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2016.06.21. (¿Por qué están parados los molinos eólicos si hace viento?)
20 minutos
¿Por qué están parados los molinos eólicos si hace viento?
21 de junio de 2016
Por Fernando Ferrando – Vicepresidente de la Fundación Renovables
La semana pasada estuve en las Rías Altas Gallegas y aproveché para visitar algunos emplazamientos de parques eólicos en los que participé en su promoción y construcción. En la visita a una de las zonas de mayor presencia eólica, me encontré un parque eólico parado y con todas las máquinas frenadas a pesar de que había mucho viento, pero sin que llegara a niveles de desconexión por superar la velocidad de corte.
Aunque la situación me extrañó porque el parque vecino en la misma subestación estaba funcionando no le di mayor importancia. De hecho, lo primero que pensé fue en la mala suerte que estaban teniendo: con el viento que hacía y no estaban generando electricidad.
La situación me hizo pensar sobre las causas que podían estar provocando la parada del parque y, siempre desde un punto de vista racional, los únicos motivos que encontré como posibles eran:
- La existencia de una avería eléctrica. Que descarté porque el parque vecino que compartía infraestructura funcionaba sin ningún tipo de restricciones.
- Que estuviera en una intervención programada de mantenimiento, posibilidad que también descarté al estar todas las maquinas paradas.
Seguí mi visita y cuando volví por la tarde, al pasar por la misma zona, vi que en el parque antes parado funcionaban todas sus máquinas a la perfección.
La situación, como mínimo me resultó extraña y pude comprobar cómo los precios del pool de por la mañana habían sido muy bajos, en el entorno de los 20€/MWh, mientras que los de la tarde se habían recuperado hasta superar de forma clara los 40€/MWh.
Es decir que la parada del parque no obedecía a ninguna avería o problema del mismo, sino que estaba programada para no funcionar por la mañana, a pesar de que se sabía que iba a hacer viento suficiente para trabajar en óptimas condiciones y sí hacerlo por la tarde cuando el precio del mercado eléctrico se recuperara.
La pregunta es obvia: si el viento es gratis ¿por qué estaba el parque parado? Las respuestas son tan claras como incomprensibles:
-Que el propietario preveía que el precio del pool no sería lo suficientemente alto como para cubrir los costes variables de mantenimiento y además con las previsiones de viento le permitiría participar en los mercados de ajuste con un valor añadido al poder disponer cuando quisiera de la capacidad de generación instantánea que tenía.
Las causas que pueden aconsejar esta decisión están motivadas en que la reforma eléctrica actual se diseñó para que las primas se paguen por la potencia instalada y no por la energía producida. Tener el parque parado no supone perder las ayudas establecidas, porque se cobra aunque no se produzca siempre y cuando, en un cómputo anual, se supere un umbral preestablecido que en caso de Galicia no llega al 50% de la capacidad de cada parque.
-Que el propietario decidió, por lo tanto, programar el no funcionamiento del parque, para no perder dinero y también para provocar una subida del precio del pool al entrar menos eólica a precio cero y poder generar con otras instalaciones a un precio más alto. Es decir lo que perdía por tener una instalación parada lo recuperaba con el resto ya que dispondrían de mayores ingresos.
Cualquier explicación que intentemos buscar puede ser comprensible bajo la base de maximizar el beneficio del propietario del parque eólico pero no desde un punto de vista de la racionalidad en el funcionamiento del sistema eléctrico.
La reforma eléctrica aprobada por el gobierno del Partido Popular está permitiendo que instalaciones renovables con recurso disponible y gratuito y no contaminante no estén funcionando y sean sustituidas por centrales de carbón y de gas con combustibles importados y altamente contaminantes, situación que debería hacernos reflexionar sobre cuál es el modelo de regulación que tenemos y sobre la necesidad de disponer de una política energética que se base en el máximo aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y en la descarbonización del sistema.
Por supuesto, esta situación al consumidor le supone un incremento del precio de la electricidad al tenerse que generar energía eléctrica con fuentes más caras como el carbón y el gas.
Para completar la situación, cuando regresaba de Galicia, se confirmó la venta de Gamesa a Siemens por la aprobación del Consejo de Administración de Gamesa y la aquiescencia de Iberdrola como accionista de referencia, y para ser sincero se acabaron por confirmar también todas mis sospechas: que la energía es ante todo un negocio por delante de los compromisos con la sostenibilidad y que la Responsabilidad Social Corporativa de nuestras grandes empresas esta más como instrumento de publicidad que de obligado cumplimiento.
Sobre la creación del “mayor fabricante de turbinas eólicas” originado por la venta de Gamesa a Siemens me comprometo a escribir, pero reconozco que necesito un tiempo para encontrar los beneficios publicitados, que no sean el reparto extraordinario de un dividendo a los accionistas de Gamesa.
La insaciable codicia de los señores del gas
20 de junio de 2016
En este blog en el que se aborda la energía como derecho y no como negocio de unos pocos, tal y como se expone con total claridad en el documento de la Fundación Renovables “La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía”, no podíamos dejar pasar por alto el insulto a la inteligencia, el desprecio al mínimo decoro, la insolencia o el despropósito que supone la decisión de Gas Natural Fenosa de presentar una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Estado “por el impacto que ha tenido en su cuenta de resultados la expulsión de sus centrales térmicas de gas del mercado desde el año 2009”.
La compañía que dirigen Salvador Gabarró y Rafael Villaseca pretende que los contribuyentes españoles paguemos de nuestro bolsillo, todavía más, su error estratégico de apostar por las centrales térmicas de gas de ciclo combinado de las que cuentan con mayor potencia que ningún otro actor. Digo que “todavía más” porque ese error se lo estamos pagando ya los consumidores eléctricos en concepto de desproporcionados pagos por capacidad con cientos de millones de euros cada año, un “regalo” como comentaba recientemente en estas páginas.
Como los 1.506 millones de euros de beneficios del ejercicio 2015 o los 1.462 millones de euros de 2014 no satisfacen la codicia de los señores del gas ahora tienen la osadía de reclamarnos 400 millones argumentando que el Ministerio de Industria ha distorsionado el mercado eléctrico al incentivar las energías renovables mientras se desplomaba la demanda de electricidad. Que uno sepa el incentivo a las renovables es una decisión que respondía a un compromiso de nuestro país con la Unión Europea primero para alcanzar el 12 por ciento de renovables en energía primaria para 2010, objetivo que aumentaba al 20 por ciento para 2020. Sí, gobiernos de distinto signo político, desde la Ley de Conservación de la Energía de UCD de 1980, habían ido trazando una senda de apoyo al desarrollo de las renovables cuya justificación podría explicar perfectamente un alumno de primero de bachillerato. Esa senda se rompió cuando los señores del gas y sus cómplices comprobaron que los 27.000 MW en ciclos combinados que habían puesto en marcha no iban a suponer el cuerno de oro con el que pretendían consolidar su dominio del sistema de producción eléctrica de este país.
