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2015.12.22. La Voz de Galicia. (El Supremo cuestiona la reforma energética de Soria que paralizó el desarrollo de las renovables)

El Supremo cuestiona la reforma energética de Soria que paralizó el desarrollo de las renovables

No la tumba, pero la envía al Constitucional porque tienes dudas

  1. Fernández

DAVID MCNEW | AFP

No es una sentencia, sino una providencia, pero cuestiona la legalidad de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Ministerio de Industria y que ha paralizado el desarrollo de las energías renovables. El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para enviar al Constitucional la ley del sector eléctrico de diciembre del 2013 y el real decreto ley de septiembre de ese mismo año porque tiene dudas sobre su compatibilidad con los principios de la Carta Magna.

Ambas normas fueron el fundamento de las medidas que llegaron después y que desembocaron en la supresión de las primas a las renovables, incluso con efecto retroactivo. Es esta última cuestión la que escama al Supremo y es también la misma que esgrimieron empresas y asociaciones de sectores de las energías limpias para recurrir las normas.

El Alto Tribunal ha recibido en los últimos años 400 recursos contra la reforma. La providencia dictada anteayer es para que las partes personadas en las causas y el Ministerio Fiscal formulen sus alegaciones en el plazo de diez días acerca de si el recorte a la retribución de las renovables puede contravenir la Carta Magna. Así, pide a los interesados que formulen sugerencias sobre si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre algunos preceptos tanto del real decreto ley 9/2013, en el que se adoptaron varias medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, como de la ley del sector eléctrico 24/2013.

En la providencia, el Supremo pregunta si la aplicación del nuevo régimen retributivo vulnera el artículo 9.3 de la Constitución sobre los límites a la retroactividad de las normas y a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima. [Art. 9.3: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.]

Junto a esto, pide a las partes que informen sobre la posible inconstitucionalidad de las normas que, por un lado, establecen la entrada en vigor inmediata del nuevo régimen retributivo específico sin fijar uno transitorio y, por otro, generan un período de incertidumbre a la espera de la aprobación de los distintos desarrollos normativos. En ese lapso, las empresas se vieron abocadas a desarrollar su actividad sin conocer el régimen jurídico y retributivo que se les iba a aplicar.

La regulación aprobada, según la providencia, puede vulnerar también los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima del artículo 9.3 de la Constitución.

El impacto en Galicia

El año pasado, el sector renovable dejó de percibir 2.261 millones como consecuencia de los recortes retributivos, según la asociación de empresas de energías renovables (APPA).

La reforma afectó de forma importante al sector eólico gallego. El 70 % de los parques, los construidos antes del 2005, se quedaron sin primas. El secretario general de la patronal gallega, Íñigo Muniozguren, mostró su satisfacción por la actuación del Supremo, aunque también llamó a la prudencia porque será el Constitucional el que deba pronunciarse. Con la reforma energética se ha cometido «una gran injusticia con el sector», denunció Muniozguren.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/12/22/supremo-duda-legalidad-impuesto-sol/00031450812567802713736.htm#viewmedia

 

Anuncis

2015.12.12. Levante. (El plan eólico del Consell sólo funciona al 44 % 14 años después de haber arrancado)

Levante

El plan eólico del Consell sólo funciona al 44 % 14 años después de haber arrancado

 Economía pide a la Abogacía un informe sobre los derechos de las empresas que no han desarrollado los planes adjudicados para revertir los contratos

12.12.2015 | 00:47

josé luis garcía | valencia Han pasado 14 años desde que el Consell del PP diseñó y aprobó un plan eólico de la Comunitat Valenciana que, visto desde hoy, es la historia de un fracaso. A fecha actual, de los 2.697,45 megavatios de potencia autorizados en las dos convocatorias, sólo hay en funcionamiento 1172,75. Es el 44% de la potencia total adjudicada a diferentes operadores en las 15 zonas en los que la conselleria dividió la C. Valenciana.

Así lo desgranó ayer el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, en la comisión de Industria de las Corts en la que compareció para dar cuenta de la situación actual. De las 15 zonas, sólo nueve han conseguido explotar, casi siempre parcialmente, el recurso energético disponible. Otras seis están totalmente pendiente de ser puestas en marcha.

Los motivos son diferentes en cada caso. En algunas zonas, el problema radica en informes de impacto ambiental desfavorables. En otros, en el bloqueo administrativo; y en algunos más, en falta de interés de los propios operadores en desarrollar unos planes que, con el cambio de regulación y la desaparición de las primas del Gobierno en 2012, han perdido rentabilidad.

Es ahí donde pretende actuar la conselleria de Climent, en la línea de los planes ya anunciados en verano y que parece que van para largo. Ahora mismo, el plan de la conselleria pasa por desbloquear todos los expedientes pendientes de resolución y hablar con las empresas adjudicatarias «para ver si van a llevar a cabo las instalaciones de las que adjudicatarias», dijo ayer en su comparecencia parlamentaria.

La conselleria quiera llevar a cabo un replanteamiento del modelo, dando entrada a nuevas empresas, más pequeñas, que puedan estar interesadas en este negocio. Pero existen dudas sobre la vigencia o no de los derechos de las empresas que no han ejecutado las actuaciones previstas, aunque en algunos casos han pasado muchos años. 2007 era el año previsto en el diseño inicial del plan de 2001 como fecha para tener todos los parques eólicos a pleno rendimiento.

