2017.05.10. Parque eólico de Cofrentes

Levante 10 de mayo de 2017

Cofrentes tendrá su propia central eólica con catorce aerogeneradores

Se ubicarán en la parte este de la población para ser una continuación de la planta de Jalance

maties oliver | valència 10.05.2017

Cofrentes está de enhorabuena. La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo dio luz verde a la construcción del Parque eólico de la zona 10 Norte en el término municipal, así como, sus infraestructuras energéticas nuevas según publica el Servicio Territorial de Industria y Energía de València en el Boletin Oficial de la Província de València lanzado por Diputación. La instalación estará compuesta por catorce nuevos aerogeneradores que generarán una potencia total de 50 megavatios. Además, incluye una subestación transformadora eléctrica llamada ‘La Señorita’ y cuya fuerza alcanzará los 55 megavoltiamperios. Este parque eólico estará compartido con los terminos municipales de Jalance y Jarafuel, puesto que se sitúa en una zona montañosa perteneciente a las tres localidades, el enclave de la Muela de Cortes.

Con esta ordenanza, Cofrentes tendrá el parque eólico que pretendía. Y es que estas instalaciones serán una ampliación de los aerogeneradores ya instalados en la parte suroeste de Jalance. Un aumento del parque que según el Ayuntamiento era demandado desde hace muchos años. La nueva planta de energía renovable se situará en la parte este de la población cofrentina. Una vez se implanten los molinos, formarán parte de una continuación en la ladera de Muela de Cortes con la instalación jalancina, evitando así repartir los aerogeneradores a cada lado del río Júcar.

La asignación de esta central eléctrica es posible gracias a que «la potencia que se iba a instalar en Alicante y que finalmente no ocurrió así, pasó a otros parques como el caso de Cofrentes» cuentan desde el consistorio local. Siguiendo con los procedimientos habituales en estos casos, se instalaron unas torres de medición en la zona a construir, siendo los informes de estas mediciones favorables para el levantamiento de los aerogeneradores. El dossier sobre el impacto ambiental que puede causar sobre el territorio no será un problema puesto que según el Ayuntamineto de Cofrentes «está a la orden del día».

El valor de ejecución del material es de 47.484.731’91 euros, mientras que el coste de la instalación es de 436.832’05 euros. Esta instalación está promovida por la empresa privada Enerfin Sociedad de Energía.

Apuesta por las energías verdes

Con esta nueva planta eléctrica, la localidad cofrentina, confirma su apuesta por las energías verdes. A la eólica, se suma la hidráulica con la central del Salto de Cofrentes con una potencia de 120 megawatios; y la nuclear, cuya central alcanza los 1.110 megavatios. Aunque estas plantas no generan trabajo en el pueblo, pero si que dan un canón al estar en suelo público.

La construcción de este nuevo parque eólico hace que la comarca de la Vall de Cofrents sume un total de 10 complejos con aerogeneradores según la Asociación Empresarial Eólica.

http://www.levante-emv.com/comarcas/2017/05/10/cofrentes-tendra-propia-central-eolica/1564589.html

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Martes, 09 de Mayo de 2017 – BOP 87

Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información pública conjunta del Plan Especial, las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del “Parque eólico de la zona 10 Norte en el término municipal de Cofrentes y sus infraestructuras energéticas anexas”, la declaración en concreto de utilidad pública, así como el estudio de impacto ambiental de la zona 10 Norte del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.(ATREGI/2016/11/46, ATREGI/2016/12/46, ATLINE/2016/1197/46).

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia

Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información pública conjunta del Plan Especial, las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del “Parque eólico de la zona 10 Norte en el término municipal de Cofrentes y sus infraestructuras energéticas anexas”, la declaración en concreto de utilidad pública, así como el estudio de impacto ambiental de la zona 10 Norte del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.(ATREGI/2016/11/46, ATREGI/2016/12/46, ATLINE/2016/1197/46). ANUNCIO A los efectos previstos en el Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, de acuerdo a lo previsto en los apartados segundo y tercero de la parte dispositiva de la Resolución de 25 de febrero de 2003 (DOGV núm. 4449, de 27.02.2003) del Conseller de Industria, Comercio y Energía, sobre convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, y conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 53 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública los siguientes documentos referentes a la zona 10 Norte promovida por la empresa ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.

1. Plan especial para la ordenación de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10, que afecta al municipio de Cofrentes. Un ejemplar de dicho plan se encuentra depositado, para su consulta pública, en el Ayuntamiento afectado.

2. Proyecto del parque eólico de Cofrentes con las infraestructuras energéticas anexas, cuyas características principales, así como la relación de bienes y derechos afectados, se insertan en el anexo.

3. Estudio de impacto ambiental de la zona 10 Norte para la implantación del parque eólico, subestación y de la línea de evacuación.

Los proyectos serán expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:

http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado “Información pública”, disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares de bienes y derechos afectados, para que pueda ser examinada la documentación en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, sito en C/ Gregorio Gea, 27 VALÈNCIA, y presentar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

València, 3 de mayo de 2017.-El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía, Antonio Peris Armengot. PLAN EÓLICO COFRENTES € Anexo

  1. a) Peticionario: Enerfín Sociedad de Energía, SL.
  2. b) Emplazamiento de la instalación: Término municipal de Cofrentes (Valencia).
  3. c) Tipo y finalidad de la instalación: Central eólica para la producción de energía eléctrica. Parque eólico de Cofrentes. d) Características principales:

– Catorce aerogeneradores. Potencia unitaria: 3,57 MW. Potencia total: 50 MW. Tensión de generación/1ª elevación: 0,4 kV / 30 kV.

– Subestación transformadora eléctrica 30/132 kV denominada “La Señorita”. Potencia total: 55 MVA.

– Presupuesto ejecución material: 47.484.731,91 euros.

– Línea aérea de evacuación132 KV S.C. SET La Señorita € SET C.H. Cofrentes del Término municipal de Cofrentes (provincia de Valencia).

– Presupuesto ejecución material: 436.832,05 euros.

  1. d) Relación de Bienes y derechos afectados

2017.05.07.

El Mundo 7.05.2017

Nuestra subasta: las renovables

MARCOS J. LACRUZ. 7 may. 2017

Por fin tenemos subasta de renovables en España. Y no una subasta cualquiera, no, una subasta de hasta tres mil megavatios que, perdonen mis colegas ecologistas por la comparación, vienen a ser como tres centrales nucleares de tamaño medio. Tres Garoñas para ti.

Dos mil megavatios en primera tanda y mil más que el Ministerio se queda en la reserva para ver si los aplica a esta subasta o se los guarda para luego, cuando sepa de verdad cuál es el afán desarrollador de energías renovables en la piel de toro, después de que suene la campana final el próximo día 17. Y si de testar el afán se trata, ya hubo una experiencia previa.

En enero del año pasado se celebró una subasta de quinientos megavatios eólicos y doscientos de biomasa que se cerró a cero. Los promotores que ganaron esa subasta eligieron pedir cero euros de subvención, dejando al propio Ministerio sorprendido por este resultado. Quizá esa sea una de las razones que ha llevado al Ministerio a multiplicar por seis los avales requeridos para presentarse a esta nueva subasta, así como a establecer criterios de presentación de ofertas más restrictivos que en la anterior ocasión, no vaya a ser que se cierre a cero otra vez y la gente empiece a preguntarse si va a ser verdad eso de que las renovables están listas para competir en nuestro país si se les da una oportunidad.

Lo cierto es que España necesita esa energía, en primer lugar porque nos obligan nuestros compromisos internacionales. Somos de los primeros países en ratificar los tratados medioambientales, ya sea Horizonte2020, Cop21 o lo que nos pongan por delante, pero vamos en el furgón de cola en incremento de cuota de renovables en los últimos años, con un crecimiento de prácticamente cero en el último lustro.

Necesitamos esa energía porque tenemos una economía propia de un país desarrollado, lo que implica una alta dependencia de los costes energéticos en general y eléctricos en particular que lastran la competitividad de nuestras empresas en un mercado global. Que las renovables contribuyen a que disminuya el coste eléctrico es algo que afortunadamente hoy está fuera de toda duda, pues ya estamos acostumbrados a escuchar la falta de lluvia o viento como justificación del Ministerio de Energía cuando se dispara el precio del pool eléctrico. ¡Quién lo iba a decir hace unos años!

