Monthly Archives: Setembre 2016

2016.09.28. La doble cara.

Diario de Sevilla 28 de septiembre de 2016

La doble cara de las renovables

Los estudios alertan de que los parques eólicos y los paneles fotovoltaicos “ignoran los efectos sobre la fauna”. Los aerogeneradores sin palas evitarían la colisión de las aves.

Según la RAE, energía renovable es “aquélla cuya fuente se presenta en la naturaleza de modo continuo e inagotable”, un recurso económico ilimitado que además preserva el planeta, pero con imperfecciones que se traducen en amenazas reales para la fauna. Los estudios de impacto ambiental a los que han de someterse los proyectos para la instalación de parques eólicos o de paneles fotovoltaicos “son deficientes y en ocasiones ignoran los efectos sobre la fauna”, explica Julieta Valls, técnica del área de Conservación de SEO/BirdLife.

En el caso de la eólica, los grandes parques se han instalado en zonas con mucho viento, “un recurso que también utilizan las aves en sus viajes migratorios”, lo que hace que colisionen con las palas de los aerogeneradores, ha apuntado la experta. Según datos oficiales y de los programas de seguimiento de aves, entre 2005 y 2012 murieron por colisión con estas instalaciones un millar de buitres leonados, lo que pone de manifiesto que “su desarrollo no ha sido bien planificado”.

Por eso, SEO/BirdLife ha firmado un acuerdo de colaboración con una empresa española -Vortex Bladeless- que desarrolla aerogeneradores sin palas que producen energía “por vibración”. “Al encontrarse la estructura rígida del mástil con el viento se produce una energía que los aerogeneradores transforman de cinética a eléctrica”, afirma Valls, quien señala que el proyecto, “que reportaría un gran avance”, se encuentra ya en su quinto año de investigación.

En relación a la fotovoltaica, asegura que los huertos solares se autorizan muchas veces en llanuras o páramos “por ser considerados estos terrenos de baja productividad”, aunque sí son esenciales, matiza, para un grupo de aves asociadas a este hábitat, las esteparias. “Para generar la energía suficiente los huertos solares precisan la ocupación de mucha superficie, lo que supone la pérdida de hábitat para la fauna, en especial para las aves”, dice.

Otra de las grandes desventajas de ambos tipos de energía es, según la bióloga de SEO/BirdLife, el impacto visual, por lo que apuesta por situar estas instalaciones cerca de la ciudad, “que es donde más se consume”, o de los parques industriales. “Una buena evaluación de impacto ambiental ha de tener en cuenta esta y otras cuestiones en la selección del lugar”, insiste Valls.

Abunda en que los grandes parques eólicos se sitúan lejos de los núcleos urbanos por el ruido que generan, lo que obliga después a distribuir la energía en forma de electricidad a través de tendidos eléctricos, “otra amenaza fatal para las aves”. En este sentido, señala que Vortex Bladeless prevé fabricar también pequeños aerogeneradores de 1,20 metros para autoconsumo en los hogares. “Se trata de acercar estas instalaciones al punto de consumo como ya se hace con las placas solares, aunque en este momento la legislación no es muy favorable para las renovables”.

 

http://www.diariodesevilla.es/article/economia/2376681/la/doble/cara/las/renovables.html

Anuncis

2016.09.27.Expansión

Expansión 27 de septiembre de 2016

La concentración empresarial en eólica y termosolar supera el 70%, frente al 13% en fotovoltaica

27/09/2016

EUROPA_PRESS

 

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las diez principales empresas del sector eólico y termosolar disponen de más del 70% de la potencia instalada, frente al 13% de concentración en fotovoltaica, según el observatorio sectorial DBK de Informa dedicado a las energías renovables.

Dentro del sector ‘verde’, los diez primeros grupos empresariales concentran el 56,6% de la potencia instalada. Al desglosarse el análisis por tecnologías, se aprecia que el porcentaje asciende al 70,3% en eólica y al 74% en termosolar, mientras que en fotovoltaica se produce una “elevada atomización”, dice el estudio.

