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2015.04.30. Finanzas.com. (Junta CyL insiste en que si paralizaban expedientes, “se paralizaban todos”)

Finanzas.com 30 de abril de 2015

Junta CyL insiste en que si paralizaban expedientes, “se paralizaban todos”

30/04/2015 – 14:16

La Junta de Castilla y León ha insistido hoy en la correcta tramitación de la autorización de parques eólicos investigados por la Agencia Tributaria por el supuesto pago de comisiones a altos cargos y ha negado discrecionalidad: “si se paralizaban expedientes, se paralizaban todos”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León que la normativa sobre la instalación de los parques eólicos fue “muy cambiante” y ha atribuido a esta circunstancia y a las declaraciones de impacto ambiental el hecho de que en un determinado momento los expedientes se paralizaran.

Ha hecho referencia a una información publicada hoy por el diario El País, en la que se afirma que “Castilla y León aprobó en unos días hasta 16 parques eólicos que paró durante años”, y ha sostenido que habría que “sacar que ocurría lo mismo con todas”.

El portavoz se ha preguntado si tramitar un expediente en dos años y medio “se puede llamar acelerar” un expediente “por la entrada de Iberdrola” como accionista de una empresa, en alusión a las operaciones realizadas.

“No hemos visto ninguna anormalidad, claro que ha habido parones, pero para todos los expedientes”, ha manifestado De Santiago-Juárez, quien ha dicho desconocer si el actual delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo, -hermano del exministro Federico Trillo- participó en la tramitación administrativa de las autorizaciones de los parques eólicos cuando era secretario general de la Consejería de Economía.EFE

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150430/junta-insiste-paralizaban-expedientes-2929045.html

Anuncis

2015.04.29. (La trama eólica de Castilla y León)

Diario.es 29.04.2015

El hermano de Trillo era alto cargo de la consejería que dio concesiones a la empresa asesorada por el exministro

El Grupo Collosa recibió al menos dos licencias de titularidad de parques eólicos en el tiempo en que Francisco Trillo-Figueroa era secretario general de Economía

El PSOE denuncia esa relación y acusa al exministro de “mentir” al decir que “la instalación de los parques eólicos ya se había producido”

El ahora delegado de la Junta en Valladolid está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compraventa de unos terrenos por parte de sociedades públicas

Irene Castro / Fátima Donado

La empresa a la que Federico Trillo facturó 354.000 euros por su asesoramiento en tres años se vio beneficiada por decisiones de la consejería en la que su hermano era alto cargo. El Grupo Collosa obtuvo la titularidad para al menos dos parques eólicos en el tiempo en el que Pablo Trillo-Figueroa ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que era el departamento encargado de resolver esas adjudicaciones.

El hermano del exministro ha pasado por varios puestos de responsabilidad en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ahora se ve salpicado por el escándalo de las concesiones de explotación de parques eólicos. Pablo Trillo-Figueroa, que en la actualidad es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de unos terrenos por parte de varias sociedades públicas. Junto a él hay una veintena de altos cargos imputados por ese caso investigado a instancias de la Fiscalía.

En la investigación de las licencias de los parques eólicos, Hacienda apunta a la “existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de compañías eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de esas concesiones, según el informe al que tuvo acceso El País.

Una de las empresas sobre la que Hacienda sospecha es el Grupo Collosa, al que Trillo facturó 354.000 euros desde febrero de 2006. Mientras el entonces diputado asesoraba a la corporación y su hermano era secretario general de la Consejería de Economía, ese departamento concedió a Collosa la titularidad de al menos dos de los parques eólicos de la comunidad.

Uno de los acuerdos para la explotación del parque eólico de Valdihuelo se llevó a cabo en 2005 entre una de las filiales de Collosa (Inverduero) y Endesa. La autorización para la explotación del parque eólico se resolvió el 30 de agosto de 2006, cuando Trillo llevaba asesorando a Collosa medio año. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones, según informa El País.

El inspector de Hacienda apunta a esa colaboración de empresas locales con eléctricas para las autorizaciones de los parques. “Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad”, resume el inspector que firma el escrito. Según ese documento, las empresas locales con las que se llegaba a acuerdos eran “propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”.

El PSOE dice que Trillo mintió sobre su labor en Collosa

El inspector de Hacienda sospecha que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

El otro parque que la consejería de Economía dio al Grupo Collosa mientras los hermanos Trillo estaban en cada una de las partes fue el de La Mallada, que se quedó en manos de su filial Ider. Esa tramitación –que concluyó el 10 de marzo de 2006, justo un mes después de Collosa contratara los servicios de Trillo– comenzó en 1998.

El PSOE ha acusado a Trillo de haber mentido en sus explicaciones sobre la relación con Collosa. “Cuando habló de su contrato de 9.000 euros por tomar un café con la empresa Collosa, dijo que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido –ha relatado la diputada socialista Soraya Rodríguez–. Y mintió. Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”.

http://www.eldiario.es/politica/Trillo-asesoro-contratos-consejeria-hermano_0_382512820.HTML

 

Burgos conecta

Trama eólica

Es sorprendente la capacidad que tenemos en España (o mejor dicho, que tienen algunos) para aprovechar tanto las buenas ideas como las buenas causas, para pervertirlas en su propio y particular beneficio. Así recordamos como algunos “huertos solares” en nuestra Comunidad, para la producción de electricidad fotovoltaica, generaban kilovatios en plena oscuridad, o se cobraban subvenciones por miles de hectáreas de plantaciones de lino, sin que se recogiera kilo alguno de esta fibra textil, tal y como denunciaron las autoridades de la Unión Europea que debían controlar esas subvenciones.

Ahora es la investigación de la Agencia Tributaria, sobre la implantación de la Energía Eólica en Castilla y León, la que ha acabado, de la mano del Partido Castellano ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, al quedar en evidencia una trama corrupta de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León, Empresas del Sector Eléctrico y Empresas de la Construcción Locales, que se repartieron Comisiones por valor superior a 110 millones de euros en el periodo 2004 a 2009, a cambio de autorizaciones administrativas para la construcción de más de 35 Parques Eólicos en las provincias de Soria, Burgos, Palencia, León y Valladolid.

Estos hechos, pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, administración desleal, malversación de fondos públicos y estafa, que habrían sido cometidos por altos responsables de la Junta de Castilla y León, al nivel de Viceconsejeros y Secretarios Generales, siempre vinculados a Consejerías presididas por Tomás Villanueva, número 2 del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El funcionamiento de esta trama de corrupción, implicaba la constitución de sociedades intermedias entre las Empresas Eléctricas que pretendían instalar y explotar Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma, y altos Cargos de la Junta de Castilla y León y de las Empresas Públicas, como EXCAL, vinculadas a la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, y empresas locales, relacionadas con el ámbito de la construcción, y habituales en la contratación de obras y servicios por parte de la administración autonómica. Tras la constitución de estas sociedades mixtas, la Junta de Castilla y León otorgaba las correspondientes autorizaciones para la construcción y explotación de los Parques Eólicos y posteriormente las empresas eléctricas promotoras compraban a las constructoras de Castilla y León y a los Altos Cargos de la Junta sus acciones y participaciones obteniendo éstos plusvalías astronómicas. Así por ejemplo, Alberto Esgueva, consejero delegado de EXCAL, parece ser que recibió por el 40% del capital de la sociedad Energía Global Castellana que coparticipaba con Iberdrola, que le supuso 24.400 euros la cifra de 47,1 millones de euros dos años después.