En este punto, el conseller informó de que ha hecho una consulta a la Abogacía de la Generalitat para que informe al respecto. «Queremos ir con pies de plomo», dijo ante las preguntas del PSPV y resto de partidos sobre los plazos previstos para revertir el plan. Varios diputados advirtieron del posible incumplimiento de contrato tras años sin realizar gestiones para desarrollar una zona que se adjudicó hace más de una década.

La anécdota de la bufanda

Las seis zonas que no han arrancado son la 4 y 5, del norte de Castelló; la 9, del interior de Valencia, en la zona de Requena-Utiel; y prácticamente toda la provincia de Alicante. Climent, originario de Alcoi, criticó la falta de planificación del anterior Consell. Recordó que su zona fue designada para instalar parques con un estudio que consistió en comprobar si el viento podía mover la bufanda de un técnico.

http://www.levante-emv.com/economia/2015/12/12/plan-eolico-consell-funciona-44/1353668.html

Las Provincias 12.12.2014

El 44% del Plan Eólico en marcha tras 14 años

12 diciembre 201500:29

El conseller de Economía, Rafael Climent, criticó que «después de 14 años sólo funcione el 44% del Plan Eólico» y anunció que su departamento aclarará los expedientes pendientes. Según denunció en Les Corts, la concepción del plan favoreció el brote de un oligopolio que difuculta el acceso de nuevos operadores. Además, tildó de «criticable» la situación de las zonas previstas, ya que algunas han tenido la declaración de impacto ambiental desfavorable por querer instalarse en áreas protegidas.

http://www.lasprovincias.es/economia/201512/12/plan-eolico-marcha-tras-20151212002916-v.html

Diario Crónica 12.12.2015

Climent critica que ‘después de 14 años sólo está en funcionamiento el 44% del Plan Eólico’ y anuncia que la conselleria aclarará los expedientes pendientes

12 de diciembre de 2015

El consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha comparecido hoy en las Cortes para explicar en comisión la situación del actual Plan Eólico y las actuaciones que desde la conselleria se están llevando a cabo.

En su exposición el consejero ha resaltado que “las previsiones hechas cuando se aprobó el Plan Eólico en julio de 2001 están muy alejadas de la situación actual” y recordó que estaba prevista la instalación de 67 parques eólicos repartidos en 15 zonas que en total sumarían una potencia instalada de 2.300 MW. Estos parques eólicos producirían del orden de 5.500 GWh al año y supondrían una inversión directa en parques de 2.000 millones de euros.

Asimismo, el Plan Eólico llevaba asociadas una serie de actuaciones de carácter industrial por parte de los promotores, con una fuerte inversión y la generación de alrededor de 2.000 nuevos puestos de trabajo.

Según Clemente “esas eran las previsiones antes de llevar a cabo el Plan Eólico, pero la realidad ha sido bien distinta”. En este sentido, afirmó que, “después de 14 años desde que se produjo la primera convocatoria, hoy solo hay en funcionamiento un 44% de la potencia adjudicada”.

Tal y como ha afirmado el consejero, “muchos expedientes han sido afectados por declaraciones de impacto ambiental desfavorables, como es el caso de la zona 4, algunos expedientes tienen pendientes algunos trámites, como en la zona 5 que no se ha emitido declaración de impacto ambiental, la zona 9, en que no se ha resuelto el expediente de líneas y subestaciones asociados a la evacuación de la energía, la zona 13 que está, aunque esperando que el promotor presente el proyecto, y por finalizar, las zonas 14 y 15, en las que, tras la información pública está pendiente de resolución “.

Para el consejero, estos datos ponen de manifiesto “la criticable planificación en cuanto a la situación de las zonas previstas, ya que algunas han tenido la declaración de impacto ambiental desfavorable, por querer instalarse en zonas protegidas”.

Además, añadió, “se pone de manifiesto la fragmentación de los parques en otros más pequeños con el objetivo de que no superasen los 50 megavatios de potencia para que las empresas que los gestionan pudieran cobrar por ellos primas del régimen especial de producción de energías renovables, favoreciendo así el brote de un oligopolio en nuestro territorio que hizo difícil el acceso de nuevos operadores en este sector. Ante esta situación, Climent ha explicado las actuaciones que desde la conselleria de Economía van a llevarse a cabo. En este sentido, la prioridad ha destacado “es desbloquear todos los expedientes pendientes de resolución, así como tener reuniones con las empresas para ver si van a llevar a cabo las instalaciones de las que son adjudicatarias”.

Además, ha continuado “hemos hecho una consulta a la Abogacía de la Generalitat para valorar la vigencia de los derechos eólicos de las empresas que no han ejecutado las actuaciones previstas”.

El consejero ha puesto el acento en la importancia que tiene para la nueva conselleria de Economía el cambio a un modelo energético donde las fuentes de energía no conaminants tengan un papel fundamental. Y por eso “vamos a reconducir la situación, identificando la posibilidad de aprovechar el recurso renovable todavía disponible en las zonas donde sea sostenible, así como el posible cambio de modelo de desarrollo de parques eólicos para dar entrada a pequeños inversores”.

“Todo ello teniendo en cuenta sus afecciones sociales, territoriales, de rentabilidad económica, así como la eficiencia energética, la sostenibilidad y la generación de empleo, puntos ineludibles para su implementación” agregó.

Situación actual del Plan Eólico

El desarrollo del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se realizó, a través de dos convocatorias públicas resueltas, respectivamente, en 2003 y 2009, por el consejero competente en materia de energía. De las 15 zonas aptas para albergar parques eólicos en que se dividió el territorio de la Comunidad Valenciana, únicamente en 9 de ellas, las zonas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 se ha conseguido explotar, en general parcialmente, el recurso energético disponible. Quedando pendientes, por tanto, las zonas 4, 5, 9, 13, 14 y 15.

