2017.05.06

El Mundo 6.05.2017

El Ciadi considera que el recorte de 2013 a las renovables fue “excesivo”

Víctor Martínez

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial condena a España a pagar 128 millones de euros a un fondo británico

El país suma una treintena de denuncias en la cámara internacional

El recorte de 1.700 millones sobre las primas que reciben las energías renovables incluído en la reforma eléctrica de 2013 fue «excesivo». Así lo establece el Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial -conocido como Ciadi- en un laudo publicado ayer en el que condena a España a indemnizar con 128 millones de euros más intereses al fondo británico Eiser Infraestructures, propietario junto a la firma española Elecnor de tres plantas termosolares en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La sentencia del Ciadi amenaza con poner de nuevo patas arriba el sector energético, ya que se trata sólo del primer pronunciamiento sobre la treintena de denuncias que acumula España en la cámara internacional. El laudo fue notificado a última hora de la noche del jueves desde Washington y en su fondo no cuestiona la validez de la reforma eléctrica, pero sí argumenta que ésta generó «un daño excesivo» a los inversores internacionales que participaban en la planta.

El Ciadi considera, por un lado, «legítimos» los intentos del Gobierno para recortar los costes del sistema eléctrico y atajar el conocido como déficit de tarifa, provocado por la insuficiencia de los ingresos para cubrir los mastodónticos gastos del sistema. Las medidas destinadas a este fin se materializaron en la reforma del sector del año 2013, que agrupó una serie de recortes en partidas reguladas como las primas a las renovables o las que cobran las grandes eléctricas por gestionar las redes del sistema. La nueva Ley del Sector Eléctrico consiguió su objetivo y hoy el déficit del sistema se ha convertido en un ligero superávit.

Pero a la vez que considera legítimo «tomar medidas razonables» y cambiar la regulación, el tribunal compuesto por tres árbitros -un norteamericano, un búlgaro y un neozelandés- sentencia que el Gobierno se excedió al ejecutar el tijeretazo.

Por este motivo, reconoce a los inversores internacionales una compensación de 128 millones más intereses -que en el sector calculan en un 10%- por la inversión próxima a los 1.000 millones de euros que habían realizado en las plantas termosolares. Eiser Infraestructures, asesorada por el despacho internacional de Allen&Overy, reclamaba 300 millones en su demanda.

La gran cuestión ahora es si la condena sienta jurisprudencia y puede condicionar la resolución de los 26 de pleitos que acumula España en la cámara de arbitraje del Banco Mundial. Fuentes jurídicas señalan que «cada caso es diferente», si bien muchos de los arbitrajes presentados en el Ciadi guardan un «gran parecido» con las termosolares de Eiser Infraestructures.

En el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sostienen que «cada procedimiento arbitral es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados, y por tanto no es extrapolable al resto de casos». El recorte regulatorio afectó de forma casi individual a las cientos de instalaciones renovables que hay repartidas por todo el país, ya que a la hora de calcular la nueva retribución se tenían en cuenta variables como la antigüedad, inversión u horas anuales de funcionamiento de las plantas, entre otras. «Cada instalación es un mundo», añaden fuentes jurídicas.

Por lo pronto, Energía y la Abogacía del Estado han puesto en marcha toda su maquinaria jurídica para estudiar las posibles vías para recurrir el laudo del Ciadi. El objetivo pasa por invalidar la resolución apelando al propio organismo -ya que sus sentencias no se pueden alegar en ningún otro tribunal- y evitar una serie de fallos en cadena con un impacto que fuentes jurídicas valoran en torno a los 1.000 millones de euros.

El recurso servirá en todo caso para frenar la ejecución del laudo, cuyo plazo medio de pago ronda los tres años de duración. El coste de la indemnización se repercutiría entonces sobre la tarifa eléctrica, como se hace con todas las sentencias locales que obligan a cambiar la regulación energética y a indemnizar a las empresas afectadas.

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España. Por su parte, los tribunales nacionales también han apoyado la reforma eléctrica del Gobierno.