Los responsables de la Agencia Tributaria, aguerridos inspectores fiscales que redactaron el Informe que ha desvelado la corrupta Trama Eólica de Castilla y León, incluyen en sus investigaciones a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”. Así, el citado informe de la Agencia Tributaria, detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

Para percibir la trascendencia de esta trama corrupta, es preciso recordar que Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de España, con lo cual esta presunta trama adquiere una relevancia excepcional. Los parques eólicos tienen garantizadas primas que pagan los consumidores en el recibo de la luz durante 25 años de funcionamiento. La expansión de la Energía Renovable Eólica recibió en 2014 unos 1.250 millones de euros en primas, de un total de 6.500 para el resto de tecnologías renovables, los residuos y la cogeneración. Según la potencia instalada, a los parques eólicos de Castilla y León el año 2014 les correspondieron alrededor de 300 millones de euros en primas. Queda clara la significancia de esta trama al saber que en 2014, la Eólica fue la segunda fuente de electricidad de España (un 20,4%), solo por detrás de la nuclear (21,2%). Entre 2004 y 2009 la potencia eólica en Castilla y León se multiplicó por 2,5: pasó de 1.531 megavatios instalados a 3.952.

La aprobación ambiental y la autorización administrativa de los Parques Eólicos dependen de la comunidad autónoma, en este caso de la Junta de Castilla y León. Algunas comunidades realizaron concursos eólicos para la instalación de estos parques. Castilla y León optó por otro modelo: la Junta aprobaba los emplazamientos que presentaban los promotores en función de criterios ambientales y de la conexión a la red eléctrica. La conclusión parece ser que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedades creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.

Los castellanistas, los únicos valientes que se han atrevido a llamar a la puerta de la Fiscalía para que la Justicia investigue esta trama, consideran que la envergadura de la corrupción eólica en Castilla y León, el volumen de las Comisiones cobradas (solo en los 35 Parques Eólicos investigados por la Agencia Tributaria, superan los 110 millones de euros), la importancia de los Altos Cargos afectados, la duración del funcionamiento de este sistema de autorizaciones de Parques Eólicos, y la habitual colaboración con la Junta de Castilla y León de las empresas constructoras locales implicadas, hacen materialmente imposible que tanto el Consejero de Economía Tomás Villanueva, como el propio Juan Vicente Herrera y el mismo PP regional, no estuviesen al tanto de lo que ocurría. Ello, como ocurrió con la rama castellana de la trama Gürtel, inducen a pensar que la Corrupción Eólica no pretendía exclusivamente el enriquecimiento ilícito de personas y empresas, sino que buscaba posiblemente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Autónoma.

La Agencia Tributaria con sus Informes ha hecho su trabajo; también los medios de comunicación que los han divulgado, al igual que la sociedad civil llevando a través del Partido Castellano denuncia ante la Fiscalía. Ahora le toca a la Justicia castigar a los culpables y recuperar el dinero saqueado a los contribuyentes, pues la trama de las comisiones por Parques Eólicos (Castilla y León es la Comunidad con más megavatios eólicos instalados; el 50% del total español) se alimentaba de las jugosas primas, con dinero público, a la Energía Eólica que suponen, aún hoy, en Castilla y León unos 300 millones de euros anuales.

Trama eólica

2015.04.28. Diario de Soria. (La Junta tumba 8 parques eólicos en el sureste de la provincia de Soria)

Diario Soria 28 de abril de 2015

La Junta tumba 8 parques eólicos en el sureste de la provincia de Soria

  1. F./Soria 28/04/2015

La Junta de Castilla y León ha tumbado los proyectos de instalación de ocho parques eólicos, dos ellos experimentales, proyectados en nueve municipios del sureste de la provincia de Soria. Las empresas promotoras planteaban la colocación de 197 aerogenadores a las que se les ha denegado la solicitud administrativa 14 años después de que la tramitasen. Según explicaron ayer fuentes de la Junta de Castilla y León, estas resoluciones forman parte de la regularización y reordenación que ha comenzado a realizar el Gobierno regional dentro del sector eólico en Castilla y León.

De acuerdo a las resoluciones, publicadas ayer por la Consejería de Economía, los proyectos no aprobados no habían superado la Declaración de Impacto Medio Ambiental por la afección que supondría cada uno de ellos en los territorios elegidos. Todos ellos afectaban a áreas naturales importantes y en gran medida protegidas, a través de la Red Natura, o una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) o un Lugar de Interés Comunitario (LIC). Estas declaraciones se denegaron entre los años 2005 y 2006 pero no ha sido hasta 2015 cuando la Junta de Castilla y León ha resuelto por la vía administrativa los expedientes que se encontraban abiertos a raíz de las peticiones de las promotoras. Un procedimiento contra el que las empresas afectadas pueden interponer un recurso de alzada.

Un total de seis empresas habían tramitado la construcción de los 8 parques eólicos para lo que pidieron la solicitud administrativa y presentaron la Declaración de Impacto Medio Ambiental entre los años 2001 y 2003, pero no fue hasta el año 2006 cuando se resolvieron las declaraciones de impacto, en todos los casos de manera desfavorable. Sin embargo, y aunque no se autorizaban estas declaraciones, sin cuyo visto bueno no se hubiese podido construir el parque, el Gobierno regional no ha resuelto hasta ahora la autorización administrativa para la construcción de estos parques eólicos, lo que lleva a pensar que estos expedientes se encontraban aparcados- Ayer fuentes de la Junta no supieron explicar las razones de tantos años de retraso.

http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/junta-tumba-8-parques-eolicos-sureste-provincia-soria_35707.html

2015.04.27. Hoy. (Sólo uno de cada cinco parques eólicos autorizados en Extremadura podrá llegar a ejecutarse)

Hoy 27 de abril de 2015

Sólo uno de cada cinco parques eólicos autorizados podrá llegar a ejecutarse

Aerogeneradores en un parque eólico situado en Navarra / HOY

  • Las carencias en las redes eléctricas de evacuación de energía impidenel desarrollode los proyectos pendientes en la región

Apenas el 20% de los parques eólicos autorizados por la Administración regional tiene posibilidades reales de salir adelante, aunque es probable que ni siquiera se llegue a ese número ante las dificultades para abordar nuevos proyectos de energías renovables. Así lo estima Vicente Sánchez, presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, entidad que agrupa a las empresas del sector en la región.

La Junta de Extremadura ha acordado la derogación de un decreto del año 2010 que establecía exigencias económicas para los parques eólicos que quieran instalarse en la región, única comunidad autónoma junto con Madrid donde no funciona ni un solo aerogenerador. De esa forma, se facilita el camino para el desarrollo de estos proyectos, que en los últimos años se han visto lastrados por la supresión de las primas y por la creación de un nuevo impuesto a la producción.

En concreto, el Decreto 160/2010, que regulaba el procedimiento para la autorización de parques eólicos en la región, obligaba a los promotores a optar entre crear tres puestos de trabajo por cada megavatio instalado o comprometerse a entregar a los ayuntamientos o mancomunidades donde se coloquen los aerogeneradores el 8% de la facturación eléctrica obtenida.

En la actualidad 38 proyectos de parques eólicos continúan con los trámites ante la Junta

La Junta ya anunció hace un año la derogación de este decreto, un paso que se ha cumplido con su publicación el lunes día 20 en el Diario Oficial de Extremadura. Según la nueva normativa, los promotores con parques ya autorizados o pendientes de autorización en las convocatorias de 2005 y 2010 podrán optar entre seguir adelante con la normativa en vigor en su momento o abandonar el proyecto y recuperar los avales, para lo que deberán comunicar esta decisión en un plazo de tres meses. Si toman este camino podrán presentar otra solicitud para instalar parques eólicos. En tal caso, se aplicará la normativa estatal.

El Ejecutivo autonómico espera de esta forma «dar un impulso para la instalación de parques eólicos, cuyos promotores se hallaban hasta ahora en una especie de encrucijada o callejón sin salida viendo cómo en otros territorios, con más horas de viento que aquí, no había cargas impositivas extras o autonómicas con las que había que cumplir». La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente señala que en la actualidad se mantienen en tramitación 38 proyectos de parques eólicos en la región, mientras que hace un año había 67. En las convocatorias de 2005 y 2010 se recibieron 383 solicitudes, de las que un centenar recibió la autorización previa.

