Monthly Archives: Novembre 2016
2016.11.28. Enguera
La Audiencia Provincial revoca la condena
Acciona no tendrá que demoler aerogeneradores en el parque eólico de Enguera
28/11/2016 –
VALENCIA. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado íntegramente el recurso de Acciona Eólica Levante contra la sentencia de una juez de Alzira que condenaba a dos responsables de la empresa a seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio y les obligaba a desmontar nueve aerogeneradores en el parque eólico de Enguera por estar presuntamente construidos dentro de una vía pecuaria y una cañada real, un terreno que según la primera sentencia tenía especial protección.
Según los magistrado, “la resolución recurrida, con un relato de hechos probados inadmisible por predeterminar el fallo, desconoce la existencia de la Autorización de inicio de la Actividad. Se fija, únicamente, en las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”.
Y prosiguen alegando que la resolución apelada “considera acreditada la vulneración de la prohibición establecida en dicho documento como resultado de las pruebas periciales practicadas en el juicio oral a propuesta de la acusación, que demostrarían que los nueve aerogeneradores cuya demolición se ha ordenado están ubicados dentro de la Cañada Real. Nada se dice, sin embargo, de las resoluciones complementarias de impacto ambiental, posteriores a las DIAs, que aprueban la ubicación definitiva de los aerogeneradores y que desembocan en la concesión de la oportuna autorización del parque eólico”. Dicen los magistrados que Acciona tenía autorización y que no fue revocada con posterioridad, según la documentación presentada por la empresa acusada.
Los magistrados dan validez a las periciales aportadas por la defensa. Una de dichas periciales afirmaba que “la pericial de la Defensa combate las ubicaciones que resultan de las periciales de la acusación, argumentando que los aparatos GPS utilizados carecen de la precisión necesaria para señalar la posición concreta de los aerogeneradores debido al alto margen de error (de tres a diez metros) respecto a espacio a tener en cuenta (veinte metros de anchura necesaria de la vía, que sería el espacio supuestamente invadido), a lo que se suma la falta de deslinde de la cañada, lo que impide tener por ciertos, en ciertos tramos, los lindes exactos de la vía pecuaria, máxime teniendo en cuenta que las vías de acceso a los aerogeneradores, que en algunos tramos aprovecharon la vía pecuaria y los cortafuegos, se ensancharon por las obras y luego se redujeron para reducir el impacto ambiental, siguiendo las órdenes de la Administración competente”.
Documentación
Los miembros de la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia aseguran en su sentencia que una vez examinada toda la documentación existente en la causa que se recurre, “no ha existido requerimiento alguno por parte de la Administración instando la retirada o la modificación de la ubicación de los aerogeneradores controvertidos por encontrarse en la vía pecuaria”, y que por tanto se ha seguido la tramitación establecida para este tipo de proyectos, y que contaba con las autorizaciones necesarias.
Con respecto a la ocupación de la vía pecuaria y la cañada real “en la ejecución del proyecto se ha previsto un pasillo de al menos 20 metros de ancho, se puede considerar, a priori, que la anchura necesaria de esta vía pecuaria quedará garantizada”. Y apostillan “en ninguno de estos informes, emitidos a solicitud de Acciona, se pone de manifiesto la existencia de expediente o infracción alguna que acredite la ocupación ilícita de la cañada real”.
Y concluyen diciendo que “por todo ello resulta evidente, en cualquier caso, que el acusado, que se encargaba de la negociación y tramitación del proyecto y no participó en la ejecución técnica, no podía actuar con el dolo necesario para integrar el tipo penal aplicado, dado que nadie, hasta el momento, ha determinado que exista la supuesta invasión de la vía pecuaria ya que, como se ha dicho antes, no existe expediente ni requerimiento a tal efecto de la administración”.
2016.11.26. Eldiario.es. (El TSJC desestima el recurso de la Plataforma de los Valles del Sur contra el Plan Energético de Cantabria)
Eldiario.es 26 de noviembre de
El TSJC desestima el recurso de la Plataforma de los Valles del Sur contra el Plan Energético de Cantabria
La sala considera que “no se ha vulnerado la legalidad en el proceso de información pública y la normativa sectorial y ambiental”
La sentencia, que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, condena a la demandante al pago de las costas procesales
La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur de Cantabria contra el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020.
La sentencia, que se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, condena a la demandante al pago de las costas procesales. El TSJC considera que no se ha vulnerado la legalidad en el proceso de información pública y la normativa sectorial y ambiental, y rechaza la necesidad de una planificación territorial previa y una zonificación en este ámbito, tal y como pedía la asociación demandante.
