2015.11.04. (Así se adjudicaban los parques eólicos de Castilla y León)

El diario.es, 3 de noviembre de 2015

Un exalto cargo del PP imputado en la trama eólica ha escondido en el extranjero decenas de millones de euros

Hacienda ha elaborado 125 informes de los movimientos de varios imputados en los que se reflejan las salidas de divisas de las empresas de Alberto Esgueva.

Una de las empresas de Esgueva, en concurso de acreedores, recibió en 2009 un préstamo de 8.448.000 euros de la Junta de Castilla y León y aún debe 5.852.175

Laura Cornejo

Desde 2005 hasta diciembre de 2014, la empresa Industrias San Cayetano, una de las más potentes de Castilla y León y que entró en concurso de acreedores en octubre del año pasado envió decenas de millones de euros al extranjero, incluidos algunos paraísos fiscales.

La entidad fue propiedad de un alto cargo del PP de Valladolid y en la actualidad aún debe cerca de seis millones de euros de un préstamo público cuyas cuotas ha dejado de pagar.

La empresa pertenecía a Francisco y Alberto Esgueva. Este último es, según la Agencia Tributaria, el principal beneficiario de la trama eólica en la que altos cargos de Castilla y León recibieron presuntamente 110 millones de las eléctricas por agilizar los trámites de los parques eólicos. Alberto Esgueva, siempre según la Agencia Tributaria, obtuvo 47 millones.

Alberto Esgueva fue, entre 2003 y 2006, consejero delegado de Excal y director del área de creación de empresas, internacionalización y servicios de la Agencia de Inversiones y Servicios, un organismo dependiente de la consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. .

Esgueva está imputado, junto con 26 cargos de la Junta y empresarios, en otra macrocausa judicial que dirige la Fiscalía de Valladolid, el ‘caso ADE Parques’ –que investiga las operaciones de compraventa de terrenos realizadas en el Parque Empresarial de Portillo por parte de la empresa pública ADE Parques, dependiente de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, y algunos empresarios de la Comunidad– y el asunto del ‘Perla Negra’, el edificio de la Consejería de Economía por el que se pagaron 60 millones de euros, IVA incluido, a pesar de que la Consejería de Hacienda lo tasa un 30% por debajo.

En el marco de esta investigación la Fiscalía ha solicitado a la Agencia Tributaria informes de las empresas de todos los imputados. Algunos de los documentos reflejan un intenso y continuo movimiento de capital por todo el mundo. El primer movimiento que aparece en el informe se produce el 5 de enero de 2005. De la cuenta de Industrias San Cayetano salen 84.094,02 euros con destino a Suiza. Dos días después, salen 37.268 euros hacia Holanda; cuatro días después, 77.639,00 se ingresan en Estados Unidos; y dos días después, 22.176,87 en Holanda.

En tan sólo nueve días se van más de 200.000 euros. No son una anécdota, los movimientos se repiten todos los meses hasta 2014. El 2 de febrero de 2009, transfieren 258.759 euros a Suiza y dos días después 148.619,90, a Holanda. Suecia, Finlandia, Italia o Francia también van recibiendo cantidades. Son solo un ejemplo de un listado de movimientos de 26 páginas (43 operaciones en cada una de ellas).

Según la web de la empresa aún activa, su división internacional dedicada a la investigación de nuevos materiales les llevó a abrir “almacenes y delegaciones” en Portugal, Marruecos, Cuba, Panamá, Irán, Senegal, Ecuador, Sudáfrica, Mozambique, Mauritania y Venezuela. Eso no justifica los movimientos a Suiza, Suecia, Emiratos Árabes u Holanda, si bien será Hacienda la encargada de determinar si las salidas de divisas cumplieron con la legalidad.

En 2011, el hermano de Alberto Esgueva, Francisco, anunció en El Mundo de Castilla y León que San Cayetano planeaba desembarcar en Francia, Reino Unido y Polonia. Este punto podría explicar en parte ese intenso flujo unidireccional de dinero a estos países, aunque el inicio de esos movimientos de capital al exterior comenzó seis años antes de ese anuncio. El 24 de febrero de 2009 salieron hacia Polonia 3,63 millones; 1,3 se fueron al mismo país el 27 de octubre de ese mismo año; y otros 1,2 millones se enviaron en febrero de 2010. Más de cinco millones de euros en un año.

Corea del Norte también recibió dinero de San Cayetano, en concreto, 125.000 euros el 20 de julio de 2010. Otro país inusual es la Isla de Man, dependiente la Corona británica, cuya principal actividad es la financiera.

Otro punto destacado en el informe San Cayetano es que “aparece como autorizado” en la cuenta bancaria Iberdrola Renovables de Castilla y León S.A y en la de Energía Global Castellana S.A. Es aquí donde aparece el lazo con la trama eólica. Tal y como determina la Agencia Tributaria en este caso, las eléctricas crearon sociedades mixtas con altos cargos de la Junta de Castilla y León, que, en teoría, conseguían que se concediesen las licencias para parques eólicos con mayor rapidez; después, las compañías eléctricas recompraban las acciones del político por una cantidad mucho mayor.

Alberto Esgueva se asoció con Iberdrola con su sociedad San Cayetano Wind en el año 2004, precisamente cuando era consejero delegado de Excal. Su aportación fue de 24.000 euros. En 2006 dejó su cargo público, y en 2007 Iberdrola le pagó sus primeros 13 millones, hasta completar 10 pagos y alcanzar 47. Lo llamativo, es que San Cayetano, la empresa de cartonajes, tuviese acceso a esas cuentas.

La empresa de Esgueva obtuvo de la Junta, a través de ADE Financiación, un préstamo de 8.448.000 euros que se formalizó el 20 de octubre de 2009. Según explicó la Consejería de Economía a eldiario.es, la empresa atendió el préstamo hasta el año 2014, año en el que entró en un proceso de renegociación de su deuda con todas sus entidades financieras y de búsqueda de un socio inversor.

En octubre de 2014, ante el incumplimiento del pago y coincidiendo con su solicitud de concurso de acreedores, se dio el préstamo por resuelto y se reclamó el pago de todas las cantidades pendientes, montante que ascendía a 5.852.175 euros.

También en ese mes se declaró el concurso de acreedores, lo que imposibilita la reclamación del pago de la deuda y suspende los procedimientos de ejecución de las garantías reales ya iniciados, aunque se ha continuado con la ejecución de las garantías personales de los fiadores solidarios (socios de la empresa en el momento de formalización del préstamo), en este caso, Francisco y Alberto Esgueva. En julio de 2015 la junta de acreedores del concurso aprobó un convenio que incluye una quita tanto para los acreedores privilegiados como para los ordinarios, convenio que no es firme a día de hoy, ya que ha sido impugnado.