La primera convocatoria adjudicó una potencia total de 2.357,45 MW, a un total de cinco promotores estando actualmente en marcha 1.172,75 MW, mientras que la segunda convocatoria otorgó, si bien sólo se limitó a las zonas 1, 2 y 3, ubicadas en el norte interior de la provincia de Castellón, a dos promotores una potencia total de 340 MW, de los que no hay ninguna marcha.

En cuanto a la segunda convocatoria no se ha llevado a cabo nada en las zonas afectadas, la 1, 2 y 3, ya que ninguno de los dos promotores que ganaron el concurso llegó a presentar solicitudes, para que la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente emitió un informe, en el que básicamente se concluyó que esta zona no admite potencia adicional “.

http://www.diariocronica.es/2015/12/climent-critica-que-despues-de-14-anos.html

2015.12.11. Intervención del Conseller sobre el Plan eólico

http://www.cortsvalencianes.es/DSCCVCGI/BASIS/DSCCV/WEB/DSCCV_PDF_V/DDD/IX%20%20000040%20%20%20%20CINT.pdf

 

El Sr. Conseller de Economía, D. Rafael Climent,

en la Comisión de Industria, el 11 de diciembre de 2015 dijo:

 

A continuació passe a exposar-los l’estat del pla eòlic a la Comunitat Valenciana, però primer vaig a contextualitzar com va nàixer i els seus objectius.

Els antecedents de la situació del pla eòlic a la Comunitat Valenciana. Per a optimitzar els recursos eòlics del nostre territori es va dissenyar i va aprovar l’any 2001 el pla eòlic de la Comunitat Valenciana. Fins a eixe moment les actuacions eòliques estaven regulades per les disposicions normatives d’ordenament del territori.

El pla eòlic de la Comunitat Valenciana és un pla d’acció territorial sectorial, que va ser aprovat per acord del Consell el 26 de juliol de 2001. El seu àmbit d’actuació geogràfica és tota la Comunitat Valenciana i hui, com a instrument d’ordenació, encara està vigent. Una altra qüestió és la vigència dels drets adjudicats als promotors en les dues convocatòries que fins a hui La Generalitat ha realitzat.

Com a resultat de l’existència o no de vent, els condicionants territorials i urbanístics, l’avaluació d’impacte ambiental a què es va sotmetre el pla en el seu conjunt, les infraestructures elèctriques existents i les necessàries per evacuar la generació elèctrica planificada, es va definir atenent criteris d’homogeneïtat i coherència en totes aquestes limitacions i van traçar un total de quinze zones eòliques. Per a cadascuna d’elles es va establir una potencia elèctrica mínima a instal·lar de referència i un nombre màxim d’aerogeneradors.

Aquest pla tenia com a objectiu aprofitar el recurs eòlic disponible en el nostre territori, promoure un major grau de diversificació energètica i un nivell superior d’autoabastiment, mitjançant la utilització de recursos energètics propis i introduir efectes de reequilibri territorial a partir de l’actuació en les zones socioeconòmicament més desfavorides del nostre territori.

A més, preveia el desenvolupament d’activitats industrials, tecnològiques i econòmiques vinculades a l’energia eòlica i l’establiment d’un procediment que permetera la tramitació àgil i eficaç de la implantació d’instal·lacions eòliques al nostre territori.

Com a dades rellevants al pla eòlic inicial cal indicar que estava prevista la instal·lació de 67 parcs eòlics repartits en les quinze zones abans esmentades, que en total sumarien una potència instal·lada entorn a dos mil tres-cents megawatts. Aquests parcs eòlics produirien de l’ordre de 5.500 gigawatts/hora a l’any i suposarien una inversió directa en parcs de 2.000 milions d’euros.

Gràcies a la seua implantació s’evitaria cada any l’emissió a l’atmosfera de 2,1 milions de tones de CO2 i un efecte depurador similar al propiciat per 140 milions d’arbres. A més s’evitaria el consum equivalent a 10 milions de barrils de petroli.

Així mateix, el pla eòlic portava associades una sèrie d’actuacions de caràcter industrial per part dels promotors amb una forta inversió i la generació d’entorn 2.000 nous llocs de treball. Aquestes eren les previsions abans de dur a terme el pla eòlic. Però he de dir-los que la realitat ha sigut molt diferent.

El desenvolupament del pla eòlic de la Comunitat Valenciana es va realitzar, com ja he dit, a través de dues convocatòries públiques formulades una en 2001 i l’altra en 2008, que van ser resoltes respectivament en 2003 i 2009 pel conseller competent en matèria d’energia.

La primera convocatòria va adjudicar una potència total de 2.357, 45 megawatts a un total de cinc promotors. Estan actualment en marxa 1.172,75 megawatts. Mentre que la segona convocatòria va atorgar, si bé solament es va limitar a les zones 1, 2 i 3, situades en el nord interior de la província de Castelló, a dos promotors, una potència total de 340 megawatts, dels quals no hi ha cap engegat, és a dir, eixe és el resultat per exemple de com ha anat, és a dir, el que es va licitar, el que es va adjudicar en 2001 i en 2008. És a dir, en 2008 res, val?

És a dir, després de catorze anys des que es va produir la primera convocatòria, hui solament hi ha en funcionament un 44% de la potència adjudicada. I de les quinze zones aptes per a albergar parcs eòlics en què es va dividir el territori de la Comunitat Valenciana, únicament en nou d’elles, les zones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 i 12, s’ha aconseguit explotar en general, parcialment, el recurs energètic disponible, quedant pendents, per tant, les zones 4, 5, 9, 13, 14 i 15.