La decisión judicial ampara así el proceso administrativo del Plan de Sostenibilidad Energética, al afirmar que en ningún momento se han introducido modificaciones “sustanciales o no”, que no hayan sido objeto de un trámite de información pública.
Del mismo modo, considera que tampoco hay vulneración alguna del Convenio de Aarhus sobre participación política y ciudadana ni de participación del público en materia de medio ambiente, dado que la asociación, como refleja la Sala en su sentencia, ha participado en los tres trámites de información pública y sus alegaciones “han sido respondidas en su totalidad”.
En cuanto a la necesidad de una planificación previa como el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y la falta de una zonificación, el TSJC deja claro la naturaleza jurídica del Plan de Sostenibilidad Energética.
Este instrumento, dice la Sala, “no tiene determinaciones directamente aplicables, no es normativa de directa aplicación, sino una determinación de pasos a dar en el futuro, o más bien, un elenco de principios a tener en cuenta en los pasos que se den en el futuro” en el sector energético regional.
Por último, se desestima cualquier tipo de infracción de las normas nacionales e internacionales en materia sectorial y ambiental, por su generalidad y por la ausencia de prueba al respecto.
Pugna en los tribunales
Previamente, tal y como adelantó este periódico, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria archivó la querella contra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín (PRC), que presentó la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria por un supuesto delito de prevaricación y contra el medio ambiente, relativo a la tramitación de los parques eólicos en la comunidad autónoma.
En los razonamientos jurídicos del acuerdo, el órgano competente al existir un aforado entre los acusados estimó que la ausencia de decisión sobre los parques eólicos adoptada por Martín, al limitarse exclusivamente a la tramitación de los proyectos eólicos, “impiden la aplicación del tipo penal de prevaricación”, añadiendo que “la Administración tiene la obligación de tramitar toda solicitud antes de resolver de forma expresa”.
Pese a este hecho, el desarrollo de la energía eólica y la tramitación administrativa de los nuevos parques en la zona sur de Cantabria sigue atascada casi una década después de que se dieran los primeros pasos, con denuncias cruzadas e intervenciones judiciales que han parado prácticamente todos los proyectos antes de comenzar.
Estas gestiones provocaron la denuncia contra varios altos cargos y responsables políticos por supuesta prevaricación y varios delitos urbanísticos y medioambientales por parte de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que presentaron una querella criminal contra el consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín (PRC); el director general del área, Raúl Pelayo (PRC); el alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto (PP), y el secretario municipal, Alfredo Fernández.
“No son simples errores administrativos, estamos hablando de actuaciones ilegales, de actitudes mafiosas y de corrupción pura y dura”, aseguró durante la presentación de la querella Fernando Merodio, el abogado de los denunciantes, que consideró además que todo el Consejo de Gobierno de Cantabria es “cómplice” y censuró la “colaboración imprescindible” de los ayuntamientos afectados por el desarrollo eólico.
2016.11.19. León y Asturias
2016.11.19. Diario de León
VILLAMANÍN Aseguran que el proyecto se debería haber presentado al Principado
Presentan un recurso por el impacto en Pajares del parque eólico experimental
19/11/2016
- Domingo | Redacción
La Coordinadora Ecologista de Asturias anunció ayer que ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de León que otorga autorización administrativa al parque eólico de carácter experimental El Puerto I, que se ubicará en el municipio de Villamanín, en el puerto de Pajares, muy cerca del límite con el Principado —a 300 metros del límite— motivo por el que la organización considera que el proyecto afectará a la región vecina sin lugar a dudas.
«Resulta irregular que la Junta de Castilla León no consultara con el Principado este proyecto, a pesar del importante impacto ambiental que va tener en Asturias en cuanto se va ver, al tener una altura de más de 188 metros —lo mas alto que tenemos ahora en Asturias es la torre de la Laboral, que tiene 117 metros—, con un vuelo de las palas del aerogenerador de ocupara más de 14.526 metros cuadrados» de lo que los conservacionistas infieren «que alcanzará suelo asturiano». El comunicado de la organización recuerda que el único molino del que consta el parque experimental se ubicará en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Montaña Central de León, como recoge el estudio de impacto ambiental, «colindante con la ZEC Montaña Central de Asturias», añade la coordinadora asturiana.
Los conservacionistas aseguran que la tramitación del proyecto no ha incluido consultas previas al Principado de Asturias ni al Ayuntamiento de Lena, como «se exige en el actual marco ambiental para aquellos proyectos que afecten a mas de una comunidad autónoma, como es el caso, al ser visible en Asturias de forma notable y tener un claro impacto paisajístico en Lena y al afectar el ruido que genere el aerogenerador a los colindantes».