Sin líneas de evacuación

El presidente del Clúster de la Energía de Extremadura señala que en torno al 80% de los proyectos que siguen en marcha solicitará la devolución de los avales, que suponen una carga financiera para las empresas. De esta forma, desistirán de sus proyectos. Según sus estimaciones, sólo el 20% podría seguir adelante, aunque su ejecución final no dependerá exclusivamente de la decisión de la Junta de Extremadura.

Sánchez señala que el Gobierno regional ha atendido una de las principales peticiones del sector, que lleva años reclamando la supresión de las exigencias económicas que implantó la Junta en 2010, cuando se veía a las renovables como una fuente de riqueza y generación de ingresos para las arcas públicas. A su juicio, la eliminación del decreto en vigor supone «una pequeña solución», pero espera que no sea necesario volver a iniciar todos los trámites de impacto ambiental y estudios técnicos para conceder nuevos permisos.

En cualquier caso, destaca que el principal problema para la energía eólica en Extremadura reside en que no hay infraestructuras de evacuación. No se puede producir electricidad si no hay subestaciones y redes para dar salida a esa energía. Las empresas contaban con las previsiones de construcción de nuevas instalaciones, pero en la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2014-2020 se han eliminado. Por ejemplo, indica que el documento que ha elaborado el Ministerio de Industria suprime una subestación en Cañaveral que debía dar servicio a parques eólicos, a una fotovoltaica e incluso al tren de alta velocidad.

Sin estas infraestructuras no será posible que se construyan parques eólicos en la región. Por ese motivo, Sánchez señala que sólo seguirán adelante aquellos proyectos situados cerca de subestaciones. Pero, una vez eliminadas las exigencias económicas de la Junta, deberán superar otro escollo: conseguir el permiso del Ministerio de Industria, que asigna los cupos de producción.

En este caso, un factor juega a favor de estos proyectos. Tal como recoge el decreto de la Junta por el que se deroga la norma de 2010, la Unión Europea tiene como objetivo que en 2020 al menos el 20% del consumo final bruto de energía proceda de fuentes renovables, y que en 2030 llegue al 27%. Con el parón que se ha producido en los últimos años, España queda lejos de esos logros. El presidente del Clúster de la Energía considera que un nuevo impulso podría beneficiar a la eólica en la región, pero afirma que «como mínimo hasta 2018 no se podría instalar ningún parque».

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (que representa al 95% del sector en España) reconoce que tras la reforma energética «existe tal grado de inseguridad jurídica en España que es difícil que se acometan nuevas inversiones en eólica ni en Extremadura ni en otras comunidades».

«En este contexto, las comunidades autónomas que entiendan que la nueva regulación al eliminar los incentivos les obliga a competir por las nuevas inversiones no ya entre sí, sino con todos aquellos países del mundo que cuentan con una normativa más favorable a la eólica, estarán mejor situadas para atraer inversiones en el futuro si mejora el panorama», añade. Extremadura ha emprendido ese camino.

http://www.hoy.es/extremadura/201504/26/solo-cada-cinco-parques-20150426193433.html

2015.04.27.El País. (El consejero de la trama eólica: “De saberlo, no habría puesto un molino”)

El consejero de la trama eólica: “De saberlo, no habría puesto un molino”

El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha defendido la tramitación administrativa de los parques eólicos. Sin embargo, a mitad de su intervención ha admitido que se sentía “un político amortizado”: “Si hubiera sabido esto no se habría instalado un molino”. Lo ha hecho en una comparecencia urgente en las Cortes para responder a la información que adelantó este diario sobre los 110 millones en comisiones denunciados por la Agencia Tributaria y que el PP ha hecho coincidir con el juicio al alcalde de Valladolid, el también popular León de la Riva. El PSOE ha atacado duramente a Villanueva, consejero durante los últimos 20 años, al que ha considera “un chivo expiatorio”.

En su intervención inicial, Villanueva se ha parapetado en la burocracia para defender la actuación de su consejería en la trama eólica. Ha reiterado que “los expedientes se han tramitado de forma correcta” y que “las reclamaciones han sido mínimas”.

En una primera intervención leída en un tono monocorde, abrumó a la oposición con una retahíla de normas que regulan la aprobación de parques eólicos y repitió una y otra vez: “La tramitación se ha ajustado a la normativa vigente y ha sido correcta”. Ni mencionó a Rafael Delgado, viceconsejero de la Junta con Villanueva y alto cargo de la Junta de Castilla y León durante 16 años que, según la Agencia Tributaria, recibía pagos desde Suiza. Delgado siguió a Villanueva por las tres consejerías que este ha ocupado desde 1005, Industria, Educación y Economía, y dejó el cargo en 2011.

Ana Redondo, portavoz del PSOE, atacó duramente a Villanueva: “Usted viene con su cabeza bajo el brazo. Su partido y Herrera le han abandonado”. “Castilla y León no estaba en el mapa de la corrupción, pero porque se salía del mapa”, añadió en alusión a que el presidente regional, el popular Juan Vicente Herrera siempre se vanaglorió de no salir en los telediarios por casos de corrupción. “Es usted el cortafuegos de un incendio que se extiende por la Junta y que amenaza al presidente Herrera”, le espetó Ana Redondo. “Usted ya está amortizado. Comparece hoy por esta portada de EL PAÍS”, señaló esgrimiendo este diario.

Redondo ha recalcado que es absurdo buscar irregularidades en los expedientes administrativos de los parques eólicos: “Los expedientes están impolutos, solo faltaba. ¿Desde cuándo se declara la contabilidad b? Desde cuándo se anotan las mordidas y las extorsiones. Lógicamente los expedientes se acogen al decreto. El problema no está en los expedientes sino en la normativa de su consejería”. Y calificó la trama como “un gran tinglado montado para Delgados, Esguevas, Trillos, Pujaltes, Tormes y demás amigos”, en alusión a los diputados del PP que estando en activo cobraban de la constructora Collosa, una de las citadas en el informe.

Aunque la Agencia Tributaria centra su denuncia en Delgado y en otro exalto cargo de Economía, Alberto Esgueva, la socialista Ana Redondo recalcó: “Usted planificó y allanó el camino con la normativa apropiada y la persona adecuada, su viceconsejero. No puede decir que todo esto ha sido al margen de su conocimiento. Delgado no hacía nada sin su consentimiento”.

El PSOE criticó que Villanueva diese los poderes para aprobar parques eólicos a su viceconsejero, algo que hasta 2004 estaba en las delegaciones territoriales de Industria: “Ya en 2006 le advertimos de que era una normativa ad hoc para favorecer el cohecho, los sobornos y el pillaje”. Villanueva defendió que lo hizo para dar coherencia.

En su réplica, el consejero, hombre fuerte del gobierno regional durante los últimos 20 años, se mostró dolido. “Yo personalmente me considero amortizado. Llevo 20 años en un gobierno y hace mucho tiempo, aunque no me crea, ya informé de que era mi última legislatura”, señaló. E insistió en que no puede dar muchos detalles porque no conoce el informe de la Agencia Tributaria porque la abogacía del Estado le ha dicho que es confidencial. “Es duro responder de cosas que no conozco o que conozco por un periódico, al que no reprocho nada y al que agradezco la información”.

Villanueva pidió paciencia a la oposición porque en breve, después de las elecciones, dejará de ser aforado y le podrá investigar cualquier juzgado: “Yo no salgo aforado de aquí. No voy a ir al Senado”.

