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2014.05.30. Cuarto Poder. (La reforma energética de Soria pone el sector de renovables en manos de bancos y ‘fondos buitre’)

30 de mayo de 2014. Cuarto poder.

La reforma energética de Soria pone el sector de renovables en manos de bancos y ‘fondos buitre’

Los productores españoles de energía fotovoltaica consiguieron este lunes que el Consejo de Estado ampliara hasta el viernes el plazo para presentar sus alegaciones al proyecto de José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, que regula la retribución a los productores de energías renovables. La inminente ley Soria recorta drásticamente las primas a las renovables, lo que va a hacer inviable la pervivencia de muchas de las pequeñas y medianas explotaciones que durante estos últimos años se han creado en España. Y los fondos buitre y los bancos ya andan al acecho para comprar a precio de saldo las instalaciones españolas. “Cotidianamente hay inversores extranjeros y fondos buitre que nos llaman para que les ayudemos a gestionar la venta de estas plantas. Nosotros nos hemos negado, por supuesto”, relata Juan Castro Gil, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

Muchos productores ya han tomado la determinación –incluso antes de que se haga definitivo el texto de la reforma– de poner sus explotaciones en manos de los bancos a cambio de la deuda pendiente. Un negocio ruinoso, ya que estas instalaciones solo alcanzan rentabilidad al cabo de 12 años de funcionamiento. Lo mismo está ocurriendo con los que apostaron por el viento, según aseguran desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE): “La Reforma Energética deja al sector en una situación complicada, en la que muchos parques no ingresarán lo suficiente para poder hacer frente a los gastos corrientes. No hay que olvidar que la eólica es la tecnología más afectada por la reforma, la que sufre mayores recortes. Es imposible predecir cuántos están en riesgo. Según les ha sucedido a los pequeños y medianos productores de fotovoltaica, los de eólica también están vendiendo sus instalaciones a los bancos al precio de la deuda que les queda por pagar”.

En 2013, España se convirtió en el primer país del mundo en producir y consumir más energía eólica que nuclear. Según los productores, la Reforma Soria va contra la tendencia internacional de apostar por energías limpias. De hecho, la AEE acaba de conceder a Barak Obama su Distinción Anual por “su decidida apuesta por la eólica, que ha multiplicado por cerca de cuatro veces la capacidad instalada en el país durante su presidencia con un importante protagonismo de las empresas españolas. De los 61.110 MW de potencia eólica con los que contaba Estados Unidos a finales de 2013 –sólo superada por China–, el 72,6% se instalaron durante la presidencia de Obama. A pesar de que a menudo se ha encontrado con la oposición tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, el presidente ha luchado en los últimos seis años para prolongar la política de exenciones fiscales a la eólica y se ha marcado ambiciosos objetivos”. Un panorama bastante diferente al que hoy se dibuja en España.

La AEE dice carecer, de momento, de datos globales sobre explotaciones en peligro e inversiones y préstamos pendientes. Anpier señala que las 72.000 plantas de fotovoltaica tienen aun pendiente una deuda cercana a los 38.000 millones de euros. Una deuda que, aseguran, buena parte de las explotaciones no podrá pagar. “La publicidad institucional que se hizo para cautivar a los inversores particulares fue un engaño extraordinario”, resume Juan Castro Gil. “Para impulsar el sector, como no había fondos estatales, se le permitió a los inversores un apalancamiento del 80%, y se le dijo a los bancos que podían avalar ese 80%. En los tres decretos al respecto que se dictaron (uno en la época de Aznar y dos en la de Zapatero), se establecía la imposibilidad de cambios futuros. Ahora mucha gente se va a ir a la ruina o se va a ver obligada a vender sus explotaciones a precios muy bajos”.

“Desde el año 2006, y con el eslogan “El sol puede ser tuyo”, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía publicitó y promovió la inversión en solar fotovoltaica, unas inversiones que han resultado ruinosas para 55.000 familias españolas, en la mayoría de los casos pequeños ahorradores agrupados en cooperativas solares ubicadas en entornos rurales, en muchos casos desfavorecidos”, señala Anpier en su página web anunciando acciones legales por publicidad engañosa.

De momento, los inversores extranjeros, a través de ocho arbitrajes que tendrá que dirimir el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (dependiente del Banco Mundial), reclaman al Gobierno español cerca de 3.000 millones por estos cambios legislativos. Y eso antes de que la reforma de Soria entre en vigor. Antes de que el sol deje de ser tuyo.

http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/la-reforma-energetica-de-soria-pone-el-sector-de-renovables-en-manos-de-bancos-y-fondos-buitre/3001

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2014.05.26.ABC. (Aerogeneradores: las palas averiadas o en desuso, un riesgo para el medio ambiente)

ABC 26 de mayo de 2014

Aerogeneradores: las palas averiadas o en desuso, un riesgo para el medio ambiente

Constituyen un residuo emergente: no hay una directiva europea que regule su gestión y reciclado o la reutilización de sus componentes, que pueden liberar químicos muy contaminantes

EFE  Día 26/05/2014

Las palas de los aerogeneradores en desuso o al final de su vida útil -entre 1.500 y 2.000 en España- se están almacenando en vertederos incontrolados, con el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente.

Si las palas se depositan junto a un bosque y un incendio forestal, fortuito o provocado, las quemara, la combustión de las aspas de los aerogeneradores, compuestas por fibras de carbono y de vidrio, reforzadas en algunos casos con poliéster, liberaría químicos peligrosos y muy contaminantes para el medio ambiente y el hombre, ha explicado en una entrevista Félix A. López, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Las palas de molinos en desuso suponen residuos emergentes y, por tanto, todavía no existe una directiva europea específica que las catalogue como residuos «peligrosos» o «tóxicos» o «inertes», favoreciendo el vacío legal en torno a ellas, ha detallado el experto en reciclado de materiales y residuos.

En este contexto, López ha señalado que el CSIC trabaja en un proyecto de reciclaje, ralentizado por la ruina del sector eólico en particular y la crisis económica en general, que concluirá en un máximo de dos años y que permitirá recuperar las fibras y transformar en energía las resinas y otros constituyentes.

De momento -ha añadido-, en Europa aún no se puede hablar de soluciones que establezcan estrategias para la gestión, reciclado o reutilización de los componentes de las palas de los aerogeneradores.

Casi 800 parques en 15 autonomías

España, la tercera potencia en el mundo y la segunda en Europa en producción de energía eólica, por detrás de Estados Unidos y Alemania, cuenta con 766 parques eólicos repartidos entre 15 comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia aportan más del 50% de la producción total.

Al respecto, cabe señalar que el parque eólico español, cuyos primeros aerogeneradores datan de 1997, está constituido por 17.000 aerogeneradores, sumando un total de 51.000 palas, de las que unas 1.500 o 2.000 se encuentran, a día de hoy, averiadas o en desuso.

Casi 2.000 molinos llegarán al final de su vida útil

En la actualidad, el destino de estas palas, sin una legislación que lo defina, hay que buscarlo en almacenes y depósitos localizados en las inmediaciones de los parques eólicos que hay por casi toda la península. López ha matizado que es probable que «alguna empresa gestora de residuos las recojan, trituren y lleven a un vertedero de residuos inertes o peligrosos». Aunque no se conoce con exactitud la trazabilidad de una pala.

El investigador, subraya, que los parques se sitúan, por lo general, en lugares inaccesibles, por lo que el transporte de una pala y su posterior trituración pueden suponer para la empresa gestora de la misma un coste que varía entre los 4.000 y 5.000 euros, haciéndolo, a veces, inasumbile.

Oportunidad de negocio

Las palas de los aerogeneradores miden entre 45 y 48 metros y se pueden averiar bien por fenómenos meteorológicos adversos, como los rayos, bien por choques de avifauna o simplemente porque han llegado al final del ciclo de su vida, unos 15 años dependiendo de diversos factores, lo que haría imprescindible su sustitución.

El CSIC estima que en España y en un período entre 2017-2025, alrededor de 1.500 aerogeneradores (4.500 palas) equivalentes a una potencia instalada de aproximadamente 2.128 MW, y erigidos entre los años 1997-2000, habrán llegado al final de su vida útil.

