Monthly Archives: Agost 2014
2014.08.19. La Veu. (Silenci de Bonig en temes de Medi Ambient)
La Veu, 19 de agosto de 2014
Silenci de Bonig en temes de Medi Ambient
La consellera Bonig ha refusat contestar en les Corts sobre què ha passat amb la protecció de la serra d’Alfaro
S’ha acabat el període de sessions i la consellera no ha executat de petició de compareixença pública per a explicar perquè la Generalitat va permetre que es desprotegira la serra d’Alfaro sense fer-hi res. Ara, les tres forces polítiques en l’oposició, Compromís, EU, i PSPV demanen de nou que es ratifique la petició de compareixença d’Isabel Bonig.
Nou mesos després d’haver presentat en les Corts Valencianes diverses iniciatives per saber què passa amb la serra d’Alfaro, ningú no ha mogut cap fil, de fet, s’ha acabat el període de sessions i les iniciatives que encara no s’han substanciat cal ratificar-les perquè es mantinguen. Tots els partits, Compromís, Esquerra Unida i el PSPV han tornat a sol·licitar que la consellera Bonig done explicacions en les Corts sobre les actuacions de la Conselleria davant les afeccions a la ZEPA de la serra d’Alfaro que ells van permetre que es desprotegira.
Recordem que la Generalitat va tolerar que es desprotegira una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) perquè es construïra un parc eòlic. La condició de ZEPA va ser atorgada per la Generalitat i una sentència del TSJ li la va llevar. En altres casos semblants, la Generalitat ha recorregut les sentències del TSJ que li eren desfavorables (entenem que desprotegir un territori és una cosa desfavorable per als valencians, clar), i en aquest cas, la serra d’Alfaro s’ha quedat indefensa. A més, la sentència es va ocultar durant 6 mesos impedint que es personaren en el procés judicial els ajuntaments afectats o els col·lectius ciutadans implicats. En realitat, el que eixe comportament dóna fe és que la Generalitat fa aliança amb les grans elèctriques i les grans empreses constructores que poc pateixen pels xicotets municipis del Comtat i per la protecció ambiental del territori.
La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat va recórrer en el seu moment al Síndic de Greuges i a la Comissió Europea, la qual ha obert un Procediment d’Investigació sobre la descatalogació de la ZEPA Muntanyes de la Marina. A més, gràcies als grups polítics en l’oposició es van presentar 28 preguntes a les Corts. I encara queden per resoldre 9 sol·licituds de resposta escrita, 2 de resposta oral, 4 proposicions no de llei i 1 sol·licitud de compareixença de la consellera Isabel Bonig que ha refusat contestar i és el que ara es reclama que responga, per a fer front a les seues responsabilitats en el nou període de sessions que començarà en setembre.
http://www.laveupv.com/noticia/10607/silenci-de-bonig-en-temes-de-medi-ambient
2014.08.18. La voz de Galicia. (El concurso eólico solo ha creado el 13 % del empleo comprometido)
2014.08.19.Concurso EOL Galiicia 13% empleo
18 de agosto de 2014 La Voz de Galicia
El concurso eólico solo ha creado el 13 % del empleo comprometido
El concurso preveía que las 38 adjudicatarias gastasen 5.953 millones y generasen 13.266 puestos de trabajo en sus planes industriales
redacción / la voz 18 de agosto de 2014
La Consellería de Industria presume de haber salvado el concurso eólico. Tras una primera criba, que incluye tres renuncias (una parcial y dos totales) y tres expulsiones por incumplimiento de los proyectos industriales, el proceso sigue vivo con el 83 % de los megavatios adjudicados en el 2010. Los otros se volverán a licitar, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Pero, ¿qué será de los planes industriales asociados al concurso? Está por concretar. La comisión de seguimiento del procedimiento tendrá que evaluar y aprobar, o no, las tres renuncias presentadas por Estela Eólica y Finsa -ambas quieren descabalgarse totalmente del procedimiento- y Gas Natural Fenosa, que ha solicitado desprenderse del 40 % de los megavatios concedidos. La Consellería de Industria precisa que será después del dictamen de la comisión cuando se evalúe cómo quedan los planes industriales y, en el caso de la renuncia parcial, se decidirá con exactitud a qué compromiso de empleo e inversión tendrá que continuar haciendo frente. El concurso preveía que las 38 adjudicatarias gastasen 5.953 millones y generasen 13.266 puestos de trabajo en sus planes industriales. Cuatro años después, sin embargo, se han movilizado 850 millones (el 14 % del total) y creado 1.800 puestos de trabajo (el 13,5 % de los previstos). Pero, ¿en qué se han utilizado? En proyectos ya ejecutados como estos, facilitados por la Xunta.
Beltaine renovables
Inversión en la conservera de Jealsa. La 14 adjudicataria del concurso invirtió en una planta de elaboración de Pet Food y en la conservera de Jealsa Rianxeira. Esta empresa posee 51 megavatios concedidos y nueve proyectos industriales asociados. La inversión comprometida suma 11,2 millones y la creación de 352 trabajadores.
