable, afirma la asociación presidida por Rocío Sicre.
Más del 80% de los parques eólicos se encuentra acogido a la opción de percibir una retribución que supone cobrar el precio de mercado más una prima, una de las posibilidades que se contemplan en el Real Decreto 661/2007.
“Tener que optar obligatoriamente por percibir una tarifa regulada supone alterar por completo las condiciones con que las empresas hicieron las inversiones en su día, acogiéndose a una ley que nunca se imaginaron que pudiese cambiar durante la vida de las instalaciones”, afirma.
Esta circunstancia “vulnera, una vez más, la seguridad jurídica y quiebra el principio de confianza legítima en España, lo que trae consigo la pérdida de valor de las empresas y aleja la inversión del país”, asegura.
La AEE carga también contra el nuevo modelo de revisión de primas conforme al IPC subyacente y a precios constantes, lo que “supondrá de facto una reducción de la retribución, en vez del aumento del que habla el Gobierno”.

RECORTES Y DEUDA.
El sector ya se ha visto seriamente afectado por medidas como la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o el nuevo impuesto del 7% a la generación.
“Si a todo ello se le añaden ahora medidas retroactivas, se pone en riesgo el pago de la deuda de un sector fuertemente apalancado y supone una fuerte pérdida de competitividad”, sostiene.
La decisión es, por tanto, “grave” y tendrá “impacto no sólo en el sector, sino en el país entero, al condicionar las futuras decisiones de inversión por la vulneración del principio de confianza legítima”, sostiene.
En suma, los eólicos consideran que las medidas “retroactivas” aprobadas hoy son “la gota que colma el vaso y pueden suponer el desmantelamiento definitivo de la industria eólica en España, una industria que crea valor en toda la cadena de suministro y es un referente a nivel mundial”.

La termosolar, “destrozada” por la “expropiación forzosa” del Gobierno
Las últimas medidas de no revisión conforme al IPC de las primas a las renovables y de eliminación de la posibilidad de recibir prima más precio de mercado “acaban de destrozar” el sector termosolar y suponen una “expropiación forzosa sin pagar”, afirmó el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, en declaraciones a Europa Press.
Crespo aseguró que el sector se encuentra “indefenso” y “sin capacidad de recurso efectivo” ante las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno, que, sumadas a los anteriores recortes a la termosolar, “vulneran todo lo vulnerable” y suponen un “atropello” para esta tecnología.
“Ya han llamado los fondos internacionales. Si estaban desconcertados y enfadados con las medidas anteriores, ya no pueden dar crédito a lo que está haciendo el Gobierno”, señaló el secretario general de la asociación.
Crespo también calificó de “sarcástico y lamentable” que el Ejecutivo defienda la seguridad jurídica para las inversiones españolas en Bolivia o Argentina y, al mismo tiempo, “cambie las reglas de juego” y aplique unas condiciones “retroactivas” y “discriminatorias” a la termosolar en España.
La apuesta por las plantas solares en España, recordó, responde a planes de inversión “nacionales y extranjeros de nivel muy elevado”, cuyos promotores se ven ahora ante medidas que “vulneran todo lo vulnerable”, incluida la Carta de la Energía de protección de inversiones internacionales.

“DESPRECIO A LAS EMPRESAS”
Junto a esto, Crespo lamentó que el Gobierno no haya dialogado con la termosolar y, en las ocasiones en que ha citado a sus representantes, haya sido “para nada”. “Hay una ausencia completa de diálogo y un desprecio a las empresas” del sector, lamentó.
“El resultado es que se ha destruido completamente al sector termosolar, que podría haber sido la bandera de la marca España. Ahora lo acaban de destrozar”, añadió.
“Sin ser la responsable del déficit de tarifa”, la termosolar tiene que afrontar en 2013 el nuevo impuesto del 7% a la producción, el recorte de primas por el apoyo de gas a la generación eléctrica, la no revisión conforme IPC de los incentivos y el nuevo modelo de tarifa fija, señaló Crespo.

http://www.evwind.com/2013/02/02/boe-publica-el-decreto-que-reduce-las-primas-a-las-energias-renovables-eolica-fotovoltaica-y-termosolar/

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Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Publicado en:

Boletín Oficial del Estado, núm. 29 de 2 de febrero de 2013, páginas 9072 a 9077 (6 págs.)