«Durante dicho período se calcula que se producirán alrededor de 21.000 toneladas de materiales compuestos que habrá que gestionar». Además, el aprovechamiento de las palas también estaría orientado a la recuperación de materiales como las fibras de carbono, que gozan de un valor añadido, ya que pueden aplicacarse dentro de la industria aeronáutica y representan una oportunidad de negocio y de innovación importante.

http://www.abc.es/natural-energiasrenovables/20140526/abci-palas-aerogeneradores-reciclaje-201405261208.html

2014.05.24. El País. (Espacios naturales protegidos en vano)

El País 24 de mayo de 2014

Espacios naturales protegidos en vano

Casi el 30% del territorio español está clasificado como Red Natura 2000

Muchos dislates urbanísticos en estas zonas no se paran a tiempo o no se ejecutan las sentencias

Elena G. Sevillano Madrid

La macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en un pantano del noroeste de la provincia de Cáceres, es ilegal. Sus 180 villas turísticas, su hotel, su campo de golf y sus atraques para barcos nunca debieron construirse. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo, igual que en 2011 lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Las organizaciones ecologistas llevaban avisando desde 2007, pero las obras siguieron adelante. Ahora que el Supremo ordena demolerlas, la Junta de Extremadura alega que es tarde, que devolver la zona a su estado natural sería incluso más perjudicial para el medio ambiente. El mayor complejo turístico y de ocio de Extremadura se levanta en terrenos incluidos en Natura 2000, la red europea de protección ambiental. Lo que no impidió que se edificara, y quizá tampoco pueda evitar que siga donde está.

El Supremo también declaró ilegal en 2011 la carretera M-501, entre Madrid y Ávila, que atraviesa el parque regional del curso medio del río Guadarrama. Para entonces, ya estaba construida. Cuando los tribunales pararon el proyecto de la Ciudad del Golf en un pinar protegido de Ávila, ya se habían talado 3.000 pinos. Estar situados en terrenos de la Red Natura 2000, cuyo día europeo se ha celebrado esta semana, no ha evitado que estos y otros proyectos de infraestructuras o de urbanización acabaran afectando a los hábitats que se intentaba proteger. El 27% del territorio de España es Natura 2000. Pero, como recuerdan las organizaciones ecologistas, la facilidad con la que se declaran los lugares de interés comunitario (LIC) y las zonas de especial protección de las aves (ZEPA) no se corresponde después con la protección que se les presupone. Son los propios Estados los que designan estas zonas y los que deben gestionarlas.

La normativa europea prohíbe construir en estas áreas si los proyectos suponen un “impacto significativo” al hábitat en cuestión. Solo hay una excepción, como subrayó la semana pasada una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE: cuando existen “razones imperiosas de interés público” y no hay soluciones alternativas. De darse esas condiciones, el Estado tiene que tomar medidas para compensar el daño creado. Las comunidades han abusado de la definición de esas excepciones, señalan tanto ecologistas como consultores medioambientales, principalmente aprobando declaraciones de interés público para proyectos que no lo merecían.

“No es que se abuse, es que a menudo se ignora la Red Natura 2000”, afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Pone el ejemplo del plan de infraestructuras gubernamental 2005-2020, conocido por sus siglas PEIT. “Pretendía construir 9.000 kilómetros de líneas de alta velocidad ferroviaria y 6.000 de autovías, a pesar de que atravesaban un total de 327 espacios incluidos de la Red Natura 2000… ¡Y no se evaluó su impacto sobre la Red Natura 2000! Pusimos una queja en Europa que fue admitida a trámite”. En ocasiones, las evaluaciones no se hacen, o se hacen mal. Otras veces, todo acaba siendo de interés público. “A menudo no se justifica, simplemente se declara. Se dice que tal aeropuerto es de interés general y se construye con todo tipo de facilidades, aunque luego no llegue a un número mínimo de pasajeros y sea una ruina económica”. Luis Suárez, de WWF, coincide: “Se ha abusado; cualquier gran infraestructura se ha convertido en interés general. Nunca se buscan alternativas, y en las declaraciones de impacto se incluyen todo tipo de medidas que no sirven para compensar. El aeropuerto de Ciudad Real se construyó sobre una ZEPA. La medida compensatoria era crear otra en unos terrenos al lado. ¿Quién te garantiza que los pájaros vayan a irse allí? Es un ejemplo de medida absurda”.

No son pocos los casos de proyectos en Red Natura 2000 que ya han causado daño. El hotel de la playa del Algarrobico (Almería), que como recuerda Greenpeace acumula 17 pronunciamientos judiciales en su contra, es uno de ellos. La mole se levanta a apenas 20 metros del agua. Para cuando el Constitucional anuló la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en diciembre pasado, 52 millones de dinero público ya se habían gastado en construir edificios en terreno protegido junto al Duero. El Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por permitir las minas de carbón a cielo abierto de Laciana (León), una comarca donde habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un parque eólico en El Bierzo (León) a finales del año pasado. No había tenido en cuenta en su declaración de impacto ambiental que allí habita el urogallo. Fue el cuarto proyecto eólico de la zona anulado, pero, a diferencia de los otros tres, este ya llevaba tres años funcionando.

“En medio ambiente deberían concederse de oficio las medidas cautelares”, opina Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. Su organización, asegura, gana en los tribunales más del 80% de los casos. “Hay que impedir que se produzcan los daños, porque después los fallos son muy difíciles de cumplir. El problema se presenta cuando la infraestructura está hecha”, señala. Es complicado que se ejecuten sentencias que ordenan restituir parajes a su estado natural. “Hay pocos casos —creo que no conozco ninguno— en los que los ecologistas hayan ganado una sentencia y esta se haya ejecutado”, se queja Atienza.

Y sin embargo, sí se han conseguido victorias medioambientales que han paralizado obras. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias detuvo de forma indefinida los trabajos del puerto de Granadilla (Tenerife) para preservar un alga protegida. El de Castilla y León anuló la urbanización de Las Navas del Marqués (Ávila) porque invadía una zona de cría de la cigüeña negra, especie en peligro de extinción. El oso pardo permitió vetar la estación de esquí de San Glorio, decisión a la que han seguido varios procedimientos judiciales más. En Navahondilla, Ávila, el TSJ de Castilla y León declaró nulo hace unos meses el plan para construir más de 1.100 viviendas en un municipio que apenas llega a 350 habitantes. Suponía recalificar suelo rústico a urbanizable en una zona donde se intenta recuperar la población de águila imperial.

España es el país de la UE que más superficie ha incluido en la Red Natura 2000: 27% frente al 12,5% de Francia; el 15,4% de Alemania o el 19% de Italia, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sin embargo, solo el 10% de esos espacios tienen un plan de gestión específico, algo a lo que obliga la normativa. España cumple con sus informes de la directiva Hábitats (la norma europea que creó la Red Natura 2000), pero estos planes de gestión “están siendo un calvario”, explica Domingo Jiménez, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Sobre todo en regiones como Castilla y León, Galicia y Murcia, añade.

Mientras tanto, se siguen arrastrando casos como el de El Algarrobico. O el de Marina de Cope, en Murcia, donde el Constitucional anuló el plan del Gobierno regional que desprotegía 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarlas. “Si no hubiera sido por la crisis, las urbanizaciones como Marina de Cope estarían construidas. ¿Y quién las tira abajo, como con El Algarrobico?”, se pregunta Jiménez. “No es extraño que en los conflictos entre espacios naturales e intereses económicos primen los segundos, y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos judiciales. La entrada en juego de los fiscales ambientales fue un gran avance, aunque harían falta más y con más medios”, concluye.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/24/actualidad/1400954992_038115.html

2014.05.18.El País. (Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas)

EL PAÍS, 18 de mayo de 2014

Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas

La Junta alega que costaría 34 millones de euros y que es mejor para la zona mantenerla urbanizada. Son terrenos protegidos por la Red Natura 2000

Elena G. Sevillano Madrid 18 MAY 2014

Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas (Cáceres). Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal. La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.

El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos… De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.

En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.

El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.

El segundo hotel, sin subvención

Al mayor complejo de turismo y ocio de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, a unos 160 kilómetros de Madrid, se le acumulan las dificultades. No solo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo; la acuciante situación económica del proyecto llevó a su promotora a presentar preconcurso de acreedores en febrero pasado, poco después de conocerse el fallo. De los dos hoteles que estaba previsto levantar en la isla, uno ha perdido la subvención de 1,5 millones de euros que había obtenido de los fondos europeos FEDER. El Ministerio de Hacienda se la retiró hace unos días. Las obras llevaban meses paralizadas por falta de financiación.