Fenosa wind
Rehabilitación de un pueblo en Os Peares. La empresa, tras la que se encuentran Gas Natural Fenosa y la constructora Copasa, invirtió ocho millones en recuperar un antiguo poblado para trabajadores de la central hidráulica de Os Peares, en el Concello lucense de Carballedo, que se utiliza desde el año pasado como campamento de inglés. Fenosa Wind resultó adjudicataria de 339 megavatios, de los que quiere renunciar a 141. Se comprometió a promover 26 proyectos, con una inversión prevista de 1.182 millones y 578 empleos. Pero ha presentado su renuncia a ejecutar el 40 % de sus parques eólicos ante la situación de honda crisis que vive el sector de las renovables.
Galfor eólica
Ampliación de fábricas de componentes para coches en Ourense. La adjudicataria ejecutó los dos proyectos que tenía comprometidos: la ampliación de la fábrica de piezas para coches en Ourense de CIE Galfor y de ACS Ibérica. La inversión anunciada fue de 4,28 millones y 64 puestos.
Airosa vento
Fabricación de envases biodegradables. La cuarta adjudicataria del concurso realizó, según la Xunta, un proyecto de fabricación de envases y embalajes biodegradables. También otro para el aprovechamiento de recursos naturales de San Sadurniño para la producción de áridos y mezclas bituminosas. Esta promotora prometió 17 proyectos, 182 millones de inversión y 254 empleos.
2014.08.17. Chile
Como No debe desarrollarse un proyecto energético sustentable: Parque Eólico Chiloé
por Jaime Velásquez C. (Chiloé, Chile)
Publicado el 17 agosto, 2014 , en Denuncia, energia, Medioambiente
La empresa Ecopower de Capitales sueco-chileno dice que el SEA está llevando adelante un proceso de consulta Indígena de Acuerdo a los estándares Internacionales convenio 169 de la OIT. La pregunta del millón quienes son los que están participando de esta consulta ya que las comunidades de Aukako y la comunidad de Kilo son comunidades que están directamente afectadas por este proyecto y por sus tierras pasaran el tendido eléctrico y en sus tierras se construirá este proyecto. Necesario es clarificar si se va a utilizar el decreto 124 de Mideplan, creado bajo el gobierno neoliberal de Bachelet o se va a utilizar el nuevo decreto 66 creado por el gobierno de Piñera, si esto fuese así, es igual de malo porque lo que realmente hacen estos decretos es que obstaculizan el libre determinar del Convenio 169 de la OIT en sus art. 6 y 7 sobre la consulta, reduce a nada la participación de los pueblos, limitándolas a solo consultar a los que se verían directamente afectados, situación que no se da en este caso de Aukako y Kilo, porque los que están siendo consultados son un sector de comunidades afines al gobierno neoliberal de la Bachelet. que no viven ahí, como lo son dirigentes indígenas socialistas de Lamekura, Punta chilen, Wentetike. Es la misma estrategia que utilizo la derecha para llevar adelante procesos fraudulentos de consulta.
La necesidad país de ampliar y diversificar la generación de energía, tendiendo a incrementar las fuentes de generación limpia en cuanto a las emisión de contaminantes y el bajo impacto ambiental, se convierte en una situación riesgosa para los territorios locales al no existir una evaluación y reglamentación adecuada para la instalación de industrias de energías renovables no convencionales en nuestro país.
Chiloé se encuentra actualmente en esta situación de riesgo, ya que está experimentando un verdadero “boom” de industrias eólicas que buscan instalarse en territorio insular. Existen tres proyectos aprobados ambientalmente, uno en construcción, dos en evaluación ambiental, y varios proyectos que aún no ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), todo esto en apenas cuatro año.
El desarrollo de la industria eólica en territorio insular deja ver la inadecuada elección de su lugar de emplazamiento, localizándose por ejemplo el Parque eólico San Pedro en un área de turberas, que suministran agua dulce a importantes sectores de la isla grande de Chiloé y que constituyen ejemplos únicos a nivel mundial de este tipo de ecosistemas. Otro ejemplo lo constituye el Parque eólico Chiloé, que busca emplazarse en un área de alto valor turístico, patrimonial y de biodiversidad, donde actualmente se desarrollan actividades económicas de gran importancia local. El proyecto Parque Eólico Chiloé se ha presentado en tres ocasiones al SEA, dejando ver reformulaciones continúas para intentar soslayar las observaciones a la evidente inadecuación del proyecto con la sustentabilidad de su entorno social y ambiental.
El Parque Eólico Chiloé representa un caso ejemplar a nivel nacional de la forma en cómo NO debe desarrollarse este tipo de proyectos, que constituyen una positiva alternativa de generación energética si se localizan en lugares idóneos y con respeto a las comunidades locales.
Cronología del proyecto
El proyecto “Parque Eólico Chiloé”, de la empresa chileno-sueca Ecopower S.A.C, ingresa al SEA como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en octubre del año 2010. Esta declaración presentaba la instalación de 56 aerogeneradores de más de 150 mts de altura dentro de 1.000 hectáreas en la zona de Quilo-Mar Brava, comuna de Ancud, archipiélago de Chiloé. Entre las notables faltas de la DIA se encontraba la declaración del sector como zona no poblada, la omisión de fauna y áreas protegidas, omisión de subestaciones, líneas de tendido de alta tensión y puerto involucrado en el proyecto.
Pese a todo lo anterior, el proyecto fue aprobado en agosto del año 2011 por la Comisión Ministerial Ambiental Región de Los Lagos.
