2015.04.23. Corrupción eólica en Castilla y León

El País 23 de abril de 2015

parques eólicos en castilla y león 

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo

La empresa no acredita ante la Agencia Tributaria la “asesoría” realizada

El diputado Martínez Pujalte recibió otros 75.000 euros

Fernando Garea / Rafael Méndez Madrid 22 ABR 2015 – 21:06 CEST

Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.

El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo […] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.

GRÁFICO DE LOS PAGOS

Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.

Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

“Asesoría externa”

10 de febrero de 2006. El Grupo Collosa firma un contrato de “asesoría externa” con Estudio Jurídico Labor, del que Federico Trillo, entonces diputado del PP en la oposición, tiene el 70%. La cantidad del contrato es de 9.000 euros al mes.

Entre 2006 y octubre de 2008, Collosa abona a Labor 354.960 euros, según la Agencia Tributaria.

1 de octubre de 2008. Collosa firma un contrato de “asesoramiento empresarial estratégico” con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de los diputados populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme.

Hasta final de 2009, Collosa paga a Sirga 75.000 euros.

En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.

Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.

Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.

El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).

El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda.

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429719888_078084.html

Eldiario.es 23 de abril de 2015

La ‘trama eólica’ destapa pagos de 429.000 euros de una constructora a Trillo y Pujalte

El actual embajador en Londres recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno, según ‘El País’

La empresa es Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda, que no ha encontrado ningún informe acreditativo

Los políticos aseguran que su asesoría no era por escrito, solo verbal

EXCLUSIVA | Un mando de la Agencia Tributaria retrasó una denuncia por corrupción que afectaba a políticos del PP

La trama de comisiones a políticos por la autorización de parques eólicos en Castilla y León denunciada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción salpica a dos destacadas figuras del PP. Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según adelanta El País.

El rotativo asegura que la Agencia Tributaria, que ha destapado estos pagos durante la investigación de esa trama a través de contratos y facturas abonados por una de las empresas implicadas a los despachos de ambos políticos, no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros.

 través de sus respectivos despachos de asesoría. Les pagaba la constructora Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por la trama. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

El contrato con la empresa de Trillo, Estudio Jurídico Labor, se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando el actual embajador de España en Londres era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato, en concepto de “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008. El rotativo asegura que Trillo cobró de Collosa 104.000 euros en 2006, otros 125.280 en 2007, y en 2008, 125.280 euros.

Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo […] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Tras finalizar el contrato de Trillo en 2008, Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y la hoy senadora Ana María Torme, firman otro muy similar. Tormé y Martínez-Pujalte se sentaban juntos en la bancada popular entonces. El contrato es de 5.000 euros al mes, por lo que en un año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

El rotativo se ha puesto en contacto con ambos políticos que han admitido los contratos pero han rechazado cualquier irregularidad en la declaración de estos ingresos. Trillo aseguró al diario que le echó “mucho esfuerzo y energía” al trabajo de la empresa del que no queda ni un papel que deje constancia escrita. Martínez-Pujalte también ha reconocido los cobros pero ha asegurado estar al día con Hacienda. Sin embargo, la declaración de ingresos del diputado en 2011 es menor a la que maneja el informe de la Agencia Tributaria, según El País.

http://www.eldiario.es/economia/eolica-destapa-constructora-Trillo-Pujalte_0_380062991.html

 

Las provincias 23 de abril de 2015

Trillo admite que cobró de una constructora 354.000 euros

Anticorrupción investiga si pudieron ser comisiones por tramitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León

  • COLPISA | MADRID

22 abril 201523:44

La Fiscalía Anticorrupción investiga si el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo, y el histórico diputado del PP, Vicente Martínez-Pujalte, cobraron presuntamente comisiones de una constructora especializada por tramitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Según publica el diario El País, Trillo recibió de dicha constructora 354.560 euros en casi tres años y Pujalte 75.000 en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría. Ambos políticos admitieron este miércoles en declaraciones a la Efe esos pagos, pero aseguraron que «cumplieron con todos los requisitos legales» y obligaciones «tributarias» y que informaron al Congreso de dichos pagos, ya que los hechos se remontan a los años 2006 y 2009, cuando ambos eran diputados de la oposición.

Sin embargo, según El País, la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe que justifique esos cobros y facturas que se prolongan durante cuatro años y que tienen como pagadora al Grupo Collosa, una empresa dedicada a la obra civil y una de las principales beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En concreto, Collosa habría facturado a los despachos Sirga XXI Consultores (propiedad de Pujalte) y Estudio Jurídico Labor, con participación mayoritaria de Trillo (70%).

El exministro de Defensa consideró, mediante un comunicado, «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes». Trillo aseguró que su despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso de los Diputados en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración. En este sentido, insistió en que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, «lo que significa que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada».

Permiso al Congreso

Por su parte, Pujalte también aseguró que tiene «la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente» y de haber «actuado de acuerdo completamente con la legalidad», tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria. El diputado del PP reconoció que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y recalcó que pidió la compatibilidad al Congreso, una solicitud que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.