San Cayetano no es la única sociedad vinculada a Esgueva: Cronos Global, que recibió siete millones de euros tras haber puesto 1,5, tiene multitud de salidas de divisas desde 2006 y son millonarias. Las cantidades que ingresó en Polonia van de cinco en cinco millones de euros en cuestión de días. Hay salidas de nueve millones y hasta de doce en 2009. La mayoría, a Polonia, donde se ha establecido y construye edificios de lujo con su sociedad Kronos Pacific.

http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-Valladolid-paraisos-PP-imputado_0_448305284.html

Diario de Valladolid

Esgueva sacó del país 94,5 M€ con una empresa ligada a las tramas ADE y eólica

El ex director de Excal movilizó divisas en sociedad con dos de los vendedores de La Perla Negra y las parcelas de Portillo

 El que fuera director de ADE Internacional, Alberto Esgueva, sacó de España divisas por valor de 94,5 millones de euros con destino a Estados Unidos y, sobre todo, a Polonia, país en cuya capital ahora reside.

Lo hizo a través de la promotora inmobiliaria Cronos Global S.L., en la que también participaban los empresarios Germán Martín Giraldo y Luis María García Clerigó, con intereses en el alquiler y venta del edificio de la Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda, a la sociedad pública ADE –que depende de Economía–, así como en la compraventa a la misma sociedad de terrenos en Portillo para el desarrollo de un polígono. Unas operaciones por las que la Junta desembolsó 60 y 30 millones, respectivamente, en los años 2009 y 2010.

El Juzgado de Instrucción número 2 investiga estas operaciones con el fin de establecer si en ellas hubo malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito y ha imputado a Esgueva, Martín Giraldo y García Clerigó, junto a otras 23 personas más, entre empresarios, técnicos y cargos de ADE, además del que fuera el viceconsejero de Economía y consejero delegado de esa entidad, Rafael Delgado. Cronos Global, aunque está inscrita como promotora inmobiliaria, es una de las empresas que investiga la Fiscalía por su presunta vinculación con la trama eólica. De hecho, un empresario del sector de los aerogeneradores declaró ante los inspectores fiscales que depositó en las cuentas de Cronos siete millones de euros para así integrarse en una red de favoritismo en las licencias de parques eólicos. La información sobre Cronos destaca por la importancia de sus operaciones –tanto en sus movimientos de divisas como de acciones– dentro de un paquete de 125 informes remitidos al Juzgado de Instrucción número 2 por la Agencia Tributaria, en los que refleja una serie de datos sobre particulares y empresas relacionados con las cuestionadas operaciones de compraventa del edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo.

En el apartado de movimientos de divisas existe una salida total de 94.433.255 euros entre 2006 (fue creada el 19 de abril de ese año) y 2015. La mayor parte de ese dinero, 91.237.602 euros, se dirige a Polonia, donde Alberto Esgueva posee ahora su domicilio fiscal. El resto, 3.195.623 euros, fue a parar a Estados Unidos.

En ese periodo de ocho años también hubo entradas de divisas en Cronos por una cuantía de 39.102.740 euros (36.102.740 euros procedentes de Polonia y 3.080.201, de Estados Unidos).

En la propiedad y administración de Cronos figuran, a su vez, tres empresas que merecen, cada una de ellas, un informe individual por parte los investigadores. Se trata de Intercatia Corporación S.L. (en manos de Alberto Esgueva), Prodintel Global S.L. yParqueolid Promociones, que remiten a Germán Martín Giraldo yLuis María García Clerigó.

Cabe recordar que juez de Instrucción número 2, César Gil Margareto, imputó a Esgueva en grado indiciario, para que pudiera declarar con todas la garantías legales sobre su desempeño, de 2003 a 2006, como director de la División de Creación de Empresas, Internacionalización y de Servicios de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. Un departamento conocido primero como Ade Internacional y luego Excal.

El juez, a petición de la Fiscalía de Valladolid, quiere que aclare «las relaciones empresariales con Germán Martín Giraldo y familiares integrantes de Parque Empresarial de Portillo», según consta en el auto de imputación de abril de este año.

A su vez, el juez también imputa a Germán Martín Giraldo y Luis María García Clerigó «como miembros de Urban Proyecta PM3, en cuanto beneficiarios del alquiler y venta del edificio de Arroyo de la Encomienda y por su intervención en la compra y venta de terrenos de Portillo».

Intercatia, la dueña de la mitad de Cronos Global, nació el 19 de abril de 1991. Hasta junio de 2010 comparte el mismo domicilio que Cronos, la madrileña calle Nuñez de Balboa, 118, Primero Izquierda. En ella figuraron como socios Alberto Esgueva y su hermano Francisco, administrador y socio de Industrias San Cayetano. A partir de 2005, Alberto pasa a ser el único propietario.

El inspector que firma el informe sobre Intercatia destaca que esta sociedad, absorbió, a su vez, San Cayetano Wind (empresa capitaneada por Alberto Esgueva y sospechosa de haber recibido beneficios en la trama eólica).

Intercatia declara en el Impuesto de Sociedades que posee el 50% de Cronos Global y ésta lo ratifica en su propia declaración. Lo que ambas olvidan señalar es que Intercatia adquirió títulos por valor de 22,3 ME, un dinero que pasó a las cuentas de Cronos. Esta información la obtiene la Agencia Tributaria a partir de datos cruzados e, incluso, de los despachos de los notarios que sellaron los acuerdos.

No es el único despiste significativo cara a rellenar el Impuesto de Sociedades. Tampoco se informa que Cronos tuvo el 50% de acciones en varias empresas eólicas entre los años 2006 y 2009: Energía Renovables de Ávila, Eólica de la Mata, Vientos de Tamara, Vientos de la Gata. Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo aparecen como socios en ellas.

La relación del que fuera alto cargo del ADE y los empresarios que resultaron beneficiados con el alquiler y venta del edificio conocido como La Perla Negra queda aún más consolidada si se exploran las otras dos sociedades que integran Cronos Global. Prodintel se creó en la misma fecha que Cronos, el 19 de abril de 2006 y tiene su misma dirección. Entre sus administradores figuran Martín Giraldo y García Clerigó. La empresa estuvo presente en Cronos hasta 2006, momento en que entra Parqueolid Promociones y se hace con el 61% de las acciones. En esa sociedad ya no está Martín Giraldo.

Un último ‘olvido’ en la declaración del Impuesto de Sociedades: Parqueolid metió en Cronos Global 38,2 millones. Según las cuentas de la empresa recogidas en el portal Informa, en 2012 el capital social de Cronos Global pasó de dos a 62 millones.

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/esgueva-saco-pais-94-5-meuros-empresa-ligada-tramas-ade-eolica_35150.html

Diario de Valladolid 4.11.2015

El PP frena el acceso a informes de la trama eólica entre la desidia de parte de la oposición

Aplaza las comparecencias hasta la llegada de documentos / Sólo el PSOE registra sus peticiones

 El PP restringe, al menos de momento, la documentación que manejará la comisión de investigación de la trama eólica. En la tercera reunión, el grupo mayoritario hizo valer el voto ponderado para rechazar el grueso de papeles requeridos por la oposición y aplazar las comparecencias hasta después de la recepción y estudio de los informes.

Los populares entienden que los procuradores deben analizar los documentos antes de decidir «a quién preguntar»; entre ellos, el «ya solicitado informe» de la Agencia Tributaria –en realidad es una denuncia, en manos de Anticorrupción–, «piedra angular» –en palabras de Raúl de la Hoz– de la supuesta adjudicación irregular de autorizaciones de instalaciones eólicas a cambio de comisiones.