Sección:

I. Disposiciones generales

Departamento:

Jefatura del Estado

Referencia:

BOE-A-2013-1117

TEXTO

La principal fuente de ingresos del sistema eléctrico que sirve para financiar las diferentes partidas de costes, son los peajes de acceso aplicados a los consumidores finales de electricidad.

En los últimos años, la evolución expansiva de las partidas de costes del sistema eléctrico ha venido provocando la aparición de desajustes entre dichos costes y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados. Con objeto de corregir los desajustes, durante el año 2012 se adoptaron una serie de medidas de carácter urgente que afectaban a ambas partidas.

Entre las medidas adoptadas, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determina que los costes del sistema serán financiados tanto con los ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás precios regulados, como de las correspondientes partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.

Los datos comunicados por la Comisión Nacional de Energía en su informe 35/2012, de 20 de diciembre, sobre la propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, ha puesto de manifiesto la aparición de nuevas desviaciones en las estimaciones de costes e ingresos motivadas por distintos factores, tanto para el cierre de 2012 como para 2013 que, en el contexto económico actual, harían casi inviable la cobertura de los mismos con cargo a los peajes eléctricos y a las partidas previstas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.

Estas desviaciones se deben en gran medida a un mayor crecimiento del coste del régimen especial por un incremento en las horas de funcionamiento superior a las previstas y por un incremento de los valores retributivos por su indexación a la cotización del Brent, y a una minoración de los ingresos por peajes por una caída de la demanda muy acusada que se consolida para este ejercicio.

La alternativa que se plantea sería un nuevo incremento de los peajes de acceso que pagan los consumidores eléctricos. Esta medida afectaría de manera directa a las economías domésticas y a la competitividad de las empresas, ambas en una delicada situación dada la actual coyuntura económica.

Ante este escenario, el Gobierno ha considerado para paliar este problema la adopción de determinadas medidas urgentes de reducción de costes que eviten la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores, contribuyendo a que éstos, mediante el consumo y la inversión, puedan colaborar también a la recuperación económica.

En la normativa de este sector, determinadas metodologías de actualización de la retribución de las diferentes actividades del sector eléctrico están ligadas a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), en el cual podrían influir las variaciones impositivas, especialmente relevantes en el pasado año. No resulta adecuado que el incremento de un tributo provoque a su vez incrementos en las retribuciones reguladas del sector eléctrico, cuyos costes no están directamente relacionados con la imposición directa sobre el consumo.

Por consiguiente, a fin de utilizar un índice más estable que no sea vea afectado por la volatilidad de los precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso doméstico, se establece que todas aquellas metodologías de actualización de retribuciones que se encuentren vinculadas al IPC, sustituyan éste por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

Por otro lado, teniendo en cuenta la volatilidad del precio del mercado de producción, la opción de retribución de la energía generada en régimen especial de prima que complemente dicho precio, hace difícil cumplir el doble objetivo de garantizar una rentabilidad razonable para estas instalaciones, y evitar al mismo tiempo una sobre-retribución de las mismas, que recaería sobre los demás sujetos eléctricos. Por ello, es necesario que el régimen económico primado se sustente únicamente en la opción de tarifa regulada, sin perjuicio de que los titulares de las instalaciones puedan vender su energía libremente en el mercado de producción sin percibir prima.

Teniendo en cuenta que tanto la modificación que afecta a las metodologías de retribución de actividades vinculadas al IPC, como la relativa a las instalaciones del régimen especial tiene un impacto económico en los costes que deben ser financiados con los ingresos del sistema eléctrico, es necesario que estas medidas se adopten con carácter de urgencia por cuanto resulta imprescindible para la elaboración del escenario presupuestario anual que incluirá la orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo por la que se aprueban los peajes de acceso a las redes que debe aprobarse de manera inmediata para este ejercicio.

Asimismo, dichas medidas deben adoptarse a la mayor brevedad al objeto de evitar que a lo largo del año 2013 se produzcan modificaciones en los escenarios de costes previstos, que producirían distorsiones sobre las hipótesis tenidas en cuenta en la referida orden.

Por todo lo expresado anteriormente, en la adopción del conjunto de medidas que a continuación se aprueban concurren las exigencias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas por el artículo 86 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Extraordinaria y urgente necesidad derivadas de las razones ya mencionadas de protección a los consumidores en un contexto de crisis económica, y garantía de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, y cuya vigencia inmediata es imprescindible para que la modificación normativa pueda tener la eficacia que se pretende.

