2014.05.18.El País. (Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas)

EL PAÍS, 18 de mayo de 2014

Extremadura se resiste a demoler el complejo ilegal de Valdecañas

La Junta alega que costaría 34 millones de euros y que es mejor para la zona mantenerla urbanizada. Son terrenos protegidos por la Red Natura 2000

Elena G. Sevillano Madrid 18 MAY 2014

Apartamentos exclusivos de uno a tres dormitorios, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas (Cáceres). Así se sigue anunciando la venta de inmuebles en la página web del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, una macrourbanización situada en una isla del pantano, en zona protegida por la Red Natura 2000. “Desde 195.000 euros más IVA”, añade la promoción. Aparentemente, todo sigue como siempre, pero nada es lo que se previó. El Tribunal Supremo ordenó en febrero el derribo de lo ya construido y la paralización de las siguientes fases. Decretó que es ilegal. La Junta de Extremadura, sin embargo, se resiste a cumplir la sentencia. Asegura que la demolición costaría 34 millones de euros y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura (PP) han presentado un escrito en el juzgado para pedir que abra un “incidente de imposibilidad de ejecución” de la sentencia del Supremo que determinó que no se puede urbanizar en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, una figura europea de protección ambiental. La Junta alega, entre otras cosas, que “la devolución de la isla a su estado natural tampoco va a devolver a esta ningún valor ambiental, pues carecía de los mismos”. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no solo afirma que la construcción de 185 “villas”, un hotel de 80 habitaciones, un campo de golf y una base náutica con 76 atraques, entre otros, no ha afectado a los valores medioambientales de la zona, sino todo lo contrario. Demoler el complejo, asegura, sería perjudicial.

El texto alega que en el terreno nunca se había asentado ninguna especie de fauna o flora relevante o protegida: ni pagaza piconegra, ni gansos, ni grullas. La construcción del complejo, en cambio, tuvo un efecto “altamente positivo”, razona la Junta, porque se talaron 6.772 eucaliptos que se sustituyeron con arbolado autóctono: encinas, pinos piñoneros, fresnos, plátanos… De ejecutarse la sentencia, habría que “proceder a la tala” de casi 8.000 árboles y 100.000 matorrales plantados durante la construcción y que ayudaron a “mejorar notablemente la calidad paisajística de la zona”.

En lo que respecta a las aves, el escrito enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) señala que la desaparición del complejo supondría la pérdida de la vigilancia existente. Y dado que este servicio “ha eliminado el furtivismo” y ha permitido que, gracias a “las condiciones de tranquilidad y sosiego”, la población de gansos, grullas y pagazas piconegras haya aumentado en el entorno de la isla, en la ZEPA (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas, si se retira puede producirse un “recrudecimiento de esas prácticas” y “la eliminación de la tranquilidad que ha provocado el fuerte incremento en la población”. La Junta alega también que ejecutar la sentencia supone “la desaparición” de dos depuradoras, con lo que se volvería “a la situación anterior, de vertidos de aguas sin depurar”.

José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, califica de “peregrinos” los argumentos de la Junta y asegura que ejecutar la sentencia del Supremo no significa que haya que “demoler depuradoras, que la Directiva de Aguas obliga a construir, ni mucho menos arrancar árboles”. Se trata únicamente de “revertir la urbanización de lo que era un espacio natural”, algo que la ley obliga a hacer con una estricta evaluación ambiental. Trillo recuerda que se ha llegado a la situación actual por culpa de la desidia de la Administración, puesto que las organizaciones ambientales (Ecologistas en Acción y Adenex) llevan años pidiendo la suspensión cautelar de las obras del complejo.