D’acord amb la resolució de 25 de febrer de 2003, del conseller d’Indústria, Comerç i Energia, sobre convocatòria per al desenvolupament i execució del pla eòlic de la Comunitat Valenciana, el termini màxim per a l’acabament de l’execució de la totalitat dels parcs eòlics i actuacions industrials i tecnològiques associades i de generació d’ocupació, disposades en els plans energètics, era de 31 de desembre de 2007. Aquesta previsió, com ja poden suposar, no s’ha complit.

I ara vaig a intentar incidir en aquelles zones on no s’ha finalitzat el pla, el pla eòlic, que són la zona 4, 5, 9, 13, 14 i 15.

En la zona 4, i vaig a dir-los més o menys els termes a què correspon, que són: Albocàsser, Alcalà de Xivert, Benassal, Canet lo Roig, Catí, Cervera del Maestrat, les Coves de Vinromà, Morella, Salzadella, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, Tírig i Xert. Es van adjudicar 166 megawatts per a construir quatre parcs eòlics. El pla va ser aprovat provisionalment en 2006; però la posterior -i hem de dir que molt posterior, concretament en 2012- declaració d’impacte ambiental desfavorable, emesa per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, és l’últim tràmit que s’ha realitzat. Com vostés ja poden saber, al no tenir la declaració d’impacte ambiental aprovada, no era viable tirar endavant el parc eòlic en aquella zona.

En la zona 5: Aranyel, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Borriol, Cirat, Culla, la Pobla Tornesa, Montant, Montanejos, Sant Joan de Moró, la Serra d’en Galceran, Serratella, la Torre d’en Besora, Torre-Xiva, les Useres, la Vall d’Alba, Vilafamés, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat i Xodos. Es van adjudicar 182,4 megawatts per a construir sis parcs eòlics. El pla va ser aprovat provisionalment en 2006. Però, dels sis parcs inclosos en aquesta zona, tres encara estan pendents de la declaració d’impacte ambiental, per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; i tres estan pendents de resolució. S’han de dictar les sol·licituds de desistiment per part de la nostra conselleria. He de dir que el desistiment va ser a proposta del mateix promotor.

Zona 9: Benaixeve, Bunyol, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Xelva, Xera, Xiva, Domenyo, Fuenterrobles, Xestalgar, Loriguilla, Requena, Setaigües, Sinarques, Sot de Xera i Utiel. Es van adjudicar 302,75 megawatts en una primera fase. Però, després, es va autoritzar la transmissió de 284,75 megawatts. Dels onze parcs previstos en aquesta zona, les sol·licituds d’autorització administrativa…, quatre d’ells no varen ser aprovades i cal resoldre-les; mentre que la resta de parcs eòlics van ser caducades a sol·licitud del mateix promotor en 2013. A més a més, cap dels expedients administratius de línies i subestacions associats a l’evacuació estan resolts, si bé s’entén han perdut el seu objecte, després dels pronunciaments esmentats per als parcs.

En la zona 13: Banyeres, Beneixama, Bocairent, Camp de Mirra, Canyada, Fontanars, Moixent, Ontinyent, Vallada i Villena. Es van adjudicar 157,5 megawatts per a construir cinc parcs eòlics, un dels quals, el del Morrón, va obtenir autorització administrativa prèvia pel, aleshores, director general d’energia; però el promotor no ha dut a terme cap acció.

Quant a la resta d’expedients administratius, no han sigut executats en el termini de díhuit mesos que va establir l’aprovació del pla energètic, per la qual cosa es podrien caducar els expedients per iniciativa de l’interessat.

Per tant, seguim amb expedients pendents de tramitació. En aquest cas, pot procedir-se ja a resoldre’s, prèvia audiència de l’interessat, per caducitat o desistiment del promotor, que és Eòlica de Llevant, SL.

Zona 14: Almudaina, Balones, Benillup, Benimassot, Castalla, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Gorga, Millena, Onil, Penàguila, Planes, Relleu, Tibi, Tollos, Torre de les Maçanes, Vall d’Alcalà, la Vall de Laguar, Vall d’Ebo i Xixona. Es van adjudicar 96 megawatts per a construir tres parcs eòlics.

Quant als expedients administratius, està pendent de resoldre’s el primer pas, que és preceptiu, segons el pla eòlic, que és l’aprovació provisional del pla especial de la zona, competència del conseller competent en matèria d’energia, ni tampoc que el promotor haja presentat recurs contra el silenci administratiu que opera en aquest tipus de sol·licituds. Per tant, atenent l’obligació que aquesta conselleria ha de dictar l’aprovació provisional del pla especial de la zona 14…, llevat que el promotor sol·licitara el desistiment d’estos.

I, per últim, la zona 15: Agost, Alcoi, Banyeres, Biar, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte, Monòver, Novelda, Onil, Oriola, Petrer, el Pinós, la Romana i Sax. Es van adjudicar 218 megawatts per a construir sis parcs eòlics.

Quant als expedients administratius, està pendent de resoldre’s el primer pas, que és preceptiu, segons el pla eòlic, que és l’aprovació provisional. És a dir, és idèntic a allò que passa en la zona 14; per tant, podem dir el mateix d’esta zona, la 15.