La comunidad local presentó tres recursos ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, siendo todos ellos rechazados. Las demandas de la comunidad se materializan en la presentación de los recursos en la Corte Suprema de Santiago, tribunal que acoge el recurso de la comunidad huilliche de Huentetique, revocando la aprobación del proyecto, e indicando que su evaluación debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contemplando los estándares de derecho del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Tras esto el proyecto Parque Eólico Chiloé ha ingresado 2 veces a evaluación ambiental como EIA. La primera vez en mayo del 2013, siendo retirado por la empresa para poder mejorar las múltiples observaciones realizadas por diversos servicios públicos. En noviembre del 2013 ingresa el proyecto remozado, incluyendo ahora sí sus líneas de alta tensión, subestaciones y obras portuarias. Actualmente se encuentra en evaluación en el SEIA de la Región de Los Lagos.
Octubre 2010: Ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Agosto 2011:Aprobación ambiental por la Comisión Ministerial Ambiental Región de Los Lagos.
Marzo 2012: Corte Suprema acoge recurso de protección de comunidades huilliche y revoca el proyecto aprobado.
Mayo 2013: Reingreso del proyecto a evaluación del SEIA como Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Julio 2013: Ecopower retira el proyecto del Servicio de Evaluación Ambiental.
Noviembre 2013: El proyecto vuelve a ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental como EIA.
La vida que se está poniendo en juego
En el área donde se busca emplazar el proyecto viven alrededor de 5.000 personas, quienes desarrollan principalmente actividades agrícolas, ganaderas, de pesca artesanal y turística. Todas ellas dependen de las condiciones ambientales de este sector, y su modificación las deja en una situación de vulnerabilidad no sólo económica, sino también social, ya que la pérdida de fuentes de trabajo es el principal motor de la migración del territorio, a lo que se suma el desplome de los precios de la tierra en la zona, debido a su transformación en área industrial.
Este proyecto considera el empleo de un máximo de 220 personas durante los 2 años que duraría su etapa de construcción, generando entre 6 y 11 puestos de trabajo permanente durante sus 25 años de funcionamiento.
El área de Quilo – Mar Brava concentra importantes valores del patrimonio natural y cultural de Chiloé. Existe evidencia de al menos 16 sitios arqueológicos en el área del proyecto, incluido el Sitio Puente Quilo I (5.500 AP), el más antiguo de Chiloé y sustento de las teorías de poblamiento austral patagónico.
En este mismo sector se encuentra el Monumento Natural Islotes de Puñihuil, que alberga importante fauna nativa protegida, entre ella la única colonia mixta de pingüinos de Humbolt y Magallanes. Además, el sector ha sido relevado como zona libre de caza, área de protección de la importante diversidad de avifauna local y migratoria. En el golfete de Quetalmahue se encuentra la Reserva Marina de Pullinque y los mares del sector de Mar Brava y península de Lacuy son reconocidos internacionalmente por ser el hábitat de ballenas azules y franca austral, monumento nacional reconocido por nuestro país. Estas riquezas naturales, además de su valor en sí mismo, fundamentan múltiples iniciativas de turismo de intereses especiales y turismo rural, que benefician económicamente a toda la comuna de Ancud.
El accionar de una empresa de energía limpia
Si bien este proyecto lleva más de tres años en evaluación, aún no existe claridad entre la comunidad local sobre sus implicancias; hay vecinos que no saben cómo serán afectados y otros que se han ido enterando en el proceso que se pretende instalar un aerogenerador de 150 metros a metros de sus viviendas si recibir aviso por parte de los responsables del proyecto.
La playa de Mar Brava concentra áreas de manejo para la pesca artesanal, de la que dependen más de 150 familias ancuditanas que en este momento encuentran amenazada su fuente de trabajo, ya que las transformaciones del ecosistema (especialmente movimiento de áridos y afectación de los causes que llegan al mar) revocarían las certificaciones de calidad que les permiten comercializar sus productos bentónicos en el mercado nacional e internacional.
La instalación de aerogeneradores se realiza a través de un contrato de arriendo por 25 años a los propietarios de los campos del sector, sin embargo la empresa sólo ha tenido conversaciones y acuerdos con los arrendatarios y no con los vecinos en general, encontrándose viviendas aledañas a las torres, a menos de los 500 metros recomendados para la aislación del molesto ruido que esta industria genera.
Planificación territorial energética
La Agenda Energética presentada por el actual gobierno en mayo de 2014, presenta siete lineamientos estratégicos, el séptimo se titula “Participación ciudadana y ordenamiento territorial”, es precisamente este punto el que cobra mayor relevancia para entender lo que está sucediendo en Chiloé con el desarrollo de energía eólica y en particular con el proyecto Parque Eólico Chiloé, donde las comunidades se encuentran divididas por el proyecto, existiendo dirigentes de comunidades que han optado por negociar compensaciones con la empresa, asesorados por Patricio Peñaloza de la ONG Corporación Canelo de Nos sede Ancud y otras comunidades que han optado por no negociar, por cuanto consideran que el territorio tiene valor y no precio, y el proyecto resta valor espiritual, paisajístico, cultural, arqueológico, ecológico y económico al lugar donde han decidido vivir y desarrollarse a futuro.
Además de la división de las comunidades, el proceso de participación ciudadana contemplado por ley, ha sido desarrollado de forma deficiente por parte del Servicio de evaluación ambiental de Los Lagos, donde hoy, a cuatro años de presentado el proyecto, muchas habitantes del lugar directamente afectados desconocen los impactos de esta industria en su localidad.