«Conocido eso, acotaremos la investigación. Se podrá solicitar la comparecencia de personas relacionadas con hechos probados documentalmente y más informes. El rigor es contar con la documentación», añadió de la Hoz, quien recordó que esta fórmula ha sido la aprobada en el parlamento andaluz, en la comisión de los cursos de formación, por PSOE y Ciudadanos.

Aunque la comisión acordó en su primer encuentro que cualquier solicitud se formularía en el seno de este órgano, el Grupo Socialista, promotor de la investigación, fue el único que formalizó la suya por escrito, en el Registro de las Cortes: catorce peticiones documentales, de las que el PP aceptó tres. El resto de grupos lo hicieron de forma verbal. Podemos se sumó a las peticiones del PSOE por ser «coincidentes», según su portavoz, Pablo Fernández. Ciudadanos se interesó por las relaciones de empresas investigadas con la Administración autonómica. Y UPL reclamó conocer el vínculo profesional con la Junta de las personas mencionadas en informaciones periodísticas.

Así pues, prosperaron, con el voto a favor de toda la oposición salvo el PSOE, las peticiones del PP, entre ellas, los expedientes de autorización administrativa de instalación de parques, incluidos los no resueltos; los de transmisiones a terceros; y copia de la instrucción de la Dirección de Energía y Minas de 2004 relacionada con la «avocación de competencias» en el entonces viceconsejero, Rafael Delgado, para resolver la autorización de parques.

Los populares aceptaron la solicitud del portavoz del Mixto y rechazaron en solitario once peticiones del PSOE, entre ellas, el cronograma de la tramitación de los expedientes de parques eólicos; las declaraciones de bienes de ex altos cargos de la Consejería de Economía; o las copias de tres escrituras de compraventa de acciones que, según informaciones periodísticas, probarían un enriquecimiento presuntamente ilícito de Alberto Esgueva, ex consejero delegado de Excal.

El portavoz socialista, Javier Izquierdo, denunció la actitud «obstruccionista» del PP. Primero por «denegar casi toda» la documentación pedida por su grupo. En segundo lugar por aplazar las comparecencias, probablemente, hasta después del 20-D, porque la Junta tiene hasta dos meses de plazo. Y, tercero, por obligar a la oposición a «hacer un peregrinaje por las provincias» para consultar la documentación.

Y es que los populares se amparan en el Reglamento para oponerse a centralizar en las Cortes todos los informes. Según de la Hoz, son mil los expedientes de parques eólicos tramitados en los últimos años y cada uno lo conforman mil folios. «No tiene sentido hacer trabajar a la Junta de forma insensata», justificó. Izquierdo alega que su grupo sólo necesita una parte de cada expediente y sugiere su aportación en formato digital.

Pablo Fernández (Podemos) respaldó los argumentos de Izquierdo: «Esclarecer requiere horas y estudio. Sólo pedimos que se nos facilite el trabajo». José Ignacio Delgado (Ciudadanos) lamentó que no haya «avances», y culpó por igual a PP y PSOE por sus «batallitas».

El grupo naranja solicitó la comparecencia de 26 personas. Facilitó a la prensa una relación de nombres, sin especificar cargos. En ella figura Alfonso Fernández Mañueco. Al ser preguntado en qué condición (fue consejero de Interior y Justicia y es secretario general del PP), Delgado apeló a la «responsabilidad política» del «mayor dirigente del PP».

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/pp-frena-acceso-informes-trama-eolica-desidia-parte-oposicion_35118.html

Diario de Valladolid 4.11.2015

Hacienda no sabe cómo Delgado pagó a un imputado un piso de lujo

El inmueble ubicado en el Paseo Zorrilla está valorado en 412.000 euros

Los informes remitidos por la Agencia Tributaria al juzgado también implican a Rafael Delgado, que fue hombre de confianza del ex consejero de Economía Tomas Villanueva, viceconsejero y secretario de Economía y secretario, así como consejero delegado de la ADE, cargos que ejerció de manera sucesiva hasta 2011.

Su nombre resuena en ambas tramas como aquel que podría haber facilitado la oportunidad de medrar tanto a Alberto Esgueva como a otros. Las operaciones de compra del Edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo llevan su firma, que también aparece en la concesión de varias explotaciones eólicas mediante asociación –procedimiento por el cual un superior toma las competencias de un inferior– y desplazar a los jefes provinciales de Economía e Industria encargados de esas aprobaciones.

Los informes efectúan un repaso de las empresas propiedad o participadas por Rafael Delgado. Una de ellas, Samuño Activos Slu, adquirió un piso a Nereo de Inversiones, de 245 metros en el Paseo Zorrilla, valorado en 412.113 euros, y la Agencia añade que «se desconoce el pago del precio». A renglón seguido, apunta que ese mismo día de la venta, 20 de septiembre de 2012, Rafael Delgado suscribe un préstamo hipotecario por casi 400.000 euros y, sin embargo, ambas operaciones no aparecen suficientemente vinculadas.

Pero es que antes, Nereo había adquirido el piso a Tecnicyl, propiedad de Ángel Román Montes López, otro de los imputados por la empresa Urban Proyecta PM3, que vendió el Edificio de Arroyo a la Ade e intervino en la compraventa de terrenos en Portillo. En esa caso, la Agencia Tributaria también señala que «se desconoce la forma de pago de la misma» entre esas dos empresas.

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/hacienda-no-sabe-delgado-pago-imputado-piso-lujo_35117.html

Eldiario.es 29.04.2015

El hermano de Trillo era alto cargo de la consejería que dio concesiones a la empresa asesorada por el exministro

El Grupo Collosa recibió al menos dos licencias de titularidad de parques eólicos en el tiempo en que Francisco Trillo-Figueroa era secretario general de Economía

 El PSOE denuncia esa relación y acusa al exministro de “mentir” al decir que “la instalación de los parques eólicos ya se había producido”

 El ahora delegado de la Junta en Valladolid está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compraventa de unos terrenos por parte de sociedades públicas

Irene Castro / Fátima Donado

El exministro Federico Trillo.

 La empresa a la que Federico Trillo facturó 354.000 euros por su asesoramiento en tres años se vio beneficiada por decisiones de la consejería en la que su hermano era alto cargo. El Grupo Collosa obtuvo la titularidad para al menos dos parques eólicos en el tiempo en el que Pablo Trillo-Figueroa ocupaba la Secretaría General de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, que era el departamento encargado de resolver esas adjudicaciones.

El hermano del exministro ha pasado por varios puestos de responsabilidad en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, que ahora se ve salpicado por el escándalo de las concesiones de explotación de parques eólicos. Pablo Trillo-Figueroa, que en la actualidad es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, está imputado por un presunto delito de malversación relacionado con la compra y venta de unos terrenos por parte de varias sociedades públicas. Junto a él hay una veintena de altos cargos imputados por ese caso, investigado a instancias de la Fiscalía.

En la investigación de las licencias de los parques eólicos, Hacienda apunta a la “existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de compañías eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de esas concesiones, según el informe al que tuvo acceso El País.