Argumentan también que desde el Gobierno se dieron señales de que esas centrales de producción iban a ser necesarias. Efectivamente, en 2002 siendo secretario de Estado de la Energía José Folgado, se aprobó una Planificación Estratégica de Infraestructuras Gasísticas y Eléctricas en la que se mencionaba “a título orientativo” la posibilidad de contar a medio plazo con 30.000 MW de ciclos combinados. Lo primero que hay que recordar es que algunos pusimos ya entonces el grito en el cielo por lo que considerábamos que era un inmenso error. Recuerdo un editorial del APPA-Info que se titulaba “¿A dónde van con tanto gas?” y una clarividente nota de prensa de Greenpeace que alertaba de la inconveniencia de esas cifras poniendo sobre la mesa que las premisas de crecimiento del PIB eran excesivamente optimistas y la posibilidad de que una crisis de la economía diluyera esas expectativas.
En cualquier caso, a los señores del gas no les puso nadie una pistola en el pecho para que hicieran esas inversiones, nadie les prometió ninguna rentabilidad ni les garantizó unas determinadas horas de funcionamiento al año. Invirtieron porque pensaban ganar mucho dinero con esas centrales y porque fueron incapaces de ver no ya una recesión que pocos podían augurar entonces sino de entender que el consumo eléctrico no iba a seguir creciendo eternamente dos o tres puntos por encima del PIB como sucedía en aquellos años.
Vino la crisis y su gozo en un pozo. Sobre todo la crisis y no el desarrollo de las renovables que de esto ya se encargaron ellos de frenarlo presionando al máximo en un primer momento al segundo Gobierno Zapatero y luego al del PP.
Que los dirigentes de las eléctricas del oligopolio se quejen de que la “sobrerretribución a las renovables” ha perjudicado a su negocio cuando lo cierto es que sus amigos (sí, esos que tienen representados en sus consejos de administración) han logrado dejar en la ruina al sector renovable mientras ellos han salido indemnes de la crisis, de la recesión y de la reforma de los Nadal-Soria. Decir eso es burlarse de la sociedad en su conjunto.
La energía es un bien básico para todos nosotros y el acceso a la energía es un derecho. Forma parte del sistema en que vivimos que las empresas tengan beneficios en la prestación de servicios básicos, pero no es admisible la codicia sin límites, la desvergüenza de retorcer los argumentos, darle la vuelta a la realidad para incrementar unas cuentas de resultados insólitas en tiempos de crisis y escandalosas en referencia a las de las grandes eléctricas europeas.
Señores del gas, no nos tomen el pelo. No nos vamos a dejar.
2016.06.21. (Castilla y León: Hacienda encuentra relaciones desde 2014 entre la Perla Negra y la trama eólica)
21 de junio de 2016
Hacienda encuentra relaciones desde 2014 entre la Perla Negra y la trama eólica
El informe, en manos de la Fiscalía Anticorrupción, relaciona las operaciones del edificio de ADE y los terrenos de Portillo con las adjudicaciones de los parques en Castilla y León
Excargos de la Junta y empresarios que declararán a partir de octubre ante el juez aparecen vinculados en el documento de la AEAT
- J. Pascual | valladolid
21 junio 2016
Un inspector de la Agencia Tributaria en Castilla y León firmó, el 30 de diciembre de 2014, un informe de 94 páginas en el que daba cuenta a sus superiores de una pormenorizada investigación sobre actividades de nueve empresas y dos despachos de abogados y asesores. Tres de las empresas son filiales o ahijadas de tres grandes grupos dedicados a la producción de energía, como Iberdrola y Endesa. Otras dos, compañías de Castilla y León que, aparentemente, deciden diversificar su objeto de actividad principal y focalizar sus intereses en la promoción y explotación de 35 parques eólicos en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria. Este singular ‘pool’ –agrupación voluntaria de empresas que conservan su personalidad jurídica, pero realizan una política común para restringir la competencia y aumentar sus beneficios–, con el concurso de cargos de vinculados a la Consejería de Economía, habrían orquestado un «acuerdo marco» que habría permitido a las multinacionales de la energía entrar y repartirse el mercado eólico
«Los importes transferidos (a los grupos de Castilla y León), sin motivos económicos válidos, son tan exorbitantes que multiplican lo que, en otros casos, se denominan comisiones ilegales». Esta es la conclusión del informe de la trama eólica del que todo el mundo habla desde que saltó el asunto a la prensa en abril de 2015, pero que nadie tiene o dice que tiene. El mismo que la Fiscalía Anticorrupción denegó facilitar a la comisión de las Cortes de Castilla y León argumentando la privacidad de los datos tributarios y el secreto de la investigación, bajo la coordinación del fiscal Tomás Herranz, especialista en delitos económicos. Una investigación que, como puntualizó en Valladolid la fiscal superior del Estado, Consuelo Madrigal, no va a ralentizarse por las elecciones del 26-J.
El inspector de la AEAT detecta en las concesiones para la instalación de parques eólicos que «hay una firma ingente de resoluciones cuando Delgado deja de ser viceconsejero y pasa a ser secretario general». En todos los casos inspeccionados, «la aceleración repentina de los trámites guarda estrecha relación con el cambio de titularidad de los derechos administrativos de los parques a favor de estas sociedades».
El informe se refiere ampliamente a Rafael Delgado, mano derecha durante 15 años del consejero de Economía, Tomás Villanueva, que cesó «a petición propia» en 2011 tras ocupar diversos cargos de responsabilidad tanto en la Consejería, como en las sociedades públicas Gesturcal (de gestión de suelo industrial) y ADE Parques, resultado de la fusión de Gesturcal, en 2008, con la deficitaria Parques Tecnológicos, que se había creado para poner en marcha el parque tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Gesturcal (ADE Parques) fue encargada por Economía para llevar a término las operaciones de compra del edificio sede de ADE en Arroyo de la Encomienda, adjudicada a Urban Proyecta PM3, y de los terrenos a Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba (Industrias San Cayetano), donde iba a instalarse el parque industrial para «aprovechar las sinergias» de la autovía Segovia-Madrid. Delgado es uno de los 26 cargos, excargos de la Junta y empresarios de Castilla y León investigados por supuesta malversación de fondos en estas operaciones que tendrán que declarar a partir del próximo octubre, cuando se retomen los interrogatorios que se siguen desde mayo en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid.
También lo hará Alberto Esgueva, otro nombre recurrente en la abultada documentación que se maneja en el Juzgado número 2 relacionada con el caso Perla Negra, que también tiene un papel estelar en el informe de la trama eólica de Anticorrupción. El inspector menciona facturaciones de Though Trade a Intercatia Corporación (que absorbe a San Cayetano Wind), una cuenta «desde la que se transfieren importantes cantidades de dinero a las cuentas de sociedades propiedad de Rafael Delgado, quien había firmado la mayor parte de autorizaciones de los parques de los que se benefició San Cayetano Wind».
Esgueva, quien fuera director de Excal, la división de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios de ADE entre el 19 de marzo de 2005 y el 3 de febrero de 2006, mantuvo relaciones empresariales con uno de los administradores de Urban Proyecta PM3, Germán Martín Giraldo. Ambos fueron consejeros de tres sociedades dedicadas a la producción de energía: Vientos de Gata, Vientos de Tamara y Energías Renovables de Ávila.