Y desde luego necesitamos esa energía para hacer resurgir un sector capaz de crear empleos cualificados de larga duración, que nos ayuden a combatir la falta de oportunidades en entornos rurales con la creación y fijación de industria en áreas de población donde la especialización en este tipo de energías puede contribuir a mejorar los indicadores de calidad de vida mejor que ningún otro tipo de actividad, siendo demás compatible con las actividades típicas de esos entornos.

Esta última razón, la capacidad de atracción de prosperidad de las renovables, está generando un clima de competencia sana entre regiones en España por captar la mayor cantidad de inversión sostenible posible. Y es que en esto de las renovables, son tres las capacidades a tener en cuenta: el recurso (capacidad del viento, sol para generar energía), la evacuación (capacidad de la red eléctrica) y la tramitación (capacidad de la autonomía para complicar las cosas). Y, aunque hay diferencias notables en las dos primeras en función de dónde te encuentres, es la tercera la que marca el destino de los proyectos.

Es por esto que nuestra Comunitat no puede dejar pasar esta oportunidad, aprovechando al máximo las posibilidades que posee. Desde luego en eólica hay poco que hacer, pues el Plan Eólico Valenciano de 2001 impide cualquier iniciativa hasta que se resuelva, cosa que parece ser que empezará a suceder en breve.

Nos queda pues la fotovoltaica, y ahí tenemos mucho que decir, pues lo cierto es que somos un territorio de altas capacidades (sí, en las tres). Nuestra tierra combina un gran recurso solar con unas adecuadas infraestructuras de evacuación, teniendo además empresas líderes a nivel mundial tanto en fabricación de componentes fotovoltaicos como en promoción de plantas solares. Teniendo los dos primeros factores claros, cabe trabajar en agilizar las tramitaciones técnicas, urbanísticas y medioambientales para atraer la mayor cantidad de inversión a nuestros pueblos. Pues otros lo están haciendo.

La subasta anterior, ésta y con total probabilidad la próxima (que la habrá) marcan un plazo determinado para la tramitación y ejecución de los proyectos, por lo que sólo aquellas regiones que sean capaces de garantizar una tramitación ágil y clara serán las que las empresas promotoras elijan para desarrollar su actividad.

La Comunitat Valenciana debe estar en el lugar que le corresponde en esta nueva revolución energética. Preparase para obtener lo máximo de ésta y futuras oportunidades, que seguro criticaremos porque estarán muy mal diseñadas como lo está esta subasta.

Pero tenemos que hacerla nuestra…

Marcos J. Lacruz es presidente de AVAESEN (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía).

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/05/07/590eb0c9468aeb09318b4595.HTML

 

 

2017.05.07.

Ileon 7.05.2017

DEL PLAN EÓLICO A LA ‘TRAMA EÓLICA’

17 años de energía eólica en León: ilegalidades, (presunta) corrupción y empleo

Vega | 07/05/2017

Varios parques eólicos de León (16 entre proyectos y autorizados) son claves en la trama de presunta corrupción que investiga la Justicia. Se sospecha de concesiones a cambio de millonarias comisiones. La Junta intenta, a la vez, subvertir sentencias judiciales que anulan parques ya en funcionamiento cuyas autorizaciones han sido rescindidas.

A finales de los años 90 el Gobierno autonómico del Partido Popular en Castilla y León se sumaba a la ola de apoyo a las energías renovables impulsada por Europa aprobando diversas normativas para fomentar la creación de parques eólicos. Y en el año 2000 se abría la barra libre de solicitud de parques al aprobarse de forma definitiva el Plan Eólico autonómico y la ordenación eólica de cada provincia, que provocaba una cascada de peticiones de empresas para hacerse con parte del pastel eólico. El 26 de abril del año 2000 se publicaba en el Bocyl el documento en el que la Junta ‘programaba’ el futuro eólico de la provincia de León.

Hoy, 17 años después, la energía eólica se encuentra en el ojo del huracán por la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra 21 personas, incluidos exaltos cargos de la Junta, por formar presuntamente una trama para adjudicar parques eólicos a cambio de comisiones. Las investigaciones elevan la cifra pagada por estos presuntos ‘chanchullos’ a más de 80 millones de euros. Que se sepan de momento, puntualiza la Fiscalía al elevar el escrito de imputación a los juzgados para que siga investigando. Una investigación que además de levantar una importante polvareda política ha sembrado de sospecha todas las adjudicaciones eólicas de la Junta.

Pero el sector eólico arrastra desde su ‘boom’ a principios de siglo graves problemas con la Justicia. Varios e importantes proyectos eólicos han sido anulados en los tribunales en los último años -como los parques Peña del Gato, Quintana o La Espina en la provincia de León- tras ser denunciados por colectivos ecologistas por diversas irregularidades en su tramitación o no respetar la normativa ambiental vigente. Pero también la industria eólica se ha asentado en la provincia con importantes factorías aunque también sonoros fracasos en estos años de ‘boom’ eólico.

Parques eólicos ilegales por doquier

En los últimos años los parques eólicos de la provincia de León han estado en la picota judicial por varias sentencias de anulación de muchas de las autorizaciones de la Junta, sobre todo de los parques vinculados al nudo de Villameca, donde evacuaban la energía los autorizados en Omaña, Cepeda y Bierzo Alto. Diversos colectivos ecologistas llevaron estas autorizaciones a los tribunales por entender que afectaban a zonas de alto valor ecológico y que su tramitación administrativa estaba plagada de irregularidades.

Dos de los más grandes en funcionamiento en la provincia se encuentran actualmente anulados por los tribunales por sentencia firme, Peña del Gato y La Espina. Pero mientras se dirime si se deben desmantelar estas instalaciones cuyas autorizaciones han sido declaradas nulas, la Junta maniobra para intentar subvertir las sentencias del Supremo y que los parques eólicos sigan en funcionamiento. Peña del Gato lleva funcionando casi siete años ya de forma ilegal aunque el Gobierno autonómico del PP insiste en su legalización pese a las sentencias en contra por su afección al hábitat del urogallo.

Mientras se acumulan sentencias en contra de los parques eólicos de la provincia, la Junta ha mantenido la aprobación de nuevos parques. La autorización más llamativa de las últimas ha sido la de un enorme aerogenerador, experimental, en lo alto del puerto de Pajares que medirá el triple que la Catedral de León. El ya conocido como ‘telarón’ se ubicará en una zona calificada como de ‘sensibilidad medioambiental alta’ y con varias categorías de protección, lo que sin embargo no ha impedido que la Delegación Territorial de la Junta en León le diera el visto bueno.

La trama denunciada por Anticorrupción

El otro asunto polémico en torno a los parques eólicos es la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado a un juzgado de Valladolid por la llamada ‘trama eólica’, una presunta concertación en la Junta para la adjudicación de parques eólicos a cambio de millonarias comisiones.

La Fiscalía Anticorrupción pone de ejemplo de las presuntas comisiones lo sucedido con las autorizaciones de 16 parques eólicos de la provincia de León

En la querella de Anticorrupción figuran de forma inicial 21 personas y un cálculo de comisiones de alrededor de 80 millones de euros pero, advierte el escrito, faltan personas por identificar y las pesquisas y comisiones rogatorias a Suiza y Mónaco podrían desvelar más nombres que resulten imputados. Un informe de la Agencia Tributaria elaborado hace tres años dio pie al inicio de las pesquisas que ahora se convertirán en una causa que podría suponer el mayor escándalo de corrupción conocido en Castilla y León.

Los dos mayores implicados son dos exaltos cargos de la Junta bajo las órdenes del exconsejero Tomás Villanueva, su exviceconsejero Rafael Delgado y Alberto Esgueva. La estrategia consistía en obligar a las promotoras eólicas a traspasar paquetes accionariales, a través de diversas empresas, a manos de empresarios amigos, que una vez que tenían la autorización se vendían con jugosos beneficios ficticios. Unas operaciones que para Anticorrupción eran una forma de pago de comisiones.

Según la Fiscalía Rafael Delgado adjudicó el 71% de los parques eólicos entre 2005 y 2015 mediante una avocación de competencias que según un informe de la Intervención General del Estado sería ilegal. Esa maniobra habría permitido a Delgado controlar los tiempos de las adjudicaciones a su interés.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, se citan varios casos de parques eólicos de la provincia de León afectados por la operativa de Delgado, hasta un total de 16. Así habría ocurrido con los parques eólicos Curueña I y II, Salce, Villabandín I y II (todos en el nudo de Villameca), solicitados inicialmente por la empresa Cannon Power España y que acabaron en manos de Iberdrola y socios como los dueños de la constructora Collosa. Sólo una vez que las acciones fueron traspadas estos parques eólicos obtuvieron la pertinente autorización. A mayores la Fiscalía considera que los derechos de solicitud de los parques de la provincia de Posada de Omaña, Barrio de la Puente y Cirujales también tuvieron que ser traspasados para poder seguir con la tramitación de autorización.