Una de las empresas sobre la que Hacienda sospecha es el Grupo Collosa, al que Trillo facturó 354.000 euros desde febrero de 2006. Mientras el entonces diputado asesoraba a la corporación y su hermano era secretario general de la Consejería de Economía, ese departamento concedió a Collosa la titularidad de al menos dos de los parques eólicos de la comunidad.

Uno de los acuerdos para la explotación del parque eólico de Valdihuelo se llevó a cabo en 2005 entre una de las filiales de Collosa (Inverduero) y Endesa. La autorización para la explotación del parque eólico se resolvió el 30 de agosto de 2006, cuando Trillo llevaba asesorando a Collosa medio año. La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa recompró las acciones por 2,485 millones, según informa El País.

El inspector de Hacienda apunta a esa colaboración de empresas locales con eléctricas para las autorizaciones de los parques. “Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad”, resume el inspector que firma el escrito.

Según ese documento, las empresas locales con las que se llegaba a acuerdos eran “propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta (caso del Grupo Collosa y del Grupo Parqueolid)”.

El PSOE dice que Trillo mintió sobre su labor en Collosa

El inspector de Hacienda sospecha que “todas estas actuaciones de aparentes opciones de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León, y de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre ambos”.

El otro parque que la Consejería de Economía dio al Grupo Collosa mientras los hermanos Trillo estaban en cada una de las partes fue el de La Mallada, que se quedó en manos de su filial Ider. Esa tramitación –que concluyó el 10 de marzo de 2006, justo un mes después de que Collosa contratara los servicios de Trillo– comenzó en 1998.

El PSOE ha acusado a Trillo de haber mentido en sus explicaciones sobre la relación con Collosa. “Cuando habló de su contrato de 9.000 euros por tomar un café con la empresa Collosa, dijo que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido –ha relatado la diputada socialista Soraya Rodríguez–. Y mintió. Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo-Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”.

http://www.eldiario.es/politica/Trillo-asesoro-contratos-consejeria-hermano_0_382512820.html

ABC 29.10.2015

El PSOE pretende que una «romería» de políticos declare sobre la trama eólica

Jimeno, 1995

Una «romería» de altos cargos, exaltos responsables de la Junta de Castilla y León, así como técnicos, políticos y pocos responsables -más bien representantes- de empresas. Es el amplio abanico de personas que pretende reunir el PSOE en la comisión de investigación abierta en las Cortes sobre la presunta trama de cobros por la adjudicación y agilización de trámites de parques eólicos en la Comunidad, que podría rondar los 110 millones de euros. Y es que listado apuntado ya ayer -ampliable- por el portavoz socialista en este órgano, Javier Izquierdo, abarca a más de 50 personas, de las que también reclama en la mayoría de los casos sus correspondientes declaraciones de bienes e intereses.

Los socialistas abren el abanico y remontan la memoria a 1995, año incluso previo al decreto de 1997 por el que se regulaba la tramitación de parques eólicos en la región. Y es que entre las peticiones de comparecencia figuran los delegados territoriales de las nueve provincias entre 1995 y 2005, los jefes de servicio de Industria en ellas en el mismo periodo y los de Medio Ambiente desde entonces hasta la actualidad. Un grupo que elevaría a mucho más de 50 los comparecientes pedidos teniendo en cuenta que son varias las personas que han ocupado esos puestos en este tiempo.

Y señalan también más alto en sus reclamaciones. A la ya anunciada del exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva añaden la de la extitular de Medio Ambiente y también exvicepresidenta María Jesús Ruiz. Por el momento «no» ven «necesario» solicitar que comparezca el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pero «no lo descartamos», apostilló Izquierdo.

En el listado de comparecientes dado a conocer ayer -adelantándose a la fecha del 3 de noviembre fijada para que todos los grupos lleven sus propuestas- incluyen también a los ya avanzados de Federico Trillo, actual embajador de España en el Reino Unido, y los diputados Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme, como «posibles beneficiarios» a través del asesoramiento a empresas desde sus despachos.

El inspector de la Agencia Tributaria que elaboró el informe que dio origen a la investigación y la delegada en Castilla y León, Georgina de la Lastra, también figuran en el listado, que no se olvida de exviceconsejero Rafael Delgado, cuyo nombre presuntamente figura en la trama como beneficiario de esos cobros, y de Begoña Hernández, también exviceconsejera.

Origen de la «anomalía»

Piden también que acuda Alberto Esgueva, exconsejero delegado de Excal y del Grupo San Cayetano, una de las empresas que supuestamente participó en esos movimientos de compra de acciones entre promotores de parques eólicos que multiplicaron su valor en vísperas de la autorización.

La solicitud de comparecencias -políticas y sin nombres de esos empresarios que presuntamente participaron en esos pagos- abarca a hasta cuatro directores generales de Energía y Minas y otros tantos de Calidad Ambiental. De hecho, el PSOE ve «muy importante» que entre los primeros en pasar por las Cortes para dar explicaciones esté Manuel Ordóñez Carbelleda, director general de Energía y Minas cuando en 2004 se firmó el decreto por el que las competencias para la autorización de parques eólicos pasaban de los jefes de servicio de Industria de cada provincia a centralizarse en el viceconsejero de Economía, por entonces Rafael Delegado. «Esta gran anomalía -esa avocación de competencias, en principio, estaba reservada para casos excepcionales- es la que genera estos lodos que hoy nos encontramos», denunció Izquierdo, quien sin utilizar prácticamente las palabras supuesto o presunto en su intervención dio por sentados esos posibles pagos para «acelerar» la concesión de licencias para la instalación de aerogeneradores en Castilla y León.

De todos los cargos públicos de la Junta reclama también sus correspondientes declaraciones de bienes desde que accedieron al puesto. En el caso de Villanueva, por ejemplo, desde 1995. Eso forma parte del extenso listado de documentación. El carro de papeles a analizar sobre un asunto que ya está siendo investigado por la Justicia -a través de la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de la Agencia Tributaria que dio origen al caso- incluye, entre otros, la relación de las instalaciones inscritas en el registro de producción eólica; el cronograma de expedientes de parques desde 1997 -en la región hay activos más de doscientos-; «todos» los expedientes por los que se autorizan cambios de titularidad, así como los tributarios sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados derivados de estas operaciones; o los expedientes remitidos por la Junta a la Fiscalía.

También ven «claves» las escrituras relacionadas con los cambios de titularidad Energía Global Castellana, de los hermanos Esgueva, «para demostrar ese tráfico económico», señaló el portavoz socialista.

En cabeza, el informe elaborado por la Agencia Tributaria y que la semana pasada acordó reclamar la comisión de investigación. Un documento que el PP considera básico para comenzar los trabajos, pero que desde el PSOE consideran «importante, pero no determinante», por lo que reclamaron a los populares que «no lo conviertan en obstáculo» para que comiencen la investigación.

200 parques

«Espero que el PP no se niegue a las comparecencias», reclamó su compañero de filas en esta comisión de investigación José Francisco Martín, quien señaló que «no» es necesario esperar al informe de la Agencia Tributaria, ya que ha casos en los que sólo es necesario acudir a las publicaciones del Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) para comprobar los plazos de las operaciones. De oponerse el PP, lo considerarían «un claro intento de obstrucción», advirtieron los socialistas, quienes ya dejaron claro que no quieren un «desfile» de técnicos que expliquen las autorizaciones «porque eso ya nos lo sabemos» y, además, «no» se ha cumplido correctamente con el procedimiento.