El autor del informe ve indicios de la existencia organizada de «un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones, mantenida a lo largo del tiempo, en la que intervinieron autoridades públicas de Castilla y León» que, «previa advocación de competencias, firmaron y otorgaron las autorizaciones administrativas necesarias para la instalación de parques eólicos». Argumenta que las empresas eléctricas que iban a instalar y explotar esos parques, de las que procedió la transferencia de fondos o acciones por importe superior a los 110 millones de euros «fueron a parar a determinadas sociedades propiedad de empresarios locales, sin motivos económicos válidos». Los intermediarios promotores obtuvieron las autorizaciones para traspasarlas a las empresas «previamente determinadas», que transfirieron a los empresarios locales «parte del dinero que recibieron de las empresas del sector eléctrico por la transmisión de las autorizaciones».
«Asociación teledirigida»
Para que pudiera avanzar la tramitación y fuera otorgada la autorización de los parques, fue precisa una «asociación teledirigida con grupos económicos de la comunidad propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda, cargos, o que tenían importantes relaciones económicas» con la Junta. Menciona expresamente a los empresarios Alberto Esgueva y Andrés Martín Paz, así como al grupo Parqueolid.
«No nos encontramos ante relaciones empresariales normales», sostiene el inspector. No es propio de «la lógica mercantil» que «se cedan títulos y expedientes en trámite casi sin coste y la aparente recompra de los títulos por importe cerca de dos mil veces el importe colocado, como ocurre en el caso de San Cayetano Wind». Para el inspector, toda esta ingeniería financiera tenía un solo objetivo: «Dar apariencia legal y mercantil a un evidente traspaso de fondos desde los productores de energía a los grupos empresariales de Castilla y León relacionados con el poder autonómico».
2016.06.13. (Colectivos ecologistas acusan el Gobierno de Cantabria de “allanar el camino” a las empresas eléctricas )
El diario.es 13.06.2016
Colectivos ecologistas acusan el Gobierno de Cantabria de “allanar el camino” a las empresas eléctricas
Las obras por valor de 2,7 millones de euros en varias localidades sin apenas vecinos en las que están proyectados parques eólicos y sondeos de fracking levantan las sospechas de los conservacionistas
La Consejería de Obras Públicas rechaza de plano estas acusaciones y explica que “los trabajos buscan únicamente mejorar las comunicaciones” en una zona que ha estado “olvidada” durante la pasada legislatura
13/06/2016 – 20:21h
Valderredible es el municipio más grande de Cantabria y uno de los menos poblados.
La sensibilidad en torno al desarrollo de la energía eólica y el fracking está a flor de piel en Cantabria. Colectivos ecologistas, organizaciones en defensa de la conservación de la naturaleza y el patrimonio histórico, movimientos sociales y vecinos de las zonas señaladas como lugares estratégicos para la instalación de parques eólicos o sondeos para extraer gas a través de la fractura hidráulica vigilan cada movimiento de la Administración y de las empresas implicadas para poner freno a los excesos que se puedan producir.
Y ante este escenario, la última alerta se ha desatado por el anuncio por parte del Gobierno de Cantabria de un contrato para mejorar los accesos a varias localidades de Valdeprado del Río y Valderredible -municipios en los que existen numerosos permisos relacionados tanto con el fracking como con la energía eólica- que supondrá una inversión superior a los 2,7 millones de euros.
En concreto, el Consejo de Gobierno autorízó la semana pasada un contrato para mejorar los accesos a Arcera, Navamuel, Bustillo del Monte, Loma Somera, Villamoñico y Cubillo de Ebro, en los dos ayuntamientos campurrianos mencionados, con un presupuesto base de licitación de 2.720.178 euros. A esa cantidad tan elevada en las actuales circunstancias económicas y a la coincidencia con los proyectos empresariales en marcha se suma un tercer motivo: en esas localidades viven un puñado de vecinos, que en algunos casos no superan ni la media docena.
La Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que la pasada semana presentó una querella criminal contra el consejero y el director de Industria y el alcalde y el secretario municipal de Valdeprado del Río como consecuencia de su gestión en la tramitación eólica, denuncia ahora que estas mejoras en los accesos de varios pueblos prácticamente deshabitados suponen que “se va a pagar con dinero público las necesidades de los negocios privados”.
“Los políticos que hagan su trabajo y los empresarios el suyo. Cuando se cruza la raya, aparece la corrupción”, asegura el presidente de la plataforma, José Miguel Martínez. En esta misma línea se pronuncia Fernando Merodio, el abogado de esta organización, que considera que “si el tema más importante que tiene que abordar el Consejo de Gobierno de Cantabria en las actuales circunstancias es la aprobación de estas obras, que se disuelvan, que no los necesitamos para nada”.
Sin embargo, desde la Consejería de Obras Públicas rechazan de plano estas acusaciones y explican que el único objetivo de estos trabajos es “mejorar las comunicaciones” en una zona que estuvo olvidada durante la pasada legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno de Cantabria. De hecho, a preguntas de eldiario.es confirman que las obras están recogidas en el Plan de Infraestructuras y se llegaron incluso a licitar en 2011, aunque los recortes presupuestarios hicieron que quedaran en un cajón.
También aclaran que estas obras -son seis carreteras y aproximadamente 25 kilómetros en total- no supondrán la ampliación de los caminos rurales de la zona, que se mantienen con el mismo ancho y prácticamente con el mismo trazado. “Ni siquiera se van a asfaltar y no son carreteras con un firme que soporte el paso de camiones o maquinaria pesada, que lo destrozarían llegado el caso”, insisten para despejar el menor atisbo de duda.
Larga trayectoria de denuncia
La Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que aglutina a los colectivos que se oponen al desarrollo eólico, se creó en el año 2009 e integra a las asociaciones ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), la Asociación Txirpial de Educación Ambiental y Guías de la Naturaleza, las de carácter cultural Costumbria y Arcera, la coordinadora Salinas y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, junto a dos centenares de personas a título individual.
Según explican sus impulsores, esta plataforma surgió de la preocupación de vecinos de la comarca de Campoo vinculados a los movimientos ecologistas, el turismo rural y el arte románico ante la preocupación por los efectos que puedan tener en la zona sur de Cantabria los proyectos de parques eólicos del Gobierno, que han ampliado posteriormente a la amenaza que supone el fracking.
A su juicio, la instalación de parque eólicos y los permisos concedidos para realizar sondeos de fracking significarán “un acaparamiento de tierras, entre ellas de los montes comunales, el control de todo el territorio, graves impactos medioambientales, deforestación, pérdida de elementos culturales e históricos, así como daños en la fauna y la flora, contaminación o desvío de los cauces de los ríos”, por lo que han reaccionado de forma inmediata ante las sospechas por estas obras que consideran “sorprendentes”.