Por otro lado, de cara a la formulación antes del 31 de marzo de este año, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 de las entidades aseguradoras que han participado en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), se aborda la regulación de la inversión de las entidades aseguradoras en valores o derechos mobiliarios emitidos por la SAREB.

En concreto, desde el punto de vista de la cobertura de las provisiones técnicas, se procede a incluir entre los activos aptos para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras a estos activos emitidos por la SAREB, y se establecen las normas para su valoración y los límites para su cómputo previéndose que, en ningún caso, el importe a computar excederá del 3% de las provisiones técnicas a cubrir.

A su vez, desde el punto de vista del tratamiento de estas inversiones en el margen de solvencia de las entidades aseguradoras, se aborda el tratamiento de las plusvalías y minusvalías derivadas de activos emitidos por la SAREB en el margen de solvencia, previéndose que no se computarán con signo positivo las plusvalías no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de activos emitidos por la SAREB y que no se deducirán con signo negativo las minusvalías no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de activos que hayan sido emitidos por la SAREB.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2013,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Ajustes en determinados costes del sector eléctrico

Artículo 1. Actualizaciones de retribuciones de actividades del sistema eléctrico vinculadas al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, en todas las metodologías que, estando vinculadas al Índice de Precios de Consumo, rigen la actualización de las retribuciones, tarifas y primas que perciban los sujetos del sistema eléctrico por aplicación de la normativa sectorial, se sustituirá dicho índice por el Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

Artículo 2. Modificación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, queda modificado como sigue:

Uno. En las tablas 1 y 2 del artículo 35, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh.

Dos. En la tabla 3 del artículo 36, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh y se suprimen los valores de los límites superiores y límites inferiores.

Tres. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 38, que queda redactado como sigue:

«Artículo 38. Tarifas para instalaciones de la categoría b), grupo b.2: energía eólica.

1. Para las instalaciones del subgrupo b.2.2, se establece una tarifa máxima de referencia a efectos del procedimiento de concurrencia que se regule para el otorgamiento de reserva de zona para instalaciones eólicas en el mar territorial con un valor de 14,8557c€/kWh.»

Cuatro. El artículo 39 queda redactado como sigue:

«Artículo 39. Tarifas para instalaciones de la categoría b), grupo b.3: geotérmica, de las olas, de las mareas, de las rocas calientes y secas, oceanográfica, y de las corrientes marinas.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36, para las instalaciones del grupo b.3, se podrá determinar el derecho a la percepción de una tarifa, específica para cada instalación, durante los primeros quince años desde su puesta en servicio.

El cálculo de esta tarifa para cada instalación se realizará a través de los datos obtenidos en el modelo de solicitud del anexo VIII.»

Cinco. En la tabla 4 del artículo 42, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los grupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh.

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 46, que queda redactado como sigue.

«1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria octava, las instalaciones térmicas de régimen ordinario, podrán utilizar como combustible adicional biomasa y/o biogás de los considerados para los grupos b.6 y b.7 en los términos que figuran en el anexo II.

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta con las Comunidades Autónomas, podrá determinarse el derecho a la percepción de una tarifa, específica para cada instalación, durante los primeros quince años desde su puesta en servicio.

El cálculo de esta tarifa para cada instalación se realizará a través de los datos obtenidos en el modelo de solicitud del anexo VI.

La tarifa sólo se aplicará a la parte proporcional de energía eléctrica producida atribuible a la biomasa y/o biogás sobre el total de la energía producida por la instalación, en base a la energía primaria.»

Siete. Se modifica el artículo 47, que queda redactado como sigue.

«Artículo 47. Instalaciones que estuvieran sometidas al régimen previsto en el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las Empresas gestoras del servicio.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá determinar el derecho a la percepción de una tarifa, para aquellas instalaciones, de potencia igual o inferior a 10 MW, que a la entrada en vigor de la referida Ley del Sector Eléctrico hubiera estado sometida al régimen previsto en el Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se determina la tarifa eléctrica de las Empresas gestoras del servicio, cuando realice una inversión suficiente en la misma con objeto de aumentar la capacidad de producción de energía eléctrica.

Para ello, el titular de la instalación deberá dirigir una solicitud a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, adjuntando un proyecto técnico-económico que justifique las mejoras a ejecutar y la viabilidad de la misma. Dicha Dirección General formulará una propuesta de resolución, previo informe de la Comisión Nacional de Energía otorgando, en su caso, el derecho a la percepción de una tarifa, y fijando la cuantía de la misma.»

