2015.04.29. (La trama eólica de Castilla y León)

Diario.es 29.04.2015

El hermano de Trillo era alto cargo de la consejería que dio concesiones a la empresa asesorada por el exministro

El Grupo Collosa recibió al menos dos licencias de titularidad de parques eólicos en el tiempo en que Francisco Trillo-Figueroa era secretario general de Economía

El PSOE denuncia esa relación y acusa al exministro de “mentir” al decir que “la instalación de los parques eólicos ya se había producido”

El ahora delegado de la Junta en Valladolid está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compraventa de unos terrenos por parte de sociedades públicas

Irene Castro / Fátima Donado

La empresa a la que Federico Trillo facturó 354.000 euros por su asesoramiento en tres años se vio beneficiada por decisiones de la consejería en la que su hermano era alto cargo. El Grupo Collosa obtuvo la titularidad para al menos dos parques eólicos en el tiempo en el que Pablo Trillo-Figueroa ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que era el departamento encargado de resolver esas adjudicaciones.

El hermano del exministro ha pasado por varios puestos de responsabilidad en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ahora se ve salpicado por el escándalo de las concesiones de explotación de parques eólicos. Pablo Trillo-Figueroa, que en la actualidad es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de unos terrenos por parte de varias sociedades públicas. Junto a él hay una veintena de altos cargos imputados por ese caso investigado a instancias de la Fiscalía.

En la investigación de las licencias de los parques eólicos, Hacienda apunta a la “existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de compañías eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de esas concesiones, según el informe al que tuvo acceso El País.

Una de las empresas sobre la que Hacienda sospecha es el Grupo Collosa, al que Trillo facturó 354.000 euros desde febrero de 2006. Mientras el entonces diputado asesoraba a la corporación y su hermano era secretario general de la Consejería de Economía, ese departamento concedió a Collosa la titularidad de al menos dos de los parques eólicos de la comunidad.

Uno de los acuerdos para la explotación del parque eólico de Valdihuelo se llevó a cabo en 2005 entre una de las filiales de Collosa (Inverduero) y Endesa. La autorización para la explotación del parque eólico se resolvió el 30 de agosto de 2006, cuando Trillo llevaba asesorando a Collosa medio año. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones, según informa El País.

El inspector de Hacienda apunta a esa colaboración de empresas locales con eléctricas para las autorizaciones de los parques. “Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad”, resume el inspector que firma el escrito. Según ese documento, las empresas locales con las que se llegaba a acuerdos eran “propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”.

El PSOE dice que Trillo mintió sobre su labor en Collosa

El inspector de Hacienda sospecha que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

El otro parque que la consejería de Economía dio al Grupo Collosa mientras los hermanos Trillo estaban en cada una de las partes fue el de La Mallada, que se quedó en manos de su filial Ider. Esa tramitación –que concluyó el 10 de marzo de 2006, justo un mes después de Collosa contratara los servicios de Trillo– comenzó en 1998.

El PSOE ha acusado a Trillo de haber mentido en sus explicaciones sobre la relación con Collosa. “Cuando habló de su contrato de 9.000 euros por tomar un café con la empresa Collosa, dijo que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido –ha relatado la diputada socialista Soraya Rodríguez–. Y mintió. Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”.

http://www.eldiario.es/politica/Trillo-asesoro-contratos-consejeria-hermano_0_382512820.HTML

 

Burgos conecta

Trama eólica

Es sorprendente la capacidad que tenemos en España (o mejor dicho, que tienen algunos) para aprovechar tanto las buenas ideas como las buenas causas, para pervertirlas en su propio y particular beneficio. Así recordamos como algunos “huertos solares” en nuestra Comunidad, para la producción de electricidad fotovoltaica, generaban kilovatios en plena oscuridad, o se cobraban subvenciones por miles de hectáreas de plantaciones de lino, sin que se recogiera kilo alguno de esta fibra textil, tal y como denunciaron las autoridades de la Unión Europea que debían controlar esas subvenciones.

Ahora es la investigación de la Agencia Tributaria, sobre la implantación de la Energía Eólica en Castilla y León, la que ha acabado, de la mano del Partido Castellano ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, al quedar en evidencia una trama corrupta de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León, Empresas del Sector Eléctrico y Empresas de la Construcción Locales, que se repartieron Comisiones por valor superior a 110 millones de euros en el periodo 2004 a 2009, a cambio de autorizaciones administrativas para la construcción de más de 35 Parques Eólicos en las provincias de Soria, Burgos, Palencia, León y Valladolid.