El observatorio cifra en 32.805 megavatios (MW) la capacidad instalada de renovables al término de 2015, lo que supuso un incremento de apenas el 0,1% con respecto al ejercicio anterior.

Las instalaciones eólicas concentran el 70% de toda la potencia instalada, frente al 14% de la fotovoltaica y el 7% de las termosolares. El porcentaje restante se reparte entre centrales hidráulicas en régimen especial y plantas de biomasa.

A finales de 2015 existían 1.357 parques eólicos con una potencia conjunta de 22.988 MW. En el segmento de energía solar fotovoltaica, la potencia alcanzó los 4.671 MW en 2015, mientras que el número de plantas de energía solar termoeléctrica se mantiene en 51 desde 2013, y en 2.300 MW.

El sector de las renovables se ha caracterizado por la reanudación de las operaciones corporativas en los últimos meses, en este caso protagonizadas en su mayor parte por fondos de inversión extranjeros.

Los fondos han adquirido participaciones en algunos de los principales operadores del sector de energías renovables e importantes carteras de activos en funcionamiento, lo que está contribuyendo al aumento de la concentración sectorial, afirma DBK.

En términos de valor, los ingresos derivados de la venta de energía eólica y solar ascendieron a 7.796 millones de euros en 2015, cifra un 7,1% superior a los 7.276 millones de euros del año precedente.

El negocio eólico, con 3.396 millones de euros y un incremento del 12,9%, aportó el 43,6%, mientras que la energía solar alcanzó los 4.400 millones de euros, un 3,1% más, de los que 2.860 millones corresponden al segmento fotovoltaico y 1.540 millones al de energía termoeléctrica.

 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/09/27/20160927111405.html

2016.09.21. Eldiario.es. (Cantabria: Colectivos ecologistas retoman la causa penal contra el consejero de Industria)

Eldiario.es 21.09.2016

Colectivos ecologistas retoman la causa penal contra el consejero de Industria

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria recurre el archivo de la querella contra Francisco Martín por la tramitación eólica

El colectivo insiste en su motivación para justificar que la actuación del alto cargo es “constitutiva de delito de prevaricación y contra el medio ambiente”

21/09/2016

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha presentado un recurso de súplica contra el archivo, por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), de la querella que este colectivo presentó contra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, por un supuesto delito de prevaricación y contra el medio ambiente, relativo a la tramitación de los parques eólicos en Cantabria.

Así lo ha dado a conocer este miércoles este colectivo, que ha hecho público este recurso, consultado por Europa Press y con fecha 19 de septiembre, en el que mantiene que el auto dictado el pasado junio por esta Sala del TSJC decretando el archivo de la querella “no se ajusta a Derecho y vulnera legítimos intereses” de la Plataforma.

Por ello, suplica a la Sala que dicte una nueva resolución que, “revocando la recurrida, acuerde admitir la querella en su integridad y tramitar la misma, con la práctica de las pruebas que se consideren precisas, hasta la celebración de un juicio oral, contradictorio y justo que fije las repercusiones penales, y en su caso civiles, de los hechos relatados en la misma”.

La Plataforma insiste en su motivación para justificar que la actuación de Martín es constitutiva de delito de prevaricación y contra el medio ambiente y muestra algunas discrepancias con la resolución judicial.

Por ejemplo, este colectivo considera que “no es jurídicamente exacto” que las decisiones de Martín en este ámbito “se limiten a la tramitación de los proyectos”, como se señala en el auto.

Concretamente, en su auto del 30 de junio, el TSJC estimaba, en sus razonamientos jurídicos, la ausencia de decisión sobre los parques eólicos adoptada por Martín, al limitarse exclusivamente a la tramitación de los proyectos eólicos. Esto, a juicio de la Sala, “impedía” que la aplicación del tipo penal de prevaricación.