El Camino del Salvador
Otro argumento contrario al proyecto y que sustenta la postura de la Coordinadora Ecologista de Asturias es la cercanía del aerogenerador al «Camino del Salvador, que —procedente de León— entra en Asturias por Pajares y alcanza Oviedo». Esta ruta jacobea está declarada «Bien de Interés Cultural, mediante decreto de fecha 22 de junio de 2006 —publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 29 de junio de 2006—, sobre el que va tener un impacto visual severo». Pese a esta afección, «no hay constancia de consulta a Asturias por este impacto sobre el patrimonio». El colectivo considera inviable el proyecto, que califica de disparatado. Por este motivo, agotará todas las vías legales» para frenarlo.
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La Nueva España 19.11.2016
Los ecologistas denuncian la puesta en marcha de un parque eólico en Pajares
La Diputación de León autoriza la instalación de un molino de viento experimental con una altura de más de 180 metros
andrés velasco mieres del camino 19.11.2016
El entorno de Pajares podría sufrir un nuevo impacto. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denunció ayer que la Diputación de León ha autorizado la puesta en marcha de un parque eólico experimental en el municipio Villamanín, limítrofe con Asturias en la zona del puerto. Y es precisamente ahí donde se ubicaría el aerogenerador. Los ecologistas, por su parte, ya han presentado un recurso de alzada contra la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León.
Según explicaron los denunciantes, el proyecto, denominado “El puerto 1”, conlleva la instalación de un molino eólico de 4.500 Kilovatios de potencia unitaria, de más de 188 metros de altura, y que se situaría a 300 metros de la frontera con Asturias. Además, criticaron que “en ningún momento se ha consultado en el trámite de consultas previas al Principado de Asturias, como es perceptivo, ni al Ayuntamiento de Lena, lo que resulta completamente fuera de lugar de acuerdo al impacto transfronterizo del molino eólico”.
Además, indican que estas consultas se exigen en el actual marco ambiental “para aquellos proyectos que afecten a más de una comunidad”. Algo que sucede en este proyecto ya que “será visible en Asturias de forma notable y tendrá un claro impacto paisajístico en Lena, al afectar el ruido que genere el aerogenerador a los colindantes”.
Los ecologistas también señalan que el aerogenerador se instalará muy cerca del Camino del Salvador, que procedente de León entra en Asturias por Pajares. Un itinerario que está declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2006 y sobre el que el molino “va tener un impacto visual severo por la cercanía de éste y no hay constancia de consulta a Asturias por este impacto a Patrimonio”.
“No parece que esta instalación sea posible en un lugar tan sensible y con el correspondiente impacto visual apreciable desde decenas de lugares, por lo que vamos agotar las vías legales para frenar este disparatado proyecto en pleno espacio natural”, finalizaron los ecologistas su argumentario.
http://www.lne.es/cuencas/2016/11/19/ecologistas-denuncian-puesta-marcha-parque/2015671.html
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La Voz de Asturias 18.11.2016.
Los verdes recurren un parque eólico experimental en el límite de León con Asturias
La Coordinadora Ecologista denuncia que no se ha consultado con el Principado y el Ayuntamiento de Lena pese al gran impacto que tendrá
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha presentado recurso de alzada frente a la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, por la que se otorga la autorización administrativa del parque eólico experimental El Puerto I, en el término municipal de Villamanín en León al limite con el Principado. Por medio de un comunicado, esta organización advierte de que dicho parque sería visible desde «gran parte» de Asturias por su emplazamiento en plena montaña central.
Los verdes recuerdan que se pretende la instalación de un molino eólico de 4.500 kilovatios de potencia unitaria y de más de 188 metros de altura a unos 300 metros de la frontera con Asturias sin que en la tramitación se haya consultado Principado, como es perceptivo, ni al Ayuntamiento de Lena. «Todo el proceso resulta completamente fuera de lugar de acuerdo al impacto transfronterizo del molino eólico», denuncian los ecologistas.
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Denuncian que resulta «irregular» que la Junta de Castilla León no consultara con el Principado este proyecto, a pesar del importante impacto ambiental que va tener en Asturias en cuanto que se va ver debido a su altura (lo mas alto que hay actualmente en Asturias es la torre de la Laboral que tiene 117 metros), con un vuelo de las palas del aerogenerador de ocupara más de 14.526 metros cuadrados, que alcanzara suelo asturiano. Además, advierten de que el proyecto se ejecutara dentro de la Red Natura 2000, ZEC «Montaña Central de León» y colindante con la ZEC «Montaña Central de Asturias»,
«No parece que esta instalación sea posible en un lugar tan sensible y con el correspondiente impacto visual apreciable de decenas de lugares, por lo que vamos agotar las vías legales para frenar este disparatado proyecto en pleno espacio natural», finaliza la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.