«Lo conocido públicamente nos tememos que es la punta del iceberg», afirmó Izquierdo, quien aseveró que pese a que la investigación se centra en «entre 30 y 40 parques» autorizados en esa etapa, hay autorizados más de 200 y, «por lo que nos han dicho, algunos no construidos también llevaban mordida». Según Izquierdo, «el miedo que hasta ahora había va desapareciendo en gran parte» y hay personas -que no citó- que «nos van informando» y ayudan a «esclarecer un escándalo de primer orden».

Desde el PP prefirieron no manifestarse al respecto y será en la reunión del martes cuando se pronuncien.

http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-psoe-pretende-romeria-politicos-declare-sobre-trama-eolica-201510290849_noticia.html

Econoticias 29/10/2015

Caos en la ‘Comisión sobre eólicas’ de Castilla y León

Según Izquierdo las informaciones que se han conocido por el momento no son más que la “punta de iceberg”, ya que el informe de la Agencia Tributaria habla de la autorización de 30 o 40 parques y en la etapa de los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández se autorizaron en torno a 200 expedientes.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este miércoles la petición de documentación y comparecencias que llevará a la Comisión de Investigación de autorizaciones eólicas y ha advertido de que el rechazo del PP a estas solicitudes será considerado como una “obstrucción” al desarrollo de dicha Comisión.

Los procuradores socialistas Javier Izquierdo y José Francisco Martín han detallado este miércoles la documentación y comparecencias que requerirán para desarrollar su trabajo dentro de esta Comisión, un programa que presentarán en la próxima reunión de la Comisión de Investigación que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. Izquierdo y Martín están de acuerdo en solicitar el informe de la Agencia Tributaria en el que se desvela el presunto cobro de 110 millones de euros por agilizar expedientes, aunque han insistido en que la ausencia de este informe no debe frenar el trabajo de la Comisión de Investigación, ya que se puede hacer un seguimiento de los expedientes por otros procedimientos como las publicaciones en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Los procuradores socialistas han asegurado que cuanto más conocen de la autorización de parque eólicos “más se alarman”, tras lo que han asegurado que ahora el “miedo” ha desaparecido, por lo que han invitado a “todo el que tenga algo que decir” a que se dirija al PSOE para “esclarecer este escándalo”.

Según Izquierdo las informaciones que se han conocido por el momento no son más que la “punta de iceberg”, ya que el informe de la Agencia Tributaria habla de la autorización de 30 o 40 parques y en la etapa de los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández se autorizaron en torno a 200 expedientes.

De este modo, además del informe de la Agencia Tributaria el PSOE ha avanzado que solicitará el expediente completo de instrucción por el que se abocan competencias, un mecanismos “anómalo”, a juicio del PSOE, que, además, se realizó con “total oscurantismo”, ya que, como han explicado, se derivó la concesión de autorizaciones al viceconsejero cuando según el Decreto que lo regula el que debe realizar estos expedientes es el jefe de servicio territorial. El PSOE reclamará también un cronograma completo de los expedientes de parques eólicos afectados en el que se conozcan todos los trámites realizados, desde los dos informes públicos, la declaración de impacto ambiental y la autorización final.

Los socialistas exigen también que se sometan a examen en la Comisión de investigación los expedientes de trasmisiones patrimoniales o de traspaso de acciones entre empresas, así como los informes tributarios sobre el pago del impuesto de trasmisiones y actos jurídicos documentados.

Asimismo, pedirán las declaraciones de bienes e intereses de María Jesús Ruiz desde su nombramiento como consejera de Medio Ambiente en 2003 hasta el fin de sus funciones en 2011; de Tomás Villanueva desde 1995 hasta 2015; de Begoña Hernández hasta que cesó como viceconsejera de Política Económica en 2015 y de Rafael Delgado hasta su cese como secretario general de la Consejería de Economía y Empleo en 2011.

También reclamarán las declaraciones de los directores generales de Energía y Minas entre 2007 y 2003 — Ricardo González Mantero, Manuel Ordóñez Carballeda y Luis Carlos Escudero–, de Alberto Esgueva en su etapa como consejero delegado de Excal; José Manuel Jiménez como secretario general de la Consejería de Medio Ambiente; Rosa Ana Blanco Miranda como secretario de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio; José Antonio Ruiz Díaz durante su etapa como director general de Calidad Ambiental y Jesús Rodríguez Romo también como director general de Calidad Ambiental.

A éstos hay que sumar las declaraciones de los delegados territoriales de la Junta entre 1995 y 2005, los jefes de servicio territorial de industria en las nueve provincias entre 1995 y 2005 y los jefes de servicio territorial de Medio Ambiente de las nueve provincias desde 1995.

Los socialistas reclamaran además las escrituras de constitución de la sociedad Energía Global Castellana, la escritura de compraventa de acciones de Industrias San Cayetalo SL a Iberdrola Renovalbes Castilla Y León y la escritura de compraventa de acciones de Energía Global Castellana.

COMPARECENCIAS

En cuanto a las comparecencias los socialistas solicitarán que acudan a la Comisión de Investigación el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria de Castilla y León; la delegada especial de la Agencia de la Administración Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra.

También reclamarán la presencia del actual embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo-Figueroa, del exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, la exdiputada Ana Tormé, los exconsejeros María Jesús Ruiz y Tomás Villanueva, los exviceconsejeros Begoña Hernández y Rafael Delgado.

A estos hay que sumar directores generales de Energía y Minas, los directores generales de Calidad Ambiental, el ex director de Excal Alberto Esgueva, además de representantes del Grupo San Cayetano, de Iberdrola Renovables, Eugenio García Tejerina de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, delegados territoriales y jefes de servicio de Industria y Medio Ambiente, entre otros.

“Esperamos que el PP no rechace ninguna petición del PSOE porque sería un intento de obstrucción”, han confiado los procuradores socialistas, quienes esperan que la comisión avance sus trabajos de forma “ágil”.

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/108341/Caos-Comision-eolicas-Castilla-Leon

Eldiario.es 22.04.2015

Un mando de la Agencia Tributaria retrasó una denuncia por corrupción que afecta al PP

La delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra, demoró un explosivo informe que denunciaba el cobro de comisiones millonarias de las eléctricas por parte de altos cargos de la Junta e implicaba a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte

De la Lastra trabajó antes como alto cargo con el PP, como secretaria general de la Consejería de Hacienda en la Junta de Castilla y León

 Según el informe de la Agencia Tributaria, que investiga Anticorrupción, la trama se repartió 110 millones de euros en comisiones de las eléctricas a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos

 Ignacio Escolar

Varios altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León (PP) presuntamente cobraron enormes comisiones de algunas constructoras –Grupo Collosa, Parqueolid– y las grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola– a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos. En total, la trama se repartió 110 millones de euros, 18.300 millones de pesetas, según la investigación de la Agencia Tributaria que publicó este lunes El País. Por comparar, este botín duplica ampliamente la fortuna atribuida a Luis Bárcenas (47 millones de euros) y es más de cuatro veces superior al supuesto patrimonio de Rodrigo Rato (26 millones). Si son comisiones ilegales, como sospechan la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, no estamos ante unos comisionistas cualquiera: se trataría del tipo de mordidas multimillonarias que solo dejan los más grandes tiburones.