Además, la Sala, en su auto, señalaba que “la Administración tiene la obligación de tramitar toda solicitud antes de resolver de forma expresa”.

El TSJC considera en el auto de archivo que para que exista un delito de prevaricación es necesario “una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo”, “que sea contraria a derecho”, que la acción “sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnica-jurídica mínimamente razonable”, “que ocasione un resultado materialmente injusto” y “que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad en contra del derecho”.

En la resolución del tribunal también se señalaba que la legalidad o no de la tramitación a la que hace referencia la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria “no está vinculada por los previos pronunciamientos judiciales” y añadía que la propia documentación aportada, junto con la querella, ponía de manifiesto que la Consejería, de la que es titular Martín “cumplió con la obligación de tramitar las solicitudes, remitiéndolas a la Dirección General de Medio Ambiente, sin que se haya dictado resolución autorizando los parques”.

El razonamiento jurídico que ha archivado la denuncia también apuntaba a que “en el presente caso, no se dice en la querella qué informes ha emitido el aforado que pudiera cumplir el tipo del precepto legal, por lo que ninguna conducta reprochable penalmente puede ser imputada a la persona aforada en relación con los delitos que se han analizado”.

En contraposición de esta postura de la Sala, la Plataforma apunta en el recurso que el consejero “ha tenido y tiene una intervención mucho más relevante, decisiva, en los hechos litigiosos, una predilección de parte superior a la de quien sólo tramita”.

La Plataforma ve en Martín un “anómalo interés”, el cual, sostiene, “le ha llevado a ignorar ilícitamente las reiteradas reclamaciones y solicitudes, verbales y escritas, que le fueron realizadas” por el colectivo.

Además, insiste en el conocimiento de Martín del conjunto de los actos objeto de la querella y de su “burda ilegalidad”. En este sentido, recuerda que, a su condición actual de consejero de Industria, “se une el de que, durante el trámite en 2009 del llamado “concurso eólico”, lo era de Medio Ambiente y máximo responsable, por ello, “de la ilegalidad y, en consecuencia, de la nulidad del concurso”.

En su recurso, la Plataforma pide que, junto al de los hechos objeto de la querella, se realice “un serio y garantista análisis de esas circunstancias que apunta y “se valore su influencia en la tipificación penal de aquellos”.

Respecto a lo que apunta la resolución judicial sobre el delito de prevaricación, la Plataforma considera que, aunque es “cierto todo ello”, si se queda ahí se estaría apoyando, a su juicio, “la poco justificable posibilidad de excluir del ámbito de la prevaricación ambiental de las autoridades, además de los actos estrictamente políticos o las diligencias de ordenación/mera tramitación que éstas deben abordar para cumplir sus obligaciones, multitud de otros supuestos”.

Por ello, entiende que a la hora de valorar una posible delincuencia ambiental no se debe olvidar la llamada “prevaricación por omisión”, que impone, según sostiene la Plataforma, “el mismo rigor penal frente a la conducta de quien incurre en delito a través de una resolución expresa que frente a la del que no resuelve e incumple su obligación de resolver”.

Insiste la Plataforma en que en este caso no se puede sostener que sea un “supuesto de trámite”. “Estamos ante un importante acto administrativo que, según exige la Consejería de Medio Ambiente del mismo Gobierno, de modo previo debió ser jurídicamente calificado por quien iniciaba el trámite”, sostiene.

Además, apunta que “no es lógico” pretender que la autorización para una actividad con tan gran impacto, que formalmente consiste en implantar agresivas infraestructuras eólicas se tramite –dice la Plataforma– “sin la información y participación pública previa, llegando a no comprobar siquiera si se cumplen los más elementales requisitos legales, amparándose en la excusa de la inexistente concurrencia de un supuesto imperativo legal”.