El Gobierno de Extremadura aprobó, en 2007, el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo. Los ecologistas lo recurrieron en el TSJE que, cuatro años después, en marzo de 2011, les dio la razón al declarar la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. Tres semanas después de ese fallo el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo de la región para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000. Es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico, un lugar en el que, según publicó el diario ecónomico Expansión, tienen casas directivos de empresas como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en febrero pasado y declaró la nulidad del PIR. El TSJE dio un plazo a la Junta de Extremadura, que es la que debe demoler el complejo, para ejecutar voluntariamente la sentencia. En lugar de hacerlo, ahora pide al TSJE que le exima. A estas alturas, la primera fase de Isla de Valdecañas ya está acabada. El coste de que entre la piqueta ahora, si entra, es de 34 millones de euros, según argumenta el Gobierno de Extremadura en su escrito, que también alega otras “razones socioeconómicas” para dejar las cosas como están: los puestos de trabajo creados, los intereses de los que han comprado propiedades allí y los perjuicios económicos para los dos municipios afectados (Berrocalejo y El Gordo) en licencias urbanísticas e impuestos como el IBI.

El segundo hotel, sin subvención

Al mayor complejo de turismo y ocio de Extremadura, Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, a unos 160 kilómetros de Madrid, se le acumulan las dificultades. No solo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo; la acuciante situación económica del proyecto llevó a su promotora a presentar preconcurso de acreedores en febrero pasado, poco después de conocerse el fallo. De los dos hoteles que estaba previsto levantar en la isla, uno ha perdido la subvención de 1,5 millones de euros que había obtenido de los fondos europeos FEDER. El Ministerio de Hacienda se la retiró hace unos días. Las obras llevaban meses paralizadas por falta de financiación.

La empresa Valdecañas Medical SPA S. L. tenía previsto construir allí un hotel de cinco estrellas. Sería el segundo; ya hay otro de cuatro estrellas. El Boletín Oficial publicó el 2 de mayo pasado una orden que declara el incumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a los fondos: no se realizaron las inversiones de 15 millones de euros previstas, no se crearon y mantuvieron 33 puestos de trabajo, etcétera Es decir, al no haber hotel, tampoco hay ayudas.

Los dos pueblos cercanos a la urbanización, El Gordo y Berrocalejo, aseguran que la demolición del complejo de ocio tendría un perjuicio económico para ellos. Tal y como reseña el escrito de la Junta de Extremadura en el que pide al juzgado que le exima de ejecutar la sentencia, El Gordo ha obtenido en concepto de licencias urbanísticas 1,6 millones de euros y por el canon compensatorio de aprovechamiento urbanístico, 2,9 millones. Berrocalejo ha percibido 145.000 euros y 1,2 millones de euros, respectivamente

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/18/actualidad/1400440758_312233.html

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El País, 6 de febrero de 2014

El Supremo ordena derribar un complejo turístico en un área protegida de Cáceres

La urbanización de lujo Isla de Valdecañas, con viviendas ocupadas y campo de golf, ya fue declarada ilegal

La Junta de Extremadura debe asumir la demolición

Juana Viúdez Madrid 6 FEB 2014

El Tribunal Supremo ha ordenado el derribo de una macrourbanización enclavada en una isla del pantano de Valdecañas, en el noreste de la provincia de Cáceres, porque sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000 y no se pueden hacer desarrollos urbanos en zonas con este nivel de protección ambiental. El fallo vislumbra el final de una batalla judicial iniciada en 2007 por las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex y en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) ya había considerado ilegal el complejo Marina Isla de Valdecañas, promocionado como el proyecto turístico y de ocio más importante de Extremadura.

La piqueta llegará, si llega, demasiado tarde, cuando la primera fase del proyecto ya está culminada. En ella se incluyen 180 villas turísticas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, o una base naútica con 76 atraques, además de playa artifificial, senderos peatonales o un complejo deportivo. La compañía Marina Isla de Valdecañas, S.A., asegura que ha desembolsado ya 130 millones de los 200 previstos. La Junta de Extremadura debería asumir la demolición y los posibles daños que reclamen los propietarios de las viviendas ya vendidas o la propia promotora, a la que dio vía libre para desarrollar el proyecto.

