2014.09.10.Petrer al día. (La amenaza de los gigantes de acero)

10 de septiembre de 2014 Petrer al día

La amenaza de los gigantes de acero

Nota: Reportaje extraído de la Revista Festa 2006.

“Bendito una y mil veces

el paisaje que encontraron mis ojos al abrirse

en la cuna amorosa de este valle”.

Paco Mollá, de Alma y otros poemas.

 

Los inicios

En 1996, la Comisión de Medio Ambiente de Gran Bretaña advertía de la destrucción de los espacios y de los paisajes naturales que la masiva industrialización eólica llevaba consigo. Eran «los bosques eólicos», un nuevo y monográfico paisaje que surgía en el medio rural inglés. Al respecto, el Dr. Jhon Hedger, del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Gales, ha escrito: «La energía eólica no es tan limpia como sus partidarios querían hacernos creer. Se trata de una instalación industrial y como tal degrada el entorno donde se construye. El resultado es la pérdida del hábitat para la vida salvaje. Los supuestos beneficios ambientales de la energía eólica sólo llegarán con el uso intensivo de las turbinas. Un problema medioambiental será sustituido por otro».

Durante años, en Gran Bretaña el desarrollo y las consecuencias del vertiginoso desarrollo de la energía eólica fue estudiándose y valorándose, como también lo fue en Alemania. Es en la ciudad alemana de Darsmdt donde, en 1999, se firmó el «Manifiesto Darmsdt» en el que un centenar de expertos científicos denunciaba los impactos y las consecuencias de la destrucción de los espacios naturales y los paisajes provocados por la industrialización eólica. En el año 2000, la prestigiosa revista inglesa Country Guardian presentó un amplio y completo informe titulado «El caso contra los Parques Eólicos». Y a las conclusiones que llegaron los expertos después de años de estudio y de polémica abierta fue que el sacrificio de sus espacios naturales y de sus paisajes rurales era un sacrificio inútil, demostrando con datos y argumentos científicos que la producción de una energía intermitente e impredecible como es la del viento no podría suministrar mas del 10% sin causar graves problemas al sistema de la red eléctrica.

El aterrizaje de la industria eólica en la Comunidad Valenciana

El objetivo final de la política de medio ambiente es la protección de la salud del hombre, la conservación en cantidad y calidad de todos los recursos que condicionan la vida: el aire, el agua, el suelo, el clima, las especies de flora y fauna, las materias primas, el hábitat y el patrimonio natural y cultural. En las políticas medio ambientales ocupa un lugar fundamental el principio de prevención, principio incorporado al Derecho, a través del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986 de 28 de junio e incorporado a la normativa autonómica a través se la Ley de la Generalitad Valenciana 2/ 1989 de 3 de marzo. En julio de 2001 se firma el Plan Eólico Valenciano, en el que el gobierno y los grupos políticos apuestan por el fomento ordenado de esta energía, y es en este contexto donde la boyante industria del viento aterriza por estas tierras de la mano de las grandes empresas de la construcción y de la banca. En la medida en que el plan comienza a desarrollarse y se conocen los emplazamientos proyectados para construir las centrales eólicas en las montañas valencianas, el rechazo empieza a surgir en algunas zonas afectadas como Onil y Castalia, donde el trabajo del colectivo Natura i Gent se inicia recopilando y contrastando información sobre este proyecto e informando a los ciudadanos del desastre que se avecinaba. En el Plan eólico, la Comunidad Valenciana se reparte en zonas de supuesta rentabilidad eólica y Petrer, junto a los municipios de Sax, Biar, Castalla, Onil y Banyeres de Mariola son incluidos en la última, la ZONA 15. Esta división del territorio forma «la fatídica lista de los 146 municipios afectados por el plan», como muy bien expresó el doctor en Geografía Paco Tortosa en su articulo «Energía eòlica, plan eòlico valenciano y paisaje» (El País, 22 de marzo de 2004). Porque, cuestiones subjetivas aparte, un parque eólico es una instalación industrial de grandes proporciones, y una turbina -un molino- una máquina grande y ruidosa de la altura de un bloque de 30 pisos. En aquel escrito, además, su autor invitaba a una seria reflexión de todos los valencianos sobre las consecuencias de la industrialización masiva de las montañas valencianas, porque en la fatídica lista de los municipios afectados se encuentran muchos: «Los más maravillosos paisajes valencianos, algunas de las mejores muestras de vegetación autóctona, las más singulares villas medievales, los yacimientos más emblemáticos, cuevas, árboles monumentales, cultivos milenarios, ramblas imposibles, masías y aldeas». La destrucción que se avecinaba debía ser conocida y valorada por los habitantes de los municipios afectados y por la sociedad valenciana.