Cuando la Plataforma anunció la interposición de la querella contra Martí, su presidente, José Miguel Martínez Postigo, denunció que el proceso de tramitación de parques eólicos en Cantabria “adolecía” de dos carencias fundamentales: falta de participación ciudadana y falta de planificación territorial.

Censuró entonces que “nadie había podido ver” el contenido de los proyectos de los 14 parques eólicos que según el Gobierno están en tramitación.

Asimismo, criticó que después de tardar más de tres años en tramitar el Plan de Sostenibilidad Energética (PLENERCAN), los cuatro primeros proyectos de parques eólicos de los que se ha tenido noticia están ubicados en lugar de interés comunitario (LIC).

Además, denunició la coincidencia en la ubicación de parques eólicos y pozos de fracking; o de parques eólicos tramitados en Castilla y León y en Cantabria; y criticó que los arreglos de carreteras en Valdeprado y Valderredible se realizan en pueblos donde hay proyectos de parques eólicos o pozos de fraking, lo que supone, a su juicio, “pagar con dinero público vías de acceso que tendrían que pagar los proyectos privados”.

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Plataforma-Defensa-Sur-Martin-tramitacion_0_561344683.html

2016.09.15. Corts Valencianes

Propuesta de la Bonig

Resolución 631/IX, sobre la revisión y reactivación del Plan eólico, aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del día 15 de septiembre de 2016

 

PRESIDENCIA DE LES CORTS

De acuerdo con el artículo 95.1 del Reglamento de Les Corts, se ordena publicar en el Butlletí Oficial de les Corts la Resolución 631/IX, sobre la revisión y reactivación del Plan eólico, aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del día 15 de septiembre de 2016.

Palau de les Corts Valencia, 15 de septiembre de 2016

El presidente

Enric Morera i Català

PLENO DE LES CORTS

El Pleno de Les Corts, en la sesión del día 15 de septiembre de 2016, ha debatido la propuesta de resolución subsiguiente al debate de política general previsto en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la revisión y reactivación del Plan eólico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 76 del Reglamento de Les Corts, ha aprobado la siguiente resolución:

 

RESOLUCIÓN

Les Corts instan al Consell a revisar y reactivar el Plan eólico de la Comunitat, para dar un nuevo impulso a la producción autóctona y sostenible de energía eléctrica.

Asimismo, el Consell desbloqueará de los expedientes en curso, clarificando los aspectos ambientales que puedan estar pendientes y reevaluando las previsiones de potencia eléctrica instalable en las zonas pendientes de desarrollar, abriendo nuevos concursos para promover de nuevo su viabilidad técnica y económica.

 

Palau de les Corts

Valencia, 15 de septiembre de 2016

El presidente

Enric Morera i Català

2016.09.11. (Bruselas ha decidido mantener abierta la investigación sobre la legalidad de los polígonos eólicos en Extremadura)

NOTA DE PRENSA:

Varapalo a las Autoridades españolas/extremeñas. Bruselas ha decidido mantener abierta la investigación sobre la legalidad de los polígonos eólicos en Extremadura y pide información actualizada y por escrito.

PANACEX (Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura), ha conseguido evitar el archivo de las investigaciones solicitado por las Autoridades españolas/extremeñas.

Los parlamentarios europeos presentes en la Comisión de Peticiones y su Presidenta, no se han “tragado” las débiles escusas de las Autoridades españolas/extremeñas para poder autorizar polígonos eólicos sin mediar evaluación medio ambiental estratégica.

PANACEX (Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura), defendió el pasado día 8 de septiembre en Bruselas, la necesidad de paralizar cautelarmente los proyectos eólicos en Extremadura por grave infracción legal de la normativa europea que obliga a que los planes eólicos hayan tenido previamente una evaluación medioambiental estratégica.

Los Diputados del Parlamento Europeo presentes en la Comisión de Peticiones  y la Presidenta de la misma, han acordado por unanimidad, mantener abierta la investigación por presunta infracción de las Directivas europeas y leyes españolas y solicitar más información actualizada y por escrito.