Per tant, resumint, d’una banda, molts expedients han estat afectats per declaracions d’impacte ambiental desfavorables, com és el cas de la zona 4. D’altra banda, alguns expedients tenen pendents alguns tràmits, com en la zona 5, que no s’ha emés declaració d’impacte ambiental; la zona 9, en què no s’ha resolt l’expedient de línies i subestacions associades a l’evacuació de l’energia; la zona 13, que està encara, des de 2011 i posteriors pròrrogues, esperant que el promotor presente el projecte; i, per finalitzar, les zones 14 i 15, en les quals, després de la informació pública, està pendent de resolució.

Quant a la segona convocatòria, no s’ha dut a terme res en les zones afectades, les zones 1, 2 i 3, ja que cap dels dos promotors que van guanyar el concurs va arribar a presentar sol·licituds perquè la direcció general d’avaluació ambiental, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, va emetre un informe en el qual, bàsicament, es va concloure que aquesta zona no admet potència addicional.

Com es veu, tenim diversitat de causes per les quals aquestos expedients s’han estancat. Però, sobretot, crida l’atenció la criticable planificació, quant a la situació en les zones previstes, ja que algunes han tingut la declaració d’impacte ambiental desfavorable per voler instal·lar-se en zones protegides.

Una altra qüestió a assenyalar, en relació a la planificació del pla, és la limitació de potències per a cada parc. Les comunitats autònomes no poden autoritzar instal·lacions de producció d’energia elèctrica d’una potència superior als 50 megawatts. En aquest cas, l’autorització administrativa es materialitza per l’administració de l’estat, a través de la direcció general de política energètica.

Es posa de manifest la fragmentació d’un parc gran en uns altres més xicotets, amb l’objectiu de no superar els 50 megawatts de potència, perquè les empreses que els gestionen pogueren cobrar per ells primes de règim especial de producció d’energies renovables.

 

 

2015.12.08. La Opinión de Murcia. (Al plan eólico le cortan las alas)

Al plan eólico le cortan las alas

La potencia instalada, 262MW, se queda en un tercio de la prevista inicialmente, 700MW

La deficiencia técnica de los aerogeneradores colocados, una de las causas

08.12.2015 | 04:00

PILAR BENITO

La Región de Murcia se ha quedado corta en la producción de energía eólica. Según la planificación energética regional, se preveía, en base a las iniciativas de implantación de años anteriores, una potencia instalada a finales de 2013 de 700 Megavatios (MW). Sin embargo, las cifras reales se quedan por debajo de la mitad: en 2013 se alcanzaron los 262 MW.

En la actualidad, existen once parques eólicos en servicio en la Comunidad, que disponen de 172 aerogeneradores en total. De estos, nueve parques están ubicados en el Altiplano (con 155 aerogeneradores), uno en Cieza (con ocho molinos) y uno en La Unión (con nueve).

En el año 2013, último ejercicio del que se tienen datos contrastados de un año completo, se evacuaron a la red más de 560 GWh, el equivalente al consumo anual de 140.000 viviendas familiares y la potencia instalada en la Región era de 262 MW.

En el 2012, la energía vertida a la red fue de unos 400 GWh, lo que supone un incremento respecto al año anterior de casi un 40% más de energía evacuada a la red, según los datos facilitados por la dirección general de Industria y Energía. Este incremento se debe, fundamentalemte, a las condiciones de viento durante ese ejercicio, indican desde Industria. En 2012 se instaló un parque eólico de 50 MW que supone sólo el 10% de la potencia eólica instalada en la Región.

La titular de este departamento, Esther Marín, explica que no ha podido cumplirse el objetivo marcado en el plan regional por tres razones fundamentales. «La primera es de carácter medioambiental, ya que algunas de las ubicaciones planteadas en la planificación eran incompatibles en materia de protección ambiental», al afectar a zonas que estaban protegidas por LIC o Zepas.

La segunda, «y más importante», apunta a cuestiones de carácter tecnológico. «En el año 2013 el tipo de aerogeneradores disponibles no permitían la adecuación a las velocidades y a los vientos predominantes en nuestra Región», destaca Marín, explicando que en estos momentos el avance en las técnicas de estos molinos sí permitiría una mayor adecuación a nuestros vientos.

«En cualquier caso, seguiría supeditada a las actuales cuotas estipuladas en la legislación sectorial, así como al elevado coste que aún supone», puntualiza.

La tercera razón esgrimida desde Industria, «aunque menos importante», es que la ubicación propuesta para algunos parques eólicos se vio condicionada por la insuficiencia de la infraestructura eléctrica de evacuación a la red que existía en el momento, «insuficiencia que más adelante se resolvió, aunque sólo en el caso de la zona del Altiplano», según la directora general.

79 iniciativas

Las primeras iniciativas de puesta en marcha de parques eólicos en la Región corresponden al año 1998, que coincidieron con la publicación del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. Este decreto estuvo vigente hasta el 28 de marzo de 2004.

A la Dirección General llegaron entonces 79 iniciativas de implantación de parques eólicos en la Región que tenían a dos comarcas como destinos principales: el Altiplano, donde se recoge la mayor parte de nuestra energía eólica en la actualidad, y la comarca del Noroeste.

Unos de los primeros obtáculos que se detectaron fue la falta de infraestructuras eléctricas que permitieran verter a la red general el gran flujo de energía que se iba a producir en la zona.

Industria decidió, para salvar este problema y aunar esfuerzos, poner en marcha dos mesas de diálogo entre los promotores, la Administración y las compañías eléctricas, denominadas ZEDE (Zonas de Evacuación de Energía).

La mesa ZEDE del Altiplano dio como resultado la puesta en servicio de la Subestación Transformadora ST Peñarrubia (de 400 kV), a la cual evacuan la mayoría de los parques eólicos de esa comarca.