El trabajo iniciado con Natura i Gent empieza a ampliarse y se forma la Coordinadora de Asociaciones por la Defensa de la Naturaleza, que agrupa a los seis municipios afectados por la Zona 15. Fernando Moles, presidente de la Coordinadora, hace público en el diario Información el 6 de abril de 2004 el manifiesto «Plan Eólico: así se anula la voz del pueblo», donde se recuerda que «quienes nos gobiernan con los votos de la ciudadanía están obligados desde el Estatuto, la Carta de Aalborg o la Constitución Española a recoger y respetar la opinión popular, así como a velar por los intereses patrimoniales. Sí no es así, se estará anulando la voz del pueblo y eso como ya sabemos se paga en el futuro y se paga bien caro». Paralelamente, el Gobierno valenciano anunciaba una Ley del Paisaje para proteger nuestras montañas, ya que el paisaje es percibido como un bien a proteger, incluido en las leyes ambientales junto a la fauna, la flora y las formaciones geológicas.

Estudio de impacto en la zona 15

El punto de rechazo total surge con la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que la empresa presenta en marzo de 2004. Un estudio de impacto ambiental debe identificar, describir y valorar de una manera apropiada y en función de las particularidades, los efectos notables previsibles que la realización de un proyecto producirá sobre distintos aspectos ambientales. Se detallará la metodología y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o valoración de los diferentes espacios ambientales, así como la fundamentación científica de esa evaluación. Deben indicarse también los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación y repulsa social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos medio ambientales. Estos principios básicos, recogidos en la Ley de Impacto Ambiental que deben regir cualquier proyecto, máxime cuando pueden verse afectados elementos ambientales valiosos, no fueron tenidos en cuenta por la empresa promotora de la Zona 15. El estudio presentado por el consorcio eólico Guadalaviar, formado al 50% por las empresas Acciona y Elecnor, carece de los estudios y los registros de viento que justifiquen la rentabilidad eólica del proyecto. Se falsean los datos sobre la economía de la zona y sobre la aceptación social del proyecto, ajustándolo sólo a sus intereses económicos. Los estudios sobre la flora y la fauna están plagados de errores, y se desprecia con premeditación y alevosía el valioso patrimonio natural y cultural de las montañas. No hay presupuesto económico para corregir todos los irrecuperables e irreversibles impactos que proyectan, y tampoco aparece el millonario presupuesto para el desmantelamiento de los aerogeneradores cuando finalice su vida útil, fijada en 20 años. De este modo, una empresa que se publicita como pionera en sostenibilidad demuestra públicamente con este estudio que sólo persigue obtener el máximo beneficio gracias a las millonarias subvenciones del kilovatio eólico.

Contra este estudio de impacto recurrió la ciudadanía de los municipios afectados (asociaciones y grupos ecólogistas, culturales, deportivos y cívicos, unidos en la Coordinadora de Asociaciones por la Defensa de la Naturaleza y todos los Ayuntamientos, incluida la ciudad de Elda, que mostró su solidaridad. En Petrer, el Pleno Municipal histórico del 28 de abril de 2004 lo rechazó por unanimidad. En la plaza, entre música y juegos, se recogían firmas para las alegaciones y fueron muchos los ciudadanos que apoyaron con entusiasmo. Con este aplastante rechazo, se muestra el firme deseo de los municipios de preservar y mantener espacios y paisajes naturales como una acción de desarrollo sensato.Y por otro lado, se demostró que la participación ciudadana en las cuestiones ambientales, es la protección de su patrimonio natural, era muy alta y debía tenerse en cuenta.

Algunos datos que en el estudio de impacto no aparecen

Muchos de los espacios elegidos en la Zona 15 por la industria del viento son lugares de interés comunitario: zonas de especial protección para las aves o espacios protegidos localmente por su valor ecológico, paisajístico y rural. La industrialización-eólica en los espacios naturales provoca la destrucción de los bosques y no hay que olvidar la cantidad de oxígeno que estos bosques produce-Las seis centrales eólicas -con más de 100 gigantes  de acero repartidos por las crestas de las montañas- significan la ruina del turismo rural y la pérdida de valor de las propiedades por la contaminación acústica que se produce, que además provoca serios trastornos psicológicos. Otro dato muy importante que olvidan es la elevada probabilidad de provocar incendios forestales y las dificultades que provocan los aerogeneradores a la hora de emplear medios para su extinción. Y se olvidan también del uso social y el disfrute que los ciudadanos tienen en sus montañas, y de la voluntad de unos pueblos que han cuidado y respetado su entorno natural durante generaciones.

Tiempo de espera en la zona 15

A partir de este rechazo social e institucional masivo, que se tradujo en más de 15.000 alegaciones en contra de la imposición de centrales eólicas contra la voluntad del pueblo, el Plan en la Zona 15 se bloquea, hasta que se inician los intentos por parte de la Dirección General de la Energía de negociar con las zonas de la montaña alicantina. En La Verdad, de 3 de mayo de 2004, se publica que el Consell ofrece ayudas económicas a los municipios afectados -0,95 euros por kilovatio instalado y una partida de 2 millones de euros para repartir entre los municipios- para intentar desbloquear el Plan, pero no hubo respuesta por parte de los ayuntamientos. El 24 de julio aparecen publicadas en varios medios las declaraciones del conseller García Antón comprometiéndose a no ir contra la voluntad de los ayuntamientos que rechazaban el plan.