Su defensa es que la tramitación administrativa es correcta y que si ha habido enriquecimiento de altos cargos, él no puede saberlo –“si fueran ciertas no nos alcanzan conocerlas ni investigarlas”-. Sí concedió que la eólica, hasta ahora un orgullo de su gestión, queda manchada: “Estaba satisfecho de todo el desarrollo de la eólica. Estoy preocupado ahora”.

Villanueva encontró una tibia defensa por parte del PP. Su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, insistió en desatacar la celeridad para comparecer y la colaboración que Villanueva ha ofrecido a la justicia, pero en ningún momento defendió la tramitación de los parques eólicos. Solo al final de su segunda intervención mostró abiertamente su apoyo a Villanueva en un par de frases.

Alejandro Valderas, procurador de Unión del Pueblo Leonés, demostró haberse estudiado los expedientes y negó que estuvieran tan limpios como defendió Villanueva. Relató cómo se aceleraba los trámites en cuanto la empresa Energía Global castellana, participada por Alberto Esgueva junto a Iberdrola, pasaba a ser titular de los parques. Entonces, expedientes que “llevan cinco años dormidos en un armario los aprueban entre tres días y 12 meses después. Milagroso. Vaya administración”. Valderas destacó el caso de un parque eólico en la provincia de Soria en el que en el mismo día recibe tres vistos buenos distintos. “Hay un expediente que nace en Valladolid, va a Soria esa mañana y regresa a Valladolid esa mañana. Esto es muy raro”, señaló.

El portavoz de IU, José María González Suárez, se preguntó “¿cómo es posible que la Junta permita el enriquecimiento ilícito y amoral de representantes de la junta?”.

“Fue un acuerdo privado”

González Vélez, a la izquierda, y Villanueva. /

El consejero de economía de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha replicado en las Cortes al empresario José María González Vélez, que en EL PAÍS denunció que tuvo que vender parques eólicos por indicación de la Junta de Castilla y León. Según Villanueva, todo fue un acuerdo privado entre González Vélez y otro empresario en el que no participó su departamento.

Villanueva sostuvo que no reconoció a González Vélez, que fue presidente de la patronal de renovables APPA entre 2004 y 2012, y pese a que hay fotos de una reunión de los dos codo con codo. “Me dice que debo de haber estado con él en alguna reunión. Las cosas que hemos hablado con Don José María Gonález Velez han sido en torno a la política general de renovables. Nunca he mantenido conversación ni he intervenido porque desconocía que esta persona tenía parques eólicos”.

Villanueva señaló que González Vélez debe de estar confundido y que lo que ocurrió fue que los parques que este proyectaba en Valladolid coincidían con los que quería hacer un empresario de Valladolid. “En 2004 llegaron a un acuerdo” privado en el que pactaban renuncias mutuas para desbloquear la situación, según Villanueva: “Yo no he tratado esto con esta persona nunca. No sé más. De esto nunca. Él renuncia a unos parques y la otra parte a otros y ellos lo presentan en la Administración Pública”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/27/actualidad/1430132258_869222.html

2015.04.27. Diario de León. (El TSJ desestima un recurso contra la autorización de un parque de energía eólica)

Diario de León 27 de abril de 2015

El TSJ desestima un recurso contra la autorización de un parque de energía eólica

La sentencia señala que no existen vicios en el procedimiento que justifiquen la nulidad absoluta de la instalación.

  1. Domingo | Redacción 27/04/2015

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ de Castilla y León rechazó el día 15 un recurso contencioso-administrativo de la Sociedad Española de Ornitología (Seo/Bird Life) en el que solicitaba la nulidad de pleno derecho de la autorización del parque eólico Valdelín, en el término municipal de Folgoso de la ribera, así como de la desestimación de la revisión de oficio de ésta solicitada a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. La organización solicitaba además la restitución de la zona a su estado original, es decir, desmantelar el parque.

La representación legal de la SEO invocaba la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para solicitar la nulidad de ambos actos administrativos, derivada de «errores y carencias en que incurre la declaración de impacto ambiental» de la instalación para la producción de energía, al no tener en cuenta la acumulación de «sinergias que ocasiona ese parque y otros cercanos respecto de la fauna», así como no haber «valorado adecuada y suficientemente la incidencia negativa de ese parque en zonas próximas que tienen especial protección ambiental (Zepa y LIC Omañas, pertenecientes a la Red Natura 2000)» y tampoco la afectación al área que ocupa el urogallo cantábrico en esa zona.

En su sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ no entra a valorar los errores que pudieran contenerse en la declaración de impacto ambiental del parque de aerogeneradores, sino que considera si la nulidad absoluta solicitada es o no procedente.

Así, el TSJ apela a la interpretación que el Tribunal Supremo realiza del mecanismo de revisión, recordando dos sentencias de éste, según las cuales esta acción se concibe para «facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva […] Ahora bien, no pueden enmascararse como nulidades plenas lo que constituyen meros vicios de anulabilidad», lo que sucede en este caso, según la sentencia.

En otros recursos, el TSJ había admitido las consideraciones de la SEO con respecto a las evaluaciones de impacto ambiental al no considerar éstas la cercanía a otros parques y a terrenos incluidos en la Red Natura 2000, entre los que se encuentra el de Valdelín y los situados en las comarcas de Cepeda y Omaña.

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/tsj-desestima-recurso-autorizacion-parque-energia-eolica_974439.html

2015.04.27. Cinco días. (Incentivo eólico para el mejor postor)

La subasta renovable empujará hacia abajo las retribuciones

Incentivo eólico para el mejor postor

Este mecanismo habría evitado la especulación y el fraude

El Gobierno justificará con el sus recortes al sectorMadrid El Ministerio de Industria sorprendió la semana pasada a propios y extraños con el anuncio de una subasta para otorgar un incentivo a la producción de energía eólica (concretamente, a 500 MW) y de biomasa (otros 200 MW). La decisión se conoció después de que la CNMC remitiese la propuesta de real decreto que establece dichas subastas y la orden ministerial que las regula a las partes implicadas para sus alegaciones.Según lo calculado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el Gobierno ofrece un retorno de la inversión de 40.000 euros por MWh, un 60% inferior a la que reciben los parques instalados desde 2013 tras la reforma eléctrica. Además, el capex (o inversión inicial de capital) es un 20% inferior a la considerada entonces; los costes de explotación, un 21% menores, y las horas medias de funcionamiento de un parque (3.200 horas anuales), un 52% superiores a lo que es habitual.La decisión de la subasta se atribuye a la petición que ha hecho al Gobierno el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para desbloquear el concurso eólico gallegoTambién los megavatios de biomasa a subastar beneficiarán a esta comunidad y a la hullera pública asturiana, Hunosa, que acaba de hacer su incursión en este negocio con la construcción de una central eléctrica de biomasa en Mieres, de 50 MW, y el comienzo de la tala de árboles para la misma.Uno de los problemas que plantean los expertos es de tipo financiero: cómo la nueva retribución a partir de estándares se revisa cada seis años, esto no deja de ser un riesgo que tendrán en cuenta los bancos a la hora de financiar nuevos proyectos.Más allá de la necesidad de que las renovables reciban una rentabilidad razonable para su desarrollo, no cabe duda de que el sistema de subastas, que muchos reivindicaron en el pasado cuando la burbuja del sector llevó al sistema eléctrico al límite, es el más adecuado.Próximamente, en la Audiencia Provincial de Zamora se celebrará el juicio por el fraude en la concesión de autorizaciones a instalaciones fotovoltaicas en la provincia de León, que se investiga desde 2008. En cuanto al supuesto pago de 110 millones de comisiones por parte de compañías eléctricas para el desarrollo de parques eólicos desvelado por El País, podría ser el cabo de otros muchos fraudes “cuya existencia siempre planeó en el ambiente”, según fuentes del sector.

http://cincodias.com/cincodias/2015/04/24/empresas/1429894599_955511.HTML

Estas mismas fuentes aseguran que el caso de las comisiones eólicas de Castilla y León, que la Agencia Tributaria ya ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción para que lo investigue, ha aflorado a raíz de datos obtenidos de la amnistía fiscal a la que se habrían acogido algunos de los implicados.