La división de comunidades, una deficiente institucionalidad ambiental que garantice información objetiva a los ciudadanos sobre los futuros impactos de un proyecto y un rol vinculante en el tipo de proyectos que podrían instalarse en sus localidades son tareas pendientes para la institucionalidad democrática, ambiental y energética y es de esperar que sean abordadas de buena forma por la Agenda energética actual, sin embargo esto debe ir complementando con planificación territorial, es decir, un proceso técnico-científico que plasme espacialmente cuales son los sectores donde un determinado proyecto puede localizarse y donde no, de manera de maximizar el beneficio económico y social de los proyectos energéticos y disminuir los costos e impactos sociales, culturales y ecológicos.
Es la definición de las vocaciones de uso de un territorio, aspecto en el que se debe legislar a fin de otorgar certeza sobre qué tipo de intervenciones se podrían realizar y en qué lugares, aspecto que la actual agenda energética tiene la oportunidad y el deber de abordar, considerando el “boom eólico” que enfrenta Chiloé desde hace cuatro años y donde el archipiélago podría verse saturado de industrias energéticas, tal como está sucediendo con la industria eólica, sin considerar en ello a las comunidades locales y los impactos territoriales derivados de esta profunda transformación del territorio y de la singular y valiosa cultura que se sustenta en él.
La energía renovable debe ser ambientalmente sustentable y socialmente justa
Existen varios indicadores que reflejan la justicia social y ambiental implicada en los proyectos de inversión y desarrollo. Desde hace un par de décadas las emisiones de CO2 son vistas como un claro signo de contaminación ambiental y daño a la salud de las personas.
El avance hacia una mayor conciencia ambiental nos ha llevado a evaluar y evidenciar que la huella de carbono no se refiere solamente a la contaminación in situ que genera una empresa, si no a la cadena de afectaciones ambientales implicadas en el proceso productivo, tendiendo a generar una mayor huella de carbono el desplazamiento geográfico entre los procesos productivos y el consumo de los bienes generados. Es así que proyectos energéticos que son aparentemente “limpios”, como PECH o Hidroaysén, generan un enorme impacto al dañar irreparablemente ecosistemas y la forma de vida de comunidades locales, además de los cientos que kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión que se deben construir para distribuir la energía generada en lugares apartados al Sistema Interconectado Central.
2014.08.16. Radio Alcoy. (La oposición vuelve a la carga para proteger la sierra de Alfaro)
16 de agosto de 2014 Radio Alcoi
PLAN EÓLICO DE EL COMTAT
La oposición vuelve a la carga para proteger la sierra de Alfaro
Isabel Bonig elude comparecer en las Cortes para explicar los cambios en la conservación de la zona
sábado, 16 de agosto de 2014
Los grupos en la oposición en las Cortes Valencianas, Compromís, Esquerra Unida y el PSOE, han solicitado de nuevo a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, que explique por qué su departamento ha permitido que la sierra de Alfaro, incluida en el Plan Eólico de El Comtat, quede fuera de la Red Natura 2000. La petición llega después de que el último periodo de sesiones haya concluido sin que la consellera haya comparecido para dar explicaciones, un hecho que lamenta la Coordinadora d’Estudis Eòlics de El Comtat.
La petición de comparecencia va acompañada por múltiples preguntas y proposiciones no de ley que están pendientes de contestación desde hace nueve meses. La coordinadora confía en que Bonig “responda para hacer frente a sus responsabilidades en el nuevo periodo de sesiones”, que comienza en septiembre.
El origen de las iniciativas parlamentarias y del malestar de la coordinadora es la decisión de la conselleria de no recurrir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, a propuesta de una de las adjudicatarias del plan eólico, desprotegía la sierra de Alfaro, dejándola fuera de la Zona de Especial Protección para las Aves, una de las figuras de la Red europea Natura 2000.
“En casos similares la Generalitat ha recurrido las sentencias que le eran desfavorables y en este caso la sierra de Alfaro ha quedado indefensa”, sostiene la Coordinadora d’Estudis Eòlics, a través de un comunicado. El colectivo no olvida que la sentencia fue ocultada durante medio año a los ayuntamientos afectados por el plan eólico. “En realidad, lo que ese comportamiento da fe de que la Generalitat se alía con las grandes eléctricas y las grandes empresas constructoras que poco se preocupan por los pequeños municipios de El Comtat y por la protección ambiental del territorio”, señala la coordinadora.
http://www.radioalcoy.com/News/New/la-oposicion-vuelve-carga-proteger-sierra-Alfaro
2014.08.15. Información. (La oposición en las Cortes vuelve a pedir a Bonig explicaciones por el plan eólico)
Diario Información 15 de agosto de 2014
La oposición en las Cortes vuelve a pedir a Bonig explicaciones por el plan eólico
La coordinadora de El Comtat critica que siga sin comparecer para informar sobre la desprotección de Alfaro
- vilaplana 15.08.2014 | 01:43
Los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas, PSOE, EU y Compromís, han vuelto a solicitar la comparecencia de la consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, para que ofrezca explicaciones sobre la desprotección de la Sierra de Alfaro, donde está previsto uno de los parques eólicos de El Comtat.