El parque eólico Argañoso, ubicado entre Santa Colomba de Somoza y Lucillo, también fue objeto de las maniobras de Delgado según Anticorrupción. Las promotoras iniciales del parque, Ider y Gamesa, tuvieron que venderlo para poder obtener autorización para otros cuatro parques eólicos de la provincia (Era del Pico; Cerro Becerril; El Pedrón y La Mallada). Tras vender Aragoñoso a una empresa afín a los ideólogos de la trama llegaron las autorizaciones del resto.

Otra sociedad, HN Generación, había solicitado autorización en el año 2002 para tres parques eólicos en la zona de Sahagún/Cea -La Cueza, Valdecarrión y Valdeperondo-. Estos proyectos fueron paralizados por Rafael Delgado, según el escrito fiscal, por no tener socios locales. En el 2004 la empresa se vendió a una filial de Iberdrola, que los traspasó luego a una participada -Energía Global Castellana- en la que tenían acciones empresarios afines como el cargo de la Junta Alberto Esgueva a través de San Cayetano Wind. Son sólo algunos de los ejemplos que cita la Fiscalía para solicitar las imputaciones de 21 personas, entre exaltos cargos y empresarios, a los que atribuye diversos delitos como prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias.

Y en la investigación sobresale, como no, un nombre leonés citado como testigo clave de toda la operativa, Ricardo González Mantero. El director de Energía y Minas de la Junta, en ejercicio desde el 2005, declaró en la Fiscalía el 26 de enero de este año y responsabilizó a Rafael Delgado de las actuaciones cuya legalidad cuestiona la acusación del Estado.

La batalla política

Desde que se conoció la investigación de la llamada trama eólica hace dos años, divulgada por El País, el asunto se convirtió en campo de batalla política autonómica.

En octubre de 2015 nacía la primera comisión de investigación en 18 años en las Cortes de Castilla y León. Su funcionamiento ha sido corto y lleva más de un año paralizada por el bloqueo al que ha sometido el Partido Popular las comparecencias en la misma.

Tras conocerse la querella de Anticorrupción toda la oposición en bloque (PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPL) han solicitado la comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en las Cortes. Una vez más el PP ha bloqueado que el máximo responsable de la Junta de explicaciones sobre este espinoso asunto. La Junta, no obstante, ha acordado personarse como ‘perjudicada’ en la investigación pese a que la consejera portavoz, Milagros Marcos, ha opinado que “no es una trama de corrupción ni administrativa ni política porque no hay dinero público afectado”.

El empleo eólico

Pero el sector eólico es más que irregularidades investigadas y anuladas por la Juticia. Es también cifras económicas como empleo. En la actualidad sólo en las dos principales factorías de la industria eólica de la provincia trabajan más de un millar de personas. La factoría de LM Wind Power en Ponferrada contará a finales de año con más de 700 empleados, si se mantienen las previsiones anunciadas por la compañía recientemente absorbida por General Electric. Uno de los mejores momentos de esta empresa asentada en el Bierzo en el año 2000 y que llegó a superar en su momento el millar de empleados.

En el polígono de Villadangos trabajan otro medio millar de leoneses en la factoría de la multinacional Vestas creada en el año 2008, aunque los procesos de concentración del sector han puesto en peligro otra fábrica de componentes eólicos allí localizada, la factoría de Bach Composites, con un centenar de trabajadores que han visto en peligro su trabajo por una polémica deslocalización hacia Lituania. Por el camino se han quedado también otras grandes empresas como las bercianas Comonor y Coiper 2000 o Endaki Tecnocast de La Robla, sustituida esta última por Castmetal León con medio centenar de trabajadores. El sector eólico industrial en la provincia es actualmente, aproximadamente, la mitad de lo que era al inicio de la crisis en el 2008 cuando superaba los 2.000 empleados.

Irregularidades, sentencias judiciales, corrupción (presunta) y empleo son un buen resumen del sector eólico en León en estos 17 años desde que se inició la época de ‘vacas gordas’. Ahora la Justicia busca aclarar si alguien robó y ordeñó la vaca fuera del ordenamiento jurídico.

http://www.ileon.com/actualidad/073724/17-anos-de-energia-eolica-en-leon-ilegalidades-presunta-corrupcion-y-empleo

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Cadena Ser 2 de mayo e2 2017

Triquiñuelas de la Junta de Castilla y León para legalizar el paralizado “parque” eólico Peña del Gato en León

Peña del Gato consigue vía libre ambiental y Seo Birdlife la recurrirá

La Junta publica la aprobación de la declaración de Impacto Ambiental que los ecologistas consideran “una estafa”

El parque Peña del Gato estuvo en funcionamiento desde diciembre de 2009 hasta el 16 de julio de 2016, fecha en que la Consejería de Economía y Hacienda emite orden de ejecución de la sentencia / Istock

Ana Maceda Cadena Ser, Ponferrada, 02/05/2017

La consejería de Medio Ambiente ha hecho pública en el Bocyl la declaración de Impacto Ambiental del parque eólico Peña del Gato, ubicado en los términos municipales de Igüeña, Torre del Bierzo y Villagatón-Brañuelas, promovido por «Energías Especiales del Alto Ulla, S.A.».

La Junta argumenta que la aprobación se hace en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y Superior de Justicia, sin embargo, la asociación ecologista Seo Birdlife, que lleva diez años denunciando porque ni siquiera tiene en cuenta que una parte está en zona protegida del urogallo, tiene claro que estamos ante “un fraude administrativo y medioambiental”

Asegura el representante legal de la Sociedad Española de Ornitología, Carlos González Antón, que lo único que se propone como solución a la situación de ilegalidad es reconocer lo que ya existe, es decir, que el parque está constituido por 25 aerogeneradores de 2.000 kW de potencia unitaria situados en cinco grupos formando diferentes alineaciones. La potencia total del parque es de 50 MW.

Más allá de ésto, sólo se contempla la colocación de detectores de colisión de urogallo, una medida, dice González Antón, a todas luces insuficiente y además tomada en base a unos datos de escasa presencia del urogallo que son la constatación del perjuicio que ha ocasionado la colocación de este parque eólico entre los ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

“Se ha perdido la oportunidad- apela Antón- de conseguir una solución negociada para este proyecto de energía eólica cuyo mayor inconveniente es la ubicación. Se ha perdido la oportunidad de optar por un desmantelamiento parcial que diese seguridad jurídica al Parque, porque en dos años volverán a tener sentencias anulatorias”.

Al mismo tiempo, intentarán impedir que la actividad, parada desde el pasado año por decisión de la propia empresa promotora y notificación de la Junta, se retome porque están perfectamente acreditados por técnicos los perjuicios que ocasiona.

Además la Directiva Comunitaria de Hábitats y Especies es tajante en su mandato sobre la necesidad no sólo de conservar sino también de mejorar el hábitat de las especies protegidas, algo que se incumplirá en el momento en el que se ponga en funcionamiento Peña del Gato.

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/02/radio_bierzo/1493722031_181417.HTML

 

2017.05.06.

Diario 16 6.05.2017

La trama eólica del PP en Castilla y León empaña la figura del presidente

Juan Vicente Herrera ya ha anunciado que la Junta se personará como acusación particular, mientras cada vez más voces ponen en la palestra a uno de los políticos del PP que más se había caracterizado por su honestidad

Por Patricia de Miguel

Juan Vicente Herrera se despide como presidente del PP en Castilla y León.

Malos tiempos para el PP de Castilla y León. El Gobierno incorruptible de Juan Vicente Herrera comienza a hacer aguas y lo hace por la trama eólica. La Fiscalía Anticorrupción considera que, tras investigar las operaciones de una veintena de empresas, hay indicios de seis delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y otros tres delitos contra la Hacienda Pública.

En la querella se señala como presunto autor de estos delitos a Rafael Delgado, exnúmero dos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León,, así como a otras 21 empresarios, excargos de la Junta, empresarios y directivos a los que se atribuyen diversos grados de participación en la trama.