2016.11.18. Levante. (La Audiencia absuelve a Acciona y anula la demolición de 9 torres eólicas en Enguera)
Levante
La Audiencia absuelve a Acciona y anula la demolición de 9 torres eólicas en Enguera
El tribunal no considera probada la ocupación ilícita de la Cañada Real de Almansa y revoca la sentencia que condenó a la empresa promotora de las obras y al responsable de los parques eólicos a restaurar la vía pecuaria por un delito medioambiental
sergio gómez | xàtiva 18.11.2016
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha revocado la sentencia dictada en enero por el juzgado de lo penal de Alzira y ha absuelto Acciona Eólica de Levante, SL y a un responsable de la mercantil del delito medioambiental por el que se les condenó a ambos a demoler nueve aerogeneradores instalados en la sierra de Enguera a raíz de la supuesta ocupación ilícita de la Cañada Real de Almansa. Después de examinar la abundante documentación del caso, que ocupa nueve extenso tomos, el tribunal concluye que no ha quedado acreditado que las torres eólicas invadan la vía pecuaria protegida, por lo que deja sin efecto la orden de desmantelarlas y exime de toda responsabilidad a los encausados.
La sentencia, que es firme y no admite apelación, desautoriza a la magistrada de Alzira y tilda de «inadmisible» el relato de hechos probados expuesto por el juzgado de lo penal hace diez meses. Aquel fallo condenó al apoderado de Acciona Eólica, encargado de la implantación de los tres parques eólicos de Enguera, a una pena de 6 meses de prisión e inhabilitación y a una multa de 2.160 euros por el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) autorizada en 2007 por la Conselleria de Medio Ambiente, que dio luz verde al proyecto bajo la condición de que la promotora respetara una serie de vías pecuarias, entre otros condicionantes.
Además, tanto el acusado como Acciona Eólica, como responsable civil directa, fueron castigados a restaurar el trazado de la Cañada, un bien de dominio público inalienable, así como a desmantelar nueve aerogeneradores, una actuación cuyo coste se valoró en nueve millones de euros.
En su recurso de apelación, el director de desarrollo de las instalaciones argumentó que su cometido se limitó a la negociación y tramitación del proyecto, desligándose de las decisiones sobre cuestiones técnicas y sobre el emplazamiento de los molinos. El responsable ahora absuelto, para quien la Fiscalía llegó a pedir dos años de cárcel, señaló como desproporcionada la pena impuesta por el juzgado y negó haber actuado en contra de los permisos ambientales concedidos.
La sección segunda de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado José María Tomás Tío, estima todos estos razonamientos y sostiene que la sentencia anulada obvió una serie de resoluciones de impacto ambiental complementarias, posteriores a la DIA, que aprobaron la ubicación definitiva de los aerogeneradores y que desembocaron en la concesión de la autorización definitiva de los parques eólicos. El tribunal sostiene que «nadie hasta el momento ha determinado que exista la supuesta invasión de la vía pecuaria» y cuestiona las periciales aportadas por el Ministerio Fiscal en su acusación, determinantes para que la magistrada Delia Morente concluyera tras el juicio que las torres se construyeron vulnerando el margen de 20 metros de anchura que marca la normativa.
La defensa combatió esta acusación argumentando que los aparatos de GPS utilizados por los peritos carecían de la precisión necesaria para señalar la posición concreta de los molinos debido al «alto margen de error» respecto al espacio a tener en cuenta. La sentencia de la Audiencia señala que la falta de deslinde de la Cañada «impide tener por ciertos los lindes exactos de la vía pecuaria, máxime teniendo en cuenta que las vías de acceso a los aerogeneradores se ensancharon por las obras y luego se redujeron para reducir el impacto ambiental, siguiendo las órdenes de la administración competente», añaden los magistrados.
El proyecto siguió los permisos
El tribunal pone el foco en una serie de informes emitidos por la Conselleria de Medio Ambiente sobre el cumplimiento de los condicionantes de la DIA y subraya que la administración autonómica, responsable de controlar las obras, nunca requirió ni abrió expediente alguno para instar a la retirada o modificación de la ubicación de los aerogeneradores controvertidos por encontrarse en la vía pecuaria. La Audiencia concluye que el proyecto «ha seguido la tramitación establecida y cuenta con las autorizaciones necesarias» y observa como «especialmente significativo» un informe de la unidad de vías pecuarias que garantizó el respeto del trazado de la Cañada durante los trabajos.