El Gobierno de Extremadura aseguró ayer a EL PAÍS que se están planteando impugnar las sentencias ante el Tribunal Constitucional. “Desde que se modificó la Ley de Suelo de Extremadura en 2010 y 2011, Marina Isla de Valdecañas se acoge a la legalidad vigente”, señaló un portavoz. Este cambio legislativo, también recurrido por las ONG, se produjo días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considerara ilegal este complejo. Para ello unieron sus fuerzas PSOE y PP. “La Ley del Suelo de Extremadura se modificó con el apoyo unánime de la Cámara regional”, argumentan.

Los abogados José María Trillo y Maria Ángeles López Lax, representantes de Ecologistas en Acción y Adenex respectivamente, inciden en que no se puede revertir la protección en un suelo una vez que se ha dictado y critican duramente que se haya llegado a cambiar una ley para adaptarla. “Es un ejemplo de la irracionalidad del planteamiento urbanístico en el que estábamos asentados”, destaca Trillo.

A pesar de que en 2011 ya tenían una sentencia de alto tribunal extremeño que ordenaba el derribo del macrocomplejo no pudieron impedir que el continuara desarrollándose porque les reclamaban una fianza de 40 millones para ejecutar la demolición, algo “inasumible” para una organización ecologista. La crisis y el proceso judicial han ralentizado las ventas de estas villas, ofertadas a medio millón de euros, y apartamentos, que parten de los 200.000 euros.

“Vamos a una política de hechos consumados y esto no puede ser”, opina López Lax, que recuerda que muchos compradores han reclamado en los tribunales la nulidad de los contratos de venta al conocer que la legalidad de la urbanización estaba cuestionada. Este periódico ha pedido a la compañía que aporte su versión de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/06/actualidad/1391699356_016010.html

El País 1 de abril de 2011

Extremadura legisla para salvar una urbanización en un espacio natural

“No me atrevo a salir a la calle”, dice la ecologista que logró paralizar el proyecto – Los vecinos temen que se acabe el empleo y el dinero del turismo

Inmaculada Franco El Gordo 1 ABR 2011

Pocos días después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que declaraba ilegal el macrocomplejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en el municipio cacereño de El Gordo, por encontrarse dentro de un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000, el Parlamento extremeño aprobó una modificación de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) para permitir urbanizaciones en estos parajes. El Gobierno regional ha admitido que intenta garantizar la continuidad del proyecto al ser de “interés regional”.

El complejo se encuentra enmarcado por las sierras de Gredos y de Las Villuercas, a 160 kilómetros de Madrid, contará con dos hoteles de 4 y 5 estrellas, unas 200 villas de lujo, campo de golf y puerto deportivo. Una denuncia de Ecologistas en Acción ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a ordenar su demolición.

Desde hace cinco años, la coordinadora de Ecologistas en Acción en la zona, Paca Blanco, planta batalla a este complejo turístico, y algunos vecinos de El Gordo, según asegura, le han declarada la guerra. Desde que comenzó con sus denuncias ha sufrido daños en su vehículo y en su vivienda. “Me tiraron un cóctel molotov que casi impacta en una bombona de butano”, decía días atrás. Ahora, con la sentencia a su favor, la tensión se ha recrudecido: “No me atrevo a salir a la calle”. Blanco ha puesto en venta su casa y dice que quiere irse del pueblo.

Blanco no se calla, pero sí le faltan palabras para definir la iniciativa de la Asamblea de Extremadura, que aprobó el pasado 24 de marzo por unanimidad la modificación del artículo 11 de la Ley del Suelo autonómica, referido a la posibilidad de construir en espacios protegidos no urbanizables siempre que se cumpla la normativa de impacto ambiental. Una ley solo puede ser recurrida ante el Constitucional por 50 parlamentarios, el Gobierno, una comunidad o el Defensor del Pueblo, pero no por un ciudadano.