Oposición frontal de las instituciones
Esta denuncia de los ecologistas contrasta además con la oposición frontal que ha mostrado reiteradamente el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández (PRC), a los sondeos de fractura hidráulica que se han proyectado en su municipio con el aval del Ministerio de Industria. De hecho, en una reciente reunión con el presidente de Cantabria, el también regionalista Miguel Ángel Revilla, consiguió el compromiso del jefe del Ejecutivo autonómico para “impulsar, coordinar y liderar” todas las actuaciones que sean necesarias para “parar el fracking en Cantabria”.
Revilla trasladó entonces al alcalde su disposición a colaborar tanto con el Ayuntamiento como con las juntas vecinales para impedir la utilización de la fractura hidráulica, una práctica que considera “contraria a los intereses medioambientales, sociales y culturales” de la comunidad autónoma. Así lo dio a conocer al término del encuentro Fernando Fernández, quien recordó que la postura del presidente autonómico responde a la decisión “unánime” aprobada la pasada legislatura en el Parlamento de Cantabria para impedir el fracking.
El regidor destacó también que el objetivo conjunto del Gobierno y las administraciones locales es crear y ampliar figuras de protección como “parapeto ante estas agresiones” y subrayó que Valderredible tiene “un extraordinario patrimonio cultural y natural que es necesario preservar y poner en valor”.
Asimismo, ha trasladado a Revilla su preocupación por la insistencia de la empresa Petroleum Oil & Gas S.A., filial de Gas Natural Fenosa, para llevar a cabo sondeos de investigación en su municipio. Frente a este proyecto, aseguró, “las administraciones van a actuar de manera coordinada”. En concreto, ha anunciado que las juntas vecinales van a modificar muchas de sus ordenanzas para prohibir expresamente esta técnica en los montes de utilidad pública y el Ayuntamiento va a plantear ordenanzas de caminos y reglamentos de agua que la imposibiliten.
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Fracking-energia-eolica-Cantabria_0_525297861.html
2016.06.11. Castilla y león
El diario.es 11 de junio de 2016
‘Perla Negra’ y la Trama eólica: los dos casos que acorralan al presidente de Castilla y León
Juan Vicente Herrera se ha visto obligado a dar explicaciones por las dos investigaciones de corrupción que apuntan a altos cargos de la Junta
En ambos coinciden los protagonistas, todos vinculados a la Consejería de Economía y a los que se imputan delitos de tráfico de influencias, malversación y falsedad documental
Sólo en la trama eólica se barajan comisiones de 110 millones de euros
11/06/2016 –
En la pasada campaña electoral el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presumía de que la Comunidad no estaba “en el mapa de la corrupción”. Hoy, el cerco se estrecha sobre altos cargos de la Consejería de Economía y la sombra de la sospecha planea sobre el propio Herrera, que hace dos semanas se vio obligado dar explicaciones después de que dos informaciones apuntasen a él como conocedor de los dos casos.
(…)
Trama eólica
Un informe de la Agencia Tributaria fechado en diciembre de 2014 reveló la existencia de una trama en la que se mezclaban empresarios de Castilla, ex altos cargos de la Consejería de la Economía de la Junta de Castilla y León, y compañías eléctricas. Según el informe, se sospecha de “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León. El modus operandi era sencillo: los empresarios ‘afines’ a la Junta iniciaban la tramitación de un parque eólico, poco después se asociaban con una compañía eléctrica, obtenían la autorización para la explotación del parque, y vendían su parte de la mercantil a la eléctrica. Así, el ejemplo más claro es el de un ex alto cargo de la Junta, que invirtió 24.400 euros en la creación de una eólica y que acabó vendiendo por 47 millones de euros.
Había otras fórmulas, que consistían en bloquear las autorizaciones a empresarios no afines hasta que, agotados, cedían y vendían a terceros. En esos casos, la autorización llegaba rápidamente, apenas días después del cambio de titularidad, como ocurrió con el caso Ibervento, del que informó eldiario.es el pasado lunes. En la actualidad el caso sigue en la Fiscalía Anticorrupción.
Los protagonistas
Juan Vicente Herrera: Hasta el pasado martes no había dado una sola explicación sobre ambos casos, se limitó a decir que confiaba en los funcionarios y responsables de la Consejería de Economía. Sin embargo, la publicación del caso Ibervento en eldiario.es y en el que se detallaba que un empresario le alertó de que se estaba produciendo un “abuso de poder” y la declaración como imputado de Pablo Trillo, que aseguró al juez de que avisó a Herrera de que el precio de compra y alquiler del ‘Perla Negra era disparatado”, le ha obligado a comparecer ante los medios para decir que se pone a disposición del juez aunque considera que las decisiones que se tomaron en los dos casos fueron “acertadas”. Aún así, Juan Vicente Herrera asegura que desconoce que altos cargos de la Junta cobraron comisiones millonarias y se niega a realizar valoraciones “hasta que estudie” los datos, que están en los medios de comunicación desde hace un año.
Tomás Villanueva: Hasta junio de 2015 fue consejero de Economía. Varios imputados del caso Perla Negra han asegurado al juez que era él quien tomaba todas las decisiones, entre ellos está un hombre al que él definió como de su “equipo”, Rafael Delgado. Defiende que la Consejería jamás recibió una denuncia sobre la actuación de los funcionarios en la tramitación de parques eólicos. Pablo Trillo declaró ante el juez que fue llamado ‘a capítulo’ por el consejero cuando cuestionó las decisiones que se tomaban sobre el edificio Perla Negra. Además desveló que era contrario a la contratación del despacho Garrigues para elaborar un informe de viabilidad económica, porque esta se produjo mientras el hijo de Villanueva estaba en pleno proceso de selección para el bufete (hoy es asociado). En la actualidad Garrigues defiende a los imputados de la Junta.
Pablo Trillo: El hermano del exministro Federico Trillo está imputado en el caso ‘Perla Negra’. El actual delegado territorial de la Junta en Valladolid es quien ha realizado las declaraciones más incendiarias, poniendo el foco sobre Juan Vicente Herrera y Tomás Villanueva. Fue él quien en septiembre de 2008 advirtió al presidente de que la operación que se estaba realizando tenía un precio disparatado. En los próximos días presentará un escrito pidiendo que se archive su investigación por considerar de actuó correctamente. Herrera ha respaldado su declaración tras una conversación que, según él “discurrió con serenidad”.
Rafael Delgado: Está imputado en el caso ‘Perla Negra’ y la Agencia Tributaria lo señala como una pieza clave en la Trama Eólica. Rafael Delgado fue consejero delegado de Gesturcal y vicesecretario de Economía. En el primer caso, Delgado firmó las facturas de 4,4 millones de euros en favor de Unifica Servicios Integrales. Asegura que todas las decisiones las tomaba Tomás Villanueva. Hace dos semanas, cuando la actual consejera de Economía anunciaba la personación de la Junta en el caso para actuar únicamente contra Delgado, envió un comunicado para instar a la consejera a rectificar o en caso contrario emprendería acciones legales contra ella. No sería la primera vez, también quiso que el autor del escrito de la denuncia que generó la investigación rectificase. Considera que ha cometido un delito contra su honor a pesar de que ni siquiera le menciona. En cuanto a su supuesta participación en la Trama Eólica, Delgado optó por la fórmula de la avocación, para que las autorizaciones pasasen directamente por sus manos.