El rechazo al Plan Eòlico llega hasta el Parlamento Europeo, mostrando el comisario comunitario la voluntad de proteger los espacios naturales de interés en la Comunidad Valenciana. En la medida en que el tiempo pasa, el debate sobre el plan eólico se extiende por las zonas 5, 9 y 14. El 22 de julio de 2004 se presenta ante la opinión pública el «Manifiesto de la Plataforma Autonómica Contra el Plan Eòlico Valenciano», firmado por asociaciones y grupos culturales, cívicos y deportivos, lo que muestra el grado y la intensidad del rechazo de la sociedad valenciana. Ya en 2005, empieza hacerse público que la mayoría de las empresas adjudicatarias se crearon poco después de aprobarse el Plan, vulnerando las normas del mismo, ya que para poder concursar debían acreditar durante los últimos tres años su actividad en la producción de energía eólica. Asimismo, se conoce el entramado de subrogaciones, compras y ventas del accionariado de ciertas empresas. Poco tiempo después, el ex director del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Unció, imputado en el caso de la apropiación de fondos del Instituto que dirigía, pasa a ser nombrado director general de la División de Energías Renovables de Acciona, que al final ha conseguido el 60% de las adjudicaciones del Plan Eólico Valenciano.

El principio del fin

Durante casi dos años el proceso administrativo se mantuvo en silencio, ya que después de presentar y estudiar todas las alegaciones, los técnicos de Consellería tienen que hacer la Evaluación de Impacto, que está orientada a evitar en los orígenes las perturbaciones y contaminaciones, más que a combatir posteriormente los efectos negativos que pudieran derivarse del ejercicio de cierta actividad. Posteriormente se proclama la Declaración de Impacto Ambiental, que realiza la Agencia Valenciana de Medio Ambiente. En este pronunciamiento, se determina respecto a los efectos ambientales previsibles y la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada. Durante ese tiempo de espera y silencio administrativo, la Coordinadora de la Zona 15 mantuvo una línea de investigación, información y actos de denuncia en las comarcas afectadas, promoviendo el debate sobre la necesidad de potenciar el ahorro energético y también el uso de la energía solar para poder lograr un desarrollo sostenible. La Coordinadora presentó ante la administración, en marzo de 2005, un riguroso estudio del viento en la zona realizado por J. Javier Miró Pérez, prestigioso climatólogo que en la actualidad trabaja en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, estudio que demuestra la escasa rentabilidad eólica de los emplazamientos elegidos. La respuesta que la administración dio ante este nuevo documento hacía suponer que el proceso en la Zona 15 continuaba regulado a través del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo del que tenemos derecho a recibir respuesta. Al poco tiempo, en la Comunidad Valenciana se aprueba la Ley del Paisaje, que podría frenar el desarrollo eólico. A lo anterior, hay que añadir los problemas tecnológicos que la energía eólica acumula, sin una fórmula para predecir el viento, lo que provoca graves problemas en la red eléctrica, y la resolución de sus correcciones de impacto empiezan a resultar demasiado cuantiosas. Cuando se acaben  13.000 millones de euros en subvenciones al kilovatio eólico, estas instalaciones van a dejar de ser rentables.

A principios de 2006, la Generalitat Valenciana inicia los trámites para la declaración de Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y del Cid, «porque forman un espacio natural de vital importancia tanto por el conjunto natural de los ecosistemas como un espacio social de las poblaciones que la rodean». Pero el fin de la amenaza de los gigantes de acero aparece en las declaraciones recogidas en el semanario local El Carrer eI 7 de abril de 2006, del Director General de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria, Pedro Grimalt, donde afirma que «el proyecto en la Zona 15 ha sido descartado, porque se ha respetado la voluntad del pueblo».

Las últimas informaciones sobre el estado de la industria del viento aparecen en las declaraciones que el Ministro de Industria José Montilla realizó al periódico ABC a primeros de junio de este año sobre las asignaciones de producción eólica en las comunidades autónomas, afirmando que «las peticiones de todas las comunidades autónomas no se podrán ejecutar pura y simplemente porque se produciría un apagón y se colapsaría el sistema de la red eléctrica».

Siete años después de la publicación del Manifiesto Darsmdt y seis del documento «El caso contra los Parques Eólicos», sus conclusiones en la Zona 15 se confirman. Sin lugar a dudas, se trataba de un sacrificio inútil para tan poco supuesto beneficio medioambiental.

Agradecimientos a la ciudadanía, colectivos y asociaciones de los municipios que unidos rechazaron la industrialización de sus espacios naturales. A todos y todas los que aportaron su granito de arena para salvar las montañas, que fueron los quijotes de esta historia de molinos. Y a todos los grupos políticos que comprendieron la magnitud del desastre y actuaron junto a sus ciudadanos para proteger su patrimonio natural y cultural.

http://petreraldia.com/reportajes/la-amenaza-de-los-gigantes-de-acero.html

Anuncis

About CEEC

Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat. http://www.zona14.org

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