La investigación la destapó un inspector de la Agencia Tributaria en la oficina de Castilla y León, en Valladolid. Un funcionario, cuyas iniciales son J. T., que detectó unas extrañas inversiones que habían hecho millonarios a varios altos cargos de la Junta y del PP. Apenas 24.400 euros en acciones se convertían, una vez aprobados los permisos correspondientes, en 47,1 millones de euros. El mismo inspector de Hacienda también rastreó otros misteriosos pagos como “asesoría” –por unos trabajos que no acaban de aparecer– a dos importantes políticos del PP: el diputado Vicente Martínez Pujalte y el exministro y actual embajador en Londres Federico Trillo.

Cuando este inspector descubrió el pastel, elaboró un informe de 94 folios que trasladó a su jefa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León. “Es el protocolo habitual cuando se detecta un delito”, afirma una fuente de la Agencia Tributaria, conocedora del caso, con la que ha podido hablar eldiario.es. “Es el delegado especial quien después debe pedir otro informe al servicio jurídico y presentar la denuncia formal ante la Fiscalía o el Sepblac (el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)”.

El inspector J. T. cumplió con su parte hace ya bastante. Su jefa no fue tan diligente y el explosivo informe que esta semana ha publicado El País, tan delicado para el PP y para la Junta de Castilla y León, estuvo meses durmiendo en el fondo de un cajón.

En vista de que pasaba el tiempo y el caso no se movía, el inspector pidió explicaciones. Como no se las daban, J. T. volvió a presentar el informe, esta vez a través del registro, para forzar que siguiese adelante: para que quedase constancia y fecha de su denuncia y no se pudiese traspapelar. “No es para nada el procedimiento habitual, normalmente el traslado al delegado especial es un simple trámite interno que no se registra”, asegura esa misma fuente de la Agencia Tributaria. “Al pasar por el registro, el documento quedó informatizado, por lo que ya no se pudo ignorar”.

El duro informe sobre la supuesta trama de comisiones en la Junta hoy está en la Fiscalía Anticorrupción, gracias al empeño de este inspector.

Su jefa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, se llama Georgina de la Lastra. Es una persona muy cercana al Partido Popular que incluso trabajó, entre 2003 y 2007, como alto cargo en el Gobierno autonómico: como secretaria general de la Consejería de Hacienda; en la misma Junta de Castilla y León cuyas concesiones para parques eólicos hoy están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

http://www.eldiario.es/escolar/corrupcion-eolica-pierde-fondo-cajon_6_380122012.html

El Norte de Castilla 3.11.2015

Seis claves para entender la trama eólica

J. Pascual | Valladolid

 La comisión de investigación ha comenzado hoy los trabajos para desenredar lo que parece una madeja complicada en la que es fácil perderse

Hace seis meses que se habla de ella, de la trama eólica. Una madeja de complicado desentrañe, que hoy miércoles empieza a ser investigada en las Cortes de Castilla y León. Pero ¿qué es la trama éólica? En síntesis: cargos de la Junta de Castilla y León, en supuesta connivencia con algunas empresas de la comunidad, cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados por la comunidad en los diez últimos años de despegue de esta energía ‘verde’. La fuente principal: un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria del que todo el mundo habla pero que (dicen) nadie tiene, a excepción de Tomás Herranz, el fiscal anticorrupción encargado del caso, que tiene a tres equipos especializados trabajando desde diciembre de 2014.

Entender bien todo el asunto no es fácil, por eso te damos aquí seis claves para poder comprender mejor un asunto enrevesado.

1.- Los nombres propios.

El listado de comparecencias del PSOE arranca con J. M. T. M., el inspector de la Agencia Especial de la Administración Tributaria en Castilla y León autor del informe sobre el que se asienta la razón de ser de la propia comisión investigadora. Le sigue Georgina de la Lastra, delegada especial de dicha agencia. Federico Trillo-Figueroa, el exministro y actual embajador español en Reino Unido y, en las fechas de los hechos que se investigan, en Estudio Labor. El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exdiputada vallisoletana Ana María Torme, copropietarios de Sirga XXI. Los tres, asesores de empresas mencionadas en el informe, como el Grupo Collosa. En sexto lugar (aunque es la primera vez que se menciona su nombre vinculado a la trama) aparece la exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, seguida del exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, la exviceconsejera Begoña Hernández y el exviceconsejero Rafael Delgado. Se piden también las comparecencias del actual director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y dos de sus antecesores en el cargo, Manuel Ordóñez y Luis Carlos Escudero, además del director general de calidad ambiental, José Manuel Jiménez y la exdirectora general de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, Rosa Ana Blanco Miranda, junto con dos exdirectores de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz y Jesús Rodríguez Romo. El exconsejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, y Francisco Esgueva, del Grupo San Cayetano, figuran en los puestos 17 y 18 del listado. Los exapoderados mancomunados de las empresas Iberdrola Renovables (antes Biovent), Ricardo Bravo y Rafael Icaza de la Sota. Se pide además que declare el hermano de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio García Tejerina, de Apecyl, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, y Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes con Villanueva. Además de todos los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias, los jefes de servicio de Industria y los de Medio Ambiente desde 1995.

2.- Los documentos.

El principal, el informe elaborado por la Agencia Tributaria remitido a Anticorrupción. Ya ha sido solicitado. Además, se pide una relación de todas las instalaciones de este tipo inscritas en el registro oficial desde 1995, los acuerdos por los que se nombra y cesa a Alberto Esgueva consejero delegado de Excal y director del área de Creación e Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de Inversiones.

3.- Declaraciones de bienes.

Se persigue detectar si existió enriquecimiento o beneficio ilícito, comparando los bienes de los cargos públicos cuando entraron y cuando cesaron en sus puestos. La petición se extiende a prácticamente todas las personas llamadas a declarar.

  1. Las empresas.

Energía Global Castellana (extinguida) se constituyó entre San Cayetano e Iberdrola Renovables Castilla y León. Se han pedido las escrituras de constitución de la primera, en 2004; su venta de acciones por los hermanos Esgueva a Iberdrola Renovables, que las compró por 47 millones cuando estaban valoradas inicialmente en 24.000 euros, según el PSOE.

5.- Coincidencias.

Algunos de los nombres de excargos, empresarios y sociedades que figuran en la relación supuestamente implicados en la trama de los eólicos aparecen en otros informes policiales y tributarios solicitados por la Fiscalía de Valladolid en las diligencias abiertas desde 2013 en el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las operaciones urbanísticas de compraventa del edificio de Arroyo de la Encomienda, actual sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda, y el parque empresarial de Portillo. Hay una veintena de personas que serán llamadas a declarar en calidad de investigados cuando el juez disponga de toda la documentación solicitada.