De haberse aplicado en la última década, los costes de los peajes no se habrían disparado;se hubiese evitado el intrusismo y la especulación, y casos de corrupción como los que han empezado a aflorar en Castilla y León no serían noticia. Se trata de las tramas supuestamente urdidas por responsables del Gobierno castellanoleonés, con su consejero de Economía, Tomás Villanueva, a la cabeza, para el cobro de comisiones a cambio de facilitar la rápida autorización de parques eólicos y huertos solares.

En cualquier caso, si la subasta prospera, convivirán en el mercado instalaciones con distintas retribuciones y en el futuro el nuevo mecanismo de concurrencia empujará a todas ellas a la baja.

Sea como fuere, la interpretación más certera es la que apunta a que con estas subastas, el Ministerio de Industria quiere cargarse de argumentos para justificar una reforma que trajo consigo importantes recortes de los ingresos de las renovables. En otras palabras, que es posible funcionar con muchos menos incentivos. Porque, de celebrarse las subastas, algo en lo que no todos confían por razones de calendario, no faltarán inversores dispuestos a llevarse el gato al agua.

Otro rumor es que la subasta eólica ha sido una petición del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pretende con ella desbloquear el concurso eólico gallego (con el que esa comunidad autónoma, como tantas otras, garantizaba un derecho a la conexión a la red eléctrica y una rápida declaración de impacto ambiental). No en vano, una buena parte de los parques capaces de funcionar durante tantas horas al año están ubicados en Galicia. Curiosamente, el único parque nuevo que funciona sin incentivo y recibe ingresos exclusivamente del mercado es el que Gas Natural Fenosa tiene en la provincia de La Coruña, si bien, apenas tiene 12 MW de potencia.

Sobre por qué el Gobierno ha decidido ahora subastar “una retribución específica” (el incentivo que sustituyó las antiguas primas a las renovables y que se basa en estándares de inversión) hay distintas interpretaciones. Por un lado, que intenta protegerse ante la multitud de pleitos internacionales contra el recorte derivado de la reforma, demostrando que las inversiones en energías verdes no se han paralizado en España, sino que se harán “con cabeza”, parafraseando al propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

La medida, que supone de facto el fin de la moratoria a la instalación de renovables con primas aprobada en 2012 y el comienzo de un sistema de subastas que regirá en el futuro, provocó de inmediato dos reacciones:la del sector eólico criticando el ajustado precio de partida de una puja descendente y la del fotovoltaico, que ha expresado su malestar por haber sido marginados del proceso.

Carmen Monforte

2015.04.26. (Corrupción al viento)

Economía digital 26/04/2015

Corrupción al viento

Antonio M. Yagüe

26/04/2015 21:04 horas

Como en el dilema del huevo o la gallina, no se sabe si la energía limpia atrajo al dinero sucio o viceversa. Pero, a la par que el boom del ladrillo, en la década pasada nació en España el nuevo fenómeno de la Eolocorrupción sustanciada en buena parte en los 22.240 (megawatios) eólicos. Y con el respaldo de unas primas o subvenciones anuales de 1.250 millones de euros, 32.250 en los 25 años convenidos.

El fenómeno sigue vivo. Sobre todo en años hiperelectorales como el presente. En una especie de suma y sigue, la Agencia Tributaria ha destapado en Castilla y León una trama de comisiones para agilizar, desbloquear y conceder directamente la construcción de parques eólicos. Salpicará a más cargos y a otras comunidades autónomas.

Llueve sobre mojado. Los vientos de corrupción se tornaron en temporal a partir del 2000, año en que la UE puso sobre la mesa 6.000 millones de euros para subvencionar la energía eólica hasta el 2013. Una energía, que posee el beneficio de la duda porque presenta una imagen ecológica por encima del reproche político.

Además, se beneficia de la imposibilidad de cuantificar el nivel de fraude en el gasto público por la maraña de competencias políticas y fiscales. Los controles irregulares completan el señuelo para toda una serie de políticos y empresarios corruptos que intentan literalmente sacar dinero del aire.

Con la energía eólica derramando euros en las arcas municipales se emprendieron colosales construcciones y despilfarros en ciudades como la zaragozana de la Muela. Los gigantescos molinos de viento se convirtieron en el nuevo oro para muchas comunidades rurales y las administraciones por el cobro de rentas e impuestos.

Plantar molinos, a unos 3.000 euros por unidad, también ha sido para los dueños de terrenos mucho más lucrativo que sembrar para cosechar. Y un negocio redondo para las eléctricas, que tienen garantizadas las primas que pagan los consumidores en el recibo de la luz. Y para los bancos, que otorgaron préstamos generosamente.

La llamada por algunos burbuja eólica tuvo su punto flaco en la exclusiva y dócil competencia autonómica y local para otorgar licencias y refrendar estudios de impacto ambiental, con dudosas comprobaciones in situ de ruidos y posibles daños sobre la flora y la fauna. Se acompañaban de concesiones con sombras, a veces sin licitaciones públicas ni toma de decisiones transparentes.

La autorización estatal sólo se ha exigido en parques de mucha potencia o que afectaban a más de una comunidad. Se cuentan con los dedos de una mano. Los ecologistas ponen como ejemplos de desaguisados medioambientales, fruto de esta política de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, los que han rodeado de turbinas mastodónticas, con sus luces rojas intermitentes y permanentes, la ciudad medieval con el nombre árabe-latino más bello de España, Medinacoeli. O la celtíbera y romana de Tiermes, también en Soria.

La prepotencia y el campeonato entre ingenieros a ver quién colocaba los molinos más altos, y con mejor viento, llevaron también a cercar ermitas románicas, cercenar sabinas milenarias y destruir enclaves de alto valor estético y ecológico, con grave perjuicio para el turismo rural. “La verdad, habría bastado con que la autoridad hubiese exigido instalaciones sin impacto paisajístico y, para compensar la producción, autorizar algunos aerogeneradores más”, entona su mea culpa un técnico que trabajó en este prodigioso negocio.

Oliendo tan mal estos molinos, Don Quijote, no habría dejado ni uno solo en pie.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/04/corrupcion-al-viento-70270.php

El País 26 de abril de 2015

“Cedí por cero euros parques eólicos porque me lo indicó la Junta”

Rafael Méndez Madrid 26 ABR 2015 – 18:11 CEST

José María González Vélez (Madrid, 1947) es uno de los personajes históricos de las energías renovables en España. Antiguo empleado de banca, a finales de los 80 se fijó en la energía minihidráulica, y entre 2004 y 2012 presidió la patronal del sector de las energías alternativas. A González Vélez, que ha promovido parques eólicos en Castilla y León, no le sorprendió el informe de la Agencia Tributaria desvelado por este diario que denuncia un sistema de aprobación de parques en el que el gobierno regional beneficiaba a empresarios afines o directamente altos cargos de la consejería “sin motivos económicos válidos”. Ese informe analizaba siete operaciones, pero González Vélez señala alguna más. “Yo soy víctima de este sistema”, explica.

Pregunta. ¿Qué pensó cuando leyó que un informe de la Agencia Tributaria denunciaba que en Castilla y León obligaban a promotores eólicos a ceder parte a empresarios afines o directamente altos cargos de la Consejería?

Respuesta. Que es así tal y como lo cuenta.

-Usted desarrolló parques eólicos en Castilla y León.