El tribunal añade que no le corresponde pronunciarse sobre la actuación de los funcionarios y autoridades que han resuelto en el procedimiento administrativo ni sobre la competencia o arbitrariedad de su actuación en la presente causa, que se inició a raíz de una denuncia del grupo municipal socialista de Enguera en 2009 a la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ministerio Público pidió en el juicio la demolición de 16 torres eólicas y penas superiores para el encausado por un delito de ordenación contra el territorio.
Simón: «La empresa debería reclamar responsabilidades»
El portavoz del PP de Enguera, José Simón, ha manifestado que la sentencia de la Audiencia Provincial «confirma que el proceso ha sido una persecución de carácter político». Simón sostiene que la empresa promotora de los parques eólicos, Acciona, «debería reclamar una responsabilidad económica por la pérdida de dinero, tiempo y el agravio que ha supuesto la denuncia». El concejal responsabiliza al PSOE de la pérdida de «millones de euros» a la empresa y al pueblo porque los parques eólicos «fueron una iniciativa del grupo popular» y «todo lo que se hacía se intentaba machacar». Simón contabiliza ocho conflictos jurídicos con Acciona a raíz de las denuncias de la oposición, que paralizaron durante un tiempo las obras. Según el edil, «la mala praxis de los representantes socialistas» ha «ahuyentado» una gran inversión de la firma en Enguera.
2016.11.18. Castilla y León
El diario.es 18 de noviembre de 2016
El PP paraliza la comisión de investigación de la trama eólica para no exponer al presidente de Castilla y León
El presidente de la comisión se negó a señalar comparecencias de los altos cargos presuntamente implicados hasta que la oposición no retire la petición que haría declarar a Juan Vicente Herrera
La oposición quiso que la comisión la presidiese el PSOE pero el reglamento no lo permite: si hay un empate en votos, preside el partido más votado
El portavoz argumentó primero que Herrera no tenía por qué declarar y ahora, que no tiene sentido que comparezcan altos cargos antes de su declaración en sede judicial
18/11/2016
La comisión de investigación que se constituyó en las Cortes de Castilla y León para clarificar las responsabilidades políticas en la trama eólica está paralizada desde hace nueve meses.
Se trata de dirimir las circunstancias en que ex altos cargos de la Junta se repartieron 110 millones de euros en comisiones de las compañías eléctricas tras aliarse con ellas en sociedades para conseguir las autorizaciones para los parques y el PP bloquea cualquier avance.
El objetivo es salvar al presidente, Juan Vicente Herrera, de una comparecencia a la que él mismo llegó a ofrecerse, desafiante, en un pleno de las Cortes el pasado mes de febrero. La portavoz del PSOE recriminaba al responsable del Ejecutivo la falta de claridad en el caso y su no comparecencia. “Ni la Junta ni el presidente se han negado a comparecer en una comisión de investigación pero en este caso no ha sido solicitada, han sido ustedes muy torpes y pretenden utilizar un subterfugio para manchar la honra”, respondió Herrera.
La reacción de la oposición (PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos) fue inmediata: solicitó esa comparecencia. Desde entonces el PP ha realizado un sólo movimiento en el tablero: intentar que la petición se retire.
La situación para el Partido Popular, que preside la comisión y por lo tanto decide sobre quienes deben dar explicaciones y quienes no, es complicada. No quiere que Herrera se exponga ante la oposición para explicar qué pasaba en la Consejería de Economía.
La comisión no sólo se ocupa de la trama eólica, también del ‘caso Perla Negra-Polígono de Portillo’. Hay 26 empresarios y ex altos cargos investigados por los sobrecostes millonarios de un edificio de Economía que además fue ‘amueblado’ por Unifica, el estudio de arquitectura que reformó en negro la sede del PP en Madrid, y a quien se pagó 4,2 millones de euros sin concurso alguno. Los sobrecostes se investigan también en la compra de unos terrenos para un polígono. La Junta pagó el triple.
En ambos asuntos los sospechosos son los antiguos responsables de Economía y una serie de empresarios afines. A la cabeza está Tomás Villanueva, que no ha sido citado en ninguna de las dos causas pero sí señalado por quien fue su mano derecha, el exviceconsejero Rafael Delgado, y que está investigado. Según los escritos que ha hecho llegar al juzgado, Delgado, que mediante la figura administrativa de la avocación, se capacitó para adjudicar todos los parques eólicos de la Comunidad y firmó los pagos a Unifica, tal y como desveló este diario, todo lo que hizo fue cumplir órdenes de Villanueva.
Herrera tendría que explicar qué ocurrió exactamente cuando el que, en el momento de los hechos, era vicesecretario de la Agencia de Inversiones y Servicios, hoy delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, se reunió con él para advertirle que el precio de alquiler del edificio conocido como Perla Negra era desorbitado.