6.- Funcionamiento.

La pretensión de los ‘populares’ en la comisión que presiden es, aseguran, «agilizar» el trabajo y los tiempos. De entrada, consideran «excesivos» los papeles solicitados por el PSOE y ven más asumible acotar y pedir la que la Junta remitió en verano a la Fiscalía Anticorrupción. Este será un primer escollo en la negociación. Habrá, como barruntan, discrepancias en el número y nombres de los comparecientes. Otra dificultad que tendrán que sortear durante todo el tiempo que duren los trabajos es el secreto que impone el reglamento de las Cortes. Aunque esta regla se flexibilizará en las comparecencias, los declarantes tienen derecho a pedir que sus intervenciones sean secretas. También, aunque obligados a comparecer, pueden negarse a declarar como ocurre en los juzgados.

http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201511/03/seis-claves-para-entender-20151101104955.html

Veinte minutos. 3.1.2015.

La comisión sobre las eólicas esperará a la documentación de la Junta y la Agencia Tributaria para citar comparecencias

La oposición pide que no haya que hacer “peregrinaje” para ver expedientes y se centralice en las Cortes

EUROPA PRESS. 03.11.2015

La Comisión de Investigación que investiga la presunta adjudicación de parques eólicos en Castilla y León esperará a obtener la documentación solicitada para que citar a comparecer a quien se considere necesario, algo que ve “lógico” el Partido Popular, que ha hecho valer su voto ponderado para tomar esta decisión. Así, la Comisión esperará a la llegada del informe de la Agencia Tributaria, “piedra angular” de esta cuestión, según ha explicado el portavoz del Grupo Popular en la misma, Raúl de la Hoz, quien ha aclarado que además se ha decidido solicitar los expedientes administrativos tramitados en base al decreto 189/1997 de la Junta de Castilla y León sobre parques eólicos. De la Hoz ha explicado que todos los grupos han apoyado solicitar esta documentación de la Junta, excepto el PSOE, que ha argumentado que sólo le interesan algunos expedientes y exclusivamente la parte administrativa de 2003 en adelante. El ‘popular’ ha explicado que se trata de “acotar” el objeto de la investigación, para después plantear la solicitud de comparecencias y si es necesario pedir más documentación. Así, la información que se ha solicitado supone más de 1.000 expedientes, según De la Hoz, algunos de ellos con más de un millar de páginas, lo que a su juicio justifica que “no se haga trabajar de forma insensata a la Junta” y estos no se remitan a las Cortes hasta que no llegue el informe de la Agencia Tributaria y se solicite copia de los que tengan relación con la presunta trama, todo ello “con el Reglamento en la mano”. De la Hoz, quien ha pedido ser respetuosos con los tiempos, no “precipitarse” ni “correr” para intentar sacar ventaja política, ha aclarado que se trata de que algunos no intenten convertir esto en un “circo” y además ha incidido en que se trata de un modelo de trabajo “exactamente igual” al llevado a cabo en Andalucía en la comisión sobre los cursos de formación, de manera que le llama la atención que allí sí sea válido y aquí no. A este respecto, cree que no tiene sentido llamar a un jefe de servicio para preguntarle en una comisión sin saber en qué expedientes ha intervenido, por ejemplo, por lo que ha llamado al “rigor”, que en el ámbito judicial supone obtener la documentación, su análisis, llamar a las personas que tienen relación con los hechos y saber qué preguntar y, si es necesario, también pedir más documentación. “Algunos piensan que esto es un circo”, ha insistido. Inicio de las comparecencias Sin embargo, frente a los argumentos del PP, la oposición considera que hay algunas comparecencias que se podrían producir sin necesidad de esperar a toda la documentación e incluso el procurador socialista Javier Izquierdo considera que podría tardarse hasta dos meses en que esto ocurriera si se alargan al máximo los plazos que tiene la Administración autonómica para facilitar la documentación. Para Izquierdo el discurso del PP es “falsario”porque dice que quiere que está dispuesto a que todo sea “transparente” y “la realidad” lo contradice en lo que ha calificado de intento de que todo se desarrolle bajo el “oscurantismo” y con un intento de “obstrucción”, con hasta dos meses para que llegue documentación e incluso al tratar de que los parlamentarios “peregrinen” para consultar los expedientes. El procurador socialista ha explicado que ha sido el único grupo que se ha opuesto a la forma de pedir la documentación que quiere el PP porque se accedería a todos, sin copia en las Cortes, lo que les obligaría a viajar por las nueve provincias, por lo que ha puesto un “cero” al PP, al igual que por evitar que comiencen las comparecencias como la que ellos consideran que podría producirse del director general de Industria, por la firma de la instrucción de avocaciones de competencias de los jefes de servicio en el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado. Izquierdo ha criticado el “bloqueo” del PP, que consideran que continuará, y ha asegurado que de los 14 bloques de documentación que han solicitado, que pedían que se remitieran a las Cortes en formato digital para abaratar costes, y se han aprobado sólo tres, el acuerdo por el que se produce la avocación de competencias, la instrucción que se firmó en este sentido y la relación de instalaciones eléctricas inscritas en el registro especial que existe. Por su parte, el secretario general de Podemos y portavoz del Grupo, Pablo Fernández, ha manifestado su esperanza de que el PP no ponga “trabas” ni “obstaculice” la labora de la Comisión tras oponerse a diversas peticiones de documentación que han realizado los grupos, tras lo que ha reconocido que entienden que hay “mucho volumen” y para el esclarecimiento de lo ocurrido se requiere un análisis, un estudio y “muchas horas”. A este respecto, ha pedido que se facilite la labor de los grupos parlamentarios y no se obligue a desplazarse a las delegaciones territoriales y a un “peregrinaje” a los parlamentarios, ya que es “crucial” que se facilite su trabajo mediante la centralización de la documentación en sede parlamentaria, algo que ha explicado que se abordará en la Mesa de las Cortes. En cuanto a las comparecencias, coincide con los socialistas y con Ciudadanos en que podría haber comparecencias de determinados funcionarios como jefes de servicio y otros funcionarios, que pueden “aportar mucha luz” a la documentación sin tener que esperar a la misma, por lo que ha reclamado que se agilicen los trámites, aunque entiendan que hay mucha actividad. Batalla PP-PSOE Por su parte, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha asegurado que están “hartos” de la “batallita” entre el PP y el PSOE porque se trata de avanzar en los trabajos y ha instado que haya una voluntad de “ver no tanto el bosque sino los árboles”. Además, ha criticado que haya que esperar a ver la documentación para poder iniciar las comparecencias porque considera que hay información suficiente para empezar a trabajar y el resto es “dilatar” la cuestión en el tiempo, de manera que la información que se pueda obtener “carecerá de frescura” y no habrá “pragmatismo” ni “rapidez en informar”. Delgado ha reconocido que lo lógico es preguntar en base a documentación, con criterios claros, pero ha insistido en que se podía avanzar más, tras lo que ha censurado que lo que ocurre en la Comisión siempre es que todos votan una cosa y el PP utiliza el voto ponderado para deshacer el empate y no avanzar, algo que considera que se podría hacer con la información que ya se ha conocido por medios de comunicación. Precisamente el Grupo de Ciudadanos ha dado a conocer las comparecencias y documentación que solicitan a la Comisión, concretamente la de 26 personas, de nueve administradores o socios de nueve empresas -excepto los que se encuentren en el listado de personas físicas-, además de documentación de sobre creación, socios, relaciones comerciales o movimientos bancarios de estas sociedades. Sin embargo, el PP considera que hasta que no se vea la documentación y su posible relación no se solicitarán. Entre las personas que C’s solicita que comparezcan se encuentran el ex tesorero del PP Ángel Sanchís o el secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como responsable político máximo de los ‘populares’, para saber qué decisiones se tomaron en el seno de la formación cuando se conocieron los nombres de los implicados.