La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat difundió ayer un comunicado en el que criticaba que Bonig no haya comparecido todavía, cuando ya han transcurrido nueve meses desde la petición inicial de los citados partidos y además se ha terminado el período de sesiones.
La entidad insiste en que la Generalitat «toleró la desprotección de una zona de especial protección para las aves (ZEPA) para que se construya un parque eólico». Así, añade que «la condición de ZEPA fue otorgada por la Generalitat y una sentencia del TSJ se la quitó. En otros casos parecidos ha recurrido las sentencias que le eran desfavorables, y en este caso, la Sierra de Alfaro se ha quedado indefensa».
La coordinadora también acusa al Consell de haber ocultado la sentencia durante seis meses, impidiendo que los ayuntamientos o los colectivos ciudadanos implicados se personaran en el proceso judicial. «En realidad –afirman–, ese comprotamiento da fe de que la Generalitat se alía con las grandes eléctricas y las grandes empresas constructoras que poco sufren por los pequeños municipios de El Comtat y por la protección ambiental del territorio».
La coordinadora recurrió al Síndic de Greuges y a la CE, que ha abierto una investigación. Además, a través de los grupos políticos en la oposición se presentaron 28 preguntas en las Cortes, y aún quedan por resolver nueve solicitudes de respuesta escrita, dos de respuesta oral, cuatro proposiciones no de ley y una solicitud de comparecencia de Isabel Bonig que se ha vuelto a solicitar «para que haga frente a sus responsabilidades».
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2014/08/15/oposicion-cortes-vuelve-pedir-bonig/1535653.html
2014.08.10. Estafa y mentira, el otro lado del proyecto eólico
2014.08.10. Noticiasnet.mex
Estafa y mentira, el otro lado del proyecto eólico
Los aerogeneradores pasaron de ser proyectos sustentables para convertirse en una de las razones principales para que los oaxaqueños se enfrenten entre ellos mismos y contra el gobierno
Karen Mendiola
Dom, 08/10/2014 – 22:32
- Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.- El año 2006 fue un año histórico para el estado de Oaxaca y un momento crítico de la revolución social, económica y política que viven sus habitantes.
En la capital, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscaba derrocar el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz tras un desalojo efectuado el 14 de junio en el centro de la ciudad, que habían instalado los maestros esperando el resolutivo a su pliego petitorio.
Debido a este fallido desalojo y a que los más de 70 mil agremiados se sintieron ofendidos por haber usado la fuerza pública durante la madrugada de ese día, surgió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual se unió a la lucha magisterial encabezada en un principio por el ex líder magisterial Enrique Rueda Pacheco.
Pero no solo la capital se encontraba en una lucha popular ante el gobierno, pues la región del Istmo también enfrentaba un cambio que conforme pasaron los años se convirtió en una resistencia y una lucha para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas.
El año 2006 fue marcado por la aparición de los primeros aerogeneradores, los cuales los han puesto en lucha constante de ideas y motivo de numerosas confrontaciones.
No solo los pueblos zapotecas de la región del Istmo han sido protagonistas de esta situación, el pueblo ikoots también ha estado involucrado en la creación de los parques eólicos en la zona.
De este modo, los parques eólicos pasaron de ser proyectos sustentables para convertirse en una de las principales razones para que los oaxaqueños se enfrenten entre ellos mismos y contra el gobierno.
El representante del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico, Juan Regalado Martínez, recuerda que este año fue marcado para los zapotecas como uno de las épocas en donde tendrían que defender su territorio, tal como lo hicieron en la antigüedad.
BUENAS INTENCIONES, RESULTADOS DUDOSOS
Tras un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas firmado por varios países, entre ellos México, se decidió evitar el sobrecalentamiento de la tierra.
La preocupación por los países de generar energía limpia llevó a que México apostara por tener parques eólicos para producir energía y con ello revertir la contaminación que hay en el país.
Debido a su ubicación geográfica y a que en el territorio del Istmo de Tehuantepec corre una gran cantidad de aire, fue una de las zonas elegidas para poder generar y poner en marcha este proyecto.
El representante del Comité de Resistencia señaló que el proyecto para generar energía sustentable no es malo, y que en realidad cualquier energía puede ser limpia, pues el problema de los contaminantes se genera durante su proceso de producción.
A decir de Juan Regalado, las empresas que han llegado a instalarse a la región del Istmo no han respetado las normas de la comunidad, leyes nacionales y estatales ni tratados internacionales. Aseguró que violan de manera automática derechos humanos y derechos indígenas, de los cuales se ha hablado a nivel internacional y nacional.
Una de las inconformidades de los grupos antieólicos en la región es que no han tenido el apoyo del gobierno estatal y federal para marcar los lineamientos de respeto a las comunidades, pues pareciera que está de acuerdo con las empresas que se ha venido a llevar los recursos naturales de las tierras oaxaqueñas.
“De una u otra forma y sin autorización de la gente que vive en las comunidades, el gobierno ha permitido la entrada de los empresarios españoles para crear parques eólicos”, afirmó.
A pesar de haber entablado mesas de diálogo con el gobierno estatal para que las comunidades salieran beneficiadas, las autoridades se deslindaron afirmando que el contrato solo era firmado por el propietario y la empresa y ellos no podían realizar ninguna acción, ni entrometerse en esa situación.