En el informe de Hacienda se dice de él que “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Delgado, ya fuera como viceconsejero o secretario general”.
En concreto destaca que “resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería, se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería haber llevado el proceso de autorización de los parques”. Rafael Delgado dejó la Junta en 2011 y poco después, según un informe de la Agencia Tributaria, recibió 535.721 desde Suiza. Además de que una empresa propiedad de un amigo íntimo le pagó la hipoteca del chalé que en 2005 había comprado en Comillas (Santander) a Alberto Esgueva, el otro cargo implicado por el supuesto cobro de sobornos en la ‘trama eólica’. Un año después le compró otro chalé en Valladolid a Esgueva y la empresa de su amigo pagó dos años después reformas por valor de más de 55.000 euros. Pero las operaciones más extrañas se producen a raíz de dejar la política. En 2012 compró un piso en Valladolid por 498.657 euros. Además, hay operaciones entre el amigo íntimo, Alberto Esgueva y Delgado, que se van transfiriendo cantidades, algunas procedentes de Suiza.
Alberto Esgueva: Es el principal beneficiario de la Trama Eólica, con la que ganó 47 millones, y está imputado en el caso ‘Perla Negra’ junto a su hermano Francisco, uno de los empresarios que compró terrenos en Portillo para revenderlos por un precio supuestamente más alto a la Junta. Francisco y Alberto Esgueva, eran los propietarios de una próspera empresa, Cartonajes San Cayetano, que obtuvo subvenciones de la Junta que se revelaron fraudulentas y que ahora adeuda. La empresa está en concurso. Alberto Esgueva se desvinculó de ella en 2004 para entrar en política.
Fue consejero delegado de Excal, la agencia de internacionalización de la Junta, entre 2003 y 2006, y su paso fue tan fulgurante como cuestionado. Tal y como publicó eldiario.es, Esgueva cobró de la Junta a través de una sociedad limitada, y además se dobló el sueldo en cuestión de 7 meses. Un informe del Consejo de Cuentas, de un sólo año de su paso por Excal dejó al descubierto una gestión deficiente y unos gastos injustificados. Su presencia en la Trama Eólica es paralela a su cese como consejero delegado. Esgueva creó entonces la eólica Vientos de Tamara SA, que presidía y de la que era vocal Germán José Martín Giraldo, que también formaba parte de Urban Proyecta PM3 S.L., una de las empresas investigadas en el caso ‘Perla Negra’ . Aunque crea más eólicas, es San Cayetano Wind la que le hace rico. La creó con 24.400 euros e Iberdrola se asoció con él, consiguió la autorización, y le compró su parte por 47 millones. Con ese dinero, intentó poner en marcha un proyecto fallido en la localidad de Montealegre de Campos.
Actualmente medio pueblo es de Hacienda y el otro medio de Banco Sabadell, que embargaron sus propiedades por impago, tal y como publicó eldiario.es. Poco después, Esgueva se marchó a Polonia en compañía con el otro imputado, Martín Giraldo, con quien fundó Cronos Global, una constructora que levanta edificios de lujo y que pasa ahora por sus horas más bajas, fuentes cercanas aseguran que por la publicidad negativa que generó el caso de la Trama Eólica.
Además, es el propietario de una sociedad que aparece en la lista de morosos hecha pública por Hacienda. Intercatia Corporación S.L debe 18.576.761,33 euros a las arcas públicas. La compañía tiene esa deuda pese a que contaba con un patrimonio de 47 millones de euros. Intercatia, que se creó hace 24 años bajo el nombre de Torre Adrado, absorbió otra sociedad de Esgueva, San Cayetano Wind, que es la que le hizo ganar 47 millones de euros tras asociarse con Iberdrola.
Cuando Esgueva vendió sus acciones a Iberdrola, consideró que la venta de participaciones sociales estaba exenta de IVA. Sin embargo, en el año 2012 el Tribunal Económico de la Administración Central reclamó el 21% de IVA por considerar que se había producido una prestación de servicios, y ello a pesar de que Iberdrola lo negó y aseguró haber realizado todas las gestiones sin Esgueva.
http://www.eldiario.es/politica/Perla-Negra-Trama-Castilla-Leon_0_525297713.html
2016.06.11. (Malos vientos sobre Castilla y Léon)
El Norte de Castilla 11.06.2016
Malos vientos sobre Castilla y Léon
Las sospechas sobre las adjudicaciones de parques eólicos sobrevuelan la gestión del gobierno regional
ELOY DE LA PISA
10 junio 201612:22
La denominada trama eólica de Castilla y León es, por el momento, un caso de ámbito más político que judicial. De hecho, aún está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía anticorrupción. Esa es la causa de que sí exista una comisión de investigación abierta, aunque poco activa, en las Cortes autonómicas. Y de que todo el asunto, por el momento, no haya repercutido en la estructura del Gobierno ni le haya afectado más allá de la misma pelea política. Pero vamos por partes.
¿Qué es la trama eólica? Básicamente se trata de un entramado creado a partir de la normativa regional para la construcción de parques eólicos. Castilla y León es, por orografía, un territorio goloso para establecer este tipo de producción de energía: suelo barato y extenso, viento asegurado todo el año y poblaciones pequeñas con poco poder de presión. Es lugar abonado para que las grandes compañías se hagan con muchos parques. Para evitarlo, la Junta de Castilla y León exige que quien desee montar un huerto de viento debe hacerlo asociado a una empresa castellano y leonesa. Y esa fue la puerta de entrada: muchas pequeñas empresas se convirtieron en el vehículo para que las grandes tuvieran su opción de montar los molinos de viento en las nueve provincias de la región.
El problema llegó cuando un informe de un inspector de la Agencia Tributaria destapó que solicitudes de parques eólicos cuyo expediente dormía el sueño de los justos desde hacía tres años se reactivaban y adjudicaban con rapidez en cuanto esas grandes compañías entraban como socios de las pequeñas. Hasta 110 millones de euros se estima que se movieron de forma más o menos subrepticia en las diversas operaciones. Lo que ahora trata de determinar la Fiscalía Anticorrupción es qué pasó con ese dinero, donde fue a parar y si sirvió para comprar voluntades y acelerar procesos detenidos a la espera de la ‘gasolina’ del papel moneda.
Pero encontrarlo se está convirtiendo en una tarea compleja. El entramado de sociedades interpuestas y de relaciones entre sociedades instrumentales es harto complicado, y a la justicia le está costando desenmarañarlo. Máxime cuando las primeras pesquisas, además de las fuertes relaciones administrativas encontradas entre las diversas compañías, han encontrado salidas de divisas hacia numerosos países, principalmente Polonia y Suiza.