Fui de los primeros. Tenía unos 300 megavatios en proyecto cuando un día en la Consejería me dijeron que tenía demasiado y que tenía que ceder una parte.

-¿Y qué hizo?

Cedí gratis por indicación de la consejería y por cero euros.

-¿A quién?

A un empresario llamado González-Vallinas que vendía piensos para truchas. No lo conocía de nada, es como si ahora tengo que invitar a ese señor a un café. Me dicen que si quiero más parques, los del Monte Torozos, en Valladolid, que sumaban unos 150 megavatios, los tenía que ceder. Y se lo cedo por cero euros.

-¿Estaban construidos los parques?

-No, pero teníamos las mediciones, puntos de conexión y los terrenos conquistados. Es decir, teníamos acuerdos con los dueños del suelo.

-¿Y eso cuánto valía?

Una vez que tuviera los permisos se vendía por unos 100.000 euros el megavatio. Es decir, unos 15 millones de euros. Faltaba aún algún paso.

-¿Por qué lo cedió?

Las concesiones no son obligatorias. Entendí que si no cedía eso no iba a ver ni un megavatio más. Un promotor no cede nada gratis. Y menos a alguien que no conoce de nada. Desde luego no fue voluntario, yo no invito a una vuelta al mundo a nadie por gusto.

-¿No conocía de nada a ese empresario?

Solo lo vi el día que firmamos la cesión.

-¿No se resistió a una operación tan rara?

No, porque sé que si lo hago no me dan nada más.

-¿Y quién le dijo que tenía que ceder esos parques?

Creo recordar que fue Tomás Villanueva [consejero de Economía] pero pudo ser Rafael Delgado [entonces viceconsejero y al que Hacienda le ha descubierto ingresos desde Suiza]. Desde luego no fue un conserje de la consejería. Por eso no hubo nada por escrito. Y Rafael no hacía nada sin que Villanueva se lo dijera.

-¿Y luego sí les dieron otros parques?

Sí, los de Sahagún, en León, que mis exsocios también vendieron luego. Pero ya no estaba en la sociedad. Había quedado en minoría y me apartaron de la gestión. Les malvendí mis acciones.

-Usted era socio en esas empresas de Ángel Sanchís, extesorero del PP. ¿Cómo le hacían pagar esos peajes a alguien tan metido en el partido?

Entonces Ángel ya había vendido. Igual con él no nos habría pasado.

-El responsable de la empresa Preneal declaró a la Agencia Tributaria que se sentía “víctima del sistema”.

Yo también soy una víctima del sistema.

-¿Tanto gana un parque eólico como para mover tanto dinero? Hacienda habla de transferencias de 110 millones. Solo Iberdrola dio 47,1 millones a un alto cargo que invirtió 24.400 euros.

Un parque eólico con unas 2.500 horas de viento al año tenía una rentabilidad del 8%-10% sobre la inversión. Como era muy fácil conseguir financiación los inversores ponían menos dinero del que era necesario para construirlo, así que la rentabilidad era mayor, del 15% o el 16%.

-Entonces es que la prima era demasiado alta.

¿Las primas son altas? Es que ha mamado todo el mundo. La cadena de valor, desde la construcción de los aerogeneradores o las instalaciones fotovoltaicas, se acomodaba a lo que fijaba la prima. He llegado a pagar a un Ayuntamiento 600.000 euros por una licencia de obra para una planta fotovoltaica. Es una barbaridad, pero se acomodaba al valor de las primas. Había empresas fotovoltaicas que compraban puntos de conexión a la red por 0,6 euros el vatio, que es muchísimo. ¿Cómo puede ser? Porque lo daba y no se reaccionó a tiempo. Todo eso lo estamos pagando.

-¿No era solo Castilla y León?

Muchas comunidades han hecho cosas parecidas, con cambios de adjudicaciones en el último momento y te dirigían a determinados bufetes. Yo no he pagado a nadie y el único regalo que hacía en Navidad eran jamones. Pero va a misa que cedí gratis un desarrollo a un empresario que no conocía porque me lo indicaron en Castilla y León.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/26/actualidad/1430063441_354582.html

2015.04.23. Corrupción eólica en Castilla y León

El País 23 de abril de 2015

parques eólicos en castilla y león 

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo

La empresa no acredita ante la Agencia Tributaria la “asesoría” realizada

El diputado Martínez Pujalte recibió otros 75.000 euros

Fernando Garea / Rafael Méndez Madrid 22 ABR 2015 – 21:06 CEST

Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.

El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo […] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.

GRÁFICO DE LOS PAGOS

Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.

Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

“Asesoría externa”

10 de febrero de 2006. El Grupo Collosa firma un contrato de “asesoría externa” con Estudio Jurídico Labor, del que Federico Trillo, entonces diputado del PP en la oposición, tiene el 70%. La cantidad del contrato es de 9.000 euros al mes.

Entre 2006 y octubre de 2008, Collosa abona a Labor 354.960 euros, según la Agencia Tributaria.

1 de octubre de 2008. Collosa firma un contrato de “asesoramiento empresarial estratégico” con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de los diputados populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme.

Hasta final de 2009, Collosa paga a Sirga 75.000 euros.

En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.

Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.

Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.

El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).

El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429719888_078084.html

Eldiario.es 23 de abril de 2015

La ‘trama eólica’ destapa pagos de 429.000 euros de una constructora a Trillo y Pujalte

El actual embajador en Londres recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno, según ‘El País’

La empresa es Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda, que no ha encontrado ningún informe acreditativo

Los políticos aseguran que su asesoría no era por escrito, solo verbal

EXCLUSIVA | Un mando de la Agencia Tributaria retrasó una denuncia por corrupción que afectaba a políticos del PP

La trama de comisiones a políticos por la autorización de parques eólicos en Castilla y León denunciada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción salpica a dos destacadas figuras del PP. Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según adelanta El País.

El rotativo asegura que la Agencia Tributaria, que ha destapado estos pagos durante la investigación de esa trama a través de contratos y facturas abonados por una de las empresas implicadas a los despachos de ambos políticos, no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros.

 través de sus respectivos despachos de asesoría. Les pagaba la constructora Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por la trama. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

El contrato con la empresa de Trillo, Estudio Jurídico Labor, se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando el actual embajador de España en Londres era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato, en concepto de “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008. El rotativo asegura que Trillo cobró de Collosa 104.000 euros en 2006, otros 125.280 en 2007, y en 2008, 125.280 euros.

Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo […] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Tras finalizar el contrato de Trillo en 2008, Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y la hoy senadora Ana María Torme, firman otro muy similar. Tormé y Martínez-Pujalte se sentaban juntos en la bancada popular entonces. El contrato es de 5.000 euros al mes, por lo que en un año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

El rotativo se ha puesto en contacto con ambos políticos que han admitido los contratos pero han rechazado cualquier irregularidad en la declaración de estos ingresos. Trillo aseguró al diario que le echó “mucho esfuerzo y energía” al trabajo de la empresa del que no queda ni un papel que deje constancia escrita. Martínez-Pujalte también ha reconocido los cobros pero ha asegurado estar al día con Hacienda. Sin embargo, la declaración de ingresos del diputado en 2011 es menor a la que maneja el informe de la Agencia Tributaria, según El País.

http://www.eldiario.es/economia/eolica-destapa-constructora-Trillo-Pujalte_0_380062991.html

 

Las provincias 23 de abril de 2015

Trillo admite que cobró de una constructora 354.000 euros

Anticorrupción investiga si pudieron ser comisiones por tramitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León

  • COLPISA | MADRID

22 abril 201523:44

La Fiscalía Anticorrupción investiga si el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo, y el histórico diputado del PP, Vicente Martínez-Pujalte, cobraron presuntamente comisiones de una constructora especializada por tramitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Según publica el diario El País, Trillo recibió de dicha constructora 354.560 euros en casi tres años y Pujalte 75.000 en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría. Ambos políticos admitieron este miércoles en declaraciones a la Efe esos pagos, pero aseguraron que «cumplieron con todos los requisitos legales» y obligaciones «tributarias» y que informaron al Congreso de dichos pagos, ya que los hechos se remontan a los años 2006 y 2009, cuando ambos eran diputados de la oposición.