«Sin embargo, la mesa del Noroeste finalmente se disolvió ante la incompatibilidad de los proyectos planteados con las figuras de protección medioambiental, que hacían inviables la mayoría de las iniciativas», comenta Esther Marín.

Intentando reconducir esta situación en la comarca del Noroeste, por ser la que mayor potencial representaba, se realizó un estudio de reubicación de los parques, con la finalidad de buscar compatibilidades. Tampoco en esta ocasión se lograron resultados satisfactorios, aunque esta vez las razones fueron económicas: carecían de suficiente fuerza del viento para que llegaran a ser rentables.

No habrá más parques

Con los datos de que se dispone en la actualidad se puede afirmar que la energía eólica supone un 9,54% de la energía total que se produce en la Región, siendo el total de energía eléctrica evacuada a la red hasta ahora de más de 5.878 millones de kWh.

En 2015 la situación no ha cambiado sustancialmente en el apartado de la energía eólica. «La legislación actual en materia medioambiental y las innovaciones tecnológicas en materia de aerogeneradores, todavía muy costosas y sobre todo poco rentables con la situación geográfica de nuestra Región, hacen que a corto plazo no se plantee un impulso a la instalación de nuevos parques eólicos», concluye la directora general de Industria y Energía de Murcia.

Sin embargo, este mes el ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado el Plan de Relanzamiento de la Energía Eólica (PRIE), en el que se realiza una convocatoria para la adjudicación de 500 MW de potencia a nivel nacional, entre otras medidas encaminadas a dinamizar el mercado interno, aumentar la capacidad exportadora así como potenciar la I+D+i.

Beneficios

Cuantificar los beneficios económicos que directamente entran en las ´arcas regionales´ no es posible. Sin embargo, desde la Dirección General se apunta que el beneficio para la Región de Murcia es el mismo que el originado por cualquier otra tecnología de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, y el mismo que para el resto de comunidades autónomas.

«El ahorro en la importación de combustibles fósiles para la generación de energía (eléctrica y térmica) se puede considerar estratégico, puesto que ni en esta región ni en España disponemos de estos combustibles», apunta Esther Marín.

En su opinión, esta consideración supera la meramente económica por reducir la dependencia económica del exterior, pero este beneficio no es particular de cada comunidad autónoma.

Asimismo se ahorra en emisiones de CO2 –causantes del efecto invernadero, que provocan el cambio climático– en comparación con la producción de energía a partir de combustibles fósiles.

Con todo, «indirectamente se benefician todos los ciudadanos de la Región del impuesto del 7% que recauda el estado por la actividad de generación eléctrica a través de energías renovables», destaca la directora general.

http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/12/08/plan-eolico-le-cortan-alas/697786.html

2015.12.05.La Voz de Galicia. (El Supremo blinda de forma definitiva la constitucionalidad del canon eólico de la Xunta)

El Supremo blinda de forma definitiva la constitucionalidad del canon eólico de la Xunta

Desestima el recurso de casación de la patronal eólica gallega

mario beramendi santiago / la voz, 05 de diciembre de 2015.

La última y remota esperanza que albergaba el sector eólico gallego para tumbar el canon de la Xunta ha desaparecido de forma definitiva. En una reciente sentencia, el Supremo ha desestimado el recurso de casación que había interpuesto la patronal EGA (Asociación Eólica de Galicia) contra un fallo previo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De esta forma, se blinda definitivamente la constitucionalidad del impuesto y su encaje en el ámbito normativo español y europeo.

Hasta ahora, todas las sentencias emitidas han avalado la legalidad de la norma autonómica; en total son cinco del TSXG y dos del Supremo. Esta última, en respuesta al recurso de EGA, es la más amplia, al abordar todos los aspectos controvertidos del canon. Una figura tributaria creada por la Xunta en el 2009 para proteger el medio ambiente y colaborar con los ayuntamientos. Hasta ahora, se han recaudado más de 114 millones destinados a los municipios.

La primera empresa en llevar al Supremo uno de los fallos del TSXG fue Sistemas Energéticos Chadrexa S.A., filial de Iberdrola, pero el alto tribunal también desestimó el recurso.

Al igual que en el fallo de ahora, el posicionamiento que adoptó el Supremo en julio del 2014, el primero que hizo público, se fundamentaba en dos pilares: en contra de lo defendido por las empresas, corroboraba que el objeto de aplicación del canon era medioambiental. Y señalaba que se gravaba la afección paisajística producida por los aerogeneradores y las líneas de evacuación. De esta forma, el tribunal concluía que no existía un solapamiento con otros tributos de naturaleza municipal, como el IBI o el IAE, tesis esgrimida por algunas empresas.

Sin embargo, la línea argumental de la patronal eólica contra el canon ha sido tratar de demostrar que, en contra de lo defendido por la Xunta, el impuesto, en realidad, estaba gravando la producción. La patronal eólica gallega ya alegó en su momento que el hecho imponible del impuesto, que es la mera titularidad de los aerogeneradores, ya estaba sujeto al pago del IBI. Por eso, la patronal eólica gallega, agrupada en la EGA, consideraba que se estaba vulnerando el principio que impide la doble imposición, recogido tanto en la Constitución española como en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El alto tribunal, sin embargo, entiende que no existe un solapamiento con otras figuras tributarias porque el destino real de la recaudación del impuesto va para actuaciones que desarrollan los propios municipios. Sobre la posible doble imposición que alega la patronal, además, el Supremo concluye en su última sentencia lo siguiente: «Este impuesto autonómico grava a los titulares de la explotación del parque eólico, aunque no lo sean de la autorización administrativa para instalarlo ni de los aerogeneradores, por lo que se puede ser sujeto pasivo del canon eólico y no serlo al mismo tiempo del impuesto sobre bienes inmuebles».