Informativos Telecinco 10.06.2016
Consuelo Madrigal asegura que Fiscalía Anticorrupción continúa investigando la ‘trama eólica’ “con plena dedicación”
10.06.16 | 13:04h. EUROPA PRESS | VALLADOLID
Remarca que dicho ámbito busca responsabilidades penales y que las políticas competen a la comisión creada en las Cortes
La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha asegurado hoy que la Fiscalía Anticorrupción trabaja “con plena dedicación” para depurar posibles responsabilidades políticas en la denominada ‘trama eólica’ sobre un supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones por parte de cargos, excargos de la Junta y empresarios por la agilización de parques eólicos en Castilla y León, ámbito penal que, como así ha puntualizado, sigue su curso al margen del trabajo de la comisión de investigación constituida en las Cortes.
Madrigal, quien se ha reunido esta mañana con la plantilla de fiscales en Valladolid, con su jefa al frente, Esther Pérez Jerez, para analizar distintas cuestiones, recuerda que la referida investigación sobre adjudicación de parque eólicas ya fue inicialmente investigada por la Fiscalía vallisoletana antes de que, a posteriori, se acordara remitir la misma a la Fiscalía Anticorrupción, donde las pesquisas prosiguen con “total normalidad”, y ello a pesar del presente periodo electoral.
Respecto de por qué Fiscalía Anticorrupción ha denegado facilitar a la comisión creada en las Cortes el informe de la Agencia Tributaria que desencadenó el actual proceso investigador sobre posible cobro de comisiones por la adjudicación de parques eólicas, Madrigal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que la investigación se desarrolla en dos ámbitos paralelos e independientes, por un lado el penal y por otro el circunscrito al Parlamento autonómico, donde se indagan responsabilidades políticas.
“La comisión parlamentaria tiene su propio trabajo y la Fiscalía Anticorrupción el suyo. Son responsabilidades diferentes las que se tratan de averiguar en uno y otro ámbito, político y penal, y nosotros indagamos este último con plena dedicación”, ha reiterado la Fiscal General del Estado.
El norte de Castilla 10.06.2016
Consuelo Madrigal: «El corto periodo electoral no interferirá en la investigación de la trama eólica»
La Fiscal General del Estado asegura en Valladolid que Anticorrupción trabaja «con plena dedicación» para establecer si hay ilícito penal en las adjudicaciones de los parques de aerogeneradores en Castilla y León
- j. pascual | valladolid
10 junio 201614:19
La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha manifestado este viernes en Valladolid que la investigación sobre las adjudicaciones de los parques eólicos de Castilla y León sigue su curso «con normalidad» en la Fiscalía Anticorrupción. Tras reunirse con el cuerpo de fiscales en la sede de la Audiencia vallisoletana, Madrigal declaró a los periodistas que se trabaja «con plena dedicación» para aclarar si existió cobro de comisiones por valor de 110 millones de euros por cargos, excargos de la Junta y empresarios de la comunidad autónoma a cambio de la agilización de los trámites en las adjudicaciones de los parques eólicos, tal y como sostiene un informe de la Agencia Tributaria en el que se basan las diligencias de la Fiscalía.
Consuelo Madrigal, que estuvo acompañada por la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, y la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez, que lidera la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid sobre las operaciones urbanísticas del edificio Perla Negra, en Arroyo de la Encomienda, y los terrenos del parque industrial de Portillo, dos asuntos que tienen los mismos protagonistas que la supuesta trama eólica, subrayó que «el corto proceso electoral no interferirá en las investigaciones». Señaló también, respecto de la comisión parlamentaria de las Cortes de Castilla y León, órgano al que Anticorrupción negó facilitar el informe de la Agencia Tributaria sobre dicha trama, que la función de la comisión es determinar las responsabilidades políticas y que la Fiscalía tiene su propio trabajo, establecer las responsabilidades penales si las hay, «pero lo hacemos con plena dedicación».
2016.06.10. (La Muela, con el viento en contra)
Hoy.es 10.06.2016
La Muela, con el viento en contra
La exregidora de esta localidad de Zaragoza, María Victoria Pinilla, está acusada de cobrar comisiones millonarias de varios promotores a cambio de recalificar sus terrenos como edificables
María Eugenia Alonso | Madrid
10 junio 201612:22
El 18 de marzo de 2009 la tranquilidad de La Muela, ubicado a escasos veinte kilómetros de Zaragoza, se vio sacudida por el inicio de la ‘operación Molinos’, la que hasta el momento es la mayor trama de corrupción urbanística destapada en Aragón. En total 43 imputados que suman 184 delitos y cuya principal acusada es su exalcaldesa María Victoria Pinilla.
La ‘Reina del viento’, como se calificó a esta singular política aragonesa porque durante su mandato hizo una firme apuesta por la energía eólica, se enfrenta a una solicitud de condena de 35 años de prisión por los 24 delitos que se le imputan; entre los que se encuentran el cohecho, la prevaricación y el blanqueo de capitales.
Pinilla fue regidora de La Muela entre los años 1987 y 2011. Se resistió a dejar el bastón de mando cuando fue detenida, así que mantuvo su condición de alcaldesa, en las filas del PAR, durante todo el tiempo que permaneció en prisión provisional. Cuando recuperó la libertad a la espera de juicio, se reincorporó plenamente a sus funciones en el Consistorio, aunque en las elecciones municipales de mayo de 2011 se vio definitivamente aparcada de la política.
Durante su mandato La Muela prosperó de forma disparada. En diez años el municipio aragonés quintuplicó su población y pasó de 800 a 5.000 habitantes. Corría el dinero público y privado de forma desorbitada para la dimensión de este pequeño municipio. Primero, empujado por la proliferación de parques eólicos; luego, con la promoción por parte del Ayuntamiento de un gran polígono industrial al pie de la autovía Madrid-Zaragoza, que acabó siendo utilizado como plataforma para la trama corrupta. La misma regidora pasó de ser dueña de una granja de conejos a poseer numerosas cuentas bancarias y propiedades, incluso en la República Dominicana y en la exclusiva urbanización de Sotogrande (Cádiz), coches de lujo y a vivir con un alto poder adquisitivo.
En el municipio comenzaron a proliferar parques eólicos y el Ayuntamiento promocionó a bombo y platillo un polígono industrial al pie de la autovía Madrid-Zaragoza, que acabó siendo utilizado como plataforma para la trama corrupta. Con tanto dinero, el Consistorio se embarcó en todo tipo de obras e infraestructuras como varios museos, una plaza de toros y hasta un zoo. Además, mantenía el apoyo vecinal regalando viajes a destinos exóticos. Una década de bonanza económica que explotó en 2009 y dejó una deuda en el Ayuntamiento de 25 millones de euros y un agujero tributario de 8,5.
http://www.hoy.es/elecciones/generales/201606/06/malos-vientos-para-muela-20160607173138-rc.html
2016.06.09. (Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria se querella contra el consejero de Industria por la tramitación eólica)
Europa Press
Plataforma en Defensa del Sur se querella contra el consejero de Industria por la tramitación eólica
Por EUROPA PRESS SANTANDER| 09/06/2016
La Plataforma para la Defensa del Sur ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdeprado del Río por prevaricación y delitos contra el medio ambiente y urbanístico en la tramitación de parques eólicos.