Curiosamente, todos los acontecimientos legales han coincidido, a pesar de que los presuntos delitos comenzaron a investigarse en el 2015, con el relevo en Castilla y León del presidente del PP. Probablemente no podrá probarse, pero muy bien le ha venido la intervención del fiscal jefe Anticorrupción, tan cercano a Génova, al ya flamante y nuevo presidente de los populares de la región, Alfonso Fernández Mañueco, siempre apoyado por el núcleo fuerte de su partido en Madrid.

Muy interesado está Mañueco en que se conozcan las vergüenzas, si las hubiera, de su antecesor y todavía presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Está a tiempo Mañueco de convertirse en la Cristina Cifuentes como salvadora de la corrupción.

Sin embargo, Mañueco se ha apresurado públicamente a defender a Herrera, mientras medios afines al todavía alcalde de Salamanca se encargan de hacer de portavoces de esta trama y ver de qué forma pueden salpicar al presidente.

Esta misma semana, y tras dos años de investigación por el fiscal Tomás Herranz, la Fiscalía Anticorrupción -con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix- ha aportado en el juzgado número 4 de Valladolid seis archivos de documentos y material digital junto a una querella que supera el medio centenar de folios al considerar que existen indicios de al menos seis delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo desde el gobierno regional insisten en que este “es un tema que no afecta a la administración”, porque “todos los expedientes cumplían administrativamente”.

Para el PSOE de Castilla y León la corrupción está enquistada en lo más hondo del PP

La ‘trama Eólica’ consistía en conceder autorizaciones para llevar a cabo la construcción de parques eólicos en Castilla y León. Unas subvenciones a través de las cuales el ex número dos de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, conseguía estas ayudas por parte de empresas particulares como Iberdrola y constructoras como Collosa de las que se adjudicaba 80 millones de euros, aunque en un principio se habló de 100 millones, en concepto de comisión ilegal que destinaba a cuentas de Suiza y Mónaco.

En 2015 la Agencia Tributaria de Valladolid denunció ante la Fiscalía unas irregularidades en torno a la concesión de las autorizaciones para la construcción de 188 parques eólicos autorizados por los viceconsejeros; de los cuales 144 los autorizó supuestamente Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y Empleo y secretario general de la consejería desde el 2003 al 2011) en colaboración con 21 empresarios que se beneficiaban de esas subvenciones y a los que se les atribuyen diversos grados de participación en la trama.

Una trama cuyos promotores se referían a Castilla y León como “Sicilia y León” y según declaraciones a Diario 16 el PP cataloga como “fechorías entre amigos y compañeros” ante el desconocimiento total y absoluto del presidente Juan Vicente Herrera.

Por su parte Javier Izquierdo, portavoz socialista en las Cortes castellanoleonesas, habla de una trama donde se han “extorsionado a las empresas. A algunas se las ha cobrado dinero para recibir las autorizaciones y a otras se las forzaba a vender sus empresas a otras y automáticamente se concedían las autorizaciones”. Una mala noticia para la comunidad autónoma pues, a partir de ahora, “habrá muchas empresas que no quieran invertir en esta comunidad autónoma por una corrupción que pone en riesgo las oportunidades de desarrollo económico”, se lamenta.

Recientemente, y tras dos años de investigación por el fiscal Tomás Herranz, la Fiscalía Anticorrupción -con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix- ha aportado en el juzgado número 4 de Valladolid seis archivos de documentos y material digital junto a una demanda que supera el medio centenar de folios al considerar que existen indicios de al menos seis delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo, fuentes cercanas al PP con las que ha hablado Diario16 en Valladolid insisten en que este “es un tema que no afecta a la administración”, porque “todos los expedientes cumplían administrativamente”.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha mandado un comunicado que ha recogido Europa Press en el que se asegura que la “Administración de la Comunidad ha participado en el proceso de investigación abierto, colaborando y remitiendo a esa Fiscalía cuanta documentación e informes han sido requeridos a fin de facilitar su labor y así poder depurar las responsabilidades que, en su caso, se pudieran derivar de las conductas investigadas”.

Según ha podido saber Diario 16, desde el PP aseguran que la Junta se va a personar en la causa como acusación particular “por cuestión de honor” y desconociendo el contenido del auto de la fiscalía anticorrupción, al que sí ha tenido acceso los medios de comunicación. Además aseguran que cuando Juan Vicente Herrera conozca el contenido de la demanda, éste dará explicaciones al respecto porque “si hay un presidente honrado ese es Herrera”. Según aseguran “no tiene nada que ver en este asunto. El presidente de la Junta es anticorrupción”.

Sin embargo, para el representante socialista Javier Izquierdo, las declaraciones que realizó la portavoz del Gobierno “son un insulto a la inteligencia de la ciudadanía”. El socialista considera que la Junta “tiene que personarse en el procedimiento y a partir de ahí tendrá acceso a la información que solicitan. Pero la Fiscalía no tiene que comunicarles nada” y añade que la corrupción es algo queestá enquistada en lo más hondo del PP”.

Según el portavoz socialista, el actual presidente de la Junta era conocedor de la trama eólica, pues al parecer “algunos empresarios denuncian que avisaron al presidente que estaban siendo extorsionados y no hizo absolutamente nada”.

Por lo tanto “me extrañaría mucho que este tipo de cosas no las conociera el presidente de la Junta toda vez que participan dos de sus consejerías” Desde el PP aseguran que la carta que recibió Herrera era “una de las miles de quejas que se reciben en la Junta” y en donde al parecer el empresario se quejaba ante la UE de la tardanza en cuanto a unos permisos que había pedido, pero “es un tema que no está claro”. El PSOE había pedido que Herrera compareciera ante la comisión de investigación a las cortes pero “el PP y C’s siempre lo ha rechazado y bloquea esa posibilidad”. Pero ante la querella de la Fiscalía Anticorrupción el PSOE ha solicitado la comparecencia de Herrera en el pleno.

En este sentido, el socialista acusa a Ciudadanos de actuar de comparsa y de estar haciendo un papelón en toda regla”.

“Por mucho que diga que viene a regenerar la política, con su actuación está contribuyendo a todo lo contrario”, confirma Izquierdo. Un nuevo caso de corrupción que salpica al Partido Popular y que el portavoz socialista aprovecha para asegurar que la corrupción “en el PP está en todos los lugares en los que ha gobernado”.

Desde el PP se confirma que el presidente de la Junta de Castilla y León cuenta con el apoyo de Mañueco, quien parece respaldar, al menos parece, a Juan Vicente Herrero. En cambio, Javier Izquierdo afirma que Mañueco está demostrando “que no hay diferencias entre el viejo y el nuevo PP”. Todo lo contrario: “el nuevo PP sigue echando tierra sobre la corrupción del PP en la comunidad”, asevera.

http://diario16.com/la-trama-eolica-del-pp-castilla-leon-empana-la-figura-del-presidente/

2017.05.06.

Eldiario.es 6.05.2017

Sí Se Puede pide que se frene el “descontrol de los parques eólicos” en Arico

La formación política reclama que se aborde en un pleno y de forma urgente el “deterioro medioambiental” que sufre el municipio por esas instalaciones, de manera especial cerca de la costa y por debajo de la autopista TF-1

El concejal ecosocialista Sebastián Martín advierte al presidente del Cabildo insular, Carlos Alonso, que “Arico no es la finca particular de nadie, tampoco de la Corporación tinerfeña”

Tenerife Ahora – Santa Cruz de Tenerife 05/05/2017

Sí Se Puede ha propuesto regular la instalación de parques eólicos en Arico. La organización ecosocialista considera que debe celebrarse un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para abordar de forma exclusiva el “desastre ambiental que está suponiendo la instalación descontrolada de los molinos de los parques eólicos, con el fin de detener el deterioro ecológico del municipio del sur de Tenerife”.

El concejal de la organización ecosocialista en el Ayuntamiento de Arico Sebastián Martín defenderá en esa sesión extraordinaria del pleno una propuesta de plan de ordenación especial que regule las condiciones en las que pueden ejecutarse tales instalaciones, porque “es urgente el planeamiento y la ordenación del sector, como hemos reiterado en tantísimas ocasiones”.

Martín advierte al presidente insular, Carlos Alonso, que “Arico no es la finca particular de nadie, y del Cabildo, tampoco; ya está bien”. El concejal de Sí Se Puede señala directamente a Alonso por considerar que “el Cabildo de Tenerife maltrata al municipio con actuaciones en las que la falta de planeamiento eólico es el asunto de actualidad. A ello se suman los tendidos eléctricos sin soterrar, la mala gestión del PIRS o complejo medioambiental y la acumulación de neumáticos aún sin resolver”.