Ocho. Se suprime el apartado 3 de la disposición transitoria séptima.

Nueve. Se modifica el segundo párrafo de la disposición transitoria décima, que queda redactado como sigue:

«Estas instalaciones estarán inscritas en el subgrupo a.1.3 del artículo 2, siendo el valor de la tarifa 14,6773 cent€/kWh, en lugar de la contemplada en el artículo 35 para estas instalaciones, a percibir durante un periodo máximo de 15 años desde su puesta en marcha.»

Diez. Se modifica el primer párrafo del anexo VIII, que queda redactado como sigue:

«Para la solicitud de la tarifa específica por kWh a la que se refiere el artículo 39, se presentará un anteproyecto que describa de forma exhaustiva la instalación, donde al menos se desarrollen los apartados que se listan a continuación.»

Artículo 3. Elección de opción de venta de energía a mercado.

Aquellas instalaciones de régimen especial que a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley opten por vender su energía de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, no podrán acogerse con posterioridad al cambio de opción previsto en el apartado 4 del artículo 24 de dicho real decreto.

Artículo 4. Instalaciones adjudicatarias del concurso de instalaciones de tecnología solar termoeléctrica de carácter innovador.

A las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, les será de aplicación la retribución fijada en la correspondiente resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se resuelve el procedimiento de concurrencia competitiva.

Los valores de la prima y los límites superior e inferior aplicables se calcularán a partir de los valores para las instalaciones solares termoeléctricas de 50 MW publicados en la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, reducidos en el porcentaje que se indique en la citada resolución, los cuales serán actualizados según lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Asimismo, a estas instalaciones les serán de aplicación el resto de requisitos y consideraciones previstas con carácter general para las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica.

CAPÍTULO II

Modificaciones en materia financiera

Artículo 5. Aplicación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en relación al régimen de cobertura de provisiones técnicas y margen de solvencia de las acciones ordinarias y deuda subordinada emitida por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

A efectos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, los valores o derechos mobiliarios emitidos por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se valorarán por su coste o coste amortizado tal y como se define en el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras. Estos activos se considerarán aptos para la cobertura de provisiones técnicas, no excediendo el límite a computar del 3% de las provisiones técnicas a cubrir. A efectos del margen de solvencia no se computarán las plusvalías o minusvalías no realizadas, contabilizadas o no, derivadas de estos activos.

Disposición adicional única. Instalaciones de régimen especial acogidas a la opción de venta a mercado.

1. A aquellas instalaciones de régimen especial que entre el 1 de enero de 2013 y la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley hubieran vendido su energía durante algún periodo de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, les será liquidada la prima por la Comisión Nacional de Energía, teniendo en cuenta la energía producida en ese periodo como si hubieran estado acogidas a la opción de venta del apartado a) del referido artículo.

2. Aquellas instalaciones de régimen especial que a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley estuvieran vendiendo su energía de acuerdo con la opción b) del artículo 24.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, pasarán a estar acogidas, de manera automática y con efectos desde el 1 de enero de 2013, a la opción de venta del apartado a) del referido artículo, salvo que con anterioridad al 15 de febrero de 2013 comuniquen de forma expresa a la Dirección General de Política Energética y Minas su deseo de permanecer en la referida opción b). De hacerlo así, quedarán en lo sucesivo acogidas a dicha opción bajo las condiciones reguladas en este real decreto-ley y, por lo tanto, no podrán en ningún caso hacer uso ulterior de la facultad prevista en el apartado 4 del artículo 24 del aludido real decreto.

Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica adjudicatarias del régimen previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre.

3. Las comunicaciones de cambio de opción de venta de energía, desde la opción a) a la opción b) del artículo 24.1 que a la entrada en vigor del presente real decreto-ley no se hubieran producido, quedarán sin efecto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposición final primera. Título competencial.

1. Lo dispuesto en los artículos 1 a 4 del presente real decreto-ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente.

2. Lo dispuesto en el artículo 5 tiene carácter básico al amparo de las competencias que se atribuyen al Estado por el artículo 149.1.11.ª, relativo a las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.

Disposición final segunda. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno y a los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.

Disposición final tercera. Modificación de disposiciones reglamentarias.

Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, puedan realizarse respecto a las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley, podrán efectuarse por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

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