Discrepancias

La Xunta defiende que el canon eólico constituye una herramienta eficaz para proteger el medio ambiente, estimular las nuevas tecnologías y es además un modo para contribuir que los ayuntamientos gallegos mejoren sus vías de financiación. Pero el sector eólico, tocado desde la última reforma de Soria que puso fin a las primas a las energías renovables, entiende que es un elemento que resta competitividad al sector porque la pretendida causa ambiental se añade a otras figuras tributarias que terminan gravando una misma actividad. El sector considera que la proliferación de impuestos autonómicos y locales pone en entredicho la necesaria unidad de mercado en el territorio español.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/12/05/supremo-blinda-forma-definitiva-constitucionalidad-canon-eolico-xunta/0003_201512G5P38995.htm

2015.12.02. Público. (El modelo del PP para la eólica: “Cuestionemos el viento, no el mercado”)

Público 2 de diciembre de 2015

El modelo del PP para la eólica: “Cuestionemos el viento, no el mercado”

Cristóbal J. Gallego

Miembro del Observatorio Crítico de la Energía y colaborador del Círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos

Es habitual que el mercado, entendido como un espacio donde se asignan precios como resultado de cruzar ofertas y demandas, presente imperfecciones en su funcionamiento respecto a los modelos teóricos utilizados para su diseño, o respecto a la consecución de ciertos objetivos originalmente buscados; en estas ocasiones parece racional modificar dichos modelos para incluir efectos en principio no capturados o, por ejemplo, para incluir estímulos en la dirección en la que queremos que avance la sociedad. Lo contrario, mantener intacto el marco teórico, esperando que sea la realidad la que se adapte a un mercado ideal es, simplemente, dogmatismo.

En este artículo argumentaremos que este tipo de dogmatismo subyace a la subasta de 500 MW eólicos anunciada el 16 de octubre de 2015 y que tendrá lugar a principios de enero. El objetivo de esta subasta es volver a incentivar la instalación de aerogeneradores en España. Sin embargo, este nuevo modelo de subasta que ensaya el gobierno tendrá como consecuencia la instalación de parques eólicos que preferirán, en determinados momentos, parar voluntariamente los aerogeneradores a pesar de tener viento suficiente para generar electricidad, desperdiciando así un recurso gratuito. Será el precio absurdo a pagar por mantener en el altar de lo intocable a un mercado -el eléctrico- que falla por todas partes.

Esto que acabamos de enunciar no es obvio. Tal y como hemos señalado en otras ocasiones, el funcionamiento del sector eléctrico es esencialmente opaco, tanto que las barreras que se interponen ante un ciudadano que quiera entender qué está pagando en su factura parecen intencionadas. Para el caso que nos ocupa, es necesario entender al menos tres aspectos: (i) cómo se fomentaron las energías renovables desde principios de los 90, (ii) qué efecto tienen las energías renovables en el mercado de electricidad, y (iii) qué mecanismo de retribución propone la nueva subasta eólica. Si bien cada uno de estos aspectos merecería extensos escritos, nos limitaremos a plantear las ideas esenciales para construir nuestro hilo argumentativo.

(i) Cómo se fomentaron las energías renovables desde principios de los 90

España fue, hasta el frenazo renovable implementado mediante el Real Decreto Ley 1/2012 (una de las primeras medidas del gobierno de Rajoy), un país de referencia mundial en el sector renovable, especialmente el eólico. Este éxito fue el resultado de un modelo de retribución muy efectivo en impulsar la instalación de parques eólicos (y similar al de otros países de nuestro entorno como Alemania). La idea central consistía en garantizar, mediante una prima, una retribución al kilovatio-hora generado por el viento. Esta retribución la costeaban los consumidores mediante una parte del término fijo de la factura eléctrica y su cuantía era tal que la inversión tuviera sentido tanto para el inversor (en términos de rentabilidad económica) como para la sociedad en su conjunto (por la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollo de tejido industrial, reducción de importación de materias primas energéticas, etc.). La idea destacable de este mecanismo es que, al ligar la remuneración a la electricidad generada, se incentivaban parques eficientes, bien mantenidos y ubicados en los mejores emplazamientos.

(ii) Qué efecto tienen las energías renovables en el mercado de electricidad

Cuando uno analiza cómo funciona el mercado eléctrico, observa fallos de diseño. Uno de ellos es que el precio que cobran todas las centrales lo fija la tecnología más cara en cubrir la demanda de esa hora. Por tanto, en la factura, el término de energía se nos cobra como si todos los kilovatios-hora los generase la central más cara, típicamente una de carbón o de gas y, sorprendentemente en nuestro país, también la hidráulica. El papel de las centrales hidráulicas en nuestro mercado es un tema especialmente relevante pues supone una clara sobrerremuneración para centrales con bajos costes variables y que gestionan el agua con un claro enfoque especulativo disfrazado en el ambiguo concepto del coste de oportunidad. Resulta por ejemplo muy significativo que los precios del mercado mayorista español estén entre los más altos de Europa en el año 2015, precios fijados especialmente por el carbón y el agua.