La empresa Valdecañas Medical SPA S. L. tenía previsto construir allí un hotel de cinco estrellas. Sería el segundo; ya hay otro de cuatro estrellas. El Boletín Oficial publicó el 2 de mayo pasado una orden que declara el incumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los fondos: no se realizaron las inversiones de 15 millones de euros previstas, no se crearon y mantuvieron 33 puestos de trabajo, etcétera Es decir, al no haber hotel, tampoco hay ayudas.

Los dos pueblos cercanos a la urbanización, El Gordo y Berrocalejo, aseguran que la demolición del complejo de ocio tendría un perjuicio económico para ellos. Tal y como reseña el escrito de la Junta de Extremadura en el que pide al juzgado que le exima de ejecutar la sentencia, El Gordo ha obtenido en concepto de licencias urbanísticas 1,6 millones de euros y por el canon compensatorio de aprovechamiento urbanístico, 2,9 millones. Berrocalejo ha percibido 145.000 euros y 1,2 millones de euros, respectivamente

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/18/actualidad/1400440758_312233.html

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El País, 6 de febrero de 2014

El Supremo ordena derribar un complejo turístico en un área protegida de Cáceres

La urbanización de lujo Isla de Valdecañas, con viviendas ocupadas y campo de golf, ya fue declarada ilegal

La Junta de Extremadura debe asumir la demolición

Juana Viúdez Madrid 6 FEB 2014

El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de una macrourbanización enclavada en una isla del pantano de Valdecañas, en el noreste de la provincia de Cáceres, porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental. El fallo vislumbra el final de una batalla judicial iniciada en 2007 por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ya había considerado ilegal el complejo Marina Isla de Valdecañas, promocionado como el proyecto turístico y de ocio más importante de Extremadura.

La piqueta llegará, si llega, demasiado tarde, cuando la primera fase del proyecto ya está culminada. En ella se incluyen 180 villas turísticas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, o una base naútica con 76 atraques, además de playa artifificial, senderos peatonales o un complejo deportivo. La compañía Marina Isla de Valdecañas, S.A., asegura que ha desembolsado ya 130 millones de los 200 previstos. La Junta de Extremadura debería asumir la demolición y los posibles daños que reclamen los propietarios de las viviendas ya vendidas o la propia promotora, a la que dio vía libre para desarrollar el proyecto.

El Gobierno de Extremadura aseguró ayer a EL PAÍS que se están planteando impugnar las sentencias ante el Tribunal Constitucional. “Desde que se modificó la Ley de Suelo de Extremadura en 2010 y 2011, Marina Isla de Valdecañas se acoge a la legalidad vigente”, señaló un portavoz. Este cambio legislativo, también recurrido por las ONG, se produjo días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considerara ilegal este complejo. Para ello unieron sus fuerzas PSOE y PP. “La Ley del Suelo de Extremadura se modificó con el apoyo unánime de la Cámara regional”, argumentan.

Los abogados José María Trillo y Maria Ángeles López Lax, representantes de Ecologistas en Acción y Adenex respectivamente, inciden en que no se puede revertir la protección en un suelo una vez que se ha dictado y critican duramente que se haya llegado a cambiar una ley para adaptarla. “Es un ejemplo de la irracionalidad del planteamiento urbanístico en el que estábamos asentados”, destaca Trillo.

A pesar de que en 2011 ya tenían una sentencia de alto tribunal extremeño que ordenaba el derribo del macrocomplejo no pudieron impedir que el continuara desarrollándose porque les reclamaban una fianza de 40 millones para ejecutar la demolición, algo “inasumible” para una organización ecologista. La crisis y el proceso judicial han ralentizado las ventas de estas villas, ofertadas a medio millón de euros, y apartamentos, que parten de los 200.000 euros.

“Vamos a una política de hechos consumados y esto no puede ser”, opina López Lax, que recuerda que muchos compradores han reclamado en los tribunales la nulidad de los contratos de venta al conocer que la legalidad de la urbanización estaba cuestionada. Este periódico ha pedido a la compañía que aporte su versión de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/06/actualidad/1391699356_016010.html

El País 1 de abril de 2011

Extremadura legisla para salvar una urbanización en un espacio natural

“No me atrevo a salir a la calle”, dice la ecologista que logró paralizar el proyecto – Los vecinos temen que se acabe el empleo y el dinero del turismo

Inmaculada Franco El Gordo 1 ABR 2011

Pocos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que declaraba ilegal el macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en el municipio cacereño de El Gordo, por encontrarse dentro de un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000, el Parlamento extremeño aprobó una modificación de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) para permitir urbanizaciones en estos parajes. El Gobierno regional ha admitido que intenta garantizar la continuidad del proyecto al ser de “interés regional”.

El complejo se encuentra enmarcado por las sierras de Gredos y de Las Villuercas, a 160 kilómetros de Madrid, contará con dos hoteles de 4 y 5 estrellas, unas 200 villas de lujo, campo de golf y puerto deportivo. Una denuncia de Ecologistas en Acción ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a ordenar su demolición.

Desde hace cinco años, la coordinadora de Ecologistas en Acción en la zona, Paca Blanco, planta batalla a este complejo turístico, y algunos vecinos de El Gordo, según asegura, le han declarada la guerra. Desde que comenzó con sus denuncias ha sufrido daños en su vehículo y en su vivienda. “Me tiraron un cóctel molotov que casi impacta en una bombona de butano”, decía días atrás. Ahora, con la sentencia a su favor, la tensión se ha recrudecido: “No me atrevo a salir a la calle”. Blanco ha puesto en venta su casa y dice que quiere irse del pueblo.

Blanco no se calla, pero sí le faltan palabras para definir la iniciativa de la Asamblea de Extremadura, que aprobó el pasado 24 de marzo por unanimidad la modificación del artículo 11 de la Ley del Suelo autonómica, referido a la posibilidad de construir en espacios protegidos no urbanizables siempre que se cumpla la normativa de impacto ambiental. Una ley solo puede ser recurrida ante el Constitucional por 50 parlamentarios, el Gobierno, una comunidad o el Defensor del Pueblo, pero no por un ciudadano.

Esta propuesta de modificación de la Ley del Suelo fue presentada de forma conjunta por el Gobierno y la oposición, es decir, por socialistas y populares. No dijeron que el objetivo era el de legalizar Valdecañas, sino que se pretendía clarificar el espíritu de la ley de “combinar el absoluto respecto a los hábitats naturales con las posibilidades de progreso y desarrollo de los pueblos”.

Sin embargo, el consejero de Fomento extremeño, José Luis Quintana, sí afirmó que la reforma era “una aclaración rotunda” por la sentencia y resaltó que el proyecto de Valdecañas es de “interés regional”, por lo que el Gobierno extremeño debe garantizar su continuidad al ser “bueno para Extremadura”, informa Efe.

La diputada popular Teresa Angulo no entra en esa polémica. Solo dice que con esta modificación legal se pretende garantizar el “derecho a la supervivencia” de los extremeños que viven en territorios protegidos. Según dijo, un 30% del suelo de la región tiene protección ambiental. En total, 1,1 millones de hectáreas, donde se localizan un centenar de pueblos. Que deben tener, dice, las mismas posibilidades de desarrollo que el resto, para no despoblarse por falta de oportunidades.

Mientras tanto, el futuro del Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas está en el aire. Por un lado, la Junta de Extremadura tiene previsto presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia del tribunal superior de la comunidad, y por otro, Ecologistas en Acción va a pedir la no admisión del recurso, puesto que “lo que se está aplicando es el derecho autonómico, y el único órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre el mismo es el Tribunal Superior Extremeño”, dijo el abogado de este colectivo, José María Trillo. “En cuanto tengamos notificación del recurso de casación, pediremos a este tribunal la ejecución provisional de la sentencia para que, si no se procede a la demolición, al menos se paralicen los trabajos, porque nos consta que, desde la publicación de la sentencia, se han redoblado los turnos en el complejo turístico, están trabajando incluso de noche”.

Trillo considera que el complejo de Valdecañas no tiene ninguna salida legal, ni siquiera con la modificación del artículo 11 de la ley del suelo, puesto que este choca con el artículo 9 de la Ley Estatal del Suelo, que prevalece sobre la autonómica.