Los casos que juzga el Ciadi sólo tratan posibles indemnizaciones a inversores internacionales, lo que a juicio de los españoles supone «discriminación». Por este motivo, la asociación de pequeños inversores fotovoltaicos Anpier reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales. «El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable y resulta inaceptable que el Estado indemnice a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

http://www.elmundo.es/economia/2017/05/06/590cc7ac268e3ed5108b4608.HTML

 

El país 5.05. 2017

España tiene abiertas otras 26 denuncias ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial

La factura del primer proceso finalizado contra España asciende a 128 millones de euros

España tiene abiertas 26 denuncias en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Todas ellas por los recortes de las primas a las energías renovables aplicados desde 2010. Unas ayudas que estuvieron vigentes de 2006 a 2012 y que provocaron que muchos inversores dedicaran parte de su dinero especialmente en proyectos solares y termosolares, debido a la rentabilidad que se garantizaba con las primas del Gobierno.

Nueva demanda contra España por el recorte a las renovables

Hay un procedimiento más, pero que ya ha concluido su curso con una resolución contraria a España, lo que supone un varapalo internacional para el Gobierno. De hecho, este es el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte. En el laudo se declara que ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía. Ya se le ha notificado a las partes y la corte da la razón a las pretensiones de la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg.

La decisión se ha tomado por unanimidad de los tres árbitros y es muy contundente acerca de la ilegalidad de las transformación radical del marco regulatorio, como límite del derecho de cada Estado a regular. La corte ha condenado por ello al Reino de España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban, aunque el Gobierno estudia recurrir la sentencia. Es decir, de seguir esta línea en el resto de procesos, la factura se podría elevar exponencialmente al tener abiertos otros 26 casos. Eso sí, en cada uno de ellos la cuantía variará en función de la inversión realizada y de las ayudas que dejó de recibir cada compañía.

Las últimas compañías en cursar su queja fueron las holandesas Cordoba Beheer B.V. y Sevilla Beheer B.V., así como la española Cross Retail S.L. En estos casos, las denuncias se registraron el 12 de agosto de 2016 y el tribunal se constituyó el 7 de febrero de 2017.

El Gobierno español pretendía que los litigios se resolvieran en el Tribunal Europeo de Justicia pero en junio de 2015 un comité internacional consideró que podía juzgar un caso. Asimismo, el laudo que se alcanza al término del proceso es ejecutivo desde la fecha en que se dicta y no admite recurso, sin perjuicio de las maniobras que se prevén por parte del Ejecutivo español para obstaculizar la operación.

http://economia.elpais.com/economia/2017/05/05/actualidad/1493993040_747802.html

Editorial de El País 6.05.2017

Castigo en las renovables

El primer arbitraje, contrario a España, revela la gestión chapucera de los recortes de primas energéticas y cuestiona la regulación

Alvaro Nadal, ministro de Energía. EFE / ATLAS

España ha perdido el primer arbitraje internacional —presentado por el Fondo Eiser Infrastructure Limited— contra el cambio regulatorio de 2010 que redujo la retribución garantizada en las energías renovables. La sentencia de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial establece que el Gobierno “privó de un trato justo” a los demandantes, propietarios de tres plantas termosolares, y condena a España al pago de 128 millones. Por más que Industria haya asegurado que la decisión no es extrapolable a otros laudos pendientes (26), lo cierto es que es un precedente peligroso para los intereses del Estado.

En primer lugar, porque la cadena de laudos y arbitrajes puede costar cientos de millones en compensaciones; los precedentes pesan. Después, porque abre un conflicto potencial con los pequeños productores fotovoltaicos españoles. En tercer lugar, porque el laudo pone en cuestión, en apariencia, la capacidad de un Estado para modificar la regulación económica dentro de sus fronteras.

Para reducir el déficit de tarifa era imprescindible recortar las primas públicas a las energías renovables. Esta decisión fue correcta en términos económicos, pero el ajuste se aplicó mal, de forma jurídica y financieramente inconveniente, con visos de retroactividad que aumentaron el daño a los inversores. Los recortes fueron un ejemplo de chapuza jurídica y de torpeza económica. El arbitraje no puede poner en cuestión la capacidad de un Estado para imponer su regulación, pero castiga el daño innecesario causado a los inversores por el conjunto de la inversión realizada.

La política de renovables en España ha sido desafortunada y, en muchos aspectos, megalomaniaca. La impericia política (quienes autorizaban las instalaciones no eran los que pagaban las primas) creó una burbuja renovable cuya corrección se hizo sin el suficiente blindaje jurídico. Ahora empiezan a pagarse las consecuencias.

http://elpais.com/elpais/2017/05/05/opinion/1494003095_554652.html

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Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat. http://www.zona14.org

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