A juicio de Sí Se Puede, el responsable de este maltrato a Arico es Alonso (CC), “porque está vendiendo Arico a la especulación de las empresas, a unos intereses que nada tienen que ver con los del municipio”. Este mismo partido echa de menos que la paralización de las obras de los parques eólicos haya corrido a cargo solamente del área insular de Patrimonio, por el hallazgo de restos arqueológicos, mientras que “el área de Medioambiente, en manos del PSOE, no se ha pronunciado sobre el impacto ambiental de los parques”.

Por este motivo, Sí Se Puede insta al Cabildo “a respetar y hacer respetar las normas medioambientales”, al mismo tiempo que reitera su exigencia de que el Ayuntamiento de Arico reciba el 9% de los beneficios generados por la actividad de los generadores eólicos, tal y como fue establecido inicialmente y suspendido por el PSOE cuando Francisca Luengo dirigió la Consejería de Industria.

A este respecto, Martín recuerda que Arico está recibiendo fondos del parque eólico de Mogán, ubicado por encima de la autopista, y debe ocurrir lo mismo con el resto de instalaciones de estas características, porque Arico debe recibir ingresos para destinarlos a mejorar la vida del municipio por ofrecer su suelo para la instalación de los aerogeneradores”.

Tendido eléctrico soterrado

Relacionado con la instalación de estos parques eólicos, Sí Se Puede reitera la necesidad de que se cumpla el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arico que aprobó la iniciativa ecosocialista para que las líneas de tendido eléctrico vayan soterradas. “Es una demanda muy sentida por la población del municipio, es un acuerdo plenario que merece el respeto del Cabildo y del Gobierno de Canarias y es un acuerdo que coincide con decisiones en el mismo sentido adoptadas recientemente por municipios del sur de la isla, como Candelaria, Arafo, Güímar y Fasnia”, destacó el concejal.

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sur/Puede-descontrol-parques-eolicos-Arico_0_640436880.html

3.05.2017

Arico paraliza la instalación de un parque eólico por estar “cerca de la población”

La Policía Local actúa en la zona de La Morra, por debajo de la autopista, y clausura la obra, también por “atentar contra el patrimonio registrado en la Carta Arqueológica”

Tenerife Ahora – Santa Cruz de Tenerife  03/05/2017

La Policía Local de Arico (Tenerife) ha paralizado este miércoles la obra para la instalación de un parque eólico en la zona de La Morra, por debajo de la autopista del sur, por estar “cerca de la población” y por “atentar contra el patrimonio registrado en la Carta Arqueológica”.

Así lo ha informado la alcaldesa de Arico, Elena Fumero, que asegura que actúa “atendiendo a una resolución del Cabildo de Tenerife” que permite paralizar esa obra, la que se desarrolla por debajo del autopista TF-1.

“Estamos totalmente a favor de las energías renovables pero nunca si afectan a la población, como en este caso”, ha subrayado Fumero, alcaldesa de CC en el municipio sureño.

La alcaldesa ha reiterado que “ese parque eólico atenta contra la Carta Arqueológica” y está “cerca de la población costera”, los dos argumentos base para proceder a la actuación que ha frenado la obra.

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/sur/Arico-paraliza-instalacion-parque-poblacion_0_639736161.html

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Diario de Avisos 6.05.2017

El daño mínimo al yacimiento no retira la licencia del parque eólico

Norberto Chijeb 06/05/2017

La consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo, Josefa Mesa, confirma que la empresa que realiza la construcción del parque eólico La Morra, en Arico, ya ha contratado a un arqueólogo para supervisar el movimiento de tierras que ha sido paralizado cautelarmente por la institución insular tras comprobarse que se ha dañado el yacimiento arqueológico de Las Revueltas.

Mesa recuerda que “a toda empresa que realiza movimiento de tierras se le recomienda, cuando solicita la licencia, disponer de un técnico arqueológico, y más cuando en el lugar hay un yacimiento, como es el caso”. Mesa se sorprende de que en la autorización del Gobierno de Canarias no se recoja esta medida: “Me resulta raro que el Gobierno se haya equivocado”.

La consejera detalla que hace una semana se recibió la denuncia de un vecino en el Cabildo y desde ese momento se ordenó la inspección del Seprona, ordenando la paralización de las obras el pasado martes, “al menos hasta que se valoren los desperfectos por tocar el yacimiento tras la apertura de una pista, porque en donde irá instalado el aerogenerador no hay problemas, porque el proyecto en sí no afecta a ningún BIC (Bien de Interés Cultural), aunque es conveniente balizar o vallar la zona como medida de protección”.

Para Josefa Mesa, el supuesto daño causado al yacimiento “es mínimo”, porque ha ocurrido en “superficie y en el abrigo, con material de cerámica, depósito de lapas procedentes de las cuevas cercanas”, señaló, advirtiendo, eso sí, que para levantar la paralización cautelar de las obras “el arqueólogo contratado por la empresa debe hacer un informe valorando la afección que ha tenido el yacimiento, la recuperación del mismo y las medidas de seguridad para proteger el entorno”.

Mientras tanto, la alcaldesa de Arico, Elena Fumero, ha pedido a la Subdelegación del Gobierno la presencia en la zona de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) y del Seprona con el fin de garantizar que las obras se mantienen paralizadas, según determinó Patrimonio del Cabildo.

http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/05/dano-minimo-al-yacimiento-no-retira-la-licencia-del-parque-eolico/

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CHANGE.ORG

Salvemos la costa de Arico

Iniciar acciones judiciales contra la instalación de parques eólicos en la costa

Somos una plataforma ciudadana de afectados por la instalación de parques eólicos en la costa del municipio de Arico, a pocos metros de las viviendas, con los diversos problemas de salud que conlleva. Además de otras causas como el impacto visual, impacto medioambiental, impacto sobre las aves protegidas que anidan en la zona, impacto económico negativo…

Instamos al Gobierno municipal y oposición que aúnen sus fuerzas en defensa de Arico, y que inicien acciones judiciales en contra de esta instalación sin control de parques eólicos en la costa del municipio. Creemos que hay otros lugares en la Isla donde también se pueden instalar parque eólicos, y no concentrarlos en un sólo lugar, siempre y cuando no afecten directamente a viviendas y núcleos habitados.

Lo que se está haciendo en Arico es un atentado ecológico de gran envergadura en la isla, fundamentado en la falta de regulación, previsión y planificación. Se prevé ejecutar cerca de treinta parques eólicos, cada uno con entre 6 y 12 molinos, lo que provocará por acumulación de impactos un daño irreversible en pistas, desmontes, redes eléctricas, etc. Considerando que por acumulación de impactos es de gran afección a las aves y a las personas. Habrá un antes y un después del Arico que conocemos.

Además, no está claro que la red eléctrica soporte la generación de los cerca de 500 Megavatios previstos, y la perdida por transporte es del 20-30%, lo que hace inviable la colocación de todos los aerogeneradores en un único punto de la isla.

Consideramos necesaria la redacción de un Plan insular de implantación de energías renovables, donde se evalúe de forma conjunta los impactos previsibles y la idoneidad de las ubicaciones de estos monstruos para reducir en lo posible el daño ecológico y en la salud de las personas.

No entendemos porque en el supuesto interés general y el interés estratégico no se han contemplado estos principios básicos.

https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-villa-de-arico-ayuntamiento-de-arico-acciones-judiciales-contra-la-instalaci%C3%B3n-parques-e%C3%B3licos-en-costa

 

 

2017.05.06.

2017.05.06.Diario de Cádiz

Colectivos medioambientales solicitan a la Fiscalía la paralización cautelar del parque eólico El Cabrito

Varios grupos medioambientales de la provincia de Cádiz, Agaden, Ecologistas en Acción, COCN y Somos Tarifa, han solicitado a la Fiscalía la paralización cautelar a la repotenciación del parque eólico El Cabrito, ubicado en Tarifa, debido “a la alta mortandad de aves”.