GANANCIAS DESIGUALES
Según datos de la Asociación Europea de Energía Eólica, en otros países, como es el caso de España, Portugal y Alemania, la remuneración pagada por las empresas explotadoras de parques eólicos, por concepto de arrendamiento de tierras oscila entre 1 y 5 por ciento de los ingresos brutos por venta de energía.
Es decir, los pobladores que rentan sus tierras a las empresas eólicas reciben alrededor de un 3.9 por ciento de los costos totales de la producción de esta energía renovable.
En cambio en la región del Istmo Tehuantepec la renta de las hectáreas para instalar un parque eólico sólo llega en algunas ocasiones al 1.53 por ciento de los ingresos brutos de las empresas.
Un estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México llamado “La Energía Eólica en México” señala que la oposición de algunos de los pobladores se debe a la falta de transparencia y beneficio que obtendrán mientras los parques estén instalados en las poblaciones.
Uno de los párrafos del estudio cita lo siguiente: “Los contratos se realizan en condiciones de desventaja para los propietarios, porque las empresas se hacen del derecho de posesión de la tierra durante 30 años, con posibilidades de renovarse otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos, al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada”.
EL estudio muestra un cuadro comparativo en donde se muestra que en Argentina, el parque eólico Arauco SAPEM obtuvo un ingreso bruto anual de 11 millones 862 mil dólares en el año 2012 y pagó por arrendamiento de la tierra cuatro por ciento a sus propietarios originales.
En España el parque eólico La Noguera obtuvo un ingreso bruto de 10 millones 870 mil euros y pagó cuatro por ciento por el arrendamiento de la tierra.
En Alemania, el parque Hamburg tuvo un ingreso bruto anual de 10 millones 812 mil euros y también pagó el cuatro por ciento.
Y la lista sigue con algunos otros países como Estados Unidos, en donde la percepción para los arrendatarios es la misma.
En cambio, en México, la empresa española Iberdrola en el parque eólico Bii Nee Stipa obtuvo una ganancia bruta por siete millones 148 mil dólares, y pagó por arrendamiento 0.025 por ciento lo que equivalente a 23 mil 600 pesos al año.
Asimismo el estudio revela que estos abusos se da debido a que el 60 por ciento de los ejidatarios de la zona son analfabetos, situación que aprovechan los inversionistas para cerrar contratos engañosos.
Por su parte, Regalado Martínez señala que la cantidad de dinero que dan por los terrenos los empresarios, es y fue en realidad una miseria en comparación con lo que reciben en otros países.
AEROGENERADORES EN NÚMEROS
Si por cada dos megawatts que se genera en un aerogenerador se pagaran dos pesos, al año se tendría una ganancia de17 millones 520 mil pesos, sin embargo en la región cada megawatts tienen un costo mayor y cada 365 días genera alrededor de 500 millones de pesos.
La mayoría de las empresas instaladas en la región del Istmo de Tehuantepec no cuenta con solo un aerogenerador por lo que sus utilidades al año son billonarias. A pesar de generar esta cantidad de dinero, las comunidades no se ven beneficiadas.
Unión Hidalgo es uno de los municipios peores pagados por las empresas eólicas, pues solo pagan de renta un peso por metro cuadrado, mientras que en La Venta se pagan 10 y en Santo Domingo 19.
LOS TRIUNFOS
La entrada del proyecto eólico se ha venido abajo en algunos municipios, tal es el caso de San Dionisio del Mar en donde la Asamblea de la comunidad ha impedido su instalación.
Juan Regalado afirmó que los integrantes de su organización esperan que muy pronto en Unión Hidalgo se puedan revertir los contratos puesto que ya interpusieron una demanda ante el Tribunal Agrario en donde hacen hincapié en que las tierras están en el régimen de bienes comunales.
Estafa y mentira, el otro lado del proyecto eólico (2)
Los terrenos fueron vendidos debido a la necesidad que hay en la región
KAREN MENDIOLA
Lun, 08/11/2014 – 23:2
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- La mayor demanda que tienen los pueblos zapotecas e ikoots es que se respete la autonomía de los pueblos indígenas, sobre todo que se realice una consulta previa, libre e informada a las comunidades que albergarán los proyectos eólicos.
Cuando comenzaron a llegar las primeras empresas para instalarse en la región, solo hablaron con los propietarios de los terrenos en donde deseaban poner sus aerogeneradores, olvidándose de la comunidad por completo.
“Con base en mentiras, chantajes y un trato muy amable mientras se generaba la firma para vender los terrenos, los empresarios eólicos llegaron al territorio acabando con los pocos terrenos que la gente tenía como parte de su patrimonio”, dice el representante del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico, Juan Regalado Martínez.
Señala que la cantidad de dinero que dieron por los terrenos los empresarios fue en realidad una miseria, en comparación con lo que reciben en otros países.
Los terrenos fueron vendidos debido a la necesidad que hay en la región puesto que en el Istmo hay pobreza, muy pocas fuentes de empleo y poco patriotismo para defender la tierra.
Además de los atropellos cometidos al no respetar la consulta previa, libre e informada a las comunidades en donde se asentarían los proyectos eólicos. Las tierras donde tienen instalados los ventiladores pertenecen al régimen de bienes comunales.
En la República Mexicana el 98 por ciento de la superficie terrestre pertenece al régimen agrario comunal o ejidal, es decir no existen propietarios privados sino que son terrenos de la comunidad.