Aunque la Junta acabó optando por la compra, no se ha explicado por qué en un principio se había apostado por una renta “disparatada” y por qué la Intervención General del Estado ha detectado que las facturas se pagaron dos veces. O lo que es lo mismo: iba a resultar muy caro con el alquiler y resultó muy caro en su compra. La Fiscalía apunta varios delitos que van desde la malversación hasta la falsedad documental.
No sólo eso. El presidente de Castilla y León también debería que afrontar preguntas sobre la carta que recibió de un empresario de parques eólicos y que desveló eldiario.es.
En la misiva, el afectado comunicaba a Herrera, entre otras cosas, que se estaba produciendo un “abuso de poder” en la autorización de parques. Herrera se vio obligado a convocar una rueda de prensa tras las dos informaciones, pero sorteó la mayoría de las preguntas alegando desconocer detalles. En una comisión de investigación, esquivar las interpelaciones sería algo más complicado.
La negativa del PP es, más que una postura, una imposición. Preside esa comisión porque el reglamento establece que si se produce un empate para votar qué partido está al frente, directamente pasa al grupo con más parlamentarios.
Hace unos días se sustituyó al presidente porque ha pasado a ser procurador. Todos los grupos de la oposición propusieron al socialista José Francisco Martín, pero el reglamento es el que es: la presidencia sigue en manos del PP. El portavoz popular en la comisión, Raúl de la Hoz, justificó el retraso en el señalamiento de comparecencias aduciendo que la mayoría de los citados no han declarado aún en sede judicial.
De 145 comparecencias solicitadas por la oposición, el PP sólo ha dado el sí a 43. Que se materialicen o no, es otra cuestión. Mientras tanto, Podemos y Ciudadanos se plantean si tiene sentido que formen parte de lo que consideran “un paripé”, y el PSOE lamenta que se esté “dejando morir” un instrumento democrático para la asunción de responsabilidades políticas.
http://www.eldiario.es/politica/PP-investigacion-presidente-Castilla-Leon_0_581642686.html
2016.11.18.El diario.es. (El PP paraliza la comisión de investigación de la trama eólica para no exponer al presidente de Castilla y León)
El diario.es 18 de noviembre de 2016
El PP paraliza la comisión de investigación de la trama eólica para no exponer al presidente de Castilla y León
El presidente de la comisión se negó a señalar comparecencias de los altos cargos presuntamente implicados hasta que la oposición no retire la petición que haría declarar a Juan Vicente Herrera
La oposición quiso que la comisión la presidiese el PSOE pero el reglamento no lo permite: si hay un empate en votos, preside el partido más votado
El portavoz argumentó primero que Herrera no tenía por qué declarar y ahora, que no tiene sentido que comparezcan altos cargos antes de su declaración en sede judicial
18/11/2016
La comisión de investigación que se constituyó en las Cortes de Castilla y León para clarificar las responsabilidades políticas en la trama eólica está paralizada desde hace nueve meses.
Se trata de dirimir las circunstancias en que ex altos cargos de la Junta se repartieron 110 millones de euros en comisiones de las compañías eléctricas tras aliarse con ellas en sociedades para conseguir las autorizaciones para los parques y el PP bloquea cualquier avance.
El objetivo es salvar al presidente, Juan Vicente Herrera, de una comparecencia a la que él mismo llegó a ofrecerse, desafiante, en un pleno de las Cortes el pasado mes de febrero. La portavoz del PSOE recriminaba al responsable del Ejecutivo la falta de claridad en el caso y su no comparecencia. “Ni la Junta ni el presidente se han negado a comparecer en una comisión de investigación pero en este caso no ha sido solicitada, han sido ustedes muy torpes y pretenden utilizar un subterfugio para manchar la honra”, respondió Herrera.
La reacción de la oposición (PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos) fue inmediata: solicitó esa comparecencia. Desde entonces el PP ha realizado un sólo movimiento en el tablero: intentar que la petición se retire.
La situación para el Partido Popular, que preside la comisión y por lo tanto decide sobre quienes deben dar explicaciones y quienes no, es complicada. No quiere que Herrera se exponga ante la oposición para explicar qué pasaba en la Consejería de Economía.
La comisión no sólo se ocupa de la trama eólica, también del ‘caso Perla Negra-Polígono de Portillo’. Hay 26 empresarios y ex altos cargos investigados por los sobrecostes millonarios de un edificio de Economía que además fue ‘amueblado’ por Unifica, el estudio de arquitectura que reformó en negro la sede del PP en Madrid, y a quien se pagó 4,2 millones de euros sin concurso alguno. Los sobrecostes se investigan también en la compra de unos terrenos para un polígono. La Junta pagó el triple.