Sin embargo, según El País, la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe que justifique esos cobros y facturas que se prolongan durante cuatro años y que tienen como pagadora al Grupo Collosa, una empresa dedicada a la obra civil y una de las principales beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En concreto, Collosa habría facturado a los despachos Sirga XXI Consultores (propiedad de Pujalte) y Estudio Jurídico Labor, con participación mayoritaria de Trillo (70%).

El exministro de Defensa consideró, mediante un comunicado, «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes». Trillo aseguró que su despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso de los Diputados en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración. En este sentido, insistió en que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, «lo que significa que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada».

Permiso al Congreso

Por su parte, Pujalte también aseguró que tiene «la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente» y de haber «actuado de acuerdo completamente con la legalidad», tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria. El diputado del PP reconoció que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y recalcó que pidió la compatibilidad al Congreso, una solicitud que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.

Según fuentes de la Agencia Tributaria ambos políticos podrían enfrentarse a un presunto delito de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho por estas presuntas comisiones. En todos los casos el periodo de prescripción es de diez años, por lo que todos los supuestos cobros podrían ser investigados al estar dentro del plazo.

http://www.lasprovincias.es/economia/201504/22/trillo-pujalte-afirman-cumplieron-20150422212452-rc.html

El País 22 de abril de 2015

Trillo acusa a Anticorrupción y a Hacienda de filtrar el cobro

El embajador y Martínez Pujalte admiten haber recibido 354.000 euros de una constructora

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.En el comunicado, Trillo destaca que esa relación “había sido filtrada” por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera “tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes”.Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene “la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente” y de haber “actuado de acuerdo completamente con la legalidad”, tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla y León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.El embajador en Londres recalca además que LABOR “nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda”.  Montoro dice que toda la problemática sobre los parques eólicos de Castilla y León es responsabilidad del anterior Gobierno del PSOE Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 22/04/2015, 11:39 h |

  • El ministro ha sostenido con esta pregunta de Gordo este mismo argumento de la independencia de la Agencia Tributaria que también ha esgrimido ante las preguntas sobre la amnistía fiscal o el caso del exvicepresidente Rodriguo Rato.
  • Ecoticias 23 de abril de 2015
  • http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429733681_951208.html
  • Destaca que LABOR “en ningún momento” intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, “ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables”.
  • Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, “lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada”.
  • El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.
  • En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años “a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros”.
  • El embajador en Londres ha enviado a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.
  • El País Madrid 22 ABR 2015 – 22:14 CEST

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicos, Cristóbal Montoro, ha animado al PSOE a preguntar a los exministros socialistas de Industria José Montilla o Miguel Sebastián por la concesión de parques eólicos en Castilla y León que ha investigado la Agencia Tributaria, ya que eran los ministros “tutelantes” cuando ocurrieron los hechos.

Montoro ha respondido a una pregunta del diputado socialista Juan Luis Gordo, quien le ha pedido explicaciones sobre esta información. Montoro le ha respondido que no le podía dar ninguna porque “la Agencia Tributaria funciona con objetividad” y sin “dirección política”.

El ministro ha sostenido con esta pregunta de Gordo este mismo argumento de la independencia de la Agencia Tributaria que también ha esgrimido ante las preguntas sobre la amnistía fiscal o el caso del exvicepresidente Rodriguo Rato.

“Vamos a preguntarnos por qué no se conocía esto antes. ¿No se lo preguntan ustedes en su grupo? ¿Funcionaban distinto? Contrasta fuertemente una época con la otra, me hacen dudar del funcionamiento de algunos organismos bajo su tutela, todos los supuestos vienen de antes”, ha dicho.

Sobre el caso concreto de los parques eólicos de Castilla y León, Montoro ha pedido al diputado socialista que se dirija a los exministros de Industria socialista como José Montilla, Miguel Sebastián y Joan Clos. “¿No fueron ellos los que los que tutelaban el sistema de adjudicaciones o primas?”, ha dicho.

¿AFECTÓ A LA TARIFA ELÉCTRICA?

Juan Luis Gordo, para quien tras la comparecencia este martes en el Congreso del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, “está claro” que este organismos está “al servicio” del Gobierno, ha aprovechado para criticar la gestión del PP en la Junta de Castilla y León.

“Tras 28 años, nos ha llevado a la despoblación, la pérdida de jóvenes, el deterioro de los servicios públicos. El PP en Castilla y León ha estado ajeno a los problemas de los castellanoleoneses, pero no a la corrupción”, ha dicho el socialista.

Ha pedido información del sobrecoste que pudo tener la instalación de los 200 parques eólicos de esa comunidad, que ha cifrado entre 900 y mil millones de euros, y si se ha extendido a otras autonomías el supuesto sistema de concesión que obligaba a las empresas a pagar “cantidades exorbitantes para acceder a las licencias”. También se ha preguntado si esta situación “ha afectado a la tarifa eléctrica”.

“El señor Herrera no ha querido comparecer en las Cortes como tampoco usted en el Congreso. Dediquense a otra cosa, España y Castilla y León se merecen servidores públicos y no personas que se sirvan a sí mismas”, ha concluido.

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/102642/Montoro-problematica-parques-eolicosCastilla-Leon-anterior-Gobierno-PSOE

El economista 22 de abril de 2015

Montoro remite a Montilla y Sebastián la corrupción en los parques eólicos de Castilla y León

EFE / Europa Press

22/04/2015 – 11:29

Las eléctricas habrían pagado más de 100 millones con el fin de lograr autorizaciones para parques eólicos (20/04)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido hoy la “objetividad” de la Agencia Tributaria al investigar casos como la corrupción en los parques eólicos de Castilla y León y ha asegurado que “me empiezo a preguntar si funcionaban distinto” durante el gobierno socialista. Asimismo, ha animado al PSOE a preguntar a los exministros socialistas de Industria José Montilla o Miguel Sebastián por el asunto.

Montoro ha evitado pronunciarse sobre el caso concreto de la investigación de los supuestos pagos para agilizar la tramitación de los parques eólicos de Castilla y León, sobre el que le preguntaba el diputado socialista Juan Luis Gordo en el Pleno del Congreso de los Diputados, por tratarse de “una información periodística”.

En cualquier caso ha pedido reconocer “que la Agencia Tributaria está funcionando con objetividad” porque “si hubiera dirección política y voluntad de ocultar, ¿qué ocurrirá? ¿Conoceríamos todo esto que estamos conociendo?”.

Así, ha planteado que “realmente contrasta una época con la otra” -en referencia al Gobierno actual con respecto al anterior- que le “hacen dudar del funcionamiento de algunos organismos bajo su tutela”.

En cambio, Gordo ha criticado que “lo que ha quedado claro es que la Agencia Tributaria está a su servicio” y ha pedido desvelar “si este sistema se ha extendido a otras comunidades autónomas” y “si ha afectado a la tarifa eléctrica”.