Juan Regalado señaló que han violado y pasado por alto a los bienes comunales, situación que puede revocarse debido a que cada proyecto instalado en las poblaciones con este régimen debe ser aprobado por los comuneros.
La riqueza que generan las empresas eólicas con los recursos naturales de las comunidades debe ser repartida en la población y no hacer especies de monopolios que solo beneficien a unos cuantos.
Si el proyecto es aprobado por los comuneros, la empresa que llegue a instalarse tiene la obligación de contratar y capacitar para el trabajo que requiera al 90 por ciento de su personal en la región.
El Presidente de la República no ha decretado la propiedad privada en la región del Istmo de Tehuantepec por lo que las tierras siguen siendo comunales, aunque se tenga un título de propietario ante u notario público.
Tener un acta notarial no significa que sea propiedad privada puesto que desde 1964 y hasta la fecha las tierras son de la comunidad (bienes comunales).
SIN CERTEZA TERRITORIAL
El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha señala que el 17 de junio de 1964, a través de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se confirmaron y titularon los bienes comunales en 68 mil 112 hectáreas de territorio juchiteco, sin embargo, en ese mismo decreto que reconocía los bienes comunales, los hacía regresar al régimen de ejido.
Esta situación generó oposición de los campesinos al decreto por convertir tierras comunales en ejidales y en 1966 lograron un acuerdo con el presidente Díaz Ordaz que revocó parte del decreto, el cual creó la “tierra privada de origen comunal”.
El 31 de mayo de 1966 el Cuerpo Consultivo Agrario entregó 2500 títulos de propiedad con alrededor de 25 mil hectáreas de tierras de riego.
Asimismo la institución señala que en la expedición de esos títulos solo mil 170 de ellos localizados en el Registro Nacional de la Propiedad no correspondían a los títulos entregados y entre el 10 y 15 por ciento de los títulos nunca fueron ratificados.
La situación jurídica de las tierras de Juchitán no se ha aclarado hasta el día de hoy. Lo que impide tener claridad sobre cuánta es y dónde se ubica la tierra comunal, quién regula la compra venta de ejidos sin la existencia de un Comisariado, así como a quién favorece la ocupación de los terrenos como parte del proceso de urbanización de la zona.
La reforma al Artículo 27 constitucional agrava ahora con el cambio de uso de suelo para la instalación de parques eólicos sobre tierras que la población local identifica como tierras comunales.
Durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz se repartieron títulos de pequeña propiedad dentro del régimen comunal, es decir, quienes son agricultores puede tener un máximo de 50 hectáreas para la siembra y los ganaderos hasta 500 hectáreas si demuestran que tienen 500 cabezas de ganado.
Si los pequeños propietarios llegaran a rebasar la cantidad de hectáreas concedidas por el gobierno, automáticamente regresan a manos de las autoridades por haber violado esta normatividad.
Daños y consecuencias de no cumplir la normatividad
Otro de los argumentos antieólicos para estar en contra de los parques con los aerogeneradores es que a corto plazo han traído efectos en la salud, el medio ambiente y problemas sociales, políticos y económicos.
Tras la instalación de los parques, las opiniones han estado divididas puesto que hay quienes si prueban esta situación y quienes se niegan de manera rotunda a la entrada de estas empresas que solo buscan su beneficio.
En cuestiones de salud el ruido que genera cada ventilador afecta a los pobladores que viven cerca de ellos pues por norma solo deberían generar 65 decibeles, los cuales son rebasados en los parques eólicos.
La distancia entre cada uno de los ventiladores debe ser 10 veces el diámetro de las aspas, es decir alrededor de 800 metros, sin embargo en la región los aerogeneradores solo cuentan con 80 metros de separación.
Además de que todos los parques tienen su límite en la periferia en donde están instaladas las comunidades, lo cual no debería estar permitido debido a los efectos de salud que pueden causar.
2014.08.06. Confidencial. (corrupión eólica en Catalunya)
6 de agosto de 2014
EN BENEFICIO DE SUS NEGOCIOS EÓLICOS
Oriol Pujol vetó informes de Medio Ambiente para lucrar a altos cargos de CDC
El exsecretario general de CDC Oriol Pujol. (EFE)
06/08/2014 (05:00)
El 13 de marzo del 2002, tenía lugar en Barcelona una importante reunión entre los departamentos de Medio Ambiente y de Industria. En el cónclave estaban presentes Oriol Pujol Ferrusola, que había sido nombrado secretario de Industria, y Albert Mitjà, director general de Energía y Minas. La intención era desbloquear el visto bueno para la apertura de tres parques eólicos que la consejería de Medio Ambiente había paralizado. Lo malo del caso es que dos de ellos soportaban un informe negativo de los servicios de esa consejería, que desaconsejaba su apertura por razones ecológicas.
Oriol Pujol apeló a otros argumentos más ‘contundentes’: el president Pujol tenía interés personal en conceder esas licencias. Punto y final. El 8 de mayo siguiente, el entonces conseller en cap (consejero jefe), Artur Mas, enviaba una carta al consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, en la que le decía textualmente: “En las últimas semanas, he ido insistiendo en la necesidad de autorizar la instalación de algunos parques eólicos (…) Me gustaría que me informases lo más pronto posible de la situación de los proyectos siguientes: Prat del Compte (parques eólicos de Carena de la Tossa y Coll Ventós), Ascó (parque eólico de Barbers), Colldejou (parque eólico de Les Costes) y Portbou (parque eólico de Tramuntana). ¿Qué razones impiden conceder estas autorizaciones?” Mano de santo: el 17 de mayo, nueve días más tarde, eran aprobados los proyectos de Portbou y Ascó y una semana después, los dos de Prat del Compte.