http://www.20minutos.es/noticia/2595637/0/comision-sobre-eolicas-esperara-documentacion-junta-agencia-tributaria-para-citar-comparecencias/#xtor=AD-15&xts=467263

Leonoticias 3.11.2015

Dos meses sin testificales en la Comisión de las Eólicas

Las comparecencias en la comisión de las eólicas, a la espera de la documentación solicitada, entre ella el informe de la Agencia Tributaria

Las comparecencias en la comisión de investigación sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León se producirán cuando los diferentes grupos parlamentarios cuenten con la documentación solicitada, entre ella el informe de la Agencia Tributaria que se encuentra desde el pasado mes de diciembre en la Fiscalía Anticorrupción.

La oposición criticó este martes que el Partido Popular haya hecho valer su voto ponderado para negarse a comenzar a trabajar e iniciar las comparecencias de personas mientras que el PP aboga por “poner orden” y huir del “circo” para contar primero con la documentación, proceder a su análisis y, posteriormente, solicitar los comparecientes. Así las cosas, no hay fecha para la próxima reunión de la comisión porque la Junta dispone de un plazo máximo de dos meses para enviar esos expedientes.

El procurador del PP Raúl de la Hoz defendió los principios de rigor, transparencia y seriedad y así evitar que la comisión de investigación sea un “circo”, que es la tentación de algunos grupos políticos. En ese sentido recordó que la comisión se creó como consecuencia de la existencia de un informe de la Agencia Tributaria que, precisó, se ha convertido en la “piedra angular” pero que aún no tienen en sus manos para su análisis. Abogó por “ser respetuosos con los tiempos”, evitar precipitaciones y no tratar de conseguir ventaja política. A su juicio y en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, es absurdo traer a las Cortes a jefes de servicios sin saber las preguntas a formular ni los expedientes que ha llevado.

De ahí que la comisión haya acordado, a instancias del Grupo Parlamentario Popular y con el voto en contra del PSOE, tener acceso a todos los expedientes administrativos y de adjudicación de parques eólicos en la Comunidad, hayan concluido o no y fueran autorizados o rechazados.

Una vez que los miembros de la comisión cuenten con los expedientes remitidos por la Junta de Castilla y León y sobre todo el informe de la Agencia Tributaria, se hayan estudiados y “sepamos de qué estamos hablando” -en palabras de De la Hoz-, será necesario acotar el objeto de la investigación y solicitar comparecencias de las personas que tengan relación con los hechos. Pero también demandar más documentación siempre que exista relación “acreditada” entre personas y empresas entorno a los expedientes de autorización de parques eólicos en la región.

Centralizar documentación

Tampoco ha habido acuerdo sobre el lugar donde los procuradores deberán consultar los expedientes de la Junta de Castilla y León. La oposición solicitó que la documentación relacionada con la trama eólica esté centralizada en las Cortes para evitar el “peregrinaje” por las diferentes delegaciones territoriales en las provincias. De la Hoz explicó que aún se desconoce los expedientes que tienen relación con las supuestas irregularidades administrativas o de otro tipo. Recordó que hay más de un millar de expedientes, con alrededor de 1.000 folios en cada caso, y “parece absurdo hacer trabajar a la Junta de forma insensata”.

Por su parte, Javier Izquierdo, del PSOE, lamentó el “discurso falsario” del Partido Popular porque unos días defiende la máxima transparencia de la comisión pero la realidad lo contradice porque, a su juicio, hay una labor de “obstrucción” y de “oscurantismo”, tanto en la solicitud de documentación como en las comparecencias.

Citó, por ejemplo, que el PP rechazó 11 de los 14 bloques de documentación solicitados, en concreto algunas partes de expedientes desde el año 2003, las tomas de conocimiento de los cambios de titularidad, las liquidaciones de los impuestos de transmisiones, los acuerdos del consejo de administración de Excal y ADE, las declaraciones de bienes y intereses de los altos cargos de las consejerías, la escritura de Energía Global Castellana a Iberdrola Renovables y el cronograma de los diferentes pasos administrativos sobre los parques eólicos, entre otras.

El portavoz del Partido Popular criticó la postura del Partido Socialista por su oposición al modelo de trabajo aprobado puesto que es el mismo que tuvo lugar en la comisión de investigación de los EREs en Andalucía, con mayoría del PSOE. Además, De la Hoz aseguró que mucha de la documentación rechazada al Grupo Socialista ya está incluida en las peticiones aprobadas por el PP y otras formaciones

El representante de Podemos en la comisión de investigación, Pablo Fernández, se mostró esperanzado en que la documentación solicitada, sobre todo el informe de la Agencia Tributaria, llegue con “la mayor brevedad posible” porque consideró que es necesario que haya personas que acudan a las Cortes para comparecer. Respecto al rechazo del PP a pedir algunos expedientes, pidió que el grupo mayoritario no obstaculice la labor de la comisión y facilite el trabajo a los miembros de la misma.

En ese sentido, Fernández consideró que los jefes de servicios territoriales de Industria, puestos técnicos y funcionarios podrían ya comparecer en la comisión para aportar “mucha luz” en todo lo relacionado con la adjudicación de parques eólicos en la Comunidad, sin necesidad de esperar al informe de la Agencia Tributaria. “Queremos que se aceleren los trámites porque la labor de la comisión debe ser ágil”, aseveró.

“Batallitas” entre PP y PSOE

Juan Ignacio Delgado, de Ciudadanos, expresó su hartazgo por las “batallitas” entre el PSOE y el PP porque “aquí se trata de avanzar y de no poner comas”. De ahí que haya instado a que ambos grupos tengan más voluntad para ir al fondo del asunto aunque temió que no existan avances hasta después del 20 de diciembre, fecha de las elecciones generales. “Pensábamos que se podía ir avanzando porque hay razones e información suficiente para comenzar a trabajar, a falta de contar con la documentación solicitada”, manifestó.

El listado de comparecientes que ha presentado Ciudadanos incluye nombres como el exconsejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, y la ex viceconsejera Begoña Contreras, además del extesorero del PP nacional Ángel Sanchís, y al actual secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Preguntado por la solicitud de citar a Fernández Mañueco, el procurador de la formación naranja lo justificó al considerar que es una persona con responsabilidad política que puede conocer los movimientos y las personas implicadas en la supuesta trama eólica.

http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Dos-Meses-Sin-Testificales-En-La-Comision-De-Las-Eolicas-vn188418-vst216

 

 

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