La mayoría de la gente de El Gordo no entiende de leyes. Lo que les interesa es que el complejo turístico, que da trabajo a muchos del pueblo, y que ha traído visitantes siga donde está. Por eso aprueban el acuerdo entre PSOE y PP, pensando en los intereses de los ciudadanos, dicen.

Manuel Moreno y su mujer, Edna Días, regentan uno de los tres bares del pueblo. Satisfechos, afirman que tienen dos camareras y una cocinera, gracias al trasiego de clientes que han traído las obras en Marina Isla de Valdecañas. “Todo el pueblo está a favor del complejo. No hay familia que no tenga, al menos, a uno o dos miembros trabajando allí”, y añaden que “es importante el medio ambiente, pero más importantes son los empleos”. “Además, aquello ha quedado bonito”. Lo saben porque hace un tiempo, en el pueblo se fletaron dos autobuses para que los vecinos vieran de cerca la urbanización, a la que se accede por una carretera privada. Ayer, por ella circulaban camiones de construcción.

El alcalde de El Gordo, el popular Bautista Sánchez Monterroso, está muy disgustado: “Teníamos mucha ilusión con el complejo, nos ha costado sudor y lágrimas conseguirlo”. Sabe que será difícil que se derribe lo construido, pero teme que la segunda fase del proyecto, que contempla la construcción de otras 200 viviendas, entre apartamentos y bungalows, no se lleve a cabo.

En el pueblo todo el mundo opina, menos la empresa promotora Marina Isla de Valdecañas S.L., con cuyos responsables ha sido imposible hablar, a pesar de los múltiples intentos por parte de este periódico.

http://elpais.com/diario/2011/04/01/sociedad/1301608805_850215.html

 

 

2014.05.16.El País. (La flora protegida vence a la autopista)

16 de mayo de 2014  El País.

La flora protegida ‘vence’ a la autopista

La justicia europea falla contra una carretera en una zona protegida de Holanda

Sienta jurisprudencia en toda la UE

Elena G. Sevillano. Madrid. 15 de mayo de 2014

La batalla parecía perdida: unas humildes hierbas contra la ampliación de una autopista. El Gobierno holandés decidió en 2011 modificar el trazado de la A2, una vía muy transitada, entre Den Bosch y Eindhoven. Se encontró con un problema: el proyecto afectaba a un lugar Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En concreto, ampliar la autopista iba a perjudicar, por la desecación y la acidificación de los suelos, a un hábitat de 6,7 hectáreas de prados de molinias. El Gobierno holandés siguió adelante, pero para “compensar” planeó crear nuevos prados de molinias en una zona cercana. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó este jueves que no actuó correctamente.Su fallo sienta jurisprudencia en toda Europa y refuerza la directiva Hábitats al aclarar que no se puede construir en un lugar Natura 2000 si con ello resulta afectado un hábitat protegido.

El Tribunal de Luxemburgo, que responde a una petición de aclaración del Consejo de Estado holandés, remarca que la directiva Hábitats no permite compensar con posterioridad, como pretendía Holanda, los efectos negativos de una actuación en una zona Natura 2000. En estas áreas protegidas, los proyectos que afecten a un hábitat están prohibidos en todos los casos, con una única excepción: cuando existan “razones imperiosas de interés público” y no haya soluciones alternativas. Solo en ese caso, que no era el de la autopista A2, lo que debe hacer el Estado miembro es tomar medidas compensatorias por el daño que crea el proyecto en cuestión.

Los espacios protegidos en la Red Natura 2000 cubren grandes extensiones en toda Europa. En España, por ejemplo, suponen el 27% del territorio, sumando tanto los lugares de importancia comunitaria (LIC) como las zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Numerosos proyectos de carreteras, urbanizaciones o incluso aeropuertos han topado con estos espacios protegidos y, tal y como denuncian las organizaciones ecologistas, en muchos casos han conseguido declaraciones institucionales de “interés general” para así sortear la prohibición europea. Para evitar malas interpretaciones de la norma europea, ahora el fallo del Tribunal de la UE reitera que la excepción que contempla la directiva es eso, una excepción.

El Tribunal de Luxemburgo falló contra el desdoblamiento de la carretera madrileña M-501 en 2011, al considerar que había vulnerado la directiva Hábitats por afectar a tres espacios protegidos. La Comunidad de Madrid había declarado el proyecto “de interés general”.

“Sustituir un hábitat destruido creándolo en otro lugar es extremadamente complicado, e implica un alto riesgo de pérdida neta de biodiversidad. Es precisamente por eso por lo que la directiva Hábitats limita el uso de las medidas compensatorias a casos muy excepcionales”, señaló Wouter Langhout, portavoz de BirdLife Europa, tras conocer el fallo.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/15/actualidad/1400184547_309931.html

2014.05.13.Veinte minutos. (SEO critica que implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán similares requerimientos ambientales en Andalucía)

SEO critica que implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán similares requerimientos ambientales en Andalucía

La asociación ecologista SEO-Birdlife se ha pronunciado sobre la publicación del decreto ley 5/2014 para la reducción de trabas administrativas, al que reconoce que, en su exposición de motivos, “está lleno de buenas intenciones”, si bien instaura una situación tal que a partir de ahora “implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán los mismos requerimientos ambientales en Andalucía”.

EUROPA PRESS. 13.05.2014

La asociación ecologista SEO-Birdlife se ha pronunciado sobre la publicación del decreto ley 5/2014 para la reducción de trabas administrativas, al que reconoce que, en su exposición de motivos, “está lleno de buenas intenciones”, si bien instaura una situación tal que a partir de ahora “implantar un parque eólico y abrir un bar tendrán los mismos requerimientos ambientales en Andalucía”. En un comunicado, SEO-Birdlife ha explicado que, siendo necesario mejorar el entorno administrativo y agilizar sus procedimientos, el problema es que en el articulado de este decreto ley “se hayan entendido como traba innecesaria o exceso de burocracia no justificada” algunos procedimientos de prevención ambiental establecidos en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, “sin duda un paso atrás en la prevención ambiental y en las garantías de protección del patrimonio natural andaluz”. Los procedimientos de prevención ambiental, recuerdan, sirven para evaluar el impacto ambiental de las actuaciones antes de ser autorizadas, “algo fundamental en medio ambiente para cumplir con la obligación de protegerlo, pero también para evitar malgastar dinero y evitar desaguisados como el de El Algarrobico”. Sin embargo, “este decreto ley desvirtúa en parte los objetivos de la Ley 7/2007 y a partir de ahora determinadas actuaciones como ciertos tendidos eléctricos o la construcción de complejos deportivos o turísticos en suelo no urbanizable apenas tendrán que prever su impacto ambiental antes de su autorización”. “Pero, sin duda, lo que más llama la atención es que, a partir de este decreto ley, un parque eólico con nueve aerogeneradores requerirá la misma normativa sobre la evaluación de su impacto ambiental que la apertura de una cafetería o una academia de baile”, ha lamentado la asociación, que ve esta tesitura “un sinsentido que vulnera la normativa nacional y comunitaria en materia de conservación de la naturaleza”. Para SEO-Birdlife, “puede que la ausencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el grupo de trabajo impulsado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía, de la que ha partido este decreto ley, explique en parte esta rebaja en la protección ambiental”. Por ello, el colectivo espera que la Junta de Andalucía realice “una profunda modificación” de este decreto ley en su trámite parlamentario que haga innecesario acudir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas.

http://www.20minutos.es/noticia/2137985/0/

2014.05.13. Faro de Vigo. (El parque eólico de Domaio carece de racionalidad)

Faro de Vigo, 13 de mayo de 2014

Defensa dos Montes considera que el parque eólico de Domaio carece de racionalidad

Señala que el presidente de Red Eléctrica de España urge no seguir con más proyectos

fran g. sas moaña 13.05.2014

La Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo aseguró ayer que el parque eólico de Pedras Negras previsto para la parte alta de Domaio y con una capacidad de 42 MW carece “de toda racionalidade”. En este sentido el colectivo recuerda las recientes declaraciones del presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, en las que destacó que en la actualidad existe un sobredimensionamiento de la capacidad eléctrica española, que no se corresponde con la bajada de los niveles de consumo. Aconsejó no seguir con más proyectos de producción.

