2017.05.02.

Intereconomía 2.05.2017

Anticorrupción se querella contra altos cargos de Iberdrola por comisiones ilegales

2 Mayo, 2017 – 11:27

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia contra Rafael Delgado, un alto cargo autonómico de Castilla y León, y otros cuatro altos cargos de Iberdrola por una trama de corrupción en la energía eólica que alcanzaría los 80 millones en comisiones.

Según Anticorrupción, Iberdrola pagó “sin lógica empresarial” un total de 47 millones a Alberto Esgueva, un ex alto cargo, a través de la sociedad San Cayetano Wind. La querella de Anticorrupción se produce justo después de que Juan Vicente Herrera declinase repetir en el cargo como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La querella se centra en el pago de 80 millones de euros en comisiones, unos 30 menos de lo contabilizado anteriormente por Hacienda ya que se han quedado fuera del caso dos operaciones, una de ellas con la implicación de Endesa.

Los altos cargos de Castilla y León habrían cobrado supuestamente comisiones millonarias durante años por la adjudicación de parques eólicos. El principal querellado es Rafael Delgado, viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011. También se centra en ex altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como los cuatro altos cargos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, y Carlos Galdón, entre otros. En total, 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo de capitales, delito fiscal y tráfico de influencias.

La trama, como en tantas otras, obligaba a pagar a los empresarios y promotores de parques eólicos sustanciosas comisiones para instalar los aerogeneradores. La orografía de Castilla y León es un lugar idóneo para la energía eólica. En total cuenta con 5.593 megavatios instalados y el 24,3% de la potencia eólica de toda España.

La querella se ha interpuesto en Valladolid y cuenta con el aval del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, pero llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara esta trama. Según los números de Hacienda, la trama habría pagado comisiones por 110 millones de euros.

En la querella se señala a Delgado como el responsable de exigir a los promotores que desarrollaban parques eólicos “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%“. Ese 40% se distribuía después entre personas con “una especial relación” con Delgado.

Entre estas amistades estrechas aparecen Alberto Esgueva, un ex alto cargo de la consejería de Economía, el hermano de éste; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa.

“Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas”, ha asegurado el fiscal en su querella, según recoge El Confidencial.

Para dar más peso a la trama en la parte administrativa, Delgado ordenó que las autorizaciones fueran de su competencia y no de las delegaciones provinciales de la Junta de Castilla y León. Se hizo en 2004, justo en pleno apogeo de la economía española.

“La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía”. De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa “avocación” a los viceconsejeros. Delgado hizo valer su orden dando luz verde al 71% de las autorizaciones, mientras que un 23% las firmó Begoña Hernández, su sustituta. De esta forma, se manipuló la tramitación de expedientes de parques eólicos “con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa”.

Entre los ejemplos citados en la querella de Anticorrupción destaca el pago de 47 millones de una filial de Iberdrola, así como que muchos de los parques fueron construidos por la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán. Uno de los parques eólicos fue promovido por Ider SL en León. “Estos parques podían y debían haber sido autorizados en 2004” porque cumplían todos los requisitos pero Delgado los frenó “con la pretensión de que fueran vendidos o traspasados a Biovent [propiedad de Iberdrola] y asignar una participación de los mismos a algún empresario local”, señala la querella.

Las fechas de tramitación indican que los parques eólicos que llevaban años paralizados recibían el visto bueno en cuestión de días en cuanto los empresarios cedían una participación a empresarios locales. Como ejemplo, aparece el parque eólico de la Bureba, en Burgos, cuya solicitud se tramitó el 19 de abril de 2002 y no fue hasta cuatro años más tarde cuando se le dio el visto bueno, justo cuando se cambió la titularidad a una empresa en la que participaba Alberto Esgueva y solo siete días después recibía el visto bueno de Rafael Delgado.

Uno de los grandes beneficiados del esquema orquestado por Delgado fue la empresa San Cayetano Wind, que era propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez, también ex consejero delegado de la pública ADE Internacional Excal. Delgado “decidió que a San Cayetano se le asignaran parques cuya potencia eólica sumaran 500 megavatios”. Como se llevaba el 40%, la fiscalía cifra sus megavatios en 200, a un beneficio medio de 230.000 euros, lo que arroja unas ganancias de 47,1 millones de euros, un dinero procedente de la filial de Iberdrola, Ibercyl (filial de Iberdrola en Castilla y León).

 

Ricardo Bravo Sayas y Rafael Icaza de la Sota, dos de Iberdrola en la querella

Esta empresa firmó un acuerdo con San Cayetano Wind para la construcción y explotación de parques eólicos. Ricardo Bravo Sayas, entonces delegado en la comunidad y consejero de Ibedrola Renovables, y Rafael Icaza de la Sota, director adjunto de auditoría interna de la compañía, firmaron el pacto. Estos dos altos cargos de Iberdrola están en la querella.

A cambio, Iberdrola se quedaba con el 60% de los parques y San Cayetano Wind con el 40% restante. Según el acuerdo, Biovent -propiedad de Iberdrola- seleccionaba los proyectos, mientras San Cayetano se dedicaba a “la obtención de permisos, licencias y autorizaciones”. La empresa de Esgueva cobraba antes incluso de iniciarse el proyecto. “Ello supuso que, sin aportar capital propio alguno distinto de la suscripción inicial de las participaciones de la sociedad (24.400 euros), desde el momento de la firma del acuerdo San Cayetano obtuviera un beneficio completamente desproporcionado a su teórica colaboración”.

Según Anticorrupción, esta óptica empresarial por parte de Iberdrola carece “de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial, máxime si se considera que una entidad como Iberdrola, propietaria al 85% de Biovent, no necesitaba en absoluto de este auxilio”.

Los hermanos Esgueva obtuvieron así 47 millones de Iberdrola, sin aportar un euro descontando la aportación al capital de la sociedad. “Los acuerdos y contratos firmados por Biovent e Ibercyl necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola; al menos el director de la dirección de negocio de Energías Renovables de Iberdrola, miembro de ese comité operativo, tuvo que conocer y aprobar las circunstancias concurrentes de aquellos. Dicho cargo fue ocupado por Pedro Barriuso Otaola hasta 2007 y después por Xabier Viteri Solaum”, según detalla Anticorrupción, cuya querella también les incluye. Viteri es consejero delegado de Iberdrola Renovables y Barriuso dejó la compañía hace una década.

Otras empresas también pagaron a San Cayetano Wind, como Preneal, una empresa presidida por Eduardo Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD.

 

https://intereconomia.com/empresas/energia/anticorrupcion-se-querella-altos-cargos-iberdrola-una-trama-corrupcion-20170502-1127/

 

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Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat. http://www.zona14.org

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