En ambos asuntos los sospechosos son los antiguos responsables de Economía y una serie de empresarios afines. A la cabeza está Tomás Villanueva, que no ha sido citado en ninguna de las dos causas pero sí señalado por quien fue su mano derecha, el exviceconsejero Rafael Delgado, y que está investigado. Según los escritos que ha hecho llegar al juzgado, Delgado, que mediante la figura administrativa de la avocación, se capacitó para adjudicar todos los parques eólicos de la Comunidad y firmó los pagos a Unifica, tal y como desveló este diario, todo lo que hizo fue cumplir órdenes de Villanueva.
Herrera tendría que explicar qué ocurrió exactamente cuando el que, en el momento de los hechos, era vicesecretario de la Agencia de Inversiones y Servicios, hoy delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, se reunió con él para advertirle que el precio de alquiler del edificio conocido como Perla Negra era desorbitado.
Aunque la Junta acabó optando por la compra, no se ha explicado por qué en un principio se había apostado por una renta “disparatada” y por qué la Intervención General del Estado ha detectado que las facturas se pagaron dos veces. O lo que es lo mismo: iba a resultar muy caro con el alquiler y resultó muy caro en su compra. La Fiscalía apunta varios delitos que van desde la malversación hasta la falsedad documental.
No sólo eso. El presidente de Castilla y León también debería que afrontar preguntas sobre la carta que recibió de un empresario de parques eólicos y que desveló eldiario.es.
En la misiva, el afectado comunicaba a Herrera, entre otras cosas, que se estaba produciendo un “abuso de poder” en la autorización de parques. Herrera se vio obligado a convocar una rueda de prensa tras las dos informaciones, pero sorteó la mayoría de las preguntas alegando desconocer detalles. En una comisión de investigación, esquivar las interpelaciones sería algo más complicado.
La negativa del PP es, más que una postura, una imposición. Preside esa comisión porque el reglamento establece que si se produce un empate para votar qué partido está al frente, directamente pasa al grupo con más parlamentarios.
Hace unos días se sustituyó al presidente porque ha pasado a ser procurador. Todos los grupos de la oposición propusieron al socialista José Francisco Martín, pero el reglamento es el que es: la presidencia sigue en manos del PP. El portavoz popular en la comisión, Raúl de la Hoz, justificó el retraso en el señalamiento de comparecencias aduciendo que la mayoría de los citados no han declarado aún en sede judicial.
De 145 comparecencias solicitadas por la oposición, el PP sólo ha dado el sí a 43. Que se materialicen o no, es otra cuestión. Mientras tanto, Podemos y Ciudadanos se plantean si tiene sentido que formen parte de lo que consideran “un paripé”, y el PSOE lamenta que se esté “dejando morir” un instrumento democrático para la asunción de responsabilidades políticas.
http://www.eldiario.es/politica/PP-investigacion-presidente-Castilla-Leon_0_581642686.HTML
2016.11.10. México
Megaproyectos no pueden imponerse reitera ONU-DH
noviembre 10, 2016noviembre 10, 2016 Diana Manzo, Juchitán, Martín Vargas
#Juchitán 10 nov (#Istmopress).-
Durante el coloquio “La consulta libre, previa e informada: estándares y experiencias internacionales y regionales” organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz manifestó que “para superar el desequilibrio de poder, los Estados deben garantizar a los pueblos indígenas la asistencia técnica o financiera, sin ningún tipo de abuso ni tratar de influir en su posición en la consulta’’.
A la larga resulta más costoso en téminos económicos, políticos y sociales simular una consulta, en lugar de hacerla de buena fe, previamente y con toda la información necesaria.
Expresó que los pueblos indígenas tienen desventajas en términos de influencia política, recursos financieros, acceso a la información y de educación frente a los gobiernos y las compañías que son sus contrapartes en consultas sobre proyectos que afectarán sus comunidades.
Tauli-Corpuz aseguró que el derecho a la consulta indígena para los pueblos no debe ser violado por falta de leyes locales o nacionales y éste debe basarse en los más altos estándares establecidos a nivel internacional.
Por su parte Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), enfatizó que en los temas de desarrollo no se debe reducir todo proceso a lo económico, ya que las cosmovisiones diversas deben ser respetadas.
Agregó que las autoridades tienen el deber de organizar procesos de consulta por cada acto de autoridad como, megaproyectos de desarrollo, creación de leyes, articulación de políticas públicas que pueda afectar a los derechos de los pueblos indígenas, ya que, el derecho a la consulta no es aislado, va vinculado con derecho a la vida, agua, derecho a la tierra y a un medio ambiente sano, entre otros.
La consulta en el istmo
Durante el evento en el que fue organizado por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asistieron integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.