Para los ecologistas esto demostraría que el concurso eólico gallego aprobado en diciembre de 2010 y que contemplaba 91 parques y 2.325 MW de producción no tendría razón de ser.

En este sentido, aguardan que la Consellería de Economía e Industria informe desfavorablemente al proyecto del parque eólico de Pedras Negras dentro de su tramitación definitiva o en su caso se proceda a la desestimación por decisión de la empresa promotora. Piden como alternativa que se repotencien los parques eólicos ya construidos y se apueste por la energía solar.

Insisten en que los 14 aerogeneradores previstos para la parte alta de Domaio y la subestación eléctrica anexa tendrían un fuerte impacto visual, al integrarse en un espacio natural de entre 450 y 600 metros del altura entre las rías de Vigo y Pontevedra.

http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2014/05/13/defensa-montes-considera-parque-eolico/1021941.html

2014.05.10. Canarias. (Los parques eólicos se adjudicarán a dedo)

Diario de avisos 9 de mayo de 2014

Los parques eólicos se dejarán de asignar por concurso en las Islas

mayo 9, 2014

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Se acabaron los concursos para adjudicar parques eólicos en Canarias. Tras los problemas judiciales habidos con este sistema (por irregularidades que acabaron primero en una causa penal y luego en lo contencioso administrativo en cuanto al convocado en 2007), la Consejería de Industria ha optado por modificar la normativa vigente y, mediante un decreto que previsiblemente se promulgará en otoño de este año, adoptará un nuevo método para asignar potencia eólica en el Archipiélago.

Así lo anunciaron ayer la consejera del área, Francisca Luengo, y la directora general de Industria y Energía, María Antonia Moreno, quien, en declaraciones a este diario, confirmó que los principales requisitos a partir de ahora, que estarán reglados, serán que el promotor de un proyecto de este tipo tenga asegurada su conexión a la red de transporte, que el parque eólico sea conforme al planeamiento territorial y que la empresa y su iniciativa tenga solvencia técnica y económica.

Moreno explicó que no se usa concurso para instalación de turbinas de ciclo combinado o de plantas fotovoltaicas y que la decisión de cambiar de procedimiento para la eólica se tomó el pasado año, pero que el decreto no ha entrado en vigor porque requiere una larga tramitación, de modo que ya ha salido a información pública, está en la actualidad en trámite de consultas a otros departamentos del Gobierno canario, y “dentro de un mes” se remitirá al Ejecutivo para que pida informe al Consejo Consultivo, por lo que el decreto entrará en vigor en el último trimestre del año. “El sistema de concursos ha demostrado su ineficacia, y no hay ningún parque instalado del concurso de 2007, por lo que es necesario desbloquear esta situación”, manifestó la directora general.

Del último concurso, cuya adjudicación ha sido anulada por los tribunales en unas sentencias que han ido dictándose en cascada, Moreno aseguró que el Gobierno regional ya cuenta con un auto aclaratorio de este fallo, y que ha constituido la comisión de valoración para aplicar los criterios requeridos por la Justicia en el caso de Lanzarote, que se refieren a la corrección de dos parámetros a las ofertas de los “recurrentes y codemandados”. El mismo procedimiento se aplicará con las demás islas.

http://www.diariodeavisos.com/2014/05/parques-eolicos-se-dejaran-asignar-por-concurso-en-islas/

Canarias ahora 9 de mayo de 2014

La supresión del sistema de concursos divide a los empresarios eólicos

Aeolican rechaza el modelo de adjudicación directa propuesto por Industria. Los promotores de 2007 y el clúster Ricam ven positivo el cambio para desbloquear las inversiones

Los adjudicatarios del concurso eólico de 2007 celebran que se liberalice el sector y se eliminen trabas

Julián Monedero, de Ricam, sostiene que los concursos solo han generado problemas legales

“Las subestaciones seguirán siendo el cuello de botella para entrar”, advierte Rafael Martell, presidente de Aeolican

Iván Suárez – Las Palmas de Gran Canaria

09/05/2014 –

El decreto que prepara la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias para modificar el sistema de adjudicación de potencia eólica en el Archipiélago no convence a todos los empresarios del sector. Rafael Martell, presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), recela de la supresión del modelo de concurso público y de la adjudicación directa a aquellas empresas que cumplan con los requisitos territoriales y medioambientales.

“Desgraciadamente en Canarias se ha demostrado al menos en dos ocasiones que el sistema de concurrencia no ha funcionado, pero la adjudicación a dedo es como la caverna de Platón, uno no puede abstraerse de sus propios sentimientos”, señala Martell en referencia a la discrecionalidad en la que podría incurrir el adjudicador con este modelo.

Para el presidente de Aeolican, antes que idear nuevos métodos, el Gobierno de Canarias debería preguntarse qué ha fallado en los concursos. “A priori es la manera más democrática de hacer las cosas. Cuando se presupuesta una obra pública, se hace por concurso. En el caso de la eólica, en Canarias no ha funcionado, no se han hecho las cosas bien y hemos perdido muchos años porque los criterios no eran ecuánimes”, ha afirmado.

Martell reconoce que la solución al bloqueo de la energía eólica en las Islas -con una penetración de apenas el 5%- es complicada y sostiene que tampoco debe pasar por un sistema de subastas, que beneficia “al que tiene el brazo financiero más fuerte”. “Hay que instalar la potencia adjudicada. ¿Cómo se hace? Cumpliendo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el concurso de 2007 y obligando a los adjudicatarios a que instalen pronto y pongan los molinos a girar”, apunta el empresario.

Por su parte, Claudio Palmés, de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico en Canarias, valora de forma positiva el anuncio realizado este jueves por la consejera de Industria, Francisca Luengo. “El Gobierno quiere evitar que el concurso de 2007 se empantane en los juzgados, quiere liberalizar el sector y quitar trabas administrativas y legales. Es una buena noticia”, sentencia Palmés, quien, no obstante, se muestra prudente y expectante por ver cómo se implementa y se aplica el decreto.

El promotor cree que el concurso eólico de 2007, en el que se adjudicaron 39 parques eólicos que cuentan con una inversión de casi mil millones de euros, se anulará para permitir que se puedan instalar aerogeneradores fuera de este procedimiento. Una opción que, en su opinión, favorecerá a los adjudicatarios del concurso, que llevan “años de ventaja” en la tramitación de las estructuras de evacuación de la energía o en las evaluaciones de impacto ambiental.

En cambio, Julián Monedero, presidente del clúster Ricam, advierte que la anulación del concurso podría generar unos derechos indemnizatorios en los adjudicatarios por daños y perjuicios. “Desde el punto de vista práctico, no podremos saber cuáles pueden ser las consecuencias hasta que no salga publicado el decreto en el Boletín Oficial de Canarias, hasta saber cuál es el articulado exacto. Pero si se anula el concurso eólico, incluso pagando las indemnizaciones, igual es hasta más sensato”, zanja.

Reivindicación del clúster Ricam

La propuesta de Industria recoge una de las reivindicaciones históricas de Ricam. “Siempre que hay concursos hay retrasos, lo único que producen son problemas legales”, sentencia Monedero. Este empresario precisa que el sistema planteado por el Gobierno de Canarias no es una adjudicación a dedo, sino que permite materializar proyectos “técnicamente posibles”. En este sentido, recuerda que en el caso de la energía fotovoltaica ya funciona este modelo y que los proyectos se instalan donde las ordenanzas lo permiten, siempre que tengan todos los permisos asociados y que sean rentables.

Según Monedero, el clúster siempre ha defendido que “era más lógico” desarrollar la energía eólica en el Archipiélago con el sistema de la fotovoltaica y el que se aplica en otras regiones donde “no ha habido problema ninguno”. “Lo que ha hecho ahora la Consejería es lo que debió hacer en un inicio, permitir los proyectos que tengan una motivación económica, técnica (de conexión a la red) y ecológica”, asevera.

“Es positivo que el Gobierno de Canarias se haya convencido de que el sistema de concursos está abocado al fracaso. La idea de un segundo concurso eólico (el último ejecutado es de 1996) nos pone los pelos de punta”, expone Monedero. A modo de ejemplo, explica que el concurso de 2007 primaba una tecnología para los molinos que en la actualidad obligaría a los promotores a instalar máquinas de 2006, obsoletas. “No tendría sentido”, dice.