Según ha informado en rueda de prensa el abogado de la plataforma, Fernando Merodio, la querella criminal va dirigida contra el consejero de Industria, Francisco Martín, el director general de Industria, Raúl Pelayo; el alcalde de Valdeprado, Jaime Soto Marina; y el secretario municipal, Alfredo Fernández.
No obstante, la plataforma considera que todo el Consejo de Gobierno es “cómplice” y también censura la “colaboración imprescindible” de los ayuntamientos. En el caso concreto de Valdeprado, donde seis de los siete concejales de la Corporación son del PP, Merodio ha denunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado el informe de compatibilidad urbanística necesario para instalar un parque eólico sin informar a los concejos ni al edil independiente.
La plataforma considera que hay “motivos suficientes” para denunciar penalmente lo que consideran un caso de “corrupción sistémica” que, en su opinión, favorece “una abusiva apropiación del territorio de otros; una dañina imposición de nuevos usos en una parte comunal y privativa del mismo; y la implantación de infraestructuras dañinas para el medio ambiente”.
“FALTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN”
El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, José Miguel Martínez Postigo, ha denunciado que el proceso de tramitación de parques eólicos en Cantabria “adolece de dos carencias fundamentales, por un lado la falta de participación ciudadana, y por otro lado, la falta de planificación territorial”.
En este sentido, ha censurado que hasta ahora “nadie ha podido ver” el contenido de los proyectos de los 14 parques eólicos que según el Gobierno están en tramitación. Asimismo, ha criticado que después de tardar más de tres años en tramitar el Plan de Sostenibilidad Energética (PLENERCAN), los cuatro primeros proyectos de parques eólicos de los que se ha tenido noticia están ubicados en lugar de interés comunitario (LIC).
Además, ha denunciado la coincidencia en la ubicación de parques eólicos y pozos de fracking; o de parques eólicos tramitados en Castilla y León y en Cantabria; y ha criticado que los arreglos de carreteras en Valdeprado y Valderredible se realizan en pueblos donde hay proyectos de parques eólicos o pozos de fraking, lo que supone “pagar con dinero público vías de acceso que tendrían que pagar los proyectos privados”, ha denunciado Martínez Postigo.
Por lo que se refiere a los ayuntamientos, ha dicho que “se está pretendiendo la eliminación de los concejos” justo en los lugares donde hay se proyectan parques eólicos, porque “son los propietarios legítimos del monte público” y tienen que autorizarlos.
Por su parte, el abogado de la plataforma ha añadido que desde el fallido concurso eólico, que en su opinión, es “la madre de todo”, “no se ha colocado un molino, porque todo se ha declarado ilegal, y como sigan así, no se va a poner ni uno”. Ha recordado además que la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto proyectos a la de Industria por no cumplir la legalidad.
“Han cometido suficientes ilegalidades como para que digamos basta ya, que venga otra gente a gobernar, aunque por lo que vemos lo que viene es parecido, porque Podemos mantiene los mismos planteamientos”, ha apostillado Merodio, quien ha reiterado que la eólica “no es una energía verde”, ya que “causa muchos destrozos”.
2016.06.04. México. (“No rechazamos la energía eólica, sino las multinacionales que nos imponen sus proyectos”)
La Marea 4.06.2016
“No rechazamos la energía eólica, sino las multinacionales que nos imponen sus proyectos”
Bettina Cruz, mujer indígena, activista defensora de los derechos humanos en México critica las formas en que las multinacionales imponen la construcción de parque eólicos en su comunidad
04 junio 2016
Beatriz Plaza*
En el istmo de Tehuantepec, en México, han proliferado en los últimos años un sinfín de proyectos de parques eólicos, de la mano de grandes multinacionales que se han visto favorecidas por la última reforma energética promovida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aprovechando esta coyuntura, se han servido del acaparamiento de tierras y el expolio de recursos naturales (agua) para implementar sus negocios con la etiqueta de “energía verde” y la supuesta justificación de contribuir al desarrollo, el empleo y la transferencia de tecnología. Frente a ello, diferentes comunidades del istmo se han venido articulando y organizando a nivel regional, nacional e internacional para defender su vida, la de sus comunidades, la tierra y el territorio.
Para conocer más de cerca esta lucha, hemos hablado con Bettina Cruz: mujer indígena del pueblo binni’zaa (zapoteca), activista defensora de los derechos humanos y miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, que desde 2009 viene denunciando las graves violaciones cometidas por las multinacionales que se encuentran en su territorio.
De entrada, nos comenta que no es fácil encontrar alianzas con organizaciones internacionales que les apoyen en sus reivindicaciones, porque pareciera que están en contra de la “energía renovable”. Cruz explica, sin embargo, que el objetivo de su lucha no es ir contra las renovables sino denunciar el modo en que las multinacionales han impuesto sus proyectos en las comunidades, y cómo han construido los parques eólicos sin tener en cuenta los impactos sociales ni ambientales que han generado.
¿Cuales son sus reivindicaciones?
Nosotros no rechazamos la energía eólica, que en un momento determinado sí que podría ser una alternativa energética; lo que sí rechazamos son las multinacionales que controlan esos proyectos y las prácticas que están detrás de la construcción de parques eólicos. Primero, porque son proyectos que llegan impuestos a nuestras comunidades. Segundo, porque se sirven del desconocimiento de las propias comunidades, cuya lengua materna no es el castellano, para lograr y legitimar sus licencias. Y, tercero, porque en el ciclo de vida de la energía eólica se necesitan recursos que no son precisamente renovables ni ecológicos, como las estructuras metálicas, el cobre, el agua o el aceite que se usa tanto en su construcción como para su funcionamiento.
¿Quiénes forman parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio?
Somos comunidades indígenas que el mismo Estado ha querido desaparecernos durante mucho tiempo pero no lo ha logrado. Sin embargo, sí nos ha ignorado e invisibilizado diciendo que estadísticamente somos pueblos y comunidades que estamos en pobreza extrema, y que tenemos unos índices muy bajos de educación y empleo. Este ha sido, justamente, uno de los argumentos que han utilizado para promover la entrada de los proyectos eólicos en nuestros territorios. A la gente de las comunidades la convencen prometiéndole empleo y luego, cuando el parque eólico se construye, vemos que apenas dan trabajo a las personas de la región y que los empleos ofrecidos son los de menor calidad.
En cambio, sí que hemos visto y sistematizado los impactos generados por estos proyectos. Y se trata de impactos dañinos contra nuestra población y territorio: deforestación, desplazamiento de nuestras actividades económicas, desvalorización y progresiva pérdida de nuestra cultura, ocupación y profanación de nuestros lugares sagrados, pérdida de fauna y flora, acaparamiento de tierras, contaminación y desvío de ríos… En definitiva, prácticas que afectan directamente sobre nuestra visión del mundo y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y la tierra.
¿Cuáles son las multinacionales que promueven el desarrollo de estos proyectos?