 Otra anomalía es que las renovables disminuyen el precio del mercado, llegando incluso a hacerlo cero cuando hay mucho viento (en Alemania los nuevos parques llegan a ofertar precios negativos). El efecto puede ser a corto plazo positivo, y de hecho puede llegar a compensar las primas a las renovables explicadas en el punto anterior, como ya hemos analizado en este informe. Sin embargo, tener episodios de precio cero no deja de ser un sinsentido que a medio plazo lastra el desarrollo de renovables (¿qué sistema eléctrico soportaría frecuentemente precios cero?). Y lo que es peor para otras empresas del sector, reduce de forma inmediata lo que ingresan el resto de centrales. Así, resultó que fomentar parques eficientes, bien mantenidos y bien ubicados empezó a poner en riesgo los ingresos que otorgaba el mercado al resto de participantes.

En 2008 hubo cero horas a precio cero. En 2009 fueron 16 horas. En 2010 se llegó a un total de 331 horas. En enero de 2012 tuvo lugar el parón renovable. Si bien el argumento principal para este parón fue frenar el desbocado crecimiento del déficit de tarifa, una vez más un análisis detallado demuestra que si se hubiesen evitado muchas de las malas prácticas que permitió la liberalización del sector (tarifas artificialmente bajas para cumplir los objetivos de inflación de acceso al euro, sobrerremuneración en los Costes de Transición a la Competencia, sobrerremuneración de centrales hidroeléctricas y nucleares por “beneficios caídos del cielo”, etc.), el déficit de tarifa no habría existido. Sin embargo, este frenazo resultó muy efectivo para frenar el desarrollo de un sector que ponía en riesgo los beneficios de empresas que aún podían sacar provecho de explotar centrales viejas y contaminantes, sin perder de vista el interés de algunos actores en convertir nuestro país en un hub de gas natural merced al exceso de gasificadoras que pueblan nuestras costas.

(iii) Qué mecanismo de retribución propone la nueva subasta eólica

Está acabando una legislatura terrible en muchos aspectos. No es de extrañar que ahora, en un ambiente claramente electoralista, el gobierno anuncie a bombo y platillo gestos anestesiantes con el objetivo de difuminar la batería de medidas de los últimos cuatro años. En concreto, el Real Decreto 947/2015 de 16 de octubre convocó una subasta de 500 MW eólicos, sugiriendo que ya estamos otra vez en posición de retomar el verde camino de la sostenibilidad. El objeto de la subasta es el de asignar a los ganadores de la misma una retribución económica que impulse de nuevo la tecnología eólica. Se trata de una subasta a la baja, de modo que los ganadores se determinarán en base a cuánto están dispuestos a minorar esa retribución. Inexplicablemente, también es una subasta marginalista (el resultado de todos los ganadores lo fija aquél que ceda menos en minorar su retribución), lo que incentiva el comportamiento especulativo de grandes participantes.

El detalle importante es que esta retribución ya no será por kilovatio-hora generado, sino que se tratará de una cantidad de dinero fija anual por MW instalado, denominada Retribución a la Inversión, y que se sumará a lo que cobren por vender electricidad en el mercado. La cantidad puede variar desde un máximo de unos 63.000 €/MW al año (en ausencia de presión competitiva en la subasta; solamente esta cantidad permitiría prácticamente recuperar la inversión inicial al final de la vida útil de los parques) hasta 0 €/MW (escenario de extrema presión competitiva). La única condición para recibir esta retribución anual es la de generar un mínimo de electricidad al año; ese mínimo está entre el 55% y el 70% de la electricidad que (por comparación con el resto de parques en España) generarían de forma natural.

Queremos detenernos para analizar las consecuencias de este nuevo mecanismo de retribución. Si los parques eólicos van a ingresar una cantidad fija de dinero al año -además de lo que reciban de vender la electricidad en el mercado- entonces desaparece el incentivo de generar electricidad en situaciones de precio cero en el mercado, ya que de hacerlo, no recibirían ingresos extra por esos kilovatios-hora. Más aún, el efecto de disminución de precios que provocan las renovables será también un efecto indeseable para los mismos propietarios de los parques eólicos. Como consecuencia, los parques eólicos preferirán parar los aerogeneradores en situaciones de mucho viento antes que provocar una caída excesiva del precio del mercado. El mismo funcionamiento del mercado facilita este comportamiento, ya que los precios de la electricidad se fijan el día anterior en base a las expectativas de generación y consumo, de modo que, en términos técnicos, los parques dejarán de ofertar su electricidad a precio cero (como han venido haciendo desde la implantación del mercado eléctrico), con las consecuencias indeseables de presión al alza en los precios y, en última instancia, en la factura eléctrica.

No se trata de un caso aislado. Ya el Real Decreto 413/2014 que consumó el recorte a las renovables establece (y además lo hace de forma retroactiva) un sistema de retribución similar, en el sentido de que garantiza la recuperación de la inversión (formalmente, en la práctica es un recorte encubierto) e incentiva poco la producción. Ahora, aprovechando el bombo de reiniciar la instalación renovable, se profundiza en esta estrategia para el caso de la eólica al suprimir completamente el incentivo a la generación. Por tanto, tal y como indicábamos al inicio, el modelo de retribución que se ensaya en esta subasta abre las puertas a un nuevo escenario de profundo dogmatismo que podría enunciarse como sigue: “Si el viento reduce el precio de la electricidad en el mercado, cuestionemos el viento, no el mercado”. Así, el objetivo es, ante todo, mantener el modelo teórico del mercado eléctrico en el altar de lo intocable. Y, sobre todo, mantener constantes los beneficios que de este mercado saca el oligopolio eléctrico. El precio a pagar para conseguirlo no puede sino calificarse de absurdo: incentivar parques eólicos detenidos cuando más viento sopla.

http://blogs.publico.es/econonuestra/

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