El pasado lunes se conoció que la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/240878542/economia/noticias/6650506/04/15/Montoro-remite-a-Montilla-y-a-Sebastian-la-corrupcion-en-los-parques-eolicos-de-Castilla-y-Leon.html#Kku8W76rZv9d5J0u

La Nueva España 23 de abril de 2015

La “trama eólica” no sopla en Asturias

El Ejecutivo asturiano asegura que el sistema de adjudicación de parques de aerogeneradores impide el pago de comisiones como el que se investiga en Castilla y León

23.04.2015 | 03:43

Marián MARTÍNEZ Varias empresas promotoras de parques eólicos investigadas por la Agencia Tributaria en la trama de comisiones ilegales detectada en Castilla y León están asentadas en Asturias o tienen proyectos cuyo desarrollo se encuentra en diferentes fases en el Principado. El Gobierno regional aseguró ayer, no obstante, que ninguna empresa ha recibido trato de favor para su instalación en la región. El ejecutivo defendió su modelo de concurrencia competitiva y subrayó que ninguno de los recursos judiciales presentados por empresas que fueron descartadas de algún proyecto llegó a prosperar.

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama en Castilla y León que consistía en el pago de comisiones a políticos a cambio de facilitar la instalación de parques eólicos en dicha comunidad autónoma. Una pieza clave del entramado sería Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y responsable de las autorizaciones entre los años 2004 y 2007, según ha publicado el diario El País. Al parecer, y según la investigación de Hacienda, Delgado Núñez estampaba su firma a menudo después de que las eléctricas que iban a instalar los parques eólicos se hubiesen asociado con otro alto cargo de la Consejería de Economía castellano-leonesa, Alberto Esgueva, o con empresarios locales. Otro investigado es Andrés Martín de Paz, que fuera director general de Deportes hasta 2003 en esa comunidad.

El informe de Hacienda detalla operaciones en las que las eléctricas pagaban a empresarios locales o altos cargos directamente en metálico o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para explotar los parques y sin que se hayan certificado contraprestaciones o actuaciones concretas.

Algunas de las empresas que figuran en el informe de la Agencia Tributaria tienen intereses en Asturias. Por ejemplo, Iberdrola Renovables, que en 2014 puso en marcha los parques de El Candal y El Segredal, sus dos primeras instalaciones eólicas en Asturias, que, ubicadas en la zona occidental del Principado, suman una potencia conjunta de 74 megavatios (MW). También Preneal y Enel Green Power tienen proyectos en la región, en distintas fases de desarrollo.

Isaac Pola, director general de Energía del Principado, explicó ayer que el Gobierno regional no tiene constancia de que la Agencia Tributaria esté estudiando las adjudicaciones de parques eólicos en Asturias, y descartó rotundamente cualquier vinculación con la investigación abierta en Castilla y León pese a que puedan coincidir algunas promotoras de parques eólicos.

Pola explicó que el modelo de adjudicación implantado en Asturias responde primero a una zonificación en función de la protección medioambiental del territorio, entre otros parámetros. Las empresas deben presentar su propuesta con sus mediciones y, si su proyecto se ajusta a las localizaciones permitidas, entran en un sistema denominado de concurrencia competitiva por zonificación, ya que puede ser que más de una compañía esté interesada en ubicarse en el mismo sitio. A partir de ahí, la valoración de los proyectos responde a unos parámetros objetivos. “Algunas empresas han recurrido nuestro sistema, pero hasta ahora no ha podido ser atacado porque el resultado siempre ha sido favorable a la Administración. Eso mismo no ha ocurrido en otras comunidades autónomas”, añadió Pola.

http://www.lne.es/asturias/2015/04/23/trama-eolica-sopla-asturias/1745345.html

2015.04.23.Ecoticias. (Asturias. La trama eólica)

Asturias. La trama eólica

Si algún caso destaca de irregularidades de instalación de eólicos en Asturias es el caso del parque de Carondio en el concejo de Allande e Illano.

Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 23/04/2015, 11:29 h |

La investigación de la Agencia Tributaria en la trama de comisiones ilegales detectada en la autorización de varios eólicos en España, vuelve a poner en actualidad las numerosas irregularidades (ambientales, urbanísticas, al patrimonio histórico) producidas en Asturias en la tramitación de los numerosos parques eólicos por parte del PSOE en sus muchos años de gobierno asturianos, irregularidades que fueron denunciadas en reiteradas ocasiones, sobre las que el Principado fue cómplice necesario, y algunos Ayuntamientos que las permitieron.

Si algún caso destaca de irregularidades de instalación de eólicos en Asturias es el caso del parque de Carondio en el concejo de Allande e Illano. Hay que recordar que este parque se construyó sin licencia municipal tras una larga polémica por su ubicación y por los graves daños realizados al patrimonio arqueológico de la zona con el consentimiento del Principado. En concreto el de Carondio es un parque eólico con 25 molinos de 2 Mw. , en un paraje de alto valor natural y donde se encuentra el mayor conjunto tumular de Asturias que se vio fuertemente dañado, hay que recordar que están catalogados 34 túmulos en la zona, lo que representa un conjunto inigualable. Está dentro del paisaje protegido la sierra de Carondio, se conservan innumerables vestigios de las culturas primitivas de antiguos pobladores y por la práctica totalidad de la sierra aparece jalonada de numerosos túmulos funerarios y asentamientos. No contentos con permitir la obra, tras paralizar la declaración de Bien Interés Cultural para no frenar el parque, el Principado supuestamente falseó las certificaciones para permitir a la empresa cobrar jugosas subvenciones por el régimen de Preasignación de Retribución de Instalaciones de Régimen Especial mediante resolución del pasado 11-12-2009 con la referencia PRE-EOL 202, regimen que no podía cumplir al carecer de licencia municipal a la fecha de inscripción y no tener autorización administrativa en la fecha.

Otra grave irregularidad sin resolver es Resulta evidente que todo este conjunto de parques debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de acuerdo a la Directiva 2001/41/CE y de acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esta Ley da la siguiente definición de lo que ha de entenderse por planes o programas: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos. A pesar de ello el Principado ha tramitado parque a parque de forma diferenciada a pesar de de los impactos acumulativos y sinérgico que va a tener el conjunto de los parques eólicos ya presentes en las inmediaciones, en algunos caso en un radio de 10 km hay varios parques eólicos.

Otra grave irregularidad sin resolver es que el Gobierno de Asturias ya procedió a regalar por dos veces a las empresas eléctricas una prorroga en la validez de las autorizaciones ambientales que tenían aprobadas para sus numerosos parques eólicos con la disculpa de la incertidumbre económica del retorno de la inversión a acometer, situación esta que nada tiene que ver con el medio ambiente que se evalúa en los EIA a ultima fueron para 11 parques representan 189 nuevos molinos y 297 Mw más, están en los concejos de Valdes, Ibias, Tineo, Illano, Villayón, Boal, Villanueva de Oscos, Navía, Castropol, Tapia de Casariego.

En Asturias están en funcionamiento 18 parques eólicos con 472 molinos y una potencia instalada de 578 Mw (datos del Principado). Hay proyectados otros 91 parques con 1.166 molinos por cierto cada vez mas altos y grandes y con una potencia instalada de 2618 Mw., en todos estos años de tramitación solo 10 parques han renunciado a su instalación después de tener las autorizaciones, estando todos los demás pendientes. El Decreto 216/2012, de 23 de octubre, de primera modificación del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, modificó la Disposición transitoria única de esta norma, con el fin de posibilitar la obtención de una prórroga para la puesta en servicio hasta el 31 de diciembre de 2014, ahora se prórroga hasta diciembre de 2019.

Esta segunda ampliación lineal 5 años más para todos los proyectos, cuando algunos ya tienen la autorización desde hace varios años y por tanto esta caducada. La intentan justificar la medida diciendo que las causas del retraso en la ejecución de los proyectos no son imputables a los promotores de los parques eólicos, cuando no resulta cierto, porque los promotores tienen todas las autorizaciones ambientales, autonómicas y municipales, por lo que si los parques no se están ejecutando es solo por su interés económico.

Todavía estamos esperando que todas las denuncias en estos años, las ambientales, urbanísticas, al patrimonio histórico, queden resueltas, mientras tanto siguen las eolicas campando a sus anchas.

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

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