EUROPA PRESS. 06.05.2017 Según han informado los proponentes de esta solicitud a Europa Press, “después de realizar alegaciones a la repotenciación del parque eólico El Cabrito, las respuestas recibidas han sido decepcionantes”. Asimismo, han asegurado que “confrontando con diferentes publicaciones en diversos boletines oficiales a los cuales alegamos sin recibir contestación, tuvimos que volver a alegar a segundas publicaciones que contenían variantes del proyecto inicial”, por ello se han planteado acudir a la Fiscalía. Han admitido que “los informes de la Junta de Andalucía relacionados con la mortandad de aves producidos por éste y otros parques eólicos deberían haber sido fundamento suficiente para la retirada de este parque eólico en una zona vital de migración de aves dentro de la Red Natura 2000 por completa incompatibilidad”. Asimismo, han recordado que “en este parque eólico encontraron la muerte 257 aves, de las cuales 230 se encuentran incluidas en el anexo I de la directiva de aves de la Unión Europea” y han aclarado que “la estadística solo demuestra datos desde marzo de 1998 hasta noviembre de 2015”. Según han asegurado los colectivos “si el recurso de alzada no es aceptado, obligarían a exigir el respeto a la Ley ante la Fiscalía de Medio Ambiente, debido a que la Unión Europea no garantiza una paralización de forma inmediata”. Además, han confirmado que “este incumplimiento legal podría llevar a una infracción con multa, que tendríamos que pagar todos los ciudadanos porque la administración pretende imponer sus reglas orillando la legalidad”. Por otro lado, han añadido que “el tiempo se va de las manos y a pesar de que los barómetros de percepción ofrecen una falta de independencia política por parte de los juzgados, damos un voto de confianza para obtener una solución justa y rápida”. Por todo ello, estos colectivos han informado que “nos queda esperar que la Fiscalía, a la vista de nuestra documentación, comunique con el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, para decidir la paralización del parque eólico” y además “considere si hubiera una supuesta prevaricación por parte de la delegada de Medio Ambiente que otorgó el visto bueno a la autorización administrativa previa, omitiendo el escrito respuesta de la jefa de Servicio de Industria, Energía y Minas”.

http://www.20minutos.es/noticia/3030278/0/colectivos-medioambientales-solicitan-fiscalia-paralizacion-cautelar-parque-eolico-cabrito/#xtor=AD-15&xts=467263

 

 

2017.05.06

El Mundo 6.05.2017

El Ciadi considera que el recorte de 2013 a las renovables fue “excesivo”

Víctor Martínez

El tribunal de arbitraje del Banco Mundial condena a España a pagar 128 millones de euros a un fondo británico

El país suma una treintena de denuncias en la cámara internacional

El recorte de 1.700 millones sobre las primas que reciben las energías renovables incluído en la reforma eléctrica de 2013 fue «excesivo». Así lo establece el Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial -conocido como Ciadi- en un laudo publicado ayer en el que condena a España a indemnizar con 128 millones de euros más intereses al fondo británico Eiser Infraestructures, propietario junto a la firma española Elecnor de tres plantas termosolares en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

La sentencia del Ciadi amenaza con poner de nuevo patas arriba el sector energético, ya que se trata sólo del primer pronunciamiento sobre la treintena de denuncias que acumula España en la cámara internacional. El laudo fue notificado a última hora de la noche del jueves desde Washington y en su fondo no cuestiona la validez de la reforma eléctrica, pero sí argumenta que ésta generó «un daño excesivo» a los inversores internacionales que participaban en la planta.

El Ciadi considera, por un lado, «legítimos» los intentos del Gobierno para recortar los costes del sistema eléctrico y atajar el conocido como déficit de tarifa, provocado por la insuficiencia de los ingresos para cubrir los mastodónticos gastos del sistema. Las medidas destinadas a este fin se materializaron en la reforma del sector del año 2013, que agrupó una serie de recortes en partidas reguladas como las primas a las renovables o las que cobran las grandes eléctricas por gestionar las redes del sistema. La nueva Ley del Sector Eléctrico consiguió su objetivo y hoy el déficit del sistema se ha convertido en un ligero superávit.

Pero a la vez que considera legítimo «tomar medidas razonables» y cambiar la regulación, el tribunal compuesto por tres árbitros -un norteamericano, un búlgaro y un neozelandés- sentencia que el Gobierno se excedió al ejecutar el tijeretazo.

Por este motivo, reconoce a los inversores internacionales una compensación de 128 millones más intereses -que en el sector calculan en un 10%- por la inversión próxima a los 1.000 millones de euros que habían realizado en las plantas termosolares. Eiser Infraestructures, asesorada por el despacho internacional de Allen&Overy, reclamaba 300 millones en su demanda.

La gran cuestión ahora es si la condena sienta jurisprudencia y puede condicionar la resolución de los 26 de pleitos que acumula España en la cámara de arbitraje del Banco Mundial. Fuentes jurídicas señalan que «cada caso es diferente», si bien muchos de los arbitrajes presentados en el Ciadi guardan un «gran parecido» con las termosolares de Eiser Infraestructures.

En el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sostienen que «cada procedimiento arbitral es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados, y por tanto no es extrapolable al resto de casos». El recorte regulatorio afectó de forma casi individual a las cientos de instalaciones renovables que hay repartidas por todo el país, ya que a la hora de calcular la nueva retribución se tenían en cuenta variables como la antigüedad, inversión u horas anuales de funcionamiento de las plantas, entre otras. «Cada instalación es un mundo», añaden fuentes jurídicas.

Por lo pronto, Energía y la Abogacía del Estado han puesto en marcha toda su maquinaria jurídica para estudiar las posibles vías para recurrir el laudo del Ciadi. El objetivo pasa por invalidar la resolución apelando al propio organismo -ya que sus sentencias no se pueden alegar en ningún otro tribunal- y evitar una serie de fallos en cadena con un impacto que fuentes jurídicas valoran en torno a los 1.000 millones de euros.

El recurso servirá en todo caso para frenar la ejecución del laudo, cuyo plazo medio de pago ronda los tres años de duración. El coste de la indemnización se repercutiría entonces sobre la tarifa eléctrica, como se hace con todas las sentencias locales que obligan a cambiar la regulación energética y a indemnizar a las empresas afectadas.

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España. Por su parte, los tribunales nacionales también han apoyado la reforma eléctrica del Gobierno.

Los casos que juzga el Ciadi sólo tratan posibles indemnizaciones a inversores internacionales, lo que a juicio de los españoles supone «discriminación». Por este motivo, la asociación de pequeños inversores fotovoltaicos Anpier reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales. «El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable y resulta inaceptable que el Estado indemnice a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

http://www.elmundo.es/economia/2017/05/06/590cc7ac268e3ed5108b4608.HTML

 

El país 5.05. 2017

España tiene abiertas otras 26 denuncias ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial

La factura del primer proceso finalizado contra España asciende a 128 millones de euros

España tiene abiertas 26 denuncias en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Todas ellas por los recortes de las primas a las energías renovables aplicados desde 2010. Unas ayudas que estuvieron vigentes de 2006 a 2012 y que provocaron que muchos inversores dedicaran parte de su dinero especialmente en proyectos solares y termosolares, debido a la rentabilidad que se garantizaba con las primas del Gobierno.

Nueva demanda contra España por el recorte a las renovables

Hay un procedimiento más, pero que ya ha concluido su curso con una resolución contraria a España, lo que supone un varapalo internacional para el Gobierno. De hecho, este es el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte. En el laudo se declara que ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía. Ya se le ha notificado a las partes y la corte da la razón a las pretensiones de la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg.

La decisión se ha tomado por unanimidad de los tres árbitros y es muy contundente acerca de la ilegalidad de las transformación radical del marco regulatorio, como límite del derecho de cada Estado a regular. La corte ha condenado por ello al Reino de España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban, aunque el Gobierno estudia recurrir la sentencia. Es decir, de seguir esta línea en el resto de procesos, la factura se podría elevar exponencialmente al tener abiertos otros 26 casos. Eso sí, en cada uno de ellos la cuantía variará en función de la inversión realizada y de las ayudas que dejó de recibir cada compañía.

Las últimas compañías en cursar su queja fueron las holandesas Cordoba Beheer B.V. y Sevilla Beheer B.V., así como la española Cross Retail S.L. En estos casos, las denuncias se registraron el 12 de agosto de 2016 y el tribunal se constituyó el 7 de febrero de 2017.