El resumen de las “escusas” de nuestras autoridades, ha sido que, al no tener un “Plan”, pues…, no hay obligación de hacer evaluación medioambiental estratégica.

Pero ello es falso, pues, al margen del plan que establecían  los “infumables” decretos ya derogados, la habilitación urbanística de polígonos eólicos establecida en el vigente Decreto 56/2008, es considerado por interpretación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia, Sala Cuarta, de 22 marzo 2012), un “Plan” a los efectos de su obligatoria Evaluación Medioambiental Estratégica.

En cualquier caso, de lo expuesto por los diputados europeos, se deduce la necesidad de disponer de una planificación eólica y de efectuar, previa a cualquier autorización, su correspondiente evaluación medio ambiental estratégica. Lo que conduciría a sancionar a España/Extremadura por su fraudulenta actuación y a cuestionar la legalidad de las autorizaciones actuales, por lo que seguimos recomendando a la Junta paralice cautelarmente todas las autorizaciones otorgadas.

Ramón Rodríguez Viñals

PANACEX

 

El Periódico de Extremadura 8.09.2016

Sigue la investigación de los parques eólicos

11/09/2016

Mérida La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la investigación sobre “la legalidad” de los parques eólicos en España y en Extremadura y ha pedido información actualizada y por escrito, según aseguró ayer la Asociación Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura. Además, ha aconsejado a la Junta que “paralice cautelarmente las autorizaciones otorgadas”.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/sigue-investigacion-parques-eolicos_960414.html

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Antecedentes:

20.9.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 164/2011, presentada por Ramón Rodríguez Viñals, de nacionalidad española, en nombre del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura —PANACEX, sobre la falta de evaluación de impacto en relación con granjas eólicas instaladas en Extremadura

  1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que la Junta de Extremadura no ha sometido dos decretos que regulan proyectos de granjas eólicas (Decreto 192/2005 y Decreto 160/2010) a evaluaciones estratégicas ambientales, infringiendo la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, así como la Ley española 9/2006. El peticionario observa que el Defensor del Pueblo español concluyó, en un caso diferente, que los proyectos de granjas eólicas deberían haberse sometido a una evaluación estratégica del impacto. El peticionario, que es un representante de PANACEX, grupo de la sociedad civil, pide al Parlamento Europeo que investigue la cuestión y, si procede, recomiende la suspensión cautelar de los proyectos.

  1. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

  1. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

Recientemente la Comisión ha emprendido una investigación sobre los hechos aludidos en esta petición, a fin de aclarar si la legislación de la UE aplicable en materia de medio ambiente, en particular la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente1 (Directiva EAE), se ha cumplido debidamente en este caso.

La Comisión de Peticiones será informada del resultado de esta investigación.

  1. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 20 de septiembre de 2013.

Tras evaluar la información disponible, la Comisión concluye que, a la vista de sus características y de su posible y significativa repercusión en el medio ambiente, los Decretos 192/2005 y 160/2010 de la Junta de Extremadura (el último actualmente en vigor), por los que se establecen los procedimientos para la concesión de permisos para proyectos de granjas eólicas en dicha región, deben ser considerados como planes o programas en virtud del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente2 (Directiva EAE).

La Comisión considera que, al no haber sometido los Decretos ya mencionados —antes de su adopción— a la evaluación ambiental estratégica, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva EAE, España ha incumplido sus obligaciones en virtud de dicha Directiva. En consecuencia, se ha enviado un escrito de requerimiento a España, con fecha de 26 de abril de 2013, por el que se invita a las autoridades españolas a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicho requerimiento. A la vista de la evaluación de dichas observaciones, la Comisión adoptará las medidas apropiadas para garantizar la aplicación correcta de la legislación de la UE en este caso.

 

 

 

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