El obstáculo de las subestaciones

En lo que sí coinciden los representantes de las tres asociaciones es en que aún quedan muchos obstáculos por sortear. Según Claudio Palmés, en el caso del Gobierno de Canarias las trabas proceden principalmente del área de Medio Ambiente, en especial debido a las zonas de servidumbre. “Somos un territorio limitado en espacio y también tenemos muchas limitaciones de protección medioambiental”, apostilla Rafael Martell.

Por otra parte, el Ministerio de Industria y Energía aún no ha publicado la orden que fija la retribución a la producción de energía renovable y su titular, José Manuel Soria, sigue sin llevar al Consejo de Ministros, a pesar de la promesa que hizo hace un año, la planificación de la red de transporte, que permitiría construir las subestaciones a las que los parques eólicos deben enchufarse para verter la energía. “Las subestaciones seguirán siendo el cuello de botella”, aclara Martell, quien considera que la central hidroeléctrica de Chira-Soria no será necesaria hasta que no se instale toda la potencia adjudicada. “Es como hablar de ponerse un broche al ir de boda cuando todavía no se tiene ni el traje”, concluye el presidente de Aeolican.

http://www.eldiario.es/canariasahora/energia/supresion-concursos-energia_eolica-adjudicacion_directa-empresarios-Canarias_0_258274969.html

La Provincia 10 de mayo de 2014

Los empresarios eólicos advierten que no habrá nuevos parques en cinco años

Los adjudicatarios de 2007 esperan que la liberalización que promueve Industria les ofrezca alternativas

r. acosta 10.05.2014 | 02:10

Los empresarios del sector de las energías renovables ven de forma positiva la intención del Gobierno canario de acabar con el sistema del concurso en la adjudicación de los parques eólicos. Los adjudicatarios del concurso de 2007 esperan que el nuevo modelo que quiere aplicar la Consejería de Industria les ofrezca una alternativa para instalar los parques, ya que existe el riesgo de que la demora se prolongue al menos cinco años más debido a los recursos que se han anunciado ante el Tribunal Supremo por parte de varios promotores.

El representante de los adjudicatarios, Claudio Palmés, advierte que “no podemos estar cinco años más esperando a que la Justicia decida si le parece bien o no los criterios del concurso”. Ante este escenario sombrío los promotores creen que la liberalización que impulsa la Consejería de Industria les puede favorecer. “Si se empantana el procedimiento en los tribunales los promotores podrían presentar nuevas instalaciones con el nuevo sistema y nos olvidamos del concurso”, añade Palmés.

El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez de Azero, aplaude la iniciativa del departamento que dirige Francisca Luengo. “Le damos la enhorabuena a la consejera por hacer autocrítica y reconocer que los concursos no funcionan, es la iniciativa privada la que debe liderar el proceso y presentar sus propuestas con todos los requisitos adecuados porque lo urgente es instalar potencia eólica”, añade.

Sin embargo, Rodríguez de Azero advierte sobre los riesgos que conlleva la orden que ultima el Ministerio de Industria para las retribuciones específicas a las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en las Islas. El texto ministerial, que acaba de finalizar el proceso de información pública, recoge el sistema de subasta y la adjudicación a cargo de Red Eléctrica de España (REE). El representante de los empresarios de energías renovables critica la fórmula de la subasta establecida por el Ministerio y considera que volvería a suponer un retraso en la instalación de potencia renovable en Canarias.

http://www.laprovincia.es/economia/2014/05/10/empresarios-eolicos-advierten-habra-nuevos/607474.html

2014.05.09.Faro de Vigo. (Red Eléctrica advierte a la eólica gallega de que ya hay potencia de sobra ´para los próximos años´)

Faro de Vigo 9 de mayo de 2014

Red Eléctrica advierte a la eólica gallega de que ya hay potencia de sobra ´para los próximos años´

Galicia es una de las zonas más afectadas por el apagado de parques por seguridad ante la alta producción y la baja demanda

julio pérez madrid 09.05.2014

En los seis años que van del concurso eólico gallego, incluida la primera convocatoria del bipartito y el reparto de los populares tras la anulación del anterior a su vuelta a la Xunta, ésta es la primera vez en todo el polémico proceso que el calendario es realista. Porque directamente no tiene fechas para la construcción de los, en principio, 2.325 megavatios (MW) adjudicados, a la espera de la posibilidad de desestimiento ofrecida a los ganadores. Ya antes de abrir ese camino la Consellería de Economía e Industria aseguró que las “renuncias o incumplimientos” ascendían a 222 MW y que sería “una imprudencia” hablar de cuándo podrían desarrollarse el resto. El sistema, desde luego, no los necesita. Al menos de momento. El presidente de Red Eléctrica de España (REE) aseguraba ayer que las necesidades de generación están cubiertas “para los próximos años”, por lo que se descarta un incremento de potencia como la acumulada por los promotores gallegos a medio plazo. “No podemos ir más allá -apunta José Folgado-. Hay que ver cómo se comporta la demanda”.

La demanda ordinaria hoy ronda los 31.000-32.000 MW frente a una capacidad instalada en el sistema eléctrico español de 102.000. En la comparación hay que tener muchísimos, e importantes, matices, que rebajan esa sensación clara de holgura. El sobredimensionamiento existe -lo reconoce la propia REE, el Gobierno y el organismo regulador-, pero también que el calor y el frío dispara las puntas de consumo de verano e invierno; descontar aquellas centrales que deben funcionar siempre, aunque sea bajo mínimos, para garantizar que si deja de haber viento hay electricidad suficiente; o que no todos los años son como el pasado 2013 y el primer trimestre del actual ejercicio, con las renovables cubriendo entre un 40% y un 50% de las necesidades energéticas del país.

“Todo esto hay que contemplarlo y medir la amplitud de ese exceso de capacidad a efectos de proyectar el futuro”, explicaba Folgado ayer en Madrid, durante la rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas de la compañía. A modo de ejemplo, el propio Folgado recordó que en su etapa de secretario de Estado de Economía y Energía, a las cinco de la tarde del 17 de diciembre de 2001, España rozó el blackout -un apagón general- por “la insuficiente capacidad instalada”.

Una década después, la situación es justo la opuesta. De hecho, José Manuel Soria, ministro de Industria, aseguraba hace un par de semanas que no habrá incremento de potencia en “los próximo ocho años”. Folgado evitó entrar en el detalle, aunque también recordó lo importante que es para animar el consumo, en niveles de 2005, incidir en “una mayor electrificación” -coche eléctrico y potenciación del transporte por ferrocarril- o las oportunidades para gestionar la demanda que brindan instrumentos como el mecanismo de interrumpibilidad, con el que grandes consumidores aceptan rebajar su consumo o desconectarse en momentos en los que la generación no sea suficiente para alimentar a empresas y familias.

Como consecuencia directa de ese exceso de capacidad instalada, y dada la prioridad de acceso que la eólica posee sobre el resto de fuentes convencionales a la hora de inyectar energía en el sistema, el operador de transporte se ha visto obligado a ordenar el apagado de parques por seguridad ante la baja demanda. “Sí, ha habido en varias ocasiones y sobre todo en horas valle, entre las tres y las siete de la mañana, que es cuando suele haber más viento”, confirma el presidente de REE. Su producción y la mínima necesaria en nuclear para respaldar cualquier posible parada del viento y evitar así un apagón superaban el consumo. La compañía apunta como una de las zonas más afectadas por esas desconexiones a Galicia, donde la producción del sector el pasado año creció un 20% y hasta un 48% en los primeros meses de 2014.

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/05/09/red-electrica-advierte-eolica-gallega/1019987.html

2014.05.07. Galicia. (Los cambios que el sector eólico quiere y necesita)

El Correo Gallego 6 de mayo de 2014

Aprobada la reforma de la ley eólica que aligera cargas a promotores para relanzar el sector

Los grupos de la oposición han considerado el cambio una demostración del “fracaso” de la Xunta // Conde defiende que las medidas son “las que el sector quiere y necesita” para recuperar actividad

 SANTIAGO. EP  | 06.05.2014

El Parlamento ha aprobado este martes –con los votos a favor del PPdeG, la abstención del PSdeG y el rechazo de AGE, BNG y Grupo Mixto– la reforma de la ley eólica gallega para permitir que la constitución del aval por parte de los promotores de parques se retrase desde el momento de la autorización al inicio de la construcción. Los grupos de la oposición han considerado el cambio una demostración del “fracaso” de la Xunta en esta materia.