Según fuentes de la Agencia Tributaria ambos políticos podrían enfrentarse a un presunto delito de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho por estas presuntas comisiones. En todos los casos el periodo de prescripción es de diez años, por lo que todos los supuestos cobros podrían ser investigados al estar dentro del plazo.

http://www.lasprovincias.es/economia/201504/22/trillo-pujalte-afirman-cumplieron-20150422212452-rc.html

El País 22 de abril de 2015

Trillo acusa a Anticorrupción y a Hacienda de filtrar el cobro

El embajador y Martínez Pujalte admiten haber recibido 354.000 euros de una constructora

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.En el comunicado, Trillo destaca que esa relación “había sido filtrada” por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera “tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes”.Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene “la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente” y de haber “actuado de acuerdo completamente con la legalidad”, tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla y León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.El embajador en Londres recalca además que LABOR “nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda”.  Montoro dice que toda la problemática sobre los parques eólicos de Castilla y León es responsabilidad del anterior Gobierno del PSOE Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 22/04/2015, 11:39 h |

  • El ministro ha sostenido con esta pregunta de Gordo este mismo argumento de la independencia de la Agencia Tributaria que también ha esgrimido ante las preguntas sobre la amnistía fiscal o el caso del exvicepresidente Rodriguo Rato.
  • Ecoticias 23 de abril de 2015
  • http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429733681_951208.html
  • Destaca que LABOR “en ningún momento” intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, “ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables”.
  • Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, “lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada”.
  • El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.
  • En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años “a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros”.
  • El embajador en Londres ha enviado a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.
  • El País Madrid 22 ABR 2015 – 22:14 CEST

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicos, Cristóbal Montoro, ha animado al PSOE a preguntar a los exministros socialistas de Industria José Montilla o Miguel Sebastián por la concesión de parques eólicos en Castilla y León que ha investigado la Agencia Tributaria, ya que eran los ministros “tutelantes” cuando ocurrieron los hechos.

Montoro ha respondido a una pregunta del diputado socialista Juan Luis Gordo, quien le ha pedido explicaciones sobre esta información. Montoro le ha respondido que no le podía dar ninguna porque “la Agencia Tributaria funciona con objetividad” y sin “dirección política”.

El ministro ha sostenido con esta pregunta de Gordo este mismo argumento de la independencia de la Agencia Tributaria que también ha esgrimido ante las preguntas sobre la amnistía fiscal o el caso del exvicepresidente Rodriguo Rato.

“Vamos a preguntarnos por qué no se conocía esto antes. ¿No se lo preguntan ustedes en su grupo? ¿Funcionaban distinto? Contrasta fuertemente una época con la otra, me hacen dudar del funcionamiento de algunos organismos bajo su tutela, todos los supuestos vienen de antes”, ha dicho.

Sobre el caso concreto de los parques eólicos de Castilla y León, Montoro ha pedido al diputado socialista que se dirija a los exministros de Industria socialista como José Montilla, Miguel Sebastián y Joan Clos. “¿No fueron ellos los que los que tutelaban el sistema de adjudicaciones o primas?”, ha dicho.

¿AFECTÓ A LA TARIFA ELÉCTRICA?

Juan Luis Gordo, para quien tras la comparecencia este martes en el Congreso del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, “está claro” que este organismos está “al servicio” del Gobierno, ha aprovechado para criticar la gestión del PP en la Junta de Castilla y León.

“Tras 28 años, nos ha llevado a la despoblación, la pérdida de jóvenes, el deterioro de los servicios públicos. El PP en Castilla y León ha estado ajeno a los problemas de los castellanoleoneses, pero no a la corrupción”, ha dicho el socialista.

Ha pedido información del sobrecoste que pudo tener la instalación de los 200 parques eólicos de esa comunidad, que ha cifrado entre 900 y mil millones de euros, y si se ha extendido a otras autonomías el supuesto sistema de concesión que obligaba a las empresas a pagar “cantidades exorbitantes para acceder a las licencias”. También se ha preguntado si esta situación “ha afectado a la tarifa eléctrica”.

“El señor Herrera no ha querido comparecer en las Cortes como tampoco usted en el Congreso. Dediquense a otra cosa, España y Castilla y León se merecen servidores públicos y no personas que se sirvan a sí mismas”, ha concluido.

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/102642/Montoro-problematica-parques-eolicosCastilla-Leon-anterior-Gobierno-PSOE

El economista 22 de abril de 2015

Montoro remite a Montilla y Sebastián la corrupción en los parques eólicos de Castilla y León

EFE / Europa Press

22/04/2015 – 11:29

Las eléctricas habrían pagado más de 100 millones con el fin de lograr autorizaciones para parques eólicos (20/04)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido hoy la “objetividad” de la Agencia Tributaria al investigar casos como la corrupción en los parques eólicos de Castilla y León y ha asegurado que “me empiezo a preguntar si funcionaban distinto” durante el gobierno socialista. Asimismo, ha animado al PSOE a preguntar a los exministros socialistas de Industria José Montilla o Miguel Sebastián por el asunto.