El Gobierno español pretendía que los litigios se resolvieran en el Tribunal Europeo de Justicia pero en junio de 2015 un comité internacional consideró que podía juzgar un caso. Asimismo, el laudo que se alcanza al término del proceso es ejecutivo desde la fecha en que se dicta y no admite recurso, sin perjuicio de las maniobras que se prevén por parte del Ejecutivo español para obstaculizar la operación.

http://economia.elpais.com/economia/2017/05/05/actualidad/1493993040_747802.html

Editorial de El País 6.05.2017

Castigo en las renovables

El primer arbitraje, contrario a España, revela la gestión chapucera de los recortes de primas energéticas y cuestiona la regulación

Alvaro Nadal, ministro de Energía. EFE / ATLAS

España ha perdido el primer arbitraje internacional —presentado por el Fondo Eiser Infrastructure Limited— contra el cambio regulatorio de 2010 que redujo la retribución garantizada en las energías renovables. La sentencia de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial establece que el Gobierno “privó de un trato justo” a los demandantes, propietarios de tres plantas termosolares, y condena a España al pago de 128 millones. Por más que Industria haya asegurado que la decisión no es extrapolable a otros laudos pendientes (26), lo cierto es que es un precedente peligroso para los intereses del Estado.

En primer lugar, porque la cadena de laudos y arbitrajes puede costar cientos de millones en compensaciones; los precedentes pesan. Después, porque abre un conflicto potencial con los pequeños productores fotovoltaicos españoles. En tercer lugar, porque el laudo pone en cuestión, en apariencia, la capacidad de un Estado para modificar la regulación económica dentro de sus fronteras.

Para reducir el déficit de tarifa era imprescindible recortar las primas públicas a las energías renovables. Esta decisión fue correcta en términos económicos, pero el ajuste se aplicó mal, de forma jurídica y financieramente inconveniente, con visos de retroactividad que aumentaron el daño a los inversores. Los recortes fueron un ejemplo de chapuza jurídica y de torpeza económica. El arbitraje no puede poner en cuestión la capacidad de un Estado para imponer su regulación, pero castiga el daño innecesario causado a los inversores por el conjunto de la inversión realizada.

La política de renovables en España ha sido desafortunada y, en muchos aspectos, megalomaniaca. La impericia política (quienes autorizaban las instalaciones no eran los que pagaban las primas) creó una burbuja renovable cuya corrección se hizo sin el suficiente blindaje jurídico. Ahora empiezan a pagarse las consecuencias.

http://elpais.com/elpais/2017/05/05/opinion/1494003095_554652.html

2017.05.05.

La Razón 5.05.2017

Herrera dará todas las explicaciones de las eólicas que sean necesarias

Así lo asegura la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, a la espera de que el presidente conozca la denuncia de la Fiscalía

Castilla y León El PP espera la querella de la Fiscalía para retomar la comisión de las eólicas

205 de mayo de 2017. LA RAZÓN.  Valladolid.

Concha Ortega/Ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dará todas las explicaciones sobre la supuesta trama de las eólicas que sean necesarias.

Así lo aseguró la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, a la espera de que la Junta conozca la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

De este modo, el Consejo de Gobierno acordó la personación de la Junta en la causa de la supuesta trama al sentir que es «la más perjudicada» por la falta de información oficial al desconocer la querella interpuesta por la Fiscalía contra 21 personas, entre ellas el exviceconsejero Rafael Delgado, por una serie de delitos vinculados al presunto cobro de comisiones por la instalación de diversos parques eólicos en la Comunidad.

Milagros Marcos explicó en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno decidió «encomendar» a los Servicios Jurídicos la elaboración del escrito para la «personación inmediata» en la investigación trasladada ahora al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Asimismo, aseguró que Herrera, tiene la «voluntad» de dar explicaciones pero cuando se tenga toda la documentación e información, en referencia a la petición de todos los grupos de la oposición para que lo haga en un pleno de las Cortes, si bien la portavoz no precisó en qué formato podría ser esa comparecencia.

«Hay que dar explicaciones de lo que se conoce, ni el presidente ni los consejeros se niegan, pero cuando se conozca el informe, que hoy por hoy no se tiene», remarcó la portavoz, que volvió a señalar que de lo que conocen, por las informaciones en los medios de comunicación, «lo que no hay es una trama administrativa, ni dinero público afectado».

«Nadie está más interesada que la Junta en que quien la haga, la pague, no puede existir impunidad», añadió.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, calificó de «curioso» que la Junta tenga que pedir oficialmente la denuncia cuando la tienen los medios de comunicación, cuyo trabajo de investigación valoró, a la vez que insistió también en que el Ejecutivo es el «más perjudicado» al no conocer los hechos que se recogen en la denuncia de la Fiscalía.

«El primer paso es tener la documentación, luego dar explicaciones», aseveró Marcos, que habló de «indefensión en términos de actuación» para tener capacidad de dar explicaciones.

En relación a si la tramitación es legal, como se cuestiona en la querella, al retirar las competencias de autorización de parques eólicos a los servicios territoriales y centralizarlas en el entonces área de Rafael Delgado mediante una norma de rango inferior, tanto el vicepresidente como la consejera se remitieron a la falta de documentación y a la necesidad de contar con ella para dar explicaciones.

Agilidad judicial

La portavoz defendió que la Junta ha colaborado en todo momento con la justicia y subrayó que hace dos años, cuando saltó la denuncia de la Agencia Tributaria de un supuesto cobro de comisiones por la instalación de parques eólicos en la Comunidad, ya remitieron el informe sobre el procedimiento de autorización de este tipo de aerogeneradores.

Tras pedir agilidad a la justicia, Marcos citó la actuación correcta de los técnicos y, sobre la carta de un empresario al presidente de la Junta, explicó que se la dio trámite y se consultó a las personas que conocen el procedimiento, después fue archivada por no derivarse ninguna actuación ilícita.

«La actuación de la Junta fue impecable durante todo el proceso», remarcó.

http://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/herrera-dara-todas-las-explicaciones-de-las-eolicas-que-sean-necesarias-PM15082629

 

2017.05.05.

ABC 5.05.2017

Honor y «pérdida de confianza», razones por las que la Junta se personará en la causa de las eólicas

Asegura que está en una situación de «absoluta indefensión» por no tener la querella de la Fiscalía Anticorrupción

consejera portavoz Milagros Marcos y el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno – F. HERAS05/05/2017

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer personarse «de inmediato» en la causa sobre el presunto pago y cobro de comisiones entre empresarios y exaltos cargos del Ejecutivo autonómico -con el que fuera viceconsejero de Economía Rafael Delgado a la cabeza- por la adjudicación de parques de aerogeneradores en la Comunidad. Y lo hace porque quiere saber y por sentirse «perjudicados» en el «honor» y la «pérdida de confianza» hacia la administración que puede suponer el caso.

La Junta «se siente perjudicada» y ese daño «no es sólo que haya habido o no pérdida de fondos públicos», que sigue considerando que no se ha dado pues eran transacciones económicas «entre particulares». Pero, recalcó el vicepresidente del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, «hay otros perjuicios» más allá del dinerario y que son los que han llevado a la Junta a dar el paso personarse en el caso. Lo hace después de conocerse el pasado fin de semana que la Fiscalía Anticorrupción había decidido -tras más de dos años de investigación en base a un informe de la Agencia Tributaria- interponer una querella contra 21 personas, entre los que se encuentran Rafael Delgado y el empresario Alberto Esgueva, quien fuera consejero delegado de la empresa pública Excal, y ambos implicados en el caso de la «Perla Negra».

«Indefensión absoluta»

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ya tiene la querella. El documento que precisamente quiere conocer la Junta. Lo pidió por escrito el martes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, cuando ya anunciaba la posibilidad de personarse como acusación en base a los datos del documento. Aún no han tenido respuesta, pero no quieren esperar más, porque «entendemos que necesitamos esa información» de manera «oficial», subrayó la portavoz, Milagros Marcos. Consideran que se encuentran en una situación de «indefensión absoluta» al «no tener capacidad de explicar a la sociedad lo que ahí está escrito» y que ha puesto en el punto de mira al Gobierno autonómico.

Los servicios jurídicos del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera ya trabajan en el escrito que remitirán al juzgado, «sin esperar» a la respuesta de Anticorrupción, «para conocer los hechos y tener información». Pero, precisó Marcos, «de ahí para nada se deriva que hay daño para la hacienda pública». Si lo detectasen al tener acceso a la querella, el Ejecutivo autonómico se personaría «como acusación» en el caso, añadió la portavoz.