Las primeras que llegaron fueron Unión Fenosa, Endesa, Eoliatec, Peñoles, Iberdrola, Renovalia Energy y Abengoa. Ahora mismo hay muchísimas más empresas: también están Acciona, que es de las más fuertes, EDF y otras que se disfrazan con nombres propios de la región para que no se les vincule fácilmente con las grandes multinacionales. Están poniendo nombres en nuestra lengua materna a los parques eólicos: Unión Fenosa, por ejemplo, tiene un parque que se llama “Bií Hioxo”, que en nuestra lengua significa “el viento fuerte” y “el viento viejo”. Y estas multinacionales son las promotoras, pero además se relacionan con otras como Gamesa, que aportan maquinaria y se encargan de la construcción, o Grupo México, que es una compañía minera y la tercera productora de cobre más grande del mundo.
¿Se puede contrarrestar el discurso empresarial basado en promesas sociales a la población?
Nosotras analizamos palabra por palabra lo que ellos prometen; cuando dicen empleo, por ejemplo, analizamos a ver qué tipo, qué duración y qué calidad de empleo es el que prometen en sus proyectos, porque para 10-15 turbinas se necesita una sola persona trabajadora. Lo otro que hacemos es analizar los impactos que van a tener sobre la tierra y el control territorial. Esto es muy importante porque, allá donde se establecen, controlan la totalidad del territorio. Donde están los parques instalados, ellos tienen caminos que están cerrados, controlados por cámaras y vigilados por policía y empresas de seguridad privadas, a los que no podemos acceder. Además vemos el desequilibrio y la asimetría que hay entre las multinacionales y las comunidades. Por ejemplo, se tenía previsto que uno de los parques fuera protegido por las fuerzas armadas mexicanas, con lo que le iban a quitar el control del mar a las personas de la comunidad que se dedican a la pesca. Con toda esta información vamos e informamos a la gente; la información es poder y organización.
¿Cómo están organizando la resistencia frente a este tipo de proyectos?
Cuando empezaron a entrar las multinacionales, nos formamos y empezamos a buscar información. Luego pasamos a analizar las restricciones que tenían los contratos de cesión de territorio que algunas personas habían firmado, y nos topamos con que en los mismos figuraban prohibiciones sobre muchas cosas (caza, quema de rastrojos, construir pozos, etc.). Ahí formamos la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán y logramos anular cerca de 200 contratos de Unión Fenosa, Endesa, Eoliatec y otras empresas. A partir de ese momento, el movimiento se extendió y conformamos la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Una de nuestras últimas luchas es con las altas tarifas de la energía eléctrica. Ahora mismo, hay ocho comunidades que están en resistencia por esta cuestión y eso es paradójico, porque en los mismos territorios donde se está produciendo energía los costes de las tarifas eléctricas para las comunidades son elevadísimos. Nos estamos coordinando en la Red Nacional de Resistencia Civil, que reivindica la energía como un derecho humano y no como una mercancía. A lo largo de esta lucha hemos tenido y seguimos teniendo amenazas directas contra la vida de diferentes personas de las comunidades y sus familiares. Amenazas que se han denunciado, pero ahí siguen. Pensamos que, tras lo ocurrido con Berta Cáceres, nos puede ocurrir lo mismo a cualquiera de nosotros. Pero ahí seguimos: mientras podamos, seguiremos defendiendo nuestro territorio porque es nuestra vida.
* Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
2016.06.03. (Los responsables de la trama eólica de Castilla y León reciben un premio a su ‘medida’)
Ecoticias 03.03.2016
Los responsables de la trama eólica de Castilla y León reciben un premio a su ‘medida’
Como todos los años, resulta difícil otorgar este premio ya que son muchas las candidaturas, lo que a su juicio “evidencian las numerosas agresiones que sufren nuestro entorno y la sostenibilidad”.
Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 03/06/2016,
Ecologistas en Acción ha otorgado su premios Atila Castilla y León a la peor conducta ambiental a los responsables de la denominada “trama eólica”, mientras que el Premio Ecologista 2016 es para la cooperativa Energética Coop.
El colectivo da a conocer estos premios con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, ha indicado la federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.
En concreto, el Premio Atila que distingue a quienes a lo largo del último año se han destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente en la Comunidad. El premio, que se otorgó por primera vez en 1992, tiene dos categorías: Atila y Caballo de Atila y son otorgados a nivel estatal, regional y local por los diferentes grupos que integran Ecologistas en Acción.
Como todos los años, resulta difícil otorgar este premio ya que son muchas las candidaturas, lo que a su juicio “evidencian las numerosas agresiones que sufren nuestro entorno y la sostenibilidad”.
“En una situación de urgencia ecológica, evidenciada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos; debería suceder al contrario, pero la realidad nos muestra demasiados ejemplos de que no es así”, ha agregado Ecologistas en Acción.
En este año, Ecologistas en Acción ha decidido conceder el Premio Atila 2016 a los responsables de la “trama eólica” por “utilizar las energías renovables para el lucro personal, en vez de para construir un modelo energético más sostenible”.
El colectivo ha recordado que la denuncia de la Agencia Tributaria que se investiga en los tribunales apunta a que varias personas y sociedades recibieron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en Castilla y León.
A este respecto, han indicado que “la lucha por el cambio climático y el cambio de la política energética no es una prioridad para el Gobierno regional es una evidencia” y han añadido que “esta trama corrupta apunta que los intereses son otros”.
HERRERA Y VILLANUEVA
Por su parte, el Premio Caballo de Atila 2016 se ha otorgado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y al exconsejero de Economía Tomás Villanueva “por permitir bajo su dirección el desarrollo de la trama eólica, no evitar la corrupción, ni asumir responsabilidad políticas por lo ocurrido”.
En el caso de Tomás Villanueva, “simplemente por sus declaraciones ante las cortes regionales ‘de haberlo sabido no hubiera puesto un molino’, se hace merecedor del premio, al demostrar su nulo interés en las energías renovables, en vez de asumir las responsabilidades que por su cargo le correspondían”.
En el caso de Juan Vicente Herrera, Ecologistas ha señalado que si en mayo de 2015 no hubiera continuado al frente del gobierno regional, probablemente le hubieran concedido el premio a toda una carrera.
“Como sigue al frente del mismo, esperamos que este toque de atención sirva de una vez por todas para que cambie su forma de hacer política y de entender el medio ambiente, asumiendo una actitud mucho más preventiva y aprobando políticas que sean protectoras, en vez de destructivas”, ha agregado el colectivo.
En el lado contrario se sitúa la Cooperativa eléctrica Energética Coop, constituida como cooperativa de consumidores que apuesta “decididamente” por crear alternativas al modelo energético actual, basado en los combustibles fósiles y las grandes eléctricas.
Energética Coop comercializa energía cien por cien renovable, funciona bajo gestión colectiva y entre sus objetivos está recuperar “la soberanía energética para la ciudadanía”.
“Por que sin apuestas como la de las personas que impulsan y forman parte de cooperativas de consumo de electricidad sería imposible transitar a un modelo energético sostenible, Ecologistas en Acción les otorga el premio Ecologista 2016 en reconocimiento a su labor en nuestra región”, han concluido.