Esta propuesta de modificación de la Ley del Suelo fue presentada de forma conjunta por el Gobierno y la oposición, es decir, por socialistas y populares. No dijeron que el objetivo era el de legalizar Valdecañas, sino que se pretendía clarificar el espíritu de la ley de “combinar el absoluto respecto a los hábitats naturales con las posibilidades de progreso y desarrollo de los pueblos”.

Sin embargo, el consejero de Fomento extremeño, José Luis Quintana, sí afirmó que la reforma era “una aclaración rotunda” por la sentencia y resaltó que el proyecto de Valdecañas es de “interés regional”, por lo que el Gobierno extremeño debe garantizar su continuidad al ser “bueno para Extremadura”, informa Efe.

La diputada popular Teresa Angulo no entra en esa polémica. Solo dice que con esta modificación legal se pretende garantizar el “derecho a la supervivencia” de los extremeños que viven en territorios protegidos. Según dijo, un 30% del suelo de la región tiene protección ambiental. En total, 1,1 millones de hectáreas, donde se localizan un centenar de pueblos. Que deben tener, dice, las mismas posibilidades de desarrollo que el resto, para no despoblarse por falta de oportunidades.

Mientras tanto, el futuro del Complejo Turístico Marina Isla de Valdecañas está en el aire. Por un lado, la Junta de Extremadura tiene previsto presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia del tribunal superior de la comunidad, y por otro, Ecologistas en Acción va a pedir la no admisión del recurso, puesto que “lo que se está aplicando es el derecho autonómico, y el único órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre el mismo es el Tribunal Superior Extremeño”, dijo el abogado de este colectivo, José María Trillo. “En cuanto tengamos notificación del recurso de casación, pediremos a este tribunal la ejecución provisional de la sentencia para que, si no se procede a la demolición, al menos se paralicen los trabajos, porque nos consta que, desde la publicación de la sentencia, se han redoblado los turnos en el complejo turístico, están trabajando incluso de noche”.

Trillo considera que el complejo de Valdecañas no tiene ninguna salida legal, ni siquiera con la modificación del artículo 11 de la ley del suelo, puesto que este choca con el artículo 9 de la Ley Estatal del Suelo, que prevalece sobre la autonómica.

La mayoría de la gente de El Gordo no entiende de leyes. Lo que les interesa es que el complejo turístico, que da trabajo a muchos del pueblo, y que ha traído visitantes siga donde está. Por eso aprueban el acuerdo entre PSOE y PP, pensando en los intereses de los ciudadanos, dicen.

Manuel Moreno y su mujer, Edna Días, regentan uno de los tres bares del pueblo. Satisfechos, afirman que tienen dos camareras y una cocinera, gracias al trasiego de clientes que han traído las obras en Marina Isla de Valdecañas. “Todo el pueblo está a favor del complejo. No hay familia que no tenga, al menos, a uno o dos miembros trabajando allí”, y añaden que “es importante el medio ambiente, pero más importantes son los empleos”. “Además, aquello ha quedado bonito”. Lo saben porque hace un tiempo, en el pueblo se fletaron dos autobuses para que los vecinos vieran de cerca la urbanización, a la que se accede por una carretera privada. Ayer, por ella circulaban camiones de construcción.

El alcalde de El Gordo, el popular Bautista Sánchez Monterroso, está muy disgustado: “Teníamos mucha ilusión con el complejo, nos ha costado sudor y lágrimas conseguirlo”. Sabe que será difícil que se derribe lo construido, pero teme que la segunda fase del proyecto, que contempla la construcción de otras 200 viviendas, entre apartamentos y bungalows, no se lleve a cabo.

En el pueblo todo el mundo opina, menos la empresa promotora Marina Isla de Valdecañas S.L., con cuyos responsables ha sido imposible hablar, a pesar de los múltiples intentos por parte de este periódico.

http://elpais.com/diario/2011/04/01/sociedad/1301608805_850215.html

 

 

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