Estos hechos, pueden ser constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, administración desleal, malversación de fondos públicos y estafa, que habrían sido cometidos por altos responsables de la Junta de Castilla y León, al nivel de Viceconsejeros y Secretarios Generales, siempre vinculados a Consejerías presididas por Tomás Villanueva, número 2 del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El funcionamiento de esta trama de corrupción, implicaba la constitución de sociedades intermedias entre las Empresas Eléctricas que pretendían instalar y explotar Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma, y altos Cargos de la Junta de Castilla y León y de las Empresas Públicas, como EXCAL, vinculadas a la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, y empresas locales, relacionadas con el ámbito de la construcción, y habituales en la contratación de obras y servicios por parte de la administración autonómica. Tras la constitución de estas sociedades mixtas, la Junta de Castilla y León otorgaba las correspondientes autorizaciones para la construcción y explotación de los Parques Eólicos y posteriormente las empresas eléctricas promotoras compraban a las constructoras de Castilla y León y a los Altos Cargos de la Junta sus acciones y participaciones obteniendo éstos plusvalías astronómicas. Así por ejemplo, Alberto Esgueva, consejero delegado de EXCAL, parece ser que recibió por el 40% del capital de la sociedad Energía Global Castellana que coparticipaba con Iberdrola, que le supuso 24.400 euros la cifra de 47,1 millones de euros dos años después.

Los responsables de la Agencia Tributaria, aguerridos inspectores fiscales que redactaron el Informe que ha desvelado la corrupta Trama Eólica de Castilla y León, incluyen en sus investigaciones a “autoridades públicas de Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”. Así, el citado informe de la Agencia Tributaria, detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

Para percibir la trascendencia de esta trama corrupta, es preciso recordar que Castilla y León es la comunidad con más megavatios eólicos instalados, 5.560, un 25% del total de España, con lo cual esta presunta trama adquiere una relevancia excepcional. Los parques eólicos tienen garantizadas primas que pagan los consumidores en el recibo de la luz durante 25 años de funcionamiento. La expansión de la Energía Renovable Eólica recibió en 2014 unos 1.250 millones de euros en primas, de un total de 6.500 para el resto de tecnologías renovables, los residuos y la cogeneración. Según la potencia instalada, a los parques eólicos de Castilla y León el año 2014 les correspondieron alrededor de 300 millones de euros en primas. Queda clara la significancia de esta trama al saber que en 2014, la Eólica fue la segunda fuente de electricidad de España (un 20,4%), solo por detrás de la nuclear (21,2%). Entre 2004 y 2009 la potencia eólica en Castilla y León se multiplicó por 2,5: pasó de 1.531 megavatios instalados a 3.952.

La aprobación ambiental y la autorización administrativa de los Parques Eólicos dependen de la comunidad autónoma, en este caso de la Junta de Castilla y León. Algunas comunidades realizaron concursos eólicos para la instalación de estos parques. Castilla y León optó por otro modelo: la Junta aprobaba los emplazamientos que presentaban los promotores en función de criterios ambientales y de la conexión a la red eléctrica. La conclusión parece ser que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedades creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.

Los castellanistas, los únicos valientes que se han atrevido a llamar a la puerta de la Fiscalía para que la Justicia investigue esta trama, consideran que la envergadura de la corrupción eólica en Castilla y León, el volumen de las Comisiones cobradas (solo en los 35 Parques Eólicos investigados por la Agencia Tributaria, superan los 110 millones de euros), la importancia de los Altos Cargos afectados, la duración del funcionamiento de este sistema de autorizaciones de Parques Eólicos, y la habitual colaboración con la Junta de Castilla y León de las empresas constructoras locales implicadas, hacen materialmente imposible que tanto el Consejero de Economía Tomás Villanueva, como el propio Juan Vicente Herrera y el mismo PP regional, no estuviesen al tanto de lo que ocurría. Ello, como ocurrió con la rama castellana de la trama Gürtel, inducen a pensar que la Corrupción Eólica no pretendía exclusivamente el enriquecimiento ilícito de personas y empresas, sino que buscaba posiblemente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Autónoma.

La Agencia Tributaria con sus Informes ha hecho su trabajo; también los medios de comunicación que los han divulgado, al igual que la sociedad civil llevando a través del Partido Castellano denuncia ante la Fiscalía. Ahora le toca a la Justicia castigar a los culpables y recuperar el dinero saqueado a los contribuyentes, pues la trama de las comisiones por Parques Eólicos (Castilla y León es la Comunidad con más megavatios eólicos instalados; el 50% del total español) se alimentaba de las jugosas primas, con dinero público, a la Energía Eólica que suponen, aún hoy, en Castilla y León unos 300 millones de euros anuales.

http://burgosconecta.es/blogs/latenadadelcomun/2015/04/30/trama-eolica/

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