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha defendido ante el pleno de la Cámara que las medidas, que incluyen también rebajas fiscales incluidas ya en los presupuestos para 2014, han sido pactadas con los agentes económicos implicados y son las que “el sector quiere y necesita para generar empleo y riqueza”.

Retrasar el momento en el que se exigen los avales, ha dicho, permite un ahorro medio de 23.500 euros anuales por parque. De este modo, los 29 adjudicatarios que ya depositaron esa fianza podrán reclamar que les sea devuelta si no empezaron la construcción. La reforma, que se tramita bajo la fórmula de ley, permite también la renuncia a megavatios adjudicados.

Conde ha afirmado que la Xunta “renueva” su “apuesta” por el sector, al que se presta “apoyo, confianza y seguridad”. Los objetivos de la modificación son “modernizar” el sector, mejorar su eficiencia, reducir el impacto ambiental y “adecuar” los proyectos al nuevo escenario.

El conselleiro ha destacado que el sector es “más rentable” que en otras comunidades y que las horas de viento anuales se sitúan, de media, en 2.830. El año pasado, ha añadido, fue el de mayor producción de Galicia, un 38% más que en 2008. Además, ha destacado los efectos de la crisis y de las modificaciones estatales en materia de renovables.

 “No compartimos todas las medidas –del Estado para reducir el déficit de tarifa– y actuamos en consecuencia”, ha señalado y ha recordado que la Xunta presentó recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que suprimió las primas, ha hecho alegaciones a las normas posteriores y ha solicitado la constitución de la comisión bilateral Galicia-Estado para abordar la ley eléctrica.

“MODIFICACIÓN DE TRASCENDENCIA LIMITADA”

Por su parte, los grupos de la oposición –no intervino en el debate el Grupo Mixto– han coincidido en criticar que la ley para modificar la normativa eólica se haya llevado al Parlamento por el trámite de lectura única y han reclamado un debate más amplio sobre el modelo.

El portavoz del PSdeG en esta materia, Abel Losada, ha justificado la decisión del PSdeG de abstenerse porque considera que la reforma y su tramitación son “un perfecto teatro en el que se intenta ocultar un fracaso del Gobierno gallego y se maquilla” la realidad. El cambio, ha agregado, es “muy puntual y de trascendencia limitada”, pese a que ha señalado que a los socialistas les “puede parecer razonable” desplazar el momento del aval.

No obstante, Losada ha considerado que el Gobierno gallego tendría que haber actuado con mayor “antelación” puesto que hace dos años que “se abrió la espita” que da inicio a esta “crónica de una muerte anunciada”. A su juicio, la Xunta sobrevalora las repercusiones de las medidas, que “no son más que maquillaje porque el plan eólico en términos reales está paralizado”.

“COTO CERRADO PARA AMIGOS”

Por parte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Antón Sánchez ha tachado de “inaceptable” esta modificación a posteriori del concurso eólico y ha advertido de que las empresas que no resultaron adjudicatarias podrían recurrir ante la justicia. Además, ha acusado al Gobierno gallego de hacer del sector “un coto cerrado para los amigos” y de dejar a los ciudadanos “fuera”.

Se entrega el “enorme potencial” de Galicia “a capital extranjero”, ha protestado y ha apostado por abrir un debate más amplio sobre el modelo energético. En este sentido ha sugerido permitir que los ciudadanos participen en el desarrollo de parques y ha dicho a la Xunta que rechaza que avance el concurso eólico, puesto que mantiene “un modelo de monopolización del viento”.

“ELEMENTO DESINCENTIVADOR”

La portavoz del BNG en la materia, Carme Adán, ha calificado la modificación de “escandalosa” y ha considerado que es “un elemento desincentivador” de la construcción de los parques. “Lo único que supone el anteproyecto de ley es la constatación de un fracaso”, ha afirmado y ha criticado que se alivien cargas financieras a las empresas pero no se persiga mejorar el contexto económico.

Es, ha incidido Adán, “una modificación procedimental para mejorar las cuentas de resultados de las empresas y no el sector eólico”. “Ustedes no trabajan para Galicia y este es un ejemplo claro”, ha concluido. El representante del PPdeG en el debate, Pedro Arias, ha defendido tanto la tramitación de la ley, que es “ajustada y coherente con los principios de la legalidad”, como el contenido de la reforma. Así, se ha preguntado quién sale “perjudicado” con el retraso del momento de constitución de los avales. “La banca”, ha respondido y ha señalado que “se beneficia el capital productivo” a costa de perjudicar de forma leve al capital financiero.

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/aprobada-reforma-ley-eolica-aligera-cargas-promotores-relanzar-sector/idEdicion-2014-05-06/idNoticia-867154/

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 ABC 6 de mayo de 2014

 Aprobada la reforma de la ley eólica que retrasa los avales a la construcción del parque

c. pichelabcengalicia / santiago

Día 06/05/2014 – 14.28h

El texto con el que se pretende impulsar el sector eólico gallego recibe solo los votos favorables del PPdeG en el Parlamento

efe

El Parlamento gallego ha aprobado este martes la reforma de la ley eólica solo con los votos favorables del PPdeG, pues toda la oposición en bloque se ha opuesto a un texto que modifica aspectos concretos de la normativa bajo el objetivo de dar un impulso a un sector estratégico para la Comunidad gallega. En concreto, se introducen dos cambios sustanciales: por un lado, se «reducen los costes» de los parques trasladando la obligación de constitución del aval al momento de su construcción, y no cuando se concede el proyecto, tal y como estaba establecido actualmente. Y, además, se permite que los promotores de parques ya autorizados puedan pedir la devolución de los avales «siempre y cuando no empezaran su construcción».

Así lo ha explicado el conselleiro de Industria, Francisco Conde, en sede parlamentaria, que ha definido este proyecto de ley como un texto «sencillo» cargado de medidas que «suponen apoyo, confianza y seguridad para el sector eólico». Unas medidas que, junto a otras como el decreto que se está ultimando para fomentar la repotenciación de los parques, pretenden reducir el impacto ambiental, modernizar las instalaciones, lograr una mayor eficiencia y «adecuar los parques al nuevo escenario» energético que se abre en España, ha resaltado Conde.

Sin embargo, sus argumentos han sido reprobados por los grupos de la oposición, cuyo rechazo no solo se ha limitado a estas medidas de respaldo al sector, sino al propio modelo del concurso eólico. El socialista Abel Losada, cuyo grupo ha optado por la abstención, ha sostenido que esta ley «en términos de contenido, es absolutamente inexistente», mientras que el representante de AGE en este debate, Antón Sánchez, ha definido el concurso eólico como «un coto para los amigos en los que los ciudadanos quedamos fuera». De ahí que haya instado a «abrir las puertas» del sector a la ciudadanía mediante «cooperativas».

Más incisiva se ha mostrado la nacionalista Carme Adán, que incluso ha llegado a calificar el modelo de «colonial postmoderno». «Es absolutamente escandalosa esta modificación que nos proponen a debate porque si quieren reactivar el sector eólico, ¿por qué no reconocen que su modelo es un fracaso?», se ha preguntado la diputada del BNG.

Una aprobación exprés

Previamente al inicio del debate sobre la reforma, toda la oposición cargó contra el procedimiento de trámite, mediante lectura única. Por su parte, el popular Pedro Arias defendió este procedimiento y la consecuente aprobación exprés por tratarse de una «pequeña» modificación que no afecta a los «aspectos fundamentales» de la ley eólica. «No hurtamos nunca el debate energético», remarcó el diputado, alegando que el asunto se trata asiduamente en comisiones o a través de interpelaciones en los plenos de cada quince días.

http://www.abc.es/local-galicia/20140506/abci-aprobada-reforma-eolica-201405061352.html

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Faro de Vigo 7 de mayo de 2014

El PPdeG aprueba el cambio de la ley eólica que retrasa el aval de 23.500 euros por cada parque

“Son los cambios que el sector quiere y necesita para generar empleo y riqueza”, defiende Conde – La oposición critica “la propaganda” y “el fracaso” del concurso

 j. pérez | vigo   07.05.2014 | 01:21

El trámite de la autorización administrativa en un parque eólico suponía hasta ahora un enorme esfuerzo económico para los promotores. Todo un obstáculo por el giro de 180 grados que se avecina por el fin de las primas a la producción. De hecho, muchos de los ganadores del concurso se resistían a recibir el permiso para las nuevas instalaciones por las incógnitas de su construcción y rentabilidad futura, frente al desembolso exigido por el abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los avales. La Xunta decidió entonces una bonificación del 92% -lo que implica bajar el tipo del ITP del 4% al 0,3%, aunque el Tribunal Económico Administrativo ya sentenció su nulidad al completo- y el retraso en el pago de los avales, formalizado ayer con la aprobación ayer en el Parlamento de la modificación legal correspondiente. Son 23.500 euros menos por cada parque, que no se entregarán hasta el comienzo de las obras, con la posibilidad de que las 29 empresas que ya los depositaron -y no iniciaron los trabajos- puedan reclamar las cantidades.