Los zapotecas que se oponen al proyecto eólico recalcaron en diversas ocasiones las graves violaciones a los principios rectores del derecho a la consulta, como lo son: falta de transparencia en la información, inadecuación cultural, falta de claridad y eficacia en los mecanismos de toma de decisiones, indebida participación de la empresa durante el proceso, violación al carácter previo de consulta, entre otros.
Las violaciones a los principios de la consulta de 2014 en Juchitán, fueron documentadas por la Misión de Observación que conformaron diversas organizaciones, entre ellas el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
La consulta indigena la cual documentó ProDESC era para la construcción del parque eólico “Bii nisa”, que según el proyecto consta de 132 turbinas de la marca Vestas, las cuales producirán cerca de 2000 kws y se instalarían en tierras de Juchitán y El Espinal.
La relatora especial de la ONU dijo que ante la ausencia de legislación no exime a los Estados de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales.
“El derecho a la consulta indígena para los pueblos no debe ser violado por falta de leyes locales o nacionales y éste debe basarse en los más altos estándares establecidos a nivel internacional”, dijo.
En una misiva, ProDESC dio a conocer que previo al evento sostuvieron una reunión con la relatora Tauli-Corpis en donde se le explicó que en el Istmo de Tehuantepec, se ha incrementado la construcción de parques eólicos representando un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades que ahí habitan en particular al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
http://www.istmopress.com.mx/istmo/megaproyectos-no-pueden-imponerse-reitera-onu-dh/
Reitera la ONU que proyectos deben de ir a consulta indígena
Reconoció que en varias ocasiones se han violado los estatutos que marca el convenio 169 de la OIT
por Diana Manzo el Jueves 10 de noviembre de 2016 – 05:00:01
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli-Corpuz en su visita no oficial a México y en el marco de su participación sobre “La consulta libre, previa e informada: estándares y experiencias internacionales y regionales” recalcó que antes de aprobar leyes o proyectos que puedan afectar a comunidades indígenas estos deben someterse a consulta como lo marca el convenio 169 de la OIT.
En el caso específico de la comunidad zapoteca de Juchitán, Tauli-Corpuz dijo que se muestra con claridad las violaciones al derecho a la consulta ante proyectos trasnacionales en caso específico la instalación de parques eólicos.
Durante el evento en el que fue organizado por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asistieron integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán.
Los zapotecas que se oponen al proyecto eólico recalcaron en diversas ocasiones las graves violaciones a los principios rectores del derecho a la consulta, como lo son; falta de transparencia en la información, inadecuación cultural, falta de claridad y eficacia en los mecanismos de toma de decisiones, indebida participación de la empresa durante el proceso, violación al carácter previo de consulta, entre otros.
Las violaciones a los principios de la consulta de 2014 en Juchitán, fueron documentadas por la Misión de Observación que conformaron diversas organizaciones, entre ellas el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC).
La consulta indígena la cual documentó ProDESC era para la construcción del parque eólico Bii nisa, que según el proyecto consta de 132 turbinas de la marca Vestas, las cuales producirán cerca de 2000 kws y se instalarían en tierras de Juchitán y El Espinal.
La relatora especial de la ONU dijo que ante la ausencia de legislación no exime a los Estados de su obligación de consultar a los pueblos indígenas en cumplimiento de sus compromisos y obligaciones internacionales.
“El derecho a la consulta indígena para los pueblos no debe ser violado por falta de leyes locales o nacionales y éste debe basarse en los más altos estándares establecidos a nivel internacional”, dijo.
En una misiva, ProDESC dio a conocer que previo al evento sostuvieron una reunión con la relatora Tauli-Corpis en la que se le explicó que en el Istmo de Tehuantepec, se ha incrementado la construcción de parques eólicos representando un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades que ahí habitan, en particular al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
Esta situación se presenta pese a que en América Latina varios países, incluyendo a México, han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el principal tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en materia de consulta.
Al cierre del coloquio, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), agradeció a los asistentes de comunidades indígenas, ONG´s, representantes de los tres poderes de gobierno, diplomáticos y empresas su asistencia.
Aprovechó para destacar que al incluir a los pueblos indígenas se debe respetar su visión del mundo y comunicarla de tal forma que sea posible para los representantes de las comunidades indígenas entender los proyectos y las inversiones sin tecnicismos y con conceptos entendibles.
Por último, Jan Jarab precisó que las autoridades tienen el deber de organizar procesos de consulta por cada acto de autoridad como, megaproyectos de desarrollo, creación de leyes, articulación de políticas públicas que pueda afectar a los derechos de los pueblos indígenas, ya que, el derecho a la consulta no es aislado, va vinculado con derecho a la vida, agua, derecho a la tierra y a un medio ambiente sano, entre otros.