«Nadie más interesado»

«No hay nadie más interesado en que se resuelva cuanto antes que la Junta y si alguien la ha hecho, que lo pague», reiteró en varias ocasiones la también consejera de Agricultura y Ganadería, quien pidió que la Justicia «sea lo más ágil y rápida posible». Marcos asumió que se trata de asuntos «muy graves» -se les acusa de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias- en los que «parece ser» que quien fuera viceconsejero de Economía «está implicado», pero intentó quitar peso al papel de la Junta. Así, entre las cosas que «sabemos que no hay» señaló que «claramente no hay trama administrativa», y prueba de ello es que de todas las personas de la Junta llamadas a declarar «ninguna» figura en la nómina de los 21 denunciados. Y también que «no hay dinero público afectado», pues se trata de cantidades entre particulares, que es la Agencia Tributaria -de quien partió el informe que destapó el caso- quien lo conoce. En el ámbito administrativo, señaló Marcos, competencia de la Junta, «la actuación fue impecable» y los «técnicos -que ya han declarado ante el fiscal- para nada han actuado de forma incorrecta» en esos procedimientos de adjudicación de parques eólicos «complejos».

http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-honor-y-perdida-confianza-razones-junta-personara-causa-eolicas-201705050851_noticia.HTML

 

2017.05.05.

Ileón 5.05.2017

El PP veta la comparecencia de Herrera por la trama eólica pero pide conocer la querella de Anticorrupción

Ical | 05/05/2017 – 17:01h.

 

El Partido Popular ha rechazado que el presidente de la Junta comparezca de forma extraordinaria en las Cortes con duras críticas de Ciudadanos, PSOE, Podemos, IU y UPL.

El Grupo Popular desestimó hoy la solicitud de comparecencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en un pleno extraordinario de las Cortes, apoyada por toda la oposición, para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la autorización de parques eólicos en la Comunidad y se decantó por pedir la querella de la Fiscalía Anticorrupción, para una vez conocidos los hechos, retomar el trabajo de la comisión de investigación parlamentaria.

Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes, Raúl de la Hoz (PP) pidió y ofreció a los grupos de la oposición “rigor, prudencia y responsabilidad” y calificó de “imprudente, falto de rigor y poco serio” que la petición de comparecencia se asiente en una “filtración” periodística, a la vez que recalcó que su grupo no está dispuesto a que las Cortes se conviertan en un “circo”.

Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), Luis Fuentes (Ciudadanos) y José Sarrión (IU) vertieron duras acusaciones contra la falta de explicaciones de unos hechos, calificados por todos ellos de corrupción, que consideran que crean “alarma social” y “manchan la imagen” de la Comunidad en España.

Raúl de la Hoz, que señaló que el presidente “no va a tener problema en dar explicaciones” pero no concretó cuando sería ni en que formato, explicó que el Grupo Popular pedirá a la comisión de investigación de las eólicas -la preside él- solicitar al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid la querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se imputa una serie de delitos a 21 personas, entre ellas el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, por supuestas comisiones a cambio de autorizaciones para instalar parques eólicos.

El portavoz popular precisó que el Juzgado no tiene la obligación de facilitar la denuncia pero explicó que intentarán justificar la petición con un informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes y pedirá la colaboración judicial como necesaria para retomar el trabajo de la comisión de investigación de las eólicas, creada hace más de un año y sin actividad desde entonces.

“Creo que Juan Vicente Herrera acabará viniendo a las Cortes y dará explicaciones”, afirmó el socialista Luis Tudanca, que basó esa aseveración en que “no puede escapar porque la ola de nieve va a ser cada vez más grande y le va arrastrar”. Así, consideró que ocurrirá como en el caso del Hospital de Burgos, que primero se negó y luego tuvo que comparecer. “La única razón para no venir es que tiene algo que ocultar y de que avergonzarse”, zanjó.

Pablo Fernández, que ve en ese caso una responsabilidad in vigilando por parte del presidente y considera que tiene que pedir perdón por unos “hechos gravísimos”, acusó a Herrera y al PP de querer “normalizar la corrupción” al no dar explicaciones y decir, como en el caso de la portavoz de la Junta, que no hay una trama en la Administración.

“Algo huele a podrido y no es precisamente en Dinamarca, es en Castilla y León y el hedor es insoportable”, criticó Fernández, que insistió en calificar de “vergonzoso y lamentable” la actitud del PP en ese caso y de utilizar la “táctica del avestruz en un flaco favor a los ciudadanos”.

Para el portavoz de Podemos, “Castilla y León no merece un presidente así, ni un PP así que normaliza la corrupción y echa balones fuera porque el hedor a podrido se extiende en España y daña la imagen de la Comunidad”. Ante el bloqueo por la Mesa de las Cortes de la comparecencia, se decantó por la protesta en la calle contra la corrupción, idea en la que poco antes incidió José Sarrión (IU), al considerar que ni el presidente ni el PP tienen “voluntad” en dar explicaciones.

La calle, contra la corrupción

Sarrión apeló a la protesta en la calle contra la corrupción y recordó la convocatoria el 15 de mayo en diferentes ciudades, sumándose a una petición de Julio Anguita. “Ante la clara negativa del PP, hay que plantear la protesta en la calle pues bloquea las instituciones donde gobierna”, indicó.

“Se ha visto que a los inmovilistas, el PP, no se le puede mover, no quieren avanzar, quieren que todo siga igual”, lamentó el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, que aseguró que su grupo volverá a pedir la comparecencia del presidente y criticó que el nuevo presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no se “desmarque del oscurantismo” de Herrera, algo en lo que incidió también Tudanca.

Raúl de la Hoz rebatió que no existe un “viejo PP, ni un nuevo PP, sino uno igual antes y ahora”, defendió que el Gobierno de Rajoy es el que ha aprobado más medidas contra la corrupción y subrayó que el presidente de la Junta -ante la petición de responsabilidad in vigilando- “no tiene una varita mágica para saber quien le engaña”.

Por último, Tudanca y Fernández criticaron que la Junta se persone en la causa de las eólicas al sentirse “la más perjudicada” por la falta de información y porque lo que se publica puede dañar su “imagen” y subrayaron que quien “mancha la imagen” de la Comunidad es el PP al negarse a dar explicaciones.

http://www.ileon.com/politica/073683/el-pp-veta-la-comparecencia-de-herrera-por-la-trama-eolica-pero-pide-conocer-la-querella-de-anticorrupcion

 

 

Finanzas.com 5.05.2017.

 

Podemos reprocha al PP que quiera “normalizar la corrupción” en CyL

05/05/2017

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha reprochado hoy al PP que quiera “normalizar la corrupción” negando que hechos como los investigados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las eólicas puedan ser considerados como corrupción política o administrativa.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras participar en la Junta de Portavoces de las Cortes, Fernández ha considerado que es “intolerable” que la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, hable de que este caso de las eólicas no ha afectado a la arcas públicas y es “un asunto entre particulares”.

Además, ha considerado como una “osadía” y una “vergüenza” sostener que la Junta es “la principal perjudicada” con este asunto, ya que en opinión del dirigente de Podemos son los ciudadanos los que se ven perjudicados por estos casos y también por el “silencio estruendoso” del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a quien ha retado a comparecer ante las Cortes.

Sin embargo, Fernández ha puesto en duda que Herrera vaya a hacerlo porque “cada vez se parece más a Rajoy” y “cuando se digne a dar explicaciones quizás las dé por plasma”, aunque ha insistido en que los propios votantes del PP “merecen explicaciones” sobre “un tema gravísimo” que coloca a Castilla y León “en el epicentro” de la corrupción.

Sobre las palabras pronunciadas por el representante del PP, acerca del circo y la figura de funambulistas que desempeñan algunos representantes de la oposición, Fernández ha ironizado que quienes están “en la cuerda floja” son los representantes populares.

Para el dirigente de Podemos, la Junta y el PP están bajo el “síndrome de la infanta” porque “nadie sabía lo que pasaba”, por lo que ha apelado a la responsabilidad ‘invigilando’ de Herrera respecto a lo que hacían su “mano derecha”, en alusión al exvicepresidente y exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, -que no figura en la querella- y el exviceconsejero Rafael Delgado, señalado en ese documento de la Fiscalía como eje de la supuesta trama.

“Algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca, en Castilla y León el hedor se está tornando insoportable”, ha afirmado Fernández, quien ha añadido que si la situación no cambia en el ámbito político y no se produce la comparecencia de Herrera su partido apoyará movilizaciones en la calle contra la corrupción.EFE

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170505/podemos-reprocha-quiera-normalizar-3616120.html

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