El objetivo, según el conselleiro de Economía, pasa por “eliminar las cargas financieras” y así “facilitar el desarrollo del sector en Galicia”. “Este texto legal tiene una gran relevancia en el panorama energético gallego y responde al consenso y a las propias solicitudes del sector -aseguraba Francisco Conde-. Las que el sector quiere y necesita para generar empleo y riqueza”. El conselleiro defiende que el Gobierno autonómico “renueva su apuesta” por el sector, al que brinda “apoyo, confianza y seguridad”. Al que considera “más rentable” que en otras partes de España. “No compartimos todas las medidas -sostiene Conde en referencia a la reforma energética del Ministerio de Industria- y actuamos en consecuencia con recursos de inconstitucionalidad y alegaciones a normas”.

El PPdeG se quedó solo en la votación. “Están ahogados en su propia propaganda”, reprochaba Abel Losada, portavoz de Economía del PSdeG. Su abstención responde a la negativa de ser “cómplice de la dimensión teatral” de los cambios “en apariencia” para “que en realidad nada cambie”. “De transcendencia limitada”, afirma, “para maquillar la parálisis del concurso”. El resto de grupos votaron en contra. AGE advierte que las empresas que quedaron fuera podrían recurrir a la justicia”. “Es inaceptable -criticó Antón Sánchez-. Ustedes hacen un coto cerrado para los amigos y dejan a los ciudadanos fuera”. El BNG considera “escandalosa” la reforma legal porque buscar “mejorar la cuenta de resultados de las empresas y no el sector”. “Lo único que supone -añadía Carme Adán- es la constatación de un fracaso”.

Desde el PP insistían en la rentabilidad del viento en Galicia, con una producción un 38% más elevada. “Lo que nos interesa es que se vaya a una economía energética cada vez más competitiva”, apunta Pedro Arias.

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/05/07/ppdeg-aprueba-cambio-ley-eolica/1018559.html

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La Voz de Galicia, 7 de mayo de 2014

La Xunta solo aceptará renuncias a parques eólicos si no alteran el resultado del concurso

El texto salió adelante con los votos favorables del PP y el apoyo tácito del PSdeG, que no lo rechazó, mientras que AGE, BNG y el Grupo Mixto votaron en contra

Escrito por:

d. s. / f. f.

Redacción / La Voz  07 de mayo de 2014  

El pleno del Parlamento gallego aprobó ayer por el procedimiento abreviado, que permite una tramitación mucho más rápida que la ordinaria, la reforma de la ley eólica impulsada por la Xunta, que permite a los promotores de los parques eólicos recuperar los avales depositados siempre y cuando no hayan iniciado su construcción.

El texto salió adelante con los votos favorables del PP y el apoyo tácito del PSdeG, que no lo rechazó, pues optó por la abstención, mientras que AGE, BNG y el Grupo Mixto votaron en contra de una reforma que, como señaló la nacionalista Carme Adán, es la «constatación do fracaso do señor Feijoo no ámbito eólico».

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, defendió desde la tribuna el cambio normativo, que en su opinión es el que el sector necesita «para xerar emprego e riqueza», pues supone un ahorro medio de 23.500 euros anuales en costes financieros a las empresas que ya han depositado las fianzas que ahora pueden recuperar, ya que los avales no habrá que constituirlos hasta el momento en que se inicien las obras.

Conde también recordó en el Parlamento que la Xunta ya facilita la renuncia total o parcial de los promotores a parques concedidos en el concurso en vigor con el reintegro del aval depositado incluido. Sin embargo, pone una condición que parece difícil de cumplir. Aceptará las peticiones «sempre que non se altere o resultado do concurso» y si, además, están debidamente justificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Xunta dirá sí al desistimiento siempre que el promotor mantenga su posición dentro del concurso, es decir, si fue el segundo en megavatios otorgados tiene que seguir siendo así.

Íñigo Muniozguren, secretario general de la Asociación Eólica de Galicia, reconoce que ve «complicada» de cumplir esa condición, porque obligará a «hacer muchos números».

A finales de junio, la comisión de seguimiento del concurso eólico resolverá las peticiones de renuncia que ya están sobre la mesa de la consellería.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/05/07/xunta-solo-aceptara-renuncias-parques-eolicos-alteran-resultado-concurso/0003_201405G7P34993.htm

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La Opinión 7 de mayo de 2014

El PP gallego aprueba cambiar la ley eólica para retrasar el aval por parque

“Son los cambios que el sector quiere y necesita para generar empleo y riqueza”, defiende Conde – La oposición critica “la propaganda” y “el fracaso” del concurso

j- pérez | a coruña 07.05.2014 |

Los promotores no tendrán que abonar los 23.500 euros hasta que inicien las obras

El trámite de la autorización administrativa en un parque eólico suponía hasta ahora un enorme esfuerzo económico para los promotores. Todo un obstáculo por el giro de 180 grados que se avecina con el fin de las primas a la producción. De hecho, muchos de los ganadores del concurso se resistían a recibir el permiso para las nuevas instalaciones por las incógnitas sobre su construcción y rentabilidad futura, frente al desembolso exigido por el abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los avales. La Xunta decidió entonces una bonificación del 92% -lo que implica bajar el tipo del ITP del 4% al 0,3%, aunque el Tribunal Económico Administrativo ya sentenció su nulidad- y el retraso en el pago de los avales, formalizado ayer con la aprobación ayer en el Parlamento de la modificación legal correspondiente. Son 23.500 euros menos por cada parque, que no se entregarán hasta el comienzo de las obras, con la posibilidad de que las 29 empresas que ya los depositaron -y no iniciaron los trabajos- puedan reclamar las cantidades.

El objetivo, según el conselleiro de Economía, pasa por “eliminar las cargas financieras” y así “facilitar el desarrollo del sector en Galicia”. “Este texto legal tiene una gran relevancia en el panorama energético gallego y responde al consenso y a las propias solicitudes del sector -aseguró Francisco Conde-. Las que el sector quiere y necesita para generar empleo y riqueza”. El conselleiro defiende que el Gobierno autonómico “renueva su apuesta” por el sector, al que brinda “apoyo, confianza y seguridad”. Al que considera “más rentable” que en otras partes de España. “No compartimos todas las medidas -sostiene Conde en referencia a la reforma energética del Ministerio de Industria- y actuamos en consecuencia con recursos de inconstitucionalidad y alegaciones a normas”.

El PP gallego se quedó solo en la votación. “Están ahogados en su propia propaganda”, reprochó Abel Losada, portavoz de Economía del PSdeG. Su abstención responde a la negativa de ser “cómplice de la dimensión teatral” de los cambios “en apariencia” para “que en realidad nada cambie”. “De transcendencia limitada”, afirma, “para maquillar la parálisis del concurso”. El resto de grupos votaron en contra. AGE advierte de que las empresas que quedaron fuera podrían recurrir a la justicia”. “Es inaceptable -criticó Antón Sánchez-. Ustedes hacen un coto cerrado para los amigos y dejan a los ciudadanos fuera”. El BNG considera “escandalosa” la reforma legal porque buscar “mejorar la cuenta de resultados de las empresas y no el sector”. “Lo único que supone -añadió Carme Adán- es la constatación de un fracaso”.

Desde el PP insistían en la rentabilidad del viento en Galicia, con una producción un 38% más elevada. “Lo que nos interesa es que se vaya a una economía energética cada vez más competitiva”, apuntó Pedro Arias.

http://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/05/07/pp-gallego-aprueba-cambiar-ley/838138.html

 

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