Tres de esos parques eran los aludidos por Oriol Pujol y donde su padre tenía interés personal. ¿Por qué ese interés? Paradójicamente, dos de ellos pertenecían a un veterano militante de CDC y fundador de CiU, Joan Fages. El nombre de éste figura en los documentos oficiales de la constitución de la Federación de CiU, en representación de CDC, juntamente con los de Jordi Pujol Soley, Francesc Caminal, Maria Eugènia Cuenca, Marta Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, Miquel Roca Junyent, Antoni Subirà, Pere Sagarra Trias, Núria Claverol o Carles Sumarroca Coixet.
El tercer parque era propiedad de este último, fundador junto a Jordi Pujol de CDC en los años 70. Sumarroca siempre ha hecho negocios a la sombra del poder y dos de sus constructoras (Teyco y Emte) están en el top ten de las privilegiadas compañías que reciben las adjudicaciones de obra pública de Cataluña. Además, Sumarroca compró a finales de los 90 la empresa Entorn, que había realizado el informe de impacto ambiental de su parque precisamente. Y Entorn era la compañía que había creado años antes Pere Pujol Ferrusola. Después de que Sumarroca la comprase, Pere Pujol siguió como director de la misma, aunque con el bolsillo un poco más lleno.
Una evolución sorprendente
De los dos proyectos que Artur Mas añadía en su carta, el de Barbers contaba con un informe medioambiental redactado por la compañía Codema, también propiedad de Sumarroca. Y el de Tramuntana era propiedad de Joan Fages. Lo cierto es que Codema y Entorn eran las compañías reinas de los informes en el sector eólico. La pequeña firma de Pere Pujol Ferrusola, uno de los hijos del todopoderoso president, había realizado los pertinentes dosieres de un buen puñado de parques eólicos, aunque le sobrepasaba en número Codema. Cuando Pujol dejó el poder, ambas compañías se habían encargado de 25 de los 67 informes que habían llegado al Gobierno, un 37,31% del total (normalmente, cada parque eólico contrataba a una compañía diferente para los informes).
La evolución de Entorn no deja de ser curiosa: en el año 2000, facturó 850.143,64 euros; en el año 2001, 990.398 euros; y en el año 2002, 1.699.217,23 euros. No es de extrañar porque comenzaron a lloverle contratos con la Administración: realizó los informes de impacto medioambiental del canal Segarra-Garrigues, la mayor obra civil de Europa; del canal Xerta-La Sènia; del campo de golf de Vilanera, en L’Escala (después de que una primera auditoría desvelase el severo impacto del proyecto); y del impacto ambiental de la variante de Cardedeu a Llinars. Además, obtuvo dos encargos de Medio Ambiente sobre el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) y numerosos contratos de consejos comarcales, controlados por CiU.
Entorn ya nació con estrella: en su primer año de rodaje, realizó el censo ganadero de las comarcas de Osona, Conca de Barberà, Urgell y Les Garrigues por un monto global de 38,5 millones de pesetas (unos 232.000 euros) y el censo industrial de las comarcas de Gironès, Alt Camp y Maresme (en total, unos 35,5 millones de pesetas, o sea, casi 200.000 euros). El mayor encargo fue el de Osona y se lo hizo Jacint Codina, entonces diputado de CiU, por 28 millones de pesetas. Claro que era el año 1994, lo que da una idea de las estratosféricas cifras que ello suponía. Paralelamente, realizó un informe a la carta para habilitar una planta embotelladora de agua mineral en el Montseny, argumentando que no había déficit de agua para extraer 56.000 metros cúbicos.
Posteriormente, comenzó también a recibir encargos de las empresas públicas Gisa y Regsa (encargadas de la obra pública y del regadío de Cataluña) por valor de cientos de miles de euros. A principios del 2000, sus principales clientes eran la Autoridad Portuaria de Barcelona (controlada por CiU), Ferrovial y Generación de Energía SA, un holding controlado por Joan Fages.
Durante el último gobierno de Jordi Pujol, en el año 2003, a la empresa de Pere Pujol el gabinete de su padre le hizo un último favor: le encargó el estudio de impacto ambiental del alargamiento de la línea 4 de Metro, que luego pasaría a ser la línea 2. En el 2005, Entorn fue la empresa que realizó el impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto deportivo de Sitges.
Otro vástago de los Pujol, Oleguer, comenzó a hacer negocios fuera de Cataluña. Era, precisamente, el más radical de los hermanos, un independentista acérrimo que participó en la campaña Freedom for Catalonia y en la gran pitada al Rey. Pero la pela es la pela y su negocio fue hecho, precisamente, en las tierras españolas de las que tanto abominan él y algunos miembros de su familia. Actualmente, está en el punto de mira de Anticorrupción por varias operaciones extrañas, entre otras la compra de la red de oficinas del Banco Santander en 2008 y la compra de varios inmuebles del Grupo Prisa en Madrid y Barcelona. La Udef le atribuye una fortuna de 137 millones de euros en Suiza y otros activos que pueden alcanzar los 400 millones de euros.