Montoro ha evitado pronunciarse sobre el caso concreto de la investigación de los supuestos pagos para agilizar la tramitación de los parques eólicos de Castilla y León, sobre el que le preguntaba el diputado socialista Juan Luis Gordo en el Pleno del Congreso de los Diputados, por tratarse de “una información periodística”.

En cualquier caso ha pedido reconocer “que la Agencia Tributaria está funcionando con objetividad” porque “si hubiera dirección política y voluntad de ocultar, ¿qué ocurrirá? ¿Conoceríamos todo esto que estamos conociendo?”.

Así, ha planteado que “realmente contrasta una época con la otra” -en referencia al Gobierno actual con respecto al anterior- que le “hacen dudar del funcionamiento de algunos organismos bajo su tutela”.

En cambio, Gordo ha criticado que “lo que ha quedado claro es que la Agencia Tributaria está a su servicio” y ha pedido desvelar “si este sistema se ha extendido a otras comunidades autónomas” y “si ha afectado a la tarifa eléctrica”.

El pasado lunes se conoció que la Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en Castilla y León, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/240878542/economia/noticias/6650506/04/15/Montoro-remite-a-Montilla-y-a-Sebastian-la-corrupcion-en-los-parques-eolicos-de-Castilla-y-Leon.html#Kku8W76rZv9d5J0u

La Nueva España 23 de abril de 2015

La “trama eólica” no sopla en Asturias

El Ejecutivo asturiano asegura que el sistema de adjudicación de parques de aerogeneradores impide el pago de comisiones como el que se investiga en Castilla y León

23.04.2015 | 03:43

Marián MARTÍNEZ Varias empresas promotoras de parques eólicos investigadas por la Agencia Tributaria en la trama de comisiones ilegales detectada en Castilla y León están asentadas en Asturias o tienen proyectos cuyo desarrollo se encuentra en diferentes fases en el Principado. El Gobierno regional aseguró ayer, no obstante, que ninguna empresa ha recibido trato de favor para su instalación en la región. El ejecutivo defendió su modelo de concurrencia competitiva y subrayó que ninguno de los recursos judiciales presentados por empresas que fueron descartadas de algún proyecto llegó a prosperar.

La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama en Castilla y León que consistía en el pago de comisiones a políticos a cambio de facilitar la instalación de parques eólicos en dicha comunidad autónoma. Una pieza clave del entramado sería Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y responsable de las autorizaciones entre los años 2004 y 2007, según ha publicado el diario El País. Al parecer, y según la investigación de Hacienda, Delgado Núñez estampaba su firma a menudo después de que las eléctricas que iban a instalar los parques eólicos se hubiesen asociado con otro alto cargo de la Consejería de Economía castellano-leonesa, Alberto Esgueva, o con empresarios locales. Otro investigado es Andrés Martín de Paz, que fuera director general de Deportes hasta 2003 en esa comunidad.

El informe de Hacienda detalla operaciones en las que las eléctricas pagaban a empresarios locales o altos cargos directamente en metálico o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para explotar los parques y sin que se hayan certificado contraprestaciones o actuaciones concretas.

Algunas de las empresas que figuran en el informe de la Agencia Tributaria tienen intereses en Asturias. Por ejemplo, Iberdrola Renovables, que en 2014 puso en marcha los parques de El Candal y El Segredal, sus dos primeras instalaciones eólicas en Asturias, que, ubicadas en la zona occidental del Principado, suman una potencia conjunta de 74 megavatios (MW). También Preneal y Enel Green Power tienen proyectos en la región, en distintas fases de desarrollo.

Isaac Pola, director general de Energía del Principado, explicó ayer que el Gobierno regional no tiene constancia de que la Agencia Tributaria esté estudiando las adjudicaciones de parques eólicos en Asturias, y descartó rotundamente cualquier vinculación con la investigación abierta en Castilla y León pese a que puedan coincidir algunas promotoras de parques eólicos.

Pola explicó que el modelo de adjudicación implantado en Asturias responde primero a una zonificación en función de la protección medioambiental del territorio, entre otros parámetros. Las empresas deben presentar su propuesta con sus mediciones y, si su proyecto se ajusta a las localizaciones permitidas, entran en un sistema denominado de concurrencia competitiva por zonificación, ya que puede ser que más de una compañía esté interesada en ubicarse en el mismo sitio. A partir de ahí, la valoración de los proyectos responde a unos parámetros objetivos. “Algunas empresas han recurrido nuestro sistema, pero hasta ahora no ha podido ser atacado porque el resultado siempre ha sido favorable a la Administración. Eso mismo no ha ocurrido en otras comunidades autónomas”, añadió Pola.

http://www.lne.es/asturias/2015/04/23/trama-eolica-sopla